REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 05 de octubre de 2012 202º y 153º ASUNTO: AH1A-S-2008-000172 MOTIVO: Inserción de Partida SOLICITANTES: Karina Margarita, venezolana, mayor de edad, de este domicilio. ABOGADO ASISTENTE: Antonieta Cordova, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 66.030. DECISIÓN: Interlocutoria con fuerza de definitiva (Pérdida del Interés). I En virtud de mi designación por parte de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al oficio Nº CJ-10-0398, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, debidamente juramentado el siete (07) de mayo del año dos mil diez (2010) ante el Juez Rector Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas como Juez Provisorio, me aboco al conocimiento de la presente causa. II Presentada la solicitud que encabeza estas actuaciones en fecha veinte (20) de mayo de dos mil ocho (2008), y previa distribución por el Juzgado Distribuidor de esta Circunscripción Judicial, fue asignada a este Tribunal su conocimiento. III Mediante diligencia de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil ocho (2008), suscrita por la ciudadana Karina Margarita, debidamente asistida por la abogada Antonieta Cordova antes identificadas, consignó documentación necesaria para la comprobación de este Tribunal en cuanto a lo solicitado, entre ellos la constancia de no presentación expedida por la jefatura civil, tarjeta de nacimiento entre otros. Por auto de fecha de treinta (30) de junio de dos mil ocho (2008), este Juzgado le dio entrada a la solicitud, ordenó la notificación de la Fiscal del Ministerio Público por medio de oficio y ordenó librar cartel para el emplazamiento de todas aquellas personas que tuviesen intereses directo o indirecto para que comparecieran ante la sede de este Tribunal, dando cumplimiento a lo ordenado en esa misma fecha. En fecha treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008), el ciudadano José Gregorio Mendoza, en su carácter de alguacil accidental de este Tribunal, consignó boleta de Notificación debidamente firmada y sellada en la sede de la Fiscalía 99º del Ministerio Público. Por diligencia de fecha treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008), compareció la abogado Ynes Díaz en su carácter de Fiscal Nonagésimo Primera del Ministerio Publico de esta misma Circunscripción Judicial, en la cual se da por notificada y opina favorablemente a la presente solicitud. Por diligencia de fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil ocho (2008), compareció ante la sede de este Tribunal la ciudadana Karina Margarita debidamente asistida por la abogada Marina Zambrano Herrera inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 23.204 y consignó el edicto publicado en el diario “ULTIMAS NOTICIAS” Por diligencia de fecha tres (3) de agosto de dos mil nueve (2009), la ciudadana Karina Margarita debidamente asistida por la abogada Wilsbeck Karina García Díaz inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 134.795 mediante la cual solicitó el abocamiento del Juez a la presente causa. Seguidamente por auto de fecha once (11) de agosto de dos mil nueve (2009), la Juez Provisoria Maria Camero Zerpa se abocó al conocimiento de la presente causa. Por el Sistema Juris 2000, se evidencia que en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diez (2010), compareció la ciudadana Karina Margarita debidamente asistida por la abogada Wilsbeck Karina García Díaz y solicitaron el abocamiento del Juez a la presente causa, sin embargo dicha actuación no se encuentra en el físico del expediente. Siendo esta la ultima actuación en el mismo. Por lo antes expuesto, es necesario traer a colación la sentencia Nº 956, la cual se considera “sentencia lider” en materia de pérdida de interés procesal, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 01 de junio de 2001, con ponencia del magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente Nº 00-1491 (Caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva De Valero), que precisó: “La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin” Omissis… “Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe ?. ……..” En ese orden de ideas, se hace necesario para este juzgador, verificar si la jurisdicción voluntaria acoge la concepción de interés procesal y en ese sentido hace suyo este órgano jurisdiccional el criterio que acerca de la jurisdicción voluntaria hace el jurista Francesco Carnelutti en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil (Vol. I, pp.191-193; 1973), versión traducida por Santiago Sentís Melendo, al precisar que: “En la zona fronteriza entre la función jurisdiccional y la administrativa, esta la llamada jurisdicción voluntaria; la cual, aun siendo, como veremos en seguida, función sustancialmente administrativa, es subjetivamente ejercida por órganos judiciales, y por eso designa tradicionalmente con el nombre equivoco de jurisdicción, si bien acompañado con el atributo voluntaria que tiene la finalidad de distinguirla de las verdadera y propia jurisdicción… omissis. Esta llamada jurisdicción voluntaria (que acaso deriva su nombre tradicional de la función, un tiempo atribuida a los jueces, de documentar, como hacen hoy los notarios, los acuerdos entre contratantes, inter volentes) constituye uno de los casos más típicos del fenómeno, ya recordado más arriba, por el cual, órganos constituidos para ejercer una de las tres funciones de la soberanía, ejercen por excepción, funciones que sustancialmente pertenecerían a una de las otras dos funciones