REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 7 de Marzo de 2012 201º y 153º ASUNTO: AH13-X-2012-000006 PARTE ACTORA: ciudadanos LEONELL FERNANDO ROQUE ACOSTA y EDDY MENDEZ NARANJO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad números V-6.851.620 y V-7.682.164, respectivamente, e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 132.647 y 32.121, respectivamente. PARTE DEMANDADA: ciudadano ARTURO VILAR ESTEVES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V- 5.963.429. MOTIVO: ESTIMACION E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES (Medida Preventiva de Embargo) Abierto como ha sido el presente cuaderno de medidas, en el juicio que por ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES, siguen los ciudadanos LEONELL FERNANDO ROQUE ACOSTA y EDDY MENDEZ NARANJO contra el ciudadano ARTURO VILAR ESTEVES, todos identificados al inicio del presente fallo, procede este Juzgado a pronunciarse sobre la solicitud de medida embargo formulada por los accionantes en su escrito libelar: Expresa la parte actora, -entre otras cosas- que representaron en un juicio de COBRO DE BOLIVARES llevado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, al ciudadano ARTURO VILAR ESTEVES, proceso en el cual fue declarada la Perención de la Instancia, en virtud de haber transcurrido más de un año sin que la parte a la cual representaban realizara actuación alguna a fin de impulsar el proceso y trabar la litis, que el referido ciudadano se desentendió de los constantes requerimientos efectuados por los accionantes a fin de que consignara las expensas y los gastos para continuar con el juicio, que en octubre de 2009, el hoy demandado cesó en todo contacto con los accionantes, por lo que proceden a demandar los honorarios generados a raíz del juicio en cuestión. El día 9 de febrero del año en curso se admitió la demanda. Previa consignación de los fotostatos se libraron compulsas y se abrió cuaderno de medidas. Reseñado lo anterior, este Tribunal observa: Para asegurar las resultas de un juicio, la ley atribuye expresamente a los jueces la facultad para decretar las medidas preventivas que se requieran en cada caso concreto. Dispone el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil: Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. (Subrayado y Negrillas del Tribunal). Adicionalmente el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, prevé: “En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 1º) El embargo de bienes muebles; 2º El secuestro de bienes determinados; 3º) La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. ...omissis”. Así, la procedencia de cualquier medida cautelar, tal como lo disponen los dispositivos parcialmente transcritos, está condicionada al cumplimiento concurrente de varios requisitos; a saber: (a) Que se presuma la existencia del buen derecho cuya protección se persigue con la cautelar (fumus boni iuris), esto es, que el derecho que se pretende tutelar aparezca como probable y verosímil, vale decir, que de la apreciación realizada por el sentenciador al decidir sobre la protección cautelar, aparezca tal derecho en forma realizable en el sentido de existir altas posibilidades de que una decisión de fondo así lo considere; y (b) Que exista riesgo de quedar ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), es decir, la amenaza de que se produzca un daño irreversible para la parte peticionante por el retardo en obtener la sentencia definitiva. Por disposición expresa de tales artículos “el solicitante de la medida tiene la carga de acreditar ante el juez, haciendo uso de los medios de pruebas que confiere el ordenamiento, la señalada presunción”. Debe acotarse, respecto de las exigencias mencionadas, que su simple alegación no conducirá a otorgar la protección cautelar sino que tales probanzas deben acreditarse en autos. En este orden de ideas, el juzgador habrá de verificar en cada caso, a los efectos de decidir sobre la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, la existencia en el expediente de hechos concretos que permitan comprobar la certeza del derecho que se reclama, el peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo y, para los casos de medidas cautelares innominadas, que el peligro de daño o lesión sea grave, real e inminente. Resulta necesario destacar, además, que por tratarse de un medio para garantizar los efectos de la sentencia definitiva, la medida a ser acordada no debe comportar carácter definitivo sino que deberá circunscribirse a la duración de la querella judicial incoada, y en tal orden ser susceptible de revocatoria -motivada- cuando varíen o cambien las razones que inicialmente justificaron su procedencia. Igualmente, tales medidas deben ser lo suficientemente acordes con la protección cautelar adecuada para cada caso, para lo cual, el Juez no podrá incurrir en exceso o disminución en cuanto al ámbito o extensión de la medida. Una medida insuficiente haría nugatoria la protección cautelar y una medida exorbitante constituirá mella de la necesaria ponderación del interés general cuyo garante es la propia Administración Pública, creando a su vez una desigualdad procesal frente a la otra parte en litigio. (Vid. Sentencia Nº 00964 del 1º de julio de 2003). Adicional a lo anterior, para el decreto de una medida cautelar, es necesario establecer el monto de la obligación, pues, la base del aseguramiento de la eficacia del fallo, debe ser que la suma sea determinable, cierta, líquida y exigible, elementos que no concurren en el cobro de honorarios profesionales, puesto que la fijación de éstos, de ser procedentes, estarán sujetos a la cantidad que en definitiva fije el tribunal de retasa, quien finalmente fija el quantum, monto que será exigible una vez que la sentencia quede definitivamente firme. Así se establece. De tal suerte que, considera quien decide, que el pedimento de medida sólo procedería al momento que el tribunal de retasa fije el monto a ser cancelado por honorarios, si fuere el caso. Así se resuelve. Adicionalmente, cabe acotar que en el supuesto que se pretendiese flexibilizar el criterio señalado, debe el solicitante de la medida cautelar, aportar pruebas suficientes de donde se infiera el peligro de quedar ilusoria la ejecución del fallo, circunstancia que no se evidencia indefectiblemente de las pruebas acompañadas por el actor, toda vez que la parte actora aporta copias certificadas del juicio del que fue parte el demandado, lo cual es subsumible en el fumus boni iuris o presunción de buen derecho, más ello per se, no evidencia el peligro de infructuosidad del fallo (periculum in mora). Así se precisa. Finalmente cabe mencionar, que si bien es cierto que de los hechos narrados en el libelo y los recaudos acompañados se puede inferir -como se señaló- la presunción de buen derecho, (fumus boni iuris) no es menos cierto que al no haber sido demostrado el peligro en la demora, ni poder determinarse el quantum de los honorarios, caso de proceder los mismos, resulta forzoso negar la medida preventiva de embargo solicitada por la parte actora. Así se declara. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los siete (07) días del mes de marzo del año 2012. Años 201º de la Independencia y 153º de la Federación. El Juez. Dr. Juan Carlos Varela Ramos La Secretaria Temporal. Aurora Montero. En la misma fecha de, previo el anuncio de ley, se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 10: 09 a.m. La Secretaria Temporal. Aurora Montero. .