REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL
TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO ARAGUA CON SEDE EN CAGUA
202º y 153º


SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE: 11-16304

DEMANDANTE: MARIA VIRGINIA SILVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-1.975.596.
ABOGADO ASISTENTE: RUBEN DARIO OLMEDO ARTEAGA, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 78.665.
DEMANDADAS: IRDA JOSEFINA ESPARRAGOZA DE GUERRA, AIDA ESPARRAGOZA DE JORGE, YOLANDA ESPARRAGOZA SILVA y AURISTELA ESPARRAGOZA DE LEON, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.840.658, V-3.849.166, V-3.840.461 y V-4.365.744 respectivamente.
MOTIVO: ACCIÓN MERODECLARATIVA DE CONCUBINATO

-I-
Se inicia el presente juicio, mediante demanda por ACCIÓN MERODECLARATIVA DE CONCUBINATO, interpuesta en fecha 26 de julio de 2011, por la ciudadana MARIA VIRGINIA SILVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-1.975.596, debidamente asistida por el abogado RUBEN DARIO OLMEDO ARTEAGA, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 78.665, contra las ciudadanas IRDA JOSEFINA ESPARRAGOZA DE GUERRA, AIDA ESPARRAGOZA DE JORGE, YOLANDA ESPARRAGOZA SILVA y AURISTELA ESPARRAGOZA DE LEON, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.840.658, V-3.849.166, V-3.840.461 y V-4.365.744 respectivamente; donde manifiesta que mantuvo una relación concubinaria con el de cujus LUCAS EVANGELISTA ESPARRAGOZA SILVA, quien en vida fue venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-309.319, desde el año 1948 hasta la fecha de su fallecimiento ocurrido el 23 de marzo de 2011. Se le dio entrada y admitió la presente demanda mediante auto de fecha 29 de julio de 2011, ordenándose la citación de las demandadas para que comparecieran por ante este Tribunal, dentro de los veinte (20) días de despacho, a que constara en autos la citación ordenada. Asimismo se acordó librar edicto a todas aquellas personas que tuviesen algún interés manifestó sobre el presente juicio y a los herederos desconocidos del de cujus, de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código Civil. Se instó a la parte actora a consignar los fotostatos del libelo y del auto de admisión a los fines de librar las compulsas respectivas.

En fecha 09 de agosto de 2011, compareció por ante este Juzgado la ciudadana MARIA VIRGINIA SILVA, plenamente identificada en autos, asistida por el abogado RUBEN DARIO OLMEDO ARTEAGA, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 78.665 y consignó los emolumentos y retiro edicto para su publicación. El Alguacil de este Tribunal dejó constancia que le fueron proporcionados los emolumentos para la práctica de las citaciones ordenadas.

Mediante auto de fecha 12 de agosto de 2011, este Despacho ordenó librar compulsas de citación correspondientes a la parte demandada, a los fines de que comparecieran dentro de los veinte (20) días de Despacho, a dar contestación de la demanda.

En fecha 19 de septiembre de 2011, compareció por ante este Tribunal la ciudadana MARIA VIRGINIA SILVA, plenamente identificada en autos, asistida por el abogado RUBEN DARIO OLMEDO ARTEAGA, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 78.665 y consignó edicto debidamente publicado en el diario El Siglo. Mediante auto de esta misma fecha el Juez titular de este despacho EULOGIO PAREDES TARAZONA, se avoco al conocimiento de la presente causa y se agrego a los autos la publicación consignada.

En fecha 02 de noviembre de 2011, el Alguacil titular de este Juzgado consignó compulsa de citación debidamente firmadas por las demandadas.

En fecha 22 de noviembre de 2011, compareció por ante este Despacho el abogado MARCO ARTEAGA, Inpreabogado N° 90.551, y consignó poder especial otorgado por ante la Notaria Segunda de Porlamar, Estado Nueva Esparta, por la ciudadana IRDA JOSEFINA ESPARRAGOZA DE GUERRA, plenamente identificada en su carácter de parte co-demandada al prenombrado abogado.

