TRIBUNAL SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Años 201° y 153°
Maracay, 30 de julio de 2012.
201° y 153°
PRESUNTO AGRAVIADO:
Ciudadano Luís Edgardo Rodríguez Delpino, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.239.369.

REPRESENTANTE JUDICIAL DEL RECURRENTE:
Abogado en ejercicio Juan Humberto Tovar Galiano, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 124.367.-

PARTE RECURRIDA:
Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Aragua, adscrito a la Gobernación del estado Aragua.

REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA PARTE RECURRIDA:
No tiene acreditado en autos

MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL conjuntamente con medida de amparo cautelar.

Expediente Nº 11165

Sentencia Interlocutoria

ANTECEDENTES
Se inició la presente causa mediante escrito presentado en fecha 27 de julio de 2012, por ante la Secretaria de este Juzgado Superior Civil (Bienes) y de lo Contencioso Administrativo de la Región Central, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional, conjuntamente con medida de amparo cautelar, interpuesto por el ciudadano Luís Edgardo Rodríguez Delpino, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.239.369, debidamente asistido por el abogado en ejercicio Juan Humberto Tovar Galiano, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 124.367, contra el Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Aragua, adscrito a la Gobernación del estado Araguas
Por auto dictado en esa misma fecha se acordó su entrada y registro en los Libros respectivos, quedando signada bajo el número de expediente 11165, y se le dio cuenta al Juez, abocándose al conocimiento de la presente causa.
Ahora bien siendo la oportunidad legal para decidir sobre su admisibilidad este Órgano Jurisdiccional pasa a hacerlo previa las siguientes consideraciones.

DE LA PRETENSIÓN CONTENIDA
EN LA SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL

En el caso de autos se interpuso Acción de Amparo Constitucional, alegando la parte solicitante que le han sido violado sus garantías constitucionales al debido proceso, el derecho a la defensa, consagrado en el artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 257 eiusdem, alegando que, en fecha 08 de marzo del 2012, se le aperturó una averiguación administrativa en su contra, fundamentada en el articulo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Publica.
Que la Dirección de Recursos Humanos del mencionado Cuerpo de Bombero, determinó que estaba incurso en la presunta falta de ausencia injustificada, que luego de llevarse a cabo la respectiva etapa del proceso administrativo se emitió un acto administrativo mediante el cual le destituyen, que fue publicado en la oficina de Secretaría Ayudantía de la primera Comandancia en fecha 17 de mayo de 2012. Que en la publicación no se mencionó expresamente que con la misma se entendía Notificado el interesado, conforme lo establece el artículo 76 de la Ley de Procedimiento Administrativos.
Que dicha publicación no llenó los extremos de ley, a los fines de determinar la debida oportunidad en que ocurre el egreso efectivo del accionante y garantizar el respectivo debido proceso.
Que sin duda al no haberse cumplido con el procedimiento establecido en la norma adjetiva, la cual es de orden publico, dicha notificación no se ha perfeccionando y al no perfeccionarse dicho acto mal pudiera el empleador publico extinguir la relación funcionarial y suspender los sueldos y salarios como quiera que estos son derechos humanos fundamentales del trabajador, hechos que contrarían el mandato Constitucional respecto a la Garantía y Derecho al debido proceso en especifico al ser notificado de hechos o actos que afecten los derechos subjetivos constitucionales de los particulares.
Que dicho acto administrativo emanado del Cuerpo de Bomberos del Estado Aragua, le lesiona sus derechos Constitucionales al trabajo y al salario, contenidos en los artículos 87, 91 y 92 de la Constitución.
Que no existe constancia o auto alguno que establezca la oportunidad en la cual quedó perfeccionada la notificación del presunto agraviado, y además si se trataban de días hábiles o continuos por lo que l no formalizarse la notificación, es decir, a partir de que fecha quedaba notificado el recurrente, que no estaba debidamente notificado, por lo tanto no debían haberlo excluido de la nomina y tampoco negar su entrada a la labores d correspondiente en la oportunidad en la cual se reintegraba a sus labores luego del reposo medico.
Que dichos reposo médicos no fueron recibidos por el ente querellado, por cuanto alegaron que se encontraba destituida y extinta la relación funcionarial. Y que no se le ha permitido acceder al expediente a los fines de conoce cuado e efectivamente quedo destitutido del Cuerpo de Bombero del Estado Aragua.
Que como quiera que la publicación del acto administrativo mediante el diario el Aragueño no se señalo la oportunidad en la quedaba formalmente notificado, y no s le ha permitido acceder al expediente administrativo que decidió su destitución, se ha violado su derecho a acceder a los registros y datos y archivos, así como se le ha negado a cancelarle los sueldos y salarios.
Que por las razones expuesta s interpone la presente acción de amparo de conformidad con lo establecido en el artículo 3, 7, 25, 26, 49, 87, 91, 92,257 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 1, 2, 5, 7, 13, 17 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
De los medios Probatorios.
Procedió el supuesto agraviado a promover lo en su escrito de amparo los siguientes medios probatorios:
De conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, promovió:
1) Copia del acto administrativo marcado “E” y “F”
2) Copia del auto de consignación y publicación del periódico El aragueño de fecha 17 de mayo de 2012, marcado “G” y “H”
3) Copia de certificación De cargos emitido por la Secretaria de Estado de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Aragua. “I” y “J”
Asimismo promovió de conformidad con lo establecido en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil Prueba de exhibición de los siguientes documentos.
1) Original del acto administrativo de destitución.
2) Original de la publicación del acto administrativo de destitución publicado en el diario el aragueño
3) Expediente administrativo
Medida Cautelar de Amparo Constitucional
Asimismo solicito Medida Cautelar de Amparo Constitucional, con la finalidad de obligar al empleador administrativo a que proceda a reincorporarlo a su puesto de trabajo y se proceda a cancelarle los sueldo y salarios correspondientes a sus labores, por cuanto a su decir, existe elementos de convicción suficientes para atribuir que existe un buen derecho invocado es decir, como señala en la máxima “hay humo de buen derecho, y que existe clara lesión a los derechos y garantías constitucionales que han afectado la estabilidad laboral del funcionario accionante y eliminado el ingreso familiar de carácter alimentario, como lo es su salario, que ademán sir ce de soporte para tratar y prevenir el proceso o progresividad, de la lesión de la cual fue intervenido , y que fuero objeto de reposo medido, luego de 30 años de servicio a la ordena del Cuerpo de Bomberos existiendo elevadas probabilidades de que se trate de una enfermedad por ocasión del trabajo. Por lo que solicitó: Primero: Su reincorporación a su cargo de Teniente de Bomberos del Estado Aragua, como acto de realización del ser humano. y Segundo: Le sea cancelados sus sueldos y salarios dejados de percibir m por ser única fuente de ingreso , que constituye ademada s un soporte de su tratamiento de salud.
Finalmente solicita se reestablezca la situación supuestamente infringida y la cancelación de sus sueldo u salarios dejados de percibir hasta su efectiva reincorporación y los intereses moratorios
DE LA COMPETENCIA
De conformidad con el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ha señalado que, la distribución competencial en amparo constitucional debe realizarse atendiendo no sólo a la naturaleza de los derechos lesionados, conforme lo indica el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sino además salvaguardando el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, señalándose como competente al Tribunal de mayor proximidad para el justiciable. Verbigracia, ha sido el criterio que imperó en la sentencia de dicha Sala N° 1333/2002; así también la sentencia de la Sala Plena N° 9/2005, todo ello en pro de los derechos de acceso a la justicia de los particulares, a la tutela judicial efectiva, a la celeridad procesal y el principio pro actione, en concatenación con lo previsto en el artículo 257 de la Carta Magna, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia…”, este Tribunal Superior, se declara COMPETENTE para conocer y tramitar la solicitud de Amparo interpuesta. Así se decide.
DE LA ADMISIBILIDAD
Ahora bien, revisado como ha sido la solicitud de acción de amparo constitucional autónomo interpuesta en fecha 27 de julio de 2012, por el ciudadano Luís Edgardo Rodríguez Delpino, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.239.369, debidamente asistido por el abogado en ejercicio Juan Humberto Tovar Galiano, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 124.367, contra el Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Aragua, adscrito a la Gobernación del estado Aragua, se evidencia que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que este Juzgado lo admite cuanto a lugar en derecho, haciendo la salvedad que con ello no se vulnera la potestad del Juez para juzgar a posteriori sobre la admisibilidad de la presente solicitud de amparo.
Declarada como ha sido la admisión del recurso en forma provisional. En aras de garantizar una tutela judicial efectiva y en resguardo de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se acuerda tramitar el presente recurso de amparo conforme a lo previsto en la sentencia Nro. 07 de fecha primero (01) de febrero de dos mil (2000), dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
