TSJ Regiones - Decisión

I.- ANTECEDENTES:

Las presentes actuaciones se contraen al Recurso de Hecho interpuesto por el Ciudadano GEORGE DOUMAT AKHRAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-18.201.265, en su carácter de propietario y presidente de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MARY C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 13 de Marzo de 2003 anotado bajo el N° 1, Tomo 7-A debidamente asistido por las abogadas ZOILA IRAMA FAJARDO CORRALES Y MARÍA SILVIADORA CASTELLANO SARMIENTO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 86.459 y 100.907 respectivamente, contra la negativa de oír la apelación interpuesta contra el auto de fecha 08 de noviembre del 2011, dictada por el Juzgado de los Municipios Sucre y Lamas de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua con sede en Cagua, mediante el cual declaró inadmisible la apelación interpuesta.
El presente Recurso de Hecho fue recibido por ante la secretaría de este Tribunal en fecha 16 de mayo de 2012, constante de doscientos once (211) folios útiles.
Luego, en fecha 05 de junio de 2012, por auto dictado por esta Alzada, se fijó el lapso de cinco (05) días de despacho siguientes, para que la parte recurrente consignara a los autos las copias certificadas de lo que considere conducente, asimismo, se fijó la oportunidad para dictar la decisión respectiva, conforme a lo establecido en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil (Folio 214).

II.- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

Siendo la oportunidad para dictar el pronunciamiento de ley y constando en autos las copias certificadas para formalizar el presente recurso de hecho, este Tribunal pasa a decidir en los términos siguientes:
El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, establece lo concerniente al ejercicio del Recurso de Hecho, contemplando lo siguiente: “(…) Negada la apelación, o admitida en un sólo efecto, la parte podrá recurrir de hecho dentro de los cinco días, más el término de la distancia, al Tribunal de Alzada, solicitando que se ordene oír apelación o que se admita en ambos efectos y acompañara copias de las actas del expediente que crea conducentes y las que indique el juez si este lo dispone así (…)” (Subrayado de esta Juzgadora).
De lo anteriormente trascrito se desprende que para la tramitación del presente recurso es necesario que se cumpla con los siguientes parámetros:
1) Este debe interponerse ante el Tribunal Superior respectivo, a quien compete decidir si es o no admisible la apelación, que se propone contra la decisión del Juez de la Primera Instancia que niega la apelación o la admite en un sólo efecto, cuando ha de admitirse en ambos efectos.
2) El Juez Superior una vez interpuesto el recurso, lo dará por introducido aún cuando no se acompañen con las copias certificadas, y decidirá dentro de los cinco (5) días de despacho, contados desde la fecha en que se haya introducido, o desde la fecha en que consten las copias de las actas conducentes si el recurso se hubiere introducido sin las mismas, como lo indica el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.