En fecha 12 de noviembre de 2011, comparecieron por ante este Tribunal las ciudadanas IRDA JOSEFINA ESPARRAGOZA DE GUERRA, AIDA ESPARRAGOZA DE JORGE, YOLANDA ESPARRAGOZA SILVA y AURISTELA ESPARRAGOZA DE LEON, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.840.658, V-3.849.166, V-3.840.461 y V-4.365.744 respectivamente, debidamente asistida por el abogado MARCO ARTEAGA, Inpreabogado N° 90.551 y consignaron escrito de contestación.

En fecha 25 de enero de 2012, compareció por ante este Juzgado la ciudadana MARIA VIRGINIA SILVA, plenamente identificada en autos, debidamente asistida por el abogado RUBEN DARIO OLMEDO ARTEAGA, Inpreabogado N° 78.665, y solicitó se dictara sentencia.

En fecha 07 de febrero de 2012, compareció por ante este Despacho la ciudadana MARIA VIRGINIA SILVA, plenamente identificada en autos, debidamente asistida por el abogado RUBEN DARIO OLMEDO ARTEAGA, Inpreabogado N° 78.665 y solicitó se dictara sentencia.

Mediante auto de fecha 09 de marzo de 2012, este Tribunal fijó para el decimoquinto (15°) día de despacho siguiente para que las partes consignaran sus respectivos informes de conformidad con lo establecido en el artículo 511 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 11 de abril de 2012, compareció por este Juzgado la ciudadana MARIA VIRGINIA SILVA, plenamente identificada en autos, debidamente asistida por el abogado RUBEN DARIO OLMEDO ARTEAGA, Inpreabogado N° 78.665 y consignó escrito de informes.

Mediante auto de fecha 02 de mayo de 2012, este Despacho dice vistos y entra en término de dictar sentencia, conforme a lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil.

-II-
Llegada la oportunidad para decidir este Juzgador observa a las partes en la presente Causa, por considerarlo necesario, las normas generales y especiales procesales, ha aplicar, de la siguiente manera:

PRIMERO: La litis queda planteada conforme a las alegaciones efectuadas por las partes, en las oportunidades legalmente establecidas al efecto. Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el Juez debe decidir exclusivamente conforme a lo alegado y probado en autos.

Lo apuntado implica que aquellos hechos que no han sido debidamente alegados por las partes en las respectivas oportunidades procesales que están previstas en la Ley para que las partes aleguen, AJUSTADO A DERECHO, no pueden ser demostradas válidamente durante el proceso; pues éste, ciertamente esta sometido a los principios de la preclusión y de la seguridad jurídica y atenta contra el derecho a la defensa el cual se manifiesta igualmente en las probanzas.

Este notado aspecto del proceso judicial, en la cual inciden decisivamente las cargas procesales de las partes, no puede ser obviado por este Juzgador y es tenido en cuenta para esta Decisión, por lo cual la misma se ajustará exclusivamente a aquellos hechos que han sido oportuna y debidamente alegados por las partes y posteriormente probados de modo válido en el proceso y a los hechos que de alguna manera estén demostrados en los autos, ambas conforme a los Principios Procesales de la Comunidad de la Prueba y de la Adquisición de la Prueba.

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, la Sentencia debe decidir lo alegado y probado en autos, es decir, lo que oportunamente ha sido alegado y probado por las partes en el curso del proceso, y ello implica que las alegaciones deben preceder a las probanzas, pues, de lo contrario se violaría el derecho a la defensa en todo estado y grado de la Causa, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así el proceso judicial patrio está sometido al Principio de la Preclusión y por consiguiente las oportunidades procesales para la realización de los actos del procedimiento dentro del proceso judicial, realizados o no dichos actos, no es posible pretender realizarlos. Así pues el Tribunal hace acotamiento que las oportunidades que respectivamente tienen conforme a la Ley son el acto de interposición del Libelo de Demanda y el acto de Contestación a la Demanda. Recuerda este Tribunal que la reiterada realización de alegaciones extemporáneas por las partes: a) atentan contra la buena marcha del proceso y lo entorpece; b) las partes tienen la obligación de efectuar sus alegaciones y demás actuaciones procesales conforme a una adecuada técnica jurídica, lo que infine redundaría en el propio beneficio de ellas.