En la oportunidad en que tenga lugar la audiencia constitucional oral y pública, las partes propondrán sus alegatos, argumentos y defensas por ante este Tribunal, el cual decidirá si hay lugar a pruebas, oportunidad esta en la que el presunto agraviante podrá promover las que considere legales y pertinentes, dejándose constancia de ello en el acta que a tal efecto se levantará.
En la audiencia constitucional, oral y pública el tribunal decretará cuales serán las pruebas admisibles y ordenará su evacuación en esa misma oportunidad o dentro de las 24 horas siguientes a esa fecha.
Una vez concluido el debate oral y público, o la evacuación de pruebas a que hubiere lugar, procederá la Juez Superior a deliberar respecto a la materia objeto de examen, y podrá: a) Decidir inmediatamente, en cuyo caso expondrá de forma oral los términos del dispositivo del fallo, el cual deberá ser publicado íntegramente dentro de los cinco (5) días continuos siguientes a la audiencia en que se dictó el dispositivo correspondiente, b) Diferir la audiencia por un lapso no mayor de 48 horas, por estimar que sea necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba fundamental para decidir la causa, a petición de alguna de las partes o del Ministerio Público.
En este sentido se ordenar notificar mediante Oficio, a la Procurador General del Estado Aragua, así como al Comandante General del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Aragua, adscrito a la Gobernación del estado Aragua y a la Fiscal Superior del Ministerio Público con Competencia en Materia Contencioso Administrativa remitiéndoles copias certificadas de la manera ut supra indicada, a los fines que concurra por ante este Tribunal a conocer el lugar, día y hora en que tendrá lugar la audiencia constitucional, oral y pública, la cual se celebrará dentro de las 96 horas siguientes a la constancia en autos de haberse practicado la citación y notificaciones ordenadas.
Para la elaboración de las copias certificadas se comisiona al ciudadano Alguacil, quien suscribirá conjuntamente con la Secretaria, todas y cada una de sus páginas a tenor de lo dispuesto en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, aplicado de forma supletoria de conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase
MEDIDA CAUTELAR DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Observa este Tribunal que el accionante ha interpuesto la presente acción conjuntamente con solicitud de medida cautelar la cual fundamenta en los siguientes términos:
“se solicitó medida cautelar para obligar al empleador administrativo a que proceda a reincorporar a su puesto de trabajo al ciudadano Luis Rodríguez Delpino antes identificado y se proceda a cancelar los sueldos y salarios correspondientes a sus labores por cuanto existen elementos de convicción suficientes para atribuir que existe un bueno derecho invocado, (sic) es decir, como señala en la máxima “hay humo de buen derecho”, y que existe clara lesión a los derechos y garantías constitucionales que han afectado la estabilidad laboral del funcionario accionante y eliminado el ingreso familiar de carácter alimentario, como lo es su salario, que ademán sirve de soporte para tratar y prevenir el proceso o progresividad, de la lesión de la cual fue intervenido, y que fuero objeto de reposo medido, luego de 30 años de servicio a la ordena del Cuerpo de Bomberos existiendo elevadas probabilidades de que se trate de una enfermedad por ocasión del trabajo”
Por lo que solicitó: Primero: Su reincorporación a su cargo de Teniente de Bomberos del Estado Aragua, como acto de realización del ser humano. y Segundo: Le sea cancelados sus sueldos y salarios dejados de percibir m por ser única fuente de ingreso , que constituye ademada s un soporte de su tratamiento de salud.
En vista de ello, a los fines de pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar, debe esta Juzgadora acoger el criterio sustentado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia dictada en Ponencia Conjunta, el veinte (20) de marzo 2001 (caso: Marvin Enrique Sierra Velasco), en la que luego de realizarse un análisis del procedimiento de amparo cautelar a la luz de la Constitución derogada y confrontarlo con la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se aseguró el carácter accesorio de la referida acción, así como también se determinó el procedimiento aplicable a éstos casos cuyo cumplimiento debe ser verificado.
Así las cosas, aprecia esta Jurisdicente que la acción de amparo constitucional, incluso el cautelar, se encuentra investido de un carácter expedito al que están llamados los Jueces a tener en cuenta. Así pues, se observa que cuando el amparo cautelar se interpone conjuntamente con una solicitud de amparo constitucional, como en el presente caso, comporta entonces una naturaleza preventiva que le impide instituirse en una ejecución anticipada del fallo. Ciertamente, la naturaleza de la acción de amparo impide a los justiciables emplearla con el sólo propósito de movilizar inmediatamente el aparato judicial, ello en razón, que la función del Juez Constitucional es salvaguardar el cumplimiento de las normas constitucionales, y por tanto, esta Institución no fue concebida con el propósito de verificar si la Administración ha cumplido o no con el principio de legalidad al que se encuentra sometida o si por el contrario se han infringido disposiciones contenidas en Leyes distintas a la Constitución.
Así las cosas, se hace necesario que la presunción se encuentre acreditada o apoyada en un medio de prueba que la sustente, por lo cual correspondería a la parte accionante presentar al Juez todos los elementos que favorezcan la presunción, a los fines que sea factible la procedencia de la protección cautelar, quedando además, en criterio de esta Juzgadora, utilizar las reglas de la lógica y las máximas de experiencia, para verificar la procedencia o no del pedimento efectuado.
En el caso sub iudice, observa esta Juzgadora que solicita como protección cautelar que se le reincorporación a su cargo de Teniente de Bomberos del Estado Aragua, como acto de realización del ser humano. y Segundo: Le sea cancelados sus sueldos y salarios dejados de percibir por ser única fuente de ingreso, en base a que se le violaron normas y principios constitucionales, como el derecho a la defensa, al debido proceso, el Derecho al Trabajo, a la Estabilidad Laboral y Derecho a un Salario justo y digno. En ese sentido. resulta pertinente destacar que la parte requirente de la protección simplemente se limitó a solicitar el decreto de una medida de amparo cautelar, sin demostrar en modo alguno cómo a su parecer se verificaba el buen derecho para la procedencia de la misma, siendo que, tal como se ha dicho reiteradamente, la simple alegación no resulta suficiente, sino “que corresponde al accionante aportar los medios que considere convenientes a fin de verificar tal situación y que finalmente serán el sustento de la presunción. Amen, que sin que se pueda afirmar que se ha adelantado opinión sobre el fondo de la cuestión objeto de la solicitud, debe señalarse que no se evidencia de autos la existencia de una situación que amerite y justifique la protección cautelar solicitada, máxime si se toma en cuenta la celeridad y brevedad que caracterizan la acción de amparo constitucional para el logro del restablecimiento de la situación jurídica presuntamente infringida. Aunado a lo anterior, se advierte que bajo los argumentos fundamentados por la parte para sostener su solicitud de cautelar, implicaría someter al conocimiento del juez controversias que no pueden ser dilucidadas en el marco de un procedimiento sumario tan breve, limitado exclusivamente a la determinación de violaciones de índole constitucional, sino que corresponde al contradictorio de un proceso judicial donde el juez tenga la posibilidad de descender al análisis de instrumentos normativos de rango legal y sublegal. En consecuencia, este Tribunal Superior, niega la medida cautelar solicitada. Así se decide

