REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL SEGUNDO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FUNCIONES DE CONTROL AUDIENCIA Y MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS Maturín, 21 de Mayo de 2012 202º y 153º ASUNTO PRINCIPAL : NP01-S-2012-000680 ASUNTO : NP01-S-2012-000680 Corresponde a este Tribunal Segundo de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, emitir pronunciamiento en relación a la solicitud de Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de Libertad a favor del ciudadano JHOVANNY ANTONIO MARÍN ARCIA, formulada por la Abg. Carmen Del Valle Rosario Mota, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones: El Texto Adjetivo Penal establece en el artículo 264 lo siguiente: “El imputado podrá solicitar la Revocación o Sustitución de la Medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las Medidas Cautelares cada Tres (03) Meses, y cuando lo estime prudente las Sustituirá por otras Menos Gravosas…”. De la norma parcialmente transcrita se observa, por una parte, el derecho que tiene todo imputado de solicitar la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad, y por la otra la obligación del tribunal de revisarla cada tres meses. Ahora bien, no señala dicha norma cuales son los supuestos de la revisión, por lo que a criterio de esta Juzgadora, los supuestos de la misma deben obedecer a un cambio o modificación de las circunstancias que dieron lugar a la medida de coerción decretada por la Autoridad competente. En la presente causa, al ciudadano JHOVANNY ANTONIO MARÍN ARCIA le fue impuesta la medida de privación judicial preventiva de libertad en fecha 30/04/2012, por encontrarse incurso en la presunta comisión del delito de Violencia Sexual, conforme a lo establecido en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, es obligación del Juez de Control decidir sobre la medida más conveniente para asegurar la comparecencia del imputado a los actos del proceso, tomando en cuenta los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la medida, considerando que el estado de libertad nace del respeto al derecho a la libertad personal, y que este derecho subsiste a toda persona que ha sido individualizada en un hecho penal, a excepción de las causas que se encuentran establecidas en la Ley y que el Juez debe apreciar en cada caso concreto. El artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal establece: “Toda persona a quien se impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código”, de lo cual se infiere, que la medida de privación judicial preventiva de libertad es una medida excepcional, que procede cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez de cada caso, dichas excepciones, tienen además base constitucional, específicamente en el artículo 44 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se colige, que toda persona tiene como garantía ser juzgada en libertad, pero continúa señalando la norma: “excepto por las razones determinadas en la ley” , y esas razones emanan de la necesidad del aseguramiento del imputado a los actos del proceso, cuando existan elementos serios que lo vinculen con el hecho penal investigado, así como el temor fundado que se tenga de que el imputado no se someterá a la persecución penal, constituyendo ello la causa por la cual debe el Estado solicitar Medidas de Cautelares para el imputado. De igual modo, cabe destacar que la imposición de esa medida de privación preventiva de libertad, nace como mecanismo para garantizar la comparecencia del imputado a los actos del proceso, atendiendo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y al Código Orgánico Procesal Penal, es decir, debe ser de posible cumplimiento. En el caso de autos le fue impuesta al ciudadano JHOVANNY ANTONIO MARÍN ARCIA, la Medida de privación Judicial Preventiva de Libertad, en atención a lo previsto en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, por encontrarnos ante un hecho punible que merece pena privativa de libertad como lo es el delito de Violencia Sexual, fundados elementos de convicción que comprometen su responsabilidad penal como autor del mismo y la presunción razonable del peligro de fuga, por la pena que podrí llegar a imponerse y la magnitud del daño causado, y al no haber variado las circunstancias que originaron la Medida de Privación de libertad, este Tribunal considera que no resultan lesionadas garantías y principios procesales, por esa razón, no existe ninguna circunstancia procesal ni jurídica que fundamente la sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que pesa sobre el imputado por una menos gravosa; pues dicha medida fue impuesta por el órgano legítimo y competente, apegado al procedimiento que exige la norma; por lo que obró ajustado a derecho y a lo dispuesto en nuestra Carta Magna; resultando procedente mantener la medida impuesta, a los fines de garantizar la continuación del proceso; en consecuencia se acuerda MANTENER la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, al ciudadano JHOVANNY ANTONIO MARÍN ARCIA. Así se decide. DISPOSITIVA En virtud de todo lo antes expuesto este Tribunal Segundo de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia de Medidas del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley acuerda: ÚNICO: Mantener la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, al ciudadano JHOVANNY ANTONIO MARÍN ARCIA, declarándose sin lugar la solicitud formulada por la Abg. Carmen Del Valle Rosario Mota. La presente decisión se fundamenta en los artículos 2, 7, 26, 44, 49, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 173, 175, 250, 251 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes y al imputado ordénese su traslado para su imposición. Cúmplase. Jueza de Control, Audiencias y Medidas, ABG. MARTHA ELENA ÁLVAREZ SÁNCHEZ Secretaria, ABG. ROSA ELENA VALLENILLA