TSJ Regiones - Decisión

EXPEDIENTE N°: 6919
PARTE ACTORA: PABLO JOSÉ GÓMEZ PEROZO, AURA MARINA DIRINOT MARCHAN y YRENE HERMINIA VARGAS AMARO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 5.614.551, V- 9.629.956 y V- 7.346.216, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL: ABG. NELSON SEGUNDO RODRÍGUEZ, Abogado en ejercicio inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 133.205.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil TRANSPORTE 31-A., de este domicilio inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 06 de julio de 1998, bajo el Nº 14, Tomo 27-A, de los libros respectivos.
APODERADO JUDICIAL: ABG. KEMMLY PRADO FIGUEREDO, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 66.061.
MOTIVO: DAÑOS MATERIALES y DAÑOS MORALES. (Cuestión Previa ordinal 8º del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil).
SENTENCIA INTERLOCUTORIA .

I. ANTECEDENTES
La presente acción se inicia mediante libelo de demanda presentado en fecha 18 de septiembre del 2010, por el ciudadano NELSON SEGUNDO RODRIGUEZ, Abogado en ejercicio, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 133.205, actuando en este acto como Apoderado Judicial de los ciudadanos PABLO JOSÉ GÓMEZ PEROZO, AURA MARINA DIRINOT MARCHAN y YRENE HERMINIA VARGAS AMARO, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 5.614.551, V- 9.629.956 y V- 7.346.216, respectivamente, constante de cinco (05) folios útiles, a través de la cual procedió a demandar a la SOCIEDAD MERCANTIL TRANSPORTE 31-A, por DAÑOS MATERIALES Y DANOS MORALES.
En fecha 6 de octubre del 2006 se admitió la demanda y se emplazo a la Sociedad Mercantil TRANSPORTE 31-A, en la persona de su Presidente ciudadano JUAN MANUEL PADRÓN MORENO, para que comparezcan por ante ese Tribunal dentro de los veinte (20) días de Despacho siguientes a la citación, a dar contestación a la demanda (folio 78).
En fecha 11 de julio de 2011, la Representación Judicial de la Sociedad Mercantil TRANSPORTE 31-A, presentó escrito de Cuestiones previas y contestación a la demanda (folios 143 al 165).
En fecha 08 de abril de 2011, el apoderado demandante consignó escrito de contradicción a la cuestión previa opuesta.
Siendo la oportunidad procesal para dictar sentencia definitiva, este Tribunal observa:
Respecto del análisis de las actas procesales y de lo narrado anteriormente, es menester traer a colación lo estipulado en el Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente, en referencia a este punto en cuestión, el cual en su artículo 346 establece:
“...Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez de contestarla promover las siguientes cuestiones previas: (omissis) 8°) La existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto...”

Como quiera que la demandada opuso la cuestión previa contenida en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto, en este sentido advierte el Tribunal que el tema de la prejudicialidad ha sido objeto de profundos debates, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, hasta el extremo de que el concepto y la naturaleza de las cuestiones prejudiciales no han sido definidos de manera precisa por los tratadistas, sino que se dan diversas definiciones y clasificaciones que la confunden con las cuestiones puramente previas, sin embargo podría esta juzgadora sostener el parecer del autor Arminio Borjas, para quien, sin lugar a dudas, las constituyen todos aquellos asuntos que deban ser resueltos con precedencia o anterioridad a lo principal de un proceso, porque dada la estrecha relación que guardan con el, su decisión preliminar tiene que influir de modo sustancial sobre el fallo por recaer.
En tal sentido, el autor Pedro Alid Zoppi, en su obra “Cuestiones Previas” ha dicho:
“...La prejudicialidad... es punto previo e influyente para resolver el fondo de una controversia, pero se distingue de otras previas porque, necesariamente, tiene que resolverse en proceso distinto, separado y autónomo, pero no sólo basta con esto, pues además, se requiere que el juez de la causa no tenga facultad para entender la cuestión judicial pendiente...” (p. 111)

De lo expuesto por el autor citado, se evidencia que la cuestión prejudicial, debe estar orientada así: 1) que sea influyente para el fondo de la controversia planteada; 2) que deba ser resuelta en proceso distinto, separado y autónomo y 3) que el juez de mérito no tenga conocimiento de causa respecto a la resolución de ésta; y así se establece.
En el caso bajo decisión, el fundamento invocado por los promoventes de la cuestión jurídica previa, consiste en afirmar que en virtud de la ocurrencia del accidente de tránsito, se sigue, por ante la Fiscalía 8ª del Ministerio Publico del Estado Aragua, la cual se encuentra sustanciando la investigación de rigor, bajo el expediente Nro. 05-F8-1719-10, causa en contra de la cual habrá de determinarse la responsabilidad de las personas involucradas en el accidente, y en particular, las causas por las cuales se produjeron los decesos de los conductores.
Es así, como esta juzgadora atendiendo a lo establecido en los artículos 212 y 213 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre que a la letra rezan:
Artículo 212: “...El procedimiento para determinar la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito en los cuales se hayan ocasionado daños a personas o cosas, será establecido para el juicio oral en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal sobre la reparación de daños.
La acción se interpondrá por ante el Tribunal competente, según la cuantía del daño, en la circunscripción donde haya ocurrido el hecho...”
Artículo 213: “...Todo procedimiento penal que se derive de accidentes de tránsito terrestre, se desarrollará conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal...”

