REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE






EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
Maracay, 29 de noviembre de 2012
202º y 153º
EXPEDIENTE Nº 48297-10
DEMANDANTE: Sociedad Mercantil PECORARO HOGAR, C.A., en la persona de su Director Administrador PABLO PECORARO LICATA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 12.105.220, debidamente asistido por la abogada MARIA GABRIEL AULAR TORE, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 135.487.-
DEMANDADO: Sociedad Mercantil PRODUCTORA, PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ALIMENTOS ARAGUA, C.A., en la persona de su Gerente General ciudadano CARLOS JESUS CONDE VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.628.968, y de este domicilio.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES
DECISIÓN: PERENCIÒN DE LA INSTANCIA
Se inició el presente juicio cuando en fecha “03 de diciembre de 2010”, la Sociedad Mercantil PECORARO HOGAR, C.A., en la persona de su Director Administrador PABLO PECORARO LICATA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 12.105.220, debidamente asistido por la abogada MARIA GABRIEL AULAR TORE, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 135.487, interpuso demanda de COBRO DE BOLIVARES, contra la Sociedad Mercantil PRODUCTORA, PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ALIMENTOS ARAGUA, C.A., en la persona de su Gerente General ciudadano CARLOS JESUS CONDE VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.628.968, y de este domicilio. Por auto de fecha 07 de diciembre de 2010, se le dio entrada a la demanda. En fecha 19 de enero de 2011, se admitió la demanda y se ordeno la comparecencia de la parte demandada.
Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes, de manera que conforme a la disposición mencionada, la perención, constituye la extinción o la anulación del procedimiento por falta de impulso procesal, cuyo objeto más resaltante es el de evitar que los procesos se prolonguen de manera indefinida, así como dar seguridad a la parte demandada de que tal situación no es legalmente posible, llevando a la esfera de los derechos privados un imprescindible margen de seguridad y estabilidad. Significa entonces, que según la Ley vigente LA PERENCION se verifica de pleno derecho, entendiéndose por instancia susceptible de perención todos y cada uno de los actos del procedimiento, desde el líbelo de la demanda hasta vista la causa. En este sentido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 12 de Junio de 2003, acotó lo siguiente:
“...Nuestro derecho procesal sigue en materia de perención el sistema italiano; la perención, conforme al artículo 203 del Código de Procedimiento Civil (sustituido por el artículo 269), se verifica de derecho, vale decir, ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, la cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que conforme a la enseñanza de la doctrina, existe aun con antelación a la solicitud de parte en hacerla valer….”
Aplicando las anteriores consideraciones al caso bajo examen quien decide observa, que revisadas las actas que conforman el presente expediente, se constata que el mismo se encuentra inactivo desde el día “23 de marzo de 2011, habiendo transcurrido desde entonces un (1) año, ocho (8) meses y seis (6), y la parte actora no realizo actuación alguna para impulsar el proceso, por lo que se constata la inactividad procesal, tiempo que excede el previsto en nuestra legislación adjetiva civil antes citada, por lo que esta sentenciadora forzosamente declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, y bajo el criterio jurisprudencial antes citado, así se decide.
Por las consideraciones antes expuestas este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES fue instaurado por la Sociedad Mercantil PECORARO HOGAR, C.A., en la persona de su Director Administrador PABLO PECORARO LICATA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 12.105.220, contra la Sociedad Mercantil PRODUCTORA, PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA ALIMENTOS ARAGUA, C.A., en la persona de su Gerente General ciudadano CARLOS JESUS CONDE VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.628.968, y de este domicilio.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
LA JUEZ,

DRA. LUZ MARIA GARCIA MARTINEZ.
EL SECRETARIO,

ABOG. LUIS RODRIGUEZ.
En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión, previo el anuncio de ley, siendo las 10:00 a.m.-
EL SECRETARIO,
LMGM/carlos.-
Exp. Nº 48297.-