Esta superioridad, luego de revisadas en forma exhaustiva las actas que conforman el presente expediente, observo que el auto que negó el recurso de apelación, fue dictado en fecha 08 de noviembre de 2011 (folio 197), y que el recurso de hecho fue recibido, ante esta Alzada en fecha 16 de mayo de 2011, tal como se evidencia de la nota de secretaría del folio doscientos doce (212) del presente expediente, por lo que este Tribunal considera que el recurso de hecho fue propuesto en forma tempestiva. Y así se establece.
Asimismo, en cuanto a la existencia en los autos de las copias certificadas, se verificó que este requisito sine qua non fue cumplido por la parte recurrente, por lo que, ésta Juzgadora considera suficiente el escrito contentivo del recurso de hecho y sus anexos presentado por el recurrente para formarse criterio sobre el asunto que debe resolver este Juzgado. Y así se establece.
Ahora bien, señala el recurrente a través de escrito de fecha 26 de enero de 2012 (folios 01 al 03), lo siguiente:
“(…) ocurro para proponer Recurso de Hecho en contra del Auto que dictara que dictara el 08 de noviembre de 2011 el Juzgado de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial Del Estado Aragua, el cual declaró inadmisible la Apelación interpuesta contra la Sentencia que resolvió con Lugar la Resolución de Contrato de Arrendamiento solicitada (…) las jurisprudencias () indica “la cuantía debe determinarse por las pensiones no vencidas hasta la fecha de terminación del contrato de arrendamiento y las vencidas si fuese pedido su pago” (…) lo cual significa que en el caso sub-iúdice, objeto del recurso de hecho (…) una sentencia que no se corresponde a la dictada por él en fecha 31 de octubre de 2011 y a una estimación de una cuantía utilizando como calculo el siguiente: “...Ahora bien como se podrá notar, según se ha determinado supra es que el fallo que pretende enervarse se ciño inobjetablemente a los criterios de cuantía que, en ejercicio de sus legitimas atribuciones, definió la Sala Plena de este Alto Tribunal, por lo que este Tribunal en aplicación del criterio jurisprudencial precedentemente transcrito, concluye que la sentencia proferida el día 30-06-2011, es inapelable en razón de que la cuantía (…) si hubiere aplicado el criterio jurisprudencial que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia dispone, como son: Pensiones no vencidas hasta la fecha de terminación del Contrato de Arrendamiento y las Vencidas si fuese pedido su pago=
TERMINACIÓN DE LA PRRÓRROGA DEL Contrato de Arrendamiento (01/01/2012).
Pensiones no vencidas hasta la fecha de terminación del Contrato de Arrendamiento= Diciembre de 2011 x 10.400,00 Bs.=10.400,00 Bolívares Pensiones vencidas si fuese pedido su pago=
-Junio, Julio y Agosto de 2011X 10.400,00Bs.= 31.200,00 Bolívares
-Septiembre, Octubre, Noviembre de 2011 (Pensiones pedidas en el Libelo de Demanda de Resolución de Contrato de Arrendamiento por cada mes que ocupe en el inmueble) X 10.400Bolívares_=31.200,00 Bolívares
Total= 72.800,00 Bolívares
Expresado en Unidades Tributarias: 72.800,00 Bolívares ENTRE 76, 00 UT (…) = 957.8947 UT
En consecuencia, como se observa sobrepasa las quinientas (500) unidades tributarias que se requiere para que el Tribunal de los Municipios Sucre y José ÁNGEL Lamas de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua escuche y admita la apelación de la Sentencia dictada el 31 del Octubre de 2011, es por ello que el Juez de la causa apreció e interpretó erróneamente la Resolución N° 2009-0006 de fecha 18 de Marzo de 2009 causándome un gravamen irreparable, pues estimo la cuantía en forma equivocada (Sic)”.

