REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DÉCIMO (10º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, treinta (30) de mayo de dos mil doce (2012)
202º y 153º
ASUNTO: AH22-X-2012-000096 (AP21-N-2012-000161).
PARTE RECURRENTE: VIEMA INGENIERIA, C.A., Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 11 de Febrero de 2009, bajo el No. 46, Tomo 27-A-Sdo.
APODERADO DE LA RECURRENTE: BRIGITTE DI NATALE y MARIA A. FEBRES CORDERO, abogadas en ejercicio, de este domicilio e inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 36.287 y 26.746 respectivamente.
PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
APODERADO DE LA RECURRIDA: No consta en autos.
SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION DE EFECTOS:
En el presente caso, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con solicitud de Medida Cautelar de Suspensión de Efectos, contra el acto administrativo contenido en la providencia dictada por la Inspectoría del Trabajo. En ese sentido, solicita el recurrente mientras dure el juicio principal, se suspendan los efectos de la Providencia Administrativa N° 00227-11, dictada en fecha 07 de noviembre de 2011, por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, donde le impone multa a la sociedad mercantil VIEMA INGENIERÍA, C.A., por la cantidad de Bsf. 4.644,63 por supuesto incumplimiento de la orden donde se declara Con Lugar el Reenganche y Pago de Salarios Caídos incoado por el ciudadano José Gregorio Castro, titular de la cédula de identidad N° V-13.893.242.
Ahora bien, es preciso señalar que tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, han señalado en iguales términos, que el juez que conozca del recurso de nulidad conjuntamente con la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, debe analizar si se encuentran llenos los requisitos de procedencia de la medida cautelar, conforme al artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, todo ello sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, debiendo determinar la existencia de hechos que prueben suficientemente la aludida presunción, sin que llegue a emitirse con ello un pronunciamiento acerca de la certeza de la violación o amenaza de ella, es decir, solamente debe el juez constatar la presencia del fumus boni iuris o presunción grave del derecho que se reclama, para lo cual deberá atenderse no a un simple alegato de perjuicio, sino a la efectiva argumentación y acreditación de hechos concretos que lleven a presumir seriamente la denunciada transgresión, pues de lo contrario, haría incurrir al juzgador en una causal de incompetencia subjetiva por inhibición, lesionando así, el derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso de las partes, cuyo asunto principal sería decidido sin sustanciar previamente el procedimiento pautado en la ley.
En el mismo orden de ideas, es preciso señalar, que para el otorgamiento de la medida cautelar, no es suficiente que el solicitante sea titular del derecho que se reclama, sino que adicionalmente es necesario la presencia de un evento o un hecho que pueda lesionar tal derecho y que, además, esa perturbación no pueda ser reparada por la sentencia definitiva que se dicte en vía principal, lo cual se encuentra representado por el “periculum in mora”.
En el presente caso señala el recurrente que: “(…) se observa que la Providencia Administrativa N° 00227-11 mediante la cual se sanciona a mi representada por un supuesto incumplimiento de la orden de reenganche y pago de los salarios caídos del ciudadano José Castro, se verificó el vicio de prescindencia total y absoluta de procedimiento. Ello por cuanto, del expediente en el cual se encuentra inserto el acto administrativa (…) no se evidencia procedimiento administrativo alguno que permitiese la defensa de mi representado, por cuanto en ningún momento fue notificado de la apertura del procedimiento administrativo, violándose de forma arbitraria el debido proceso y el derecho a la defensa (…)”, de igual forma alega que: “(…) el procedimiento administrativo de multa y declaratoria de insolvencia laboral contra mi representada, además de violatorio de garantías constitucionales deviene de un acto administrativo que no solo no está ajustado a derecho sino que es manifiestamente ilegal, dado que resulta de “imposible ejecución” al ordenar la Administración a mi representado reenganchar a un trabajador en el cargo de cabillero de una obra que conforme al documento que se anexa marcado “C” se encuentra totalmente concluida, lo que coloca a mi representado en una situación de desigualdad y de grave perjuicio al exigírsele el cumplimiento de un acto QUE NO PUEDE CUMPLIR, este hecho por sí sola coloca a la administración al margen de la ley, imponiéndole a la luz del derecho la nulidad absoluta del acto impugnado (…)”