TERCERO: Las alegaciones deben ser efectuadas circunstancialmente, las partes al hacerlo deben explanar las circunstancias de tiempo, lugar y modo atinente a los hechos, pues el mundo del proceso es reconstructivo y en consecuencia, en la demanda y en la contestación se deben indicar todas aquellas alegaciones que luego en las oportunidades probatorias, legalmente establecidas al efecto, deberán evidenciar para llevar a la intima convicción al Juzgador de su concurrencia. En consecuencia, aquellas alegaciones que en sus oportunidades procesales se realicen en forma genérica, sin indicar el tiempo, lugar y modo en que ocurrieron, no podrán ser objeto de Pruebas, ya que atentaría contra el derecho al debido proceso en el cual esta implícito el derecho a la defensa y en amparo de estos derechos, no serán apreciadas a favor ni en contra de ninguna de las partes, pues al ser derechos constitucionales son de orden público, a pesar de que por el principio de exhaustividad de la Sentencia, deban analizarse y juzgarse.

CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, reguladores de la carga de la prueba, corresponde al que afirma hechos, el demostrarlos. Solamente los hechos negativos absolutos quedan exceptuados de su prueba, por parte de quien niega, por distribución de la carga probatoria y los hechos notorios. Así los hechos controvertidos deben ser objeto de las probanzas y estos son aquellos en los que las partes no están contestes.

QUINTO: El Principio Procesal de la Comunidad de la Prueba, implica que toda aquella prueba realizada válidamente produce efectos en el juicio, con independencia del sujeto procesal que la haya producido.

SEXTO: La apreciación de las pruebas se hace conforme a la regla de la Sana Crítica, salvo aquellas en que la misma tenga alguna regla de valoración especial expresamente establecida en la Ley, tal como ocurre en el caso de documentos públicos y en el de la confesión judicial y extrajudicial.

SEPTIMO: El pago de las costas de un proceso incluye, los costos del juicio y honorarios del Abogado. Las costas procesales son un efecto del proceso, dependiendo su condena del vencimiento total en un juicio o en una incidencia en el mismo. Y así se aclara.

Observadas las reglas procesales que se aplican en la presente causa, se pasa a decidir de la siguiente manera:
-III-
DE LA PRETENSIÓN DEDUCIDA Y DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS

Del análisis del libelo de demanda y de la contestación al fondo de la misma, se concluye que la pretensión de la parte actora es la declaración de la existencia de la unión y relación concubinaria entre su persona y el ciudadano LUCAS EVANGELISTA ESPARRAGOZA SILVA, desde el año de 1948 hasta la fecha de su fallecimiento ocurrido el 23 de marzo de 2011 y consecuencialmente los derechos que de su declaración se derivan. Basando su pretensión con fundamento en los artículos 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 767 del Código Civil.

Asimismo se verifica que los hechos controvertidos y objeto de prueba en la presente causa quedó limitado a demostrar: la parte actora:

1. La existencia de la comunidad concubinaria desde el año de 1948 hasta la fecha de su fallecimiento ocurrido el 23 de marzo de 2011.