En este sentido, en análisis de los argumentos expuestos por el Ciudadano GEORGE DOUMAT AKHRAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-18.201.265, en su carácter de propietario y presidente de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MARY C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 13 de Marzo de 2003 anotado bajo el N° 1, Tomo 7-A debidamente asistido por las abogadas ZOILA IRAMA FAJARDO CORRALES Y MARÍA SILVIADORA CASTELLANO SARMIENTO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 86.459 y 100.907 respectivamente, esta Juzgadora observó que del contenido de las copias certificadas consignadas, se desprenden los siguientes hechos:
1.- En fecha 19 de septiembre de 2011, el Ciudadano ANTON PERICA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-9.059.839, debidamente asistida por el abogado EDUARDO ANTONI ORTA HERNANDEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 55.096, presento demanda por Resolución de Contrato arrendamiento, contra de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MARY C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 13 de Marzo de 2003 anotado bajo el N° 1, Tomo 7-A (folios 57 al 60).
2.- Que en fecha 03 de noviembre del 2000, el Tribunal de la causa mediante auto admite la demanda (folio 94).
3.- Que en fecha 03 de octubre de 2011, la parte demandada consigno escrito de contestación de la demanda. (folio 112)
4.- Que en fecha 06 de octubre de 2011, la parte demandada consigno escrito de promoción de pruebas. (folio 117 y 118 con su vuelto).
5.- Que en fecha 10 de octubre de 2011 la parte demandante consignó escrito de promoción de pruebas (folio 76 al 80 con sus vueltos).
6.- En fecha 31 de octubre de 2009, el Tribunal de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial Del Estado Aragua con sede en Cagua, dictó sentencia (folios 182 al 191).
7.-. Que en fecha 01 de noviembre de 2012 la abogadas ZOILA IRAMA FAJARDO CORRALES Y MARÍA SILVIADORA CASTELLANO SARMIENTO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 86.459 y 100.907 respectivamente, Apelan de la sentencia dictada por el tribunal de los Municipios Sucre y Lamas de la Circunscripción Judicial Del Estado Aragua con sede en Cagua, en fecha 31 de noviembre de 2012. (folio 192).
5.- 6.- En fecha 08 de noviembre de 2011 el Tribunal A quo dictó auto, a través del cual declaro inadmisible la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia dictada el 31 de noviembre de 2011 (folio 182 al 191).
Del análisis de las copias certificadas consignadas para fundamentar el presente recurso, éste Juzgado Superior determinó que el supuesto procesal por el cual se recurre de hecho, es la negativa del Juez A quo a oír la apelación ejercida contra sentencia dictada en fecha 31 de noviembre de 2011.
Ahora bien, vistas y analizadas las actas que conforman el presente expediente, este Juzgado Superior considera pertinente realizar las siguientes consideraciones:
El presente Recurso de Hecho versa sobre una demanda de Resolución de Contrato de Arrendamiento, incoado por el Ciudadano ANTON PERICA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-9.059.839, debidamente asistida por el abogado EDUARDO ANTONI ORTA HERNANDEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 55.096, presento demanda por Resolución de Contrato arrendamiento, contra de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MARY C.A,.