Por lo que, de acuerdo con tal dispositivo, las responsabilidades de naturaleza penal deben dilucidarse, obviamente, ante los órganos jurisdiccionales con competencia para ello.
En ese orden de ideas, la sentencia No. 471 de fecha 19 de Julio de 2005, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Isbelia Pérez de Caballero, fue determinante al señalar, defender y aplicar criterios establecidos por la propia Sala al puntualizar:
“...Asimismo, el sentenciador estaba obligado a pronunciarse sobre el fondo de lo debatido, por cuanto en anteriores decisiones este Alto Tribunal ha dejado sentado que el fallo que dicte la jurisdicción penal en materia de tránsito, no tiene los efectos de la cosa juzgada en materia de responsabilidad civil, pues esta última, como asentó este Alto Tribunal en las sentencias del 30 de mayo de 1974 y 19 de Febrero de 1981, aparece fundamentada en el principio objetivo de la causalidad, es decir, que el conductor está obligado a la reparación del daño material si entre el daño y la actividad del vehículo que conduce al accidente, existe un nexo o relación de causa. (Sent. del 26 de octubre de 1989, en el juicio de Carmelo Antonio Benavides Núñez c/ Transporte Delbuc C.A.) (...)
(...) En otra decisión de fecha 15 de diciembre de 1988 (caso: Ana Kenny Huggins c/ C.A. Administración y Fomento Eléctrico), la Sala llegó a la conclusión de que aun cuando los hechos imputados no fueran suficientes para constituir un delito en materia penal, podrían originar un hecho ilícito sobre el cual conocerían los tribunales civiles, por cuanto el juez penal absolvió o sobreseyó al encausado únicamente tomando en cuenta el hecho delictual, lo que no obsta para resultar condenado en la jurisdicción civil...”

A beneficio de mayor precisión, por medio de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 8 de agosto de 2.006, con ponencia del Magistrado Luís Antonio Ortíz Hernández, en el Expediente AA20-C-2005-000809, se reiteró la aplicación del principio objetivo de la causalidad, pero no obstante se estableció que si la sentencia penal dictamina que el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero, tal decisión se tomará en la causa civil como instrumento probatorio, aún traído en Segunda Instancia, de modo que la posibilidad de utilizar la sentencia penal subsiste, aún cuando no esta teñida de la prejudicialidad.
En ese sentido, la sentencia parafraseada expresó:
“ ...Asimismo, el recurrente basa su delación en que la recurrida no debió fundamentar su decisión en la sentencia de fecha 27 de marzo de 1989 dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por cuanto el fallo dictado en la jurisdicción penal, no debe influir en el juicio civil, aún cuando se haya absuelto de culpabilidad al conductor, ya que según lo expuesto por el formalizante, debe imperar el principio objetivo de causalidad, es decir, que el conductor está obligado a la reparación del daño material por el simple hecho que entre el evento y la actividad del vehículo que conduzca, haya existido un nexo causal.
Ahora bien, si la sentencia penal dictamina que el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero, esta decisión se tomará en la causa civil como instrumento probatorio, lo cual hizo el Juez de Alzada en la presente causa, al prosperar uno de los elementos probatorios traído por la parte en los informes, como lo fue la sentencia del Tribunal Penal. En consecuencia, se concluye que la recurrida no erró en la interpretación del artículo 21 de la derogada Ley de Tránsito Terrestre...”
En consecuencia, y el criterio jurisprudencial anteriormente citado, este Juzgador acogiendo la doctrina de casación, en procura de la uniformidad de la jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, concluye que no existe una íntima conexión entre ambos procesos, esto es, aquellos que tienen lugar en la competencia penal y en la competencia civil, que haga necesario e imprescindible resolver aquel con carácter previo, a la sentencia del Juez Civil, toda vez que en materia de tránsito la decisión dictada por el juez en lo criminal, en principio no surte efectos contra una reclamación de daños y perjuicios, por tratarse aquélla de una decisión sobre la culpabilidad derivada de un hecho considerado como delictual, llegándose incluso al supuesto de que aún sin existir delito puede constituir un hecho ilícito sobre el cual podría haber discusión en la jurisdicción civil. Por tales razones resulta forzoso para esta juzgadora declarar sin lugar la cuestión previa de prejudicialidad, y así lo dictaminará en la dispositiva del presente fallo. Así se decide.
II. DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: SIN LUGAR la Cuestión Previa a que se contrae el ordinal 8 del Articulo 346 del Código de Procedimiento Civil, propuesta en el Juicio de DAÑOS MATERIALES Y DAÑO MORALES (derivados de accidente de tránsito), intentada por abogada KEMMLY PRADO FIGUEREDO, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 66.061, actuando como apoderada judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL TRANSPORTE 31-A., de este domicilio inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 06 de julio de 1998, bajo el Nº 14, Tomo 27-A, de los libros respectivos.
SEGUNDO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena al pago de las costas a la parte promoverte de la cuestión previa, por haber resultado totalmente vencida en el presente juicio.
TERCERO: Por cuanto el presente fallo fue dictado fuera del lapso previsto para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de las partes.
Déjese copia certificada de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 ibidem.
Publíquese y Regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de éste Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Maracay a los siete (7) días del mes de marzo del año dos mil doce (2012). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
LA JUEZA,

Dra. Sol Maricarmen Vegas F.

La Secretaria,

Abog. Amarilis Rodríguez.

En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las 3:20 PM.
La Secretaria,

Abog, Amarilis Rodríguez.

SMVF/AR/smvf
Exp. N° 6919