REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL
Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.
Caracas, dos (02) de marzo de dos mil doce (2012).
Años: 201º y 153°.
Asunto: AP51-V-2007-000195.
DEMANDANTE: Ciudadana YRMA TERESA RODRIGUEZ MIJARES, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-14.197.088.
DEMANDADA: Ciudadano MANFREDY ANTONIO GUTIERREZ CARRILLO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-6.614.257.
MOTIVO: Obligación Alimentaria, (hoy Obligación de Manutención)
En fecha 11 de enero de 2007, se recibió por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial, escrito presentado por la ciudadana MARIA DEL MILAGRO DA CORTE LUNA, Fiscal Nonagésima Séptima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, contentivo de la demanda de Obligación de Manutención, a petición de la ciudadana YRMA TERESA RODRIGUEZ MIJARES, ya identificada, madre de las niñas se omiten datos, de once (11) y cinco (5) años de edad, respectivamente, contra el ciudadano MANFREDY ANTONIO GUTIERREZ CARRILLO, ya identificado.
Mediante auto dictado en fecha 12 de enero de 2007, cursante al folio 13 del presente asunto, la extinta Sala de Juicio N° 16 de este Circuito Judicial, se dio entrada a la demanda que nos ocupa, y ordenó instar a la parte actora a indicar la dirección del demandado, a los fines de librar la boleta de citación respectiva.
En fecha 07 de junio de 2007 (f. 15), la ciudadana Fiscal Nonagésima Séptima del Ministerio Público, solicitó que se librara cartel de citación al demandado.
Mediante auto dictado en fecha 13 de junio de 2007 (f. 16), la extinta Sala de Juicio N° 16 de este Circuito, acordó oficiar al Consejo Nacional Electoral (CNE), a los fines de recabar información sobre el domicilio del demandado.
Mediante diligencia de fecha 20 de junio de 2007 (f. 20), la ciudadana MARIA DEL MILAGRO DA CORTE LUNA, Fiscal Nonagésima Séptima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, señalo la dirección del obligado.
En fecha 25 de junio de 2007 (f. 21), la extinta Sala de Juicio N° 16 de este Circuito, admitió la presente demanda, ordenando la citación del obligado ciudadano MANFREDY ANTONIO GUTIERREZ CARRILLO; siendo consignada la respectiva boleta de citación con resultado negativo, en fecha 31 de julio de 2007 (f. 29).
Cursa a los folios 80 al 91 del presente asunto, el despacho de comisión librado al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en el cual se evidencia en el folio 85, que no se pudo practicar la citación del obligado.
En fecha 12 de agosto de 2009 (f. 97), a petición de la ciudadana Fiscal Nonagésima Séptima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, la extinta Sala de Juicio N° 16 de este Circuito, ordenó librar nueva boleta de citación al ciudadano MANFREDY ANTONIO GUTIERREZ CARRILLO; siendo consignada la boleta con resultado negativo (f. 99).
En fecha 09 de noviembre de 2009 (f. 104), se ordenó librar cartel de citación al referido ciudadano, siendo que hasta la presente fecha, no ha sido consignado a los autos dicho cartel.
Ahora bien, el Tribunal, a los fines de proveer sobre la presente demanda de Fijación de Obligación de Manutención, hace las siguientes observaciones:
Es menester hacer referencia a la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual establece que:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de las partes...”.
Por su parte, el artículo 269 ejusdem reza que:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
A este respecto, el Dr. Ricardo Henríquez La Roche, ha sostenido que:
"…Un proceso puede también extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, produciéndose la perención de la instancia, que no es mas que la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el cual no se realizan actos de impulso procesal y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente. Toda paralización del proceso contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse, según se den o no los factores legales que la determinan. El instituto de la perención de la instancia se apoya en dos distintos motivos: por una parte, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso y; por la otra, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el estado entiende liberar a sus propios Órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal…". (Subrayado de este Sentenciador).
Igualmente, La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 156, de fecha diez (10) de agosto del año 2.000, expresó:
“...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo...”.
Es así como la misma Sala, en la sentencia N° 211 de fecha veintiuno (21) de Junio del año 2.000, estableció que:
“...La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil...”.
Establecido previamente lo anterior, observa este Sentenciador, que el legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los proceso, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos; y como consecuencia de la inactividad procesal imputable a la solicitante, se han configurado los supuestos para decretar la perención de la instancia, y así se hace saber.
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juez Décimo Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 eiusdem, y en consecuencia, se producen los efectos indicados en el artículo 271 ibidem.
Dada la naturaleza del presente fallo y de conformidad con el artículo 283 del Código in comento, no hay especial condenatoria en costas.
A tales, efectos, se ordena el cierre y archivo del presente asunto, una vez que sea declarada definitivamente firme la presente decisión, y así se decide.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en Caracas, a los dos (02) días del mes de marzo de dos mil doce (2012). Años: 201° de Independencia y 153° de la Federación.
EL JUEZ,
ABG. WILLIAN PÁEZ JIMÉNEZ
LA SECRETARIA,
ABG. ANADIS OCHOA
En esta misma fecha, se registró y publicó la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, dejándose copia certificada de la misma en el Copiador de Sentencias de este Tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA
ABG. ANADIS OCHOA
ASUNTO: AP51-V-2007-000195.
WAPJ/AO/Johnnys.
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