TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 20 de Noviembre de 2012
202º y 153º

ASUNTO NUEVO: AH13-F-2001-2002
ASUNTO ANTIGUO: 2001-24224

SOLICITANTE: Ciudadana AMELIA MARTÍNEZ LAMON, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad, 1.292.572.
APODERADA JUDICIAL DE LA SOLICITANTE: ciudadano MARIO JOSÉ PEDROZA GONZÁLEZ, abogado en ejercicio, inscrito en el inpreabogado bajo el Nro.64.920.
PRESUNTO ENTREDICHO: ciudadano EVELIO EDUARDO LAMON, venezolano mayor de edad, titular de la cédula de identidad nro. 204.040.
MOTIVO: INTERDICCIÓN CIVIL.
DE LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS
Se inicia el presente procedimiento por escrito presentado en fecha 27 de Septiembre de 2001, ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo civil Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; sometido a distribución dicho libelo le correspondió su conocimiento al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito de la Circunscripción Judicial, contentivo de solicitud de Interdicción Civil.
Consignados los instrumentos fundamentales de la pretensión en fecha 07 de Noviembre de 2001, el Tribunal admitió la solicitud, designó dos facultativos para que examinen a la notada demencia y emitan un juicio, ordenó conforme lo dispuesto en el Artículo 733 del Código de Procedimiento Civil oficiar al cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalista y se evacue el testimonial de cuatro (04) familiares y parientes o amigos de su familia y ordenó se interrogue al ciudadano EVELIO EDUARDO LAMON conforme lo establecido en el Artículo 396 de la norma adjetiva.
En fecha 08 de Febrero de 2002, el Tribunal fijó oportunidad para la evacuación de los testigos y para el interrogatorio del presunto entredicho. El cual se evacuó en fecha 22 de Marzo de 2002.
Cumplida la formalidad de notificación del Ministerio Público la ciudadana Ana María Lovera, solicitó se ratifique oficio de fecha 08 de Febrero de 2002 al Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalisticas a fin de que se practique el examen médico legal al ciudadano AVELINO EDUARDO LAMON.
En fecha 23 de mayo de 2003, la ciudadana Fiscal del Ministerio Público, instó al Tribunal requiera del servicio de Medicatura Forense Psiquiatríca del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas el resultado de los exámenes médicos practicados al presunto entredicho.
En fecha 06 de junio de 2005, el Tribunal ordenó oficiar al servicio de Medicatura Forense Psiquiatríca del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas a los fines de que dicho organismo remita resultas del referido examen.
En fecha 20 de julio de 2006, la representación fiscal solicitó la perención de la instancia.
En fecha Veinte (20) de Noviembre de 2012, quien suscribe se abocó al conocimiento de la causa.
Del examen de las actas que conforman el presente expediente y con el objeto de verificar el estado del procedimiento, este Juzgador observa que desde el 20 de julio de 2006, fecha en la cual la representación fiscal solicitó la perención de conforme lo dispuesto en la norma adjetiva, la parte actora no ha impulsado la solicitud a los fines de la continuación su curso.
DE LAS MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien, la Sala Constitucional, se ha pronunciado acerca de la perención, en sentencia Nº 80, de fecha 27 de enero de 2006 en el caso Iván Ramón Luna Vásquez, en los siguientes términos:
“…En razón de lo anterior, es necesario concluir lo siguiente:
1. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la perención de la instancia, ésta ha sido reconocida como una institución eminentemente sancionatoria desde que está predeterminada a la extinción del proceso y a impedir además que pueda demandarse nuevamente hasta que transcurra el lapso de noventa días.
2. Es de naturaleza irrenunciable por las partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno.
3. El juez puede decretarla de oficio, para lo cual sólo bastará que concurran las circunstancias que regulan la materia…”
Así las cosas, debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia, pues, contrario a la creencia del actor, los jueces de segunda instancia, poseen una facultad de revisión amplia y general del caso que los ocupa –principio de la doble instancia-, claro está, siempre atendiendo a lo alegado y probado en autos, por ello independientemente de que una perención no hubiere sido advertida por el juzgador de primera instancia, ello no es impedimento para que el de alzada la verifique y la declare de concurrir las circunstancias para ello, ni mucho menos para pensar –como aduce el actor-, que se ha configurado una convalidación a la misma por no haber sido decretada en primera instancia.
En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil….”(Subrayado del Tribunal).
Dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.
Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente:
“Artículo 269: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”
Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir a través de la sentencia o por las llamadas formas de autocomposición procesal, y la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Esta institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido.
Realizadas como han sido tales consideraciones, es forzoso para este Juzgado concluir que el supuesto de hecho establecido en el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente asunto, por cuanto de las actas procesales se evidencia que desde el 20 de Julio de 2006, hasta la presente fecha, ha trascurrido mas de un (1) año sin que la parte accionante realizara ningún acto, ni alguna otra actuación con el objeto impulsar el procedimiento a fin de notificar a la parte demandada, razón por la cual juzga que en el expediente se configuró la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA por falta de impulso procesal, lo cual quedará establecido en forma expresa y precisa en el dispositivo de este fallo, con arreglo a lo pautado en el Ordinal 5° del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y así finalmente se decide.
DE LA DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo estatuido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia prevista en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los Veinte (20) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Doce (2012). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA
ABG. JUAN CARLOS VARELA RAMOS
ABG. DIOCELIS PÉREZ BARRETO

En la misma fecha, siendo las 9:39 a.m. se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley.
LA SECRETARIA

JCVR/DJPB/DAY
ASUNTO: AH13-F-2001-000002
ASUNTO ANTIGUO: 2001-24224