DECISIÓN
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
Primero: Que es competente para conocer de la presente solicitud de Amparo Constitucional conjuntamente con medida de amparo cautelar, interpuesto por el ciudadano Luís Edgardo Rodríguez Delpino, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.239.369, debidamente asistido por el abogado en ejercicio Juan Humberto Tovar Galiano, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 124.367, contra el Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Aragua, adscrito a la Gobernación del estado Araguas
Segundo: Admite la Acción de Amparo Constitucional propuesta, por cumplir con los requisitos formales exigidos en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consecuencia se ordena notificar, mediante oficios a la Procurador General del Estado Aragua, así como al Comandante General del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil del estado Aragua, adscrito a la Gobernación del estado Aragua, parte presuntamente agraviante, para que concurran a enterarse del día y hora de la Audiencia Constitucional que fije el Tribunal una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas en el presente expediente, siempre y cuando no coincidan con los días Sábados o Domingos y/o días Feriados.
Tercero: Se niega la Medida Cautelar de Amparo Constitucional solicitada.
Cuarto: Fijará la Audiencia Constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes, una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas anexándosele copia certificada del escrito de amparo, del auto de admisión y demás recaudos pertinentes.
Quinto: Notificar al Ministerio Público, sobre la apertura del procedimiento, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Líbrense las notificaciones ordenadas, anexándosele copia fotostática debidamente certificada de la presente decisión y del escrito de solicitud y las boletas ordenadas.
Publíquese, regístrese, déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los 31 días del mes de julio de 2011. Años: 201° de la Independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR TITULAR,

DRA. MARGARITA GARCÍA SALAZAR
LA SECRETARIA,

ABOG. SLEYDIN REYES.

En esta misma fecha, se libraron las notificaciones ordenadas.
LA SECRETARIA,
Exp. No. AC-11165
MGS/SR/bes