Por otra parte, señala el recurrente que: “…se observa que nos encontramos en presencia de un acto administrativo cuyos efectos perjudican a nuestro representado, el cual, claramente fue dictado sin cumplir con el procedimiento previsto en la Ley, e incurriendo en los vicios de violación del debido proceso y derecho a la defensa, falso supuesto de hecho y de derecho y de manifiesta ilegalidad” (…) “el periculum in mora queda debidamente demostrado al señalar que nos encontramos en presencia de un acto administrativo revestido del principio de legalidad, que sirve para que mi representado tenga un perjuicio económico y quede fuera de la esfera jurídica de contrataciones. Siendo así, existe el temor fundado de que mi representado deba dar cumplimiento a sanciones ilegales con el perjuicio económico que conlleva tal cumplimiento y de actos de imposible ejecución (…)”; de igual forma señala que: “(…) en efecto, el acto impugnado condiciona la insolvencia laboral de mi representada y las multas sucesivas de un acto ilegal y de imposible ejecución, que conlleva a unas obligaciones sancionatorias y económicas graves en cabeza de mi representado. Está demás decir, que el perjuicio que se podría alcanzar sería no sólo irreparable sino incuantificable, toda vez que de no suspenderse los efectos del acto impugnado, este impide que nuestro representado ejecute su actividad económica deteniendo su giro comercial, hechos que actualmente causan daños patrimoniales irreparables(…)”. Al respecto es preciso señalar, conforme al criterio pacífico y sostenido de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que no basta el simple alegato del recurrente señalando el eventual daño irreparable o de difícil reparación que pueda causarle la ejecución del acto impugnado; sino que además, es preciso hacer que en el juez nazca la convicción de que efectivamente, ese daño va a producirse, señalando con detalle y precisión, cuál sería el perjuicio que se le ocasionaría en caso de ejecutarse el acto impugnado; de igual forma la amenaza de daño irreparable que se alegue, debe estar sustentada en un hecho cierto y comprobable que deje en el ánimo del sentenciador la certeza que de no suspenderse los efectos del acto, se le estaría ocasionando al interesado un daño irreparable o de difícil reparación por la definitiva; por tanto, no es suficiente fundamentar la solicitud en un supuesto daño eventual, por considerar la recurrente que se le puede causar un daño económico, sino que debe traerse a los autos prueba suficiente de tal situación.
Ahora bien, si bien el recurrente alega: “(…) de no suspenderse los efectos del acto, eventualmente un Tribunal podría ordenar el pago de los salarios caídos y reenganche. Pago éste que en definitiva no tendría fundamento, si en el futuro se declara con lugar la presente demanda de nulidad (…)”. Finalmente, señala que: “(…) solicito a este Tribunal acuerde la presente medida cautelar y en tal sentido: se acuerde la suspensión de los efectos del acto impugnado y de los actos administrativos que le hayan seguido hasta la fecha de tal declaratoria y que se hayan dictado en apoyo y/o en ejecución del referido acto impugnado, lo que deriva en la suspensión de los efectos de éste mientras dure el presente juicio de nulidad (…)”
Como es posible constatar de la narración expuesta, la medida preventiva de suspensión de efectos constituye una excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo y procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, es decir, que la medida sea necesaria a fin de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio y que, adicionalmente, resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados, señalados por el recurrente. De lo anteriormente transcrito observa esta juzgadora, que del planteamiento hecho por el recurrente en la solicitud de la medida cautelar de suspensión de efectos, el mismo aporta suficientes elementos, de los hechos concretos que permiten crear la convicción en esta Juzgadora, de que existe una presunción grave de que se pueda ocasionar un perjuicio irreparable.
En mérito de las anteriores consideraciones, este tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, DECLARA: PROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la parte recurrente. ASI SE DECIDE.
Se ordena oficiar a la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas a los fines que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en la presente decisión, referente a la suspensión de los efectos de la providencia Administrativa N° 00227-11, dictada en fecha 07 de noviembre de 2011.
De igual manera se ordena la notificación a la sociedad mercantil VIEMA INGENIERIA, C.A., por ser parte interesada respecto a la decisión dictada.
LA JUEZ,
MARIA LUISAURYS VÁSQUEZ
EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS MORENO
MV/CM.
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