Como quiera las demandadas ciudadanas IRDA JOSEFINA ESPARRAGOZA DE GUERRA, AIDA ESPARRAGOZA DE JORGE, YOLANDA ESPARRAGOZA SILVA y AURISTELA ESPARRAGOZA DE LEON, mediante escrito de contestación de fecha 12 de diciembre de 2011, convinieron en todas y cada una de sus partes en la demanda incoada por la ciudadana MARIA VIRGINIA SILVA; sin embargo la existencia del concubinato no es un hecho sobre el cual pueda realizarse auto composiciones procesales, es decir, las partes no pueden en esta especial materia del derecho civil familia, convenir o transigir en el hecho de la existencia del concubinato, pues debe el juez aún cuando las partes estén de acuerdo, pronunciar su sentencia y determinar si la relación estable de hecho cumple los extremos de Ley para declarar su existencia. Siendo fundamental la fijación de la fecha de inicio y de culminación de la relación de hecho. Y así se establece.

-IV-
DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD

Cursan a los folios 03 al 07, copias simple de cédulas de identidad de la parte actora y de las demandadas, las cuales constituyen fidedignas de documentos públicos con las que queda establecida la identidad de las mismas. Y así se valora, aprecia y declara.

Cursa al folio 08, acta de defunción N° 126, emanada del Registro Civil del Municipio Sucre del Estado Aragua, de fecha 24 de marzo de 2011, que de conformidad con lo establecido en el artículo 1359 del Código Civil, “…hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1° de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado… 2° de los hechos jurídicos que el funcionario público declare haber visto u oído…”. Con lo que se demuestra que el ciudadano LUCAS EVANGELISTA ESPARRAGOZA SILVA, falleció en fecha 23 de marzo de 2011, que su pareja estable de hecho era la ciudadana MARIA VIRGINIA SILVA. Y así se valora y aprecia.

Cursan a los folios 09 al 12, actas de nacimientos Nros. 228, 289, 135 y 268, emanadas del Registro Civil del Municipio Sucre y del Municipio Santiago Mariño, que de conformidad con lo establecido en el artículo 1359 del Código Civil, “…hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1° de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado… 2° de los hechos jurídicos que el funcionario público declare haber visto u oído…”. Con lo que se demuestra que la ciudadana: MARIA VIRGINIA SILVA, procreó cuatro hijas con el ciudadano: LUCAS EVANGELISTA ESPARRAGOZA SILVA, en fechas 18 de enero de 1949, 04 de diciembre de 1950, 04 de diciembre de 1952 y 30 de diciembre de 1956 respectivamente. Y así se valora y aprecia.


No existiendo ningún otro documento sobre el cual deba existir pronunciamiento valorativo.
IV
MOTIVACIÓN
De la valoración de las pruebas acompañadas por la accionante en el libelo de demanda, este juzgador observa que ha quedado suficientemente demostrada la existencia de la unión estable de hecho entre la ciudadana MARIA VIRGINIA SILVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-1.975.596 y el de cujus LUCAS EVANGELISTA ESPARRAGOZA SILVA, quien en vida fue venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-309.319, unión estable de hecho que al perpetrarse entre un hombre y una mujer, sin coexistir vínculo conyugal, se denominaría concubinato.

Por otra parte, en el concubinato o unión concubinaria no se tiene la fecha cierta de cuando comienza la misma, contrario al matrimonio que se perfecciona mediante el acto matrimonial, recogido en la partida de matrimonio; Sin embargo alega y prueba la parte actora la permanencia o estabilidad en el tiempo, que son signos exteriores de la existencia de la unión concubinaria con el ciudadano LUCAS EVANGELISTA ESPARRAGOZA SILVA, la cual se prolongó por más de Dos (02) años, que es lo mínimo que se exige para calificar la permanencia, ya que ese fue el término contemplado por el artículo 33 de la Ley del Seguro Social, al regular el derecho de la concubina a la pensión de sobrevivencia.

Unión estable significa permanencia en una relación, caracterizada por actos que, objetivamente, hacen presumir a las personas (terceros) que se está ante una pareja, que actúan con apariencia de un matrimonio o, al menos, de una relación seria y compenetrada, lo que constituye la vida en común. Por lo que de lo narrado en el libelo por la actora, y probado según documentos traídos a los autos y suficientemente valorados, se evidencia que los mismos confirman que la ciudadana MARIA VIRGINIA SILVA y el de cujus LUCAS EVANGELISTA ESPARRAGOZA SILVA, mantuvieron vida Concubinaria durante sesenta y tres (63) años.