En ese orden de ideas, el artículo 891 ejusdem dispone lo siguiente: “De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor de cinco mil bolívares”.
Ahora bien, la cuantía exigida en el artículo anteriormente detallado para que sea admisible el recurso de apelación en las causas tramitadas mediante el procedimiento breve, fue modificado por la Resolución No. 2009-006, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 36.338, el día 02 de Abril de 2009, la cual en su artículo 2 estableció que:
“Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otras que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de Mil Quinientas Unidades Tributarias (1.500 U.T.); así mismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresado en bolívares, se fijan en Quinientas Unidades Tributarias.” (Negrillas Nuestras)
Entonces es claro que luego de entrada en vigencia la resolución 2009-006 supra mencionada, toda causa sustanciada de acuerdo a las normas del procedimiento breve cuya cuantía sea inferior a las quinientas unidades tributarias (500 U.T) carece de posibilidad de ser revisada por una segunda instancia, es decir, no admite recurso de apelación.
Respecto a la inadmisibilidad del recurso de apelación en este tipo de procedimientos, ha sido conteste nuestro máximo Tribunal al manifestar lo siguiente: “(…) por argumento a contrario sensu, todas las demandas sustanciadas y decididas en aplicación del procedimiento breve cuyo interés principal sea menor de cinco mil bolívares, no tiene recurso de apelación (…)” Sala de Casación Civil, Sentencia No. 0165 de fecha 09 de octubre de 1.996.
Asimismo, luego de la modificación de las cuantías en abril de 2009, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 09 de julio de 2010, mediante Sentencia No. 694, manifestó que:
“(…) Es, entonces, conforme a la interpretación constitucionalizante que la Sala acogió en la recién transcrita decisión, que la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, en correspondencia con la atribución recogida en el artículo 267 de la Carta Fundamental y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, dictó su Resolución nº 2009-0006, como mecanismo de política judicial que asegurase una mayor eficacia en el servicio público de Administración de Justicia, adaptando las competencias por la cuantía de los órganos jurisdiccionales que –a nivel nacional- tienen conocimiento de las materias civil, mercantil y del tránsito, bajo criterios que se adecuasen a la realidad económica y administrativa de tiempos más recientes.
En el caso de autos, la solicitante estimó que la sentencia cuya revisión pretende, contravino su derecho a la defensa y al proceso debido, “en virtud de la no implementación del principio de la doble instancia y en la errónea aplicación de una resolución administrativa en detrimento de las normas de una ley, cuyo principio rector es que la mayoría de las mismas son de orden público absoluto”.
Por su parte, el fallo cuestionado realizó un detallado análisis de las normas procesales que, en torno a la cuantía, resultaban aplicables a la demanda interpuesta por la peticionaria, particularmente, la Resolución nº 2009-00006, emitida el 28 [sic] de marzo 2009 por la Sala Plena de este Máximo Juzgado que, en ejercicio de las funciones que le atribuyen los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura (como órgano de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 267 de la Carta Magna), modificó la cuantía establecida, entre otras normas, en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, fijándola en la cantidad de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) a los fines de acceder al recurso de apelación en las causas tramitadas conforme al procedimiento breve, cual es el caso de los juicios incoados de conformidad con la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Así las cosas, el veredicto cuya revisión se pretende, señaló que –al haberse interpuesto la demanda el 12 de mayo de 2009, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada resolución de carácter normativo- la apelación propuesta por la peticionaria debía ser reputada inadmisible y, en consecuencia, que no había lugar al recurso de hecho propuesto por la actora.
Como se podrá notar, la solicitante pretende hacer ver que el órgano jurisdiccional cuyo fallo fue delatado otorgó primacía al contenido de una disposición “reglamentaria” que, a su juicio, contraría el principio procesal de la doble instancia; no obstante que –según se ha determinado arriba- lo cierto es que el fallo que pretende enervarse se ciñó inobjetablemente a los criterios de cuantía que, en ejercicio de sus legítimas atribuciones, definió la Sala Plena de este Alto Tribunal.
De lo dicho hasta ahora, se tiene que de la sentencia cuya revisión se pretende no derivan crasas infracciones a los principios fundamentales que inspiran nuestro ordenamiento constitucional o de la doctrina vinculante emanada de esta Sala; motivo por el cual la solicitud objeto de estas actuaciones debe ser declarada que no ha lugar (…)” (Negrillas Nuestras)
Y más recientemente, la misma Sala Constitucional en fecha 17 de marzo de 2011, señaló lo siguiente:
“(…)Todo lo anterior supone, que si bien esta Sala, en anteriores oportunidades, consideró que el principio de la doble instancia comportaba una garantía constitucionalmente tutelada, tal criterio fue atemperado, en el sentido de que el derecho a recurrir del fallo constituía una garantía constitucional propia del proceso penal, pues así lo dispone el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa “toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley”; así como también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Venezuela, según la cual, todo juicio debía ser llevado ante un tribunal de instancia, cuyo fallo pudiera contar con una instancia revisora superior (principio de la doble instancia).
De esta forma, quedó dictaminado que no devienen en inconstitucional, aquellas normas de procedimiento (distintos al ámbito penal) que dispongan que contra la sentencia definitiva, no cabe el recurso de apelación, pues la doble instancia, no constituye una garantía constitucional, como si lo son la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
El derecho a la tutela judicial efectiva (como garantía constitucional) supone la facultad de acceder a la justicia, impartida conforme al artículo 26 del Texto Fundamental (imparcial, gratuita, accesible, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles); por su parte, el derecho al debido proceso que a su vez comprende el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, el derecho al juez natural, entre otros, no incluye dentro de sus componentes la doble instancia, pues ésta sólo tiene cabida, si la ley así lo contempla.
La circunstancia que determinados juicios se sustancien en una sola instancia, responde en algunos casos, como al que aquí se analiza, a la voluntad del legislador de descongestionar, dentro de lo posible, los tribunales de la República, para lo cual creó determinados procedimientos que, dependiendo de su cuantía, se sustancian en única instancia.
Significa entonces que la norma contenida en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil no es inconstitucional, motivo por el cual esta Sala debe necesariamente declarar, conforme a las consideraciones efectuadas, NO AJUSTADA A DERECHO la desaplicación de la norma que hiciere el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en la decisión que dictó el 15 de julio de 2010. En razón de ello, esta Sala Constitucional declara la nulidad de la sentencia dictada el 15 de julio de 2010 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira (…)”.

Así las cosas, ésta Superioridad tomando en consideración los argumentos de Derecho anteriormente expresados y la doctrina citada de nuestro máximo Tribunal, observa que en el caso de marras la parte actora en su escrito libelar de fecha 19 de septiembre de 2011, estimó el monto de la demanda en la cantidad de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 31.200,00), lo que era equivalente a CUATROCIENTAS DIEZ CON CINCUENTA Y DOS UNIDADES TRIBUTARIAS (410,52 U.T) tomando, que la Unidad Tributaria (U.T.) tenía un valor de setenta y seis Bolívares (76 Bs.) para el momento de la interposición de la demanda, lo cual se verifica en el presente expediente (folios 57 al 60); siendo que, para tener derecho a la apelación se requiere que el monto de la demanda se estime a partir de quinientas Unidades Tributaria (500 U.T), y en el presente caso se evidencia que el monto es inferior al requerido conforme a la jurisprudencia antes transcrita.

Observándose la naturaleza de la sentencia recurrida y verificada la falta del requisito de la cuantía, es forzoso para esta superioridad declarar inadmisible la apelación y en consecuencia que la misma no sea conocida en segunda instancia por ésta sentenciadora.

Por todo lo anterior, resultará forzoso para quien decide declarar SIN LUGAR el presente recurso de hecho ejercido por el Ciudadano GEORGE DOUMAT AKHRAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-18.201.265, en su carácter de propietario y presidente de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MARY C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 13 de Marzo de 2003 anotado bajo el N° 1, Tomo 7-A debidamente asistido por las abogadas ZOILA IRAMA FAJARDO CORRALES Y MARÍA SILVIADORA CASTELLANO SARMIENTO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 86.459 y 100.907 respectivamente, tal y como se hará en la dispositiva del presente fallo. Así se declara.
III. DISPOSITIVA

Con fundamento en las consideraciones de hecho y derecho ut supra, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de hecho interpuesto por el ciudadano GEORGE DOUMAT AKHRAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-18.201.265, en su carácter de propietario y presidente de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MARY C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 13 de Marzo de 2003 anotado bajo el N° 1, Tomo 7-A debidamente asistido por las abogadas ZOILA IRAMA FAJARDO CORRALES Y MARÍA SILVIADORA CASTELLANO SARMIENTO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 86.459 y 100.907 respectivamente, contra del auto de fecha 08 de noviembre de 2011, dictado por el Juzgado de los Municipios Sucre y Lamas De La Circunscripción Judicial Del Estado Aragua con sede en Cagua.
SEGUNDO: SE CONFIRMA, en los términos expuestos por esta Alzada el auto dictado en fecha 08 de noviembre de 2012, por el Tribunal de los Municipios Sucre y Lamas De La Circunscripción Judicial Del Estado Aragua con sede en Cagua, mediante el cual declara inadmisible el recurso de apelación formulado por las abogadas ZOILA IRAMA FAJARDO CORRALES Y MARÍA SILVIADORA CASTELLANO SARMIENTO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 86.459 y 100.907 respectivamente, en su carácter de apoderadas judiciales del ciudadano GEORGE DOUMAT AKHRAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-18.201.265, en su carácter de propietario y presidente de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MARY C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 13 de Marzo de 2003 anotado bajo el N° 1, Tomo 7-A.
TERCERO: Remítase copia certificada de la presente decisión, al Tribunal de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas De La Circunscripción Judicial Del Estado Aragua con sede en Cagua.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2012. Años: 201º de la Independencia y 153º de la Federación.
LA JUEZ SUPERIOR TITULAR,

DRA. CARMEN ESTHER GOMEZ CABRERA
LA SECRETARIA,

ABG. LISENKA CASTILLO

En la misma fecha, se dio cumplimiento a la anterior decisión siendo las 12:30 de la tarde.
LA SECRETARIA,

ABG. LISENKA CASTILLO
CEGC/LC/nt.-
Exp. 17.252-12.