Ahora bien esta declarativa de concubinato trae como consecuencia ciertos efectos que fueron establecidos detalladamente en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 15 de Julio de 2005, así pues en dicha sentencia se interpreta con carácter vinculante el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) que ya de antemano establece que “Las uniones estables entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”. Sin embargo, el sólo hecho de decir que produce los mismos efectos que el matrimonio, es dar al concubinato una connotación muy amplia, ya que existen disposiciones legales aplicables al matrimonio, que serían imposible de aplicación a los concubinos, por el hecho de que atenta contra su propia naturaleza, la de ser una situación de hecho y no de derecho. Entre los principales efectos destacados en la mencionada sentencia, es preciso recalcar los siguientes:

“…La existencia de la comunidad concubinaria entre las partes en la presente causa, la cual se entiende disuelta desde el mismo momento en que culminó la relación de hecho, esto es, el día 24 de Octubre de 2007; por lo que de haber adquirido bienes han de partirse los mismos, independientemente que se encuentren a nombre de uno sólo de los ciudadanos o de ambos, pero condicionando su adquisición dentro del período de cohabitación, supra mencionado.
Los terceros que tengan acreencias contra la comunidad podrán cobrarse de los bienes comunes con respecto de lo adquirido, al igual que en el matrimonio, durante el tiempo que duró la unión y, como comunidad. Así pues, si la unión estable o el concubinato no ha sido declarada judicialmente, los terceros pueden tener interés que se reconozca mediante sentencia, para así cobrar sus acreencias de los bienes comunes. Para ello tendrán que alegar y probar la comunidad, demandando a ambos concubinos o sus herederos.
La posibilidad de que el concubino o concubina pueda solicitar las medidas contenidas en el artículo 171 del Código Civil (1982), a fin de administrar los bienes comunes
Es nula la venta de los bienes comunes entre los concubinos, ya que sería un fraude para los acreedores de cualquiera de los concubinos, aceptar que uno vendiera al otro los bienes comunes documentados a su nombre o poseídos por él y, en consecuencia, quien demuestre que la venta ha ocurrido entre ellos, puede invocar la existencia de la unión y tratarlos como bienes comunes o, según los casos, pedir la nulidad del negocio…”.

-VI-
DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PRIMERO: CON LUGAR LA ACCIÓN MERODECLARATIVA DE CONCUBINATO, incoada por la ciudadana MARIA VIRGINIA SILVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-1.975.596, debidamente asistida por el abogado RUBEN DARIO OLMEDO ARTEAGA, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 78.665, contra las ciudadanas IRDA JOSEFINA ESPARRAGOZA DE GUERRA, AIDA ESPARRAGOZA DE JORGE, YOLANDA ESPARRAGOZA SILVA y AURISTELA ESPARRAGOZA DE LEON, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.840.658, V-3.849.166, V-3.840.461 y V-4.365.744 respectivamente, la cual se tendrá como cierta desde el día 31 de de enero de 1948 hasta el día 23 de marzo de 2011, fecha en que falleció el ciudadano LUCAS EVANGELISTA ESPARRAGOZA SILVA, quien en vida fue venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-309.319; SEGUNDO: Por cuanto la presente decisión se dicto fuera del lapso de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil venezolano, se ordena la notificación de las partes; TERCERO: En virtud de la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas.

Dado, Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, a los 19 días del mes de julio de 2012. Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. Publíquese y Regístrese.
El Juez,
La Secretaria,
Dr. Eulogio Paredes Tarazona
Abg. Palmira Alves
En esta misma fecha se publicó la anterior Sentencia, siendo las 12:27 m.
La Secretaria,

Abg. Palmira Alves
EXP. Nº 11-16304
EPT/pa/dc