existentes: aquí, en el caos de la jurisdicción voluntaria, los actos realizados por el órgano judicial, que por razones subjetivas deberían calificarse de jurisdiccionales, son administrativos por su fin y por sus efectos. En sustancia, pues, la contraposición entre jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa tiene este significado: que sólo la jurisdicción llamada contenciosa es jurisdicción, mientras la jurisdicción llamada voluntaria no es jurisdicción, sino que es administración ejercida por órganos judiciales”. (negrillas de este fallo). Es concluyente el anterior aporte doctrinario, para determinar que la jurisdicción voluntaria no es más que una actividad social del Estado, tendente a dar fe de la actividad que desarrollen los particulares ante un Órgano competente, para que obtengan la satisfacción de sus intereses, la cual entraña sustancialmente una actividad administrativa ejercida subjetivamente por órganos de administración de justicia, sin la cual dicho acto, no goza de validez. En efecto, sí la interesada busca la intervención del Estado para que se le inserte su Partida de Nacimiento a través de las disposiciones establecidas en los artículos 770 y 768 del Código de Procedimiento Civil, lo cual satisface a futuras controversias que se susciten de acuerdo con su estado civil, dicha petición está motivada por el interés del particular en obtener ese reconocimiento del Estado, por lo que de forma alguna puede el justiciable en uso de su derecho a tal reconocimiento, dejar pendiente el impulso que debe aportar para que se materialice el pronunciamiento del órgano jurisdiccional en funciones Administrativas, por tiempo indefinido, por cuanto esto implicaría de hecho una falta de interés en obtener pronta y efectiva respuesta, contrario a los preceptos establecidos en los artículos 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En criterio de quien juzga, la figura de pérdida de interés procesal en la causa es aplicable a estos procedimientos no contenciosos y en consecuencia debe entonces precisarse cual es el lapso de tiempo que puede permanecer inactivo el justiciable en jurisdicción voluntaria, para que pueda considerarse su “Desinterés” en obtener un pronto y adecuado pronunciamiento por parte del Órgano Jurisdiccional en funciones administrativas, considerando que a todas luces no habiendo acción y controversia de derechos en la jurisdicción voluntaria, no son inaplicables los lapsos especiales y genérico de extinción de la instancia o perención contenido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y en las normas especiales en materia contenciosa, por cuanto no estamos en presencia de una verdadera jurisdicción o jurisdicción contenciosa, planteándose entonces tal disyuntiva para quien aquí se pronuncia. Y ASÍ SE PRECISA.- Siendo el derecho un sistema completo e integral que no acepta en principio vacíos o lagunas jurídicas conforme la Teoría Pura del Derecho esbozada por Hans Kelsen, por cuanto las mismas deben ser cubiertas haciendo uso de las herramientas hermenéuticas de interpretación del derecho de aplicación supletoria o aplicación analógica de normas que se encuentren dentro del ordenamiento jurídico del Estado, aun cuando su materia sea diferente y en ausencia de estos principios generales del derecho, tal como lo establece la única parte del artículo 4 del Código Civil; observamos que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos la cual regula la actividad de la Administración Pública Nacional concentrada o descentralizada conforme al artículo 1º de ese texto, establece una norma similar a lo que sería la aplicación de situaciones que demuestran interés en los trámites solicitados por los particulares, precisando que aparte de la decisión que pueda tomar el órgano de la Administración, existen dos formas de terminación del procedimiento que son el desistimiento y la perención Siendo así, la llamada jurisdicción voluntaria una labor administrativa ejercida por funcionarios judiciales, le son perfectamente aplicables las normas que regulan el funcionamiento de los órganos administrativos del Estado, por lo tanto, en aplicación analógica y extensiva de la citada norma, considera este juzgador que una vez que el justiciable solicite le sea reconocido un derecho o que se consideren bastantes y suficientes para garantizarles tal derecho, tendrá igualmente que demostrar que tiene interés en que el Estado intervenga en dicho negocio jurídico, hasta que el mismo, a través del órgano jurisdiccional dicte su pronunciamiento acordando o negando tal petición, y para ello debe aportar al Juzgador las pruebas, información y/o recaudos, que haya ofrecido y los que le sean requeridos y que se hallen necesarios para la tramitación de su solicitud, evitando la paralización del procedimiento por más de dos (2) meses, cuyo lapso debe estimarse como el mínimo necesario para considerar verificada la perdida del interés. En el caso que nos ocupa, desde el día que la parte solicitante solicitó el abocamiento del Juez a la presente causa, hasta el día de hoy, la solicitante ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno se ha hecho presente para impulsar su solicitud, por lo que este Juzgador observa que ha transcurrido mas de dos (02) años, sin que la solicitante haya cumplido con esa obligación, necesaria para impulsar la continuación del tramite de su solicitud, más el tiempo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual se aplica de forma análoga en el presente caso, en consecuencia, entiende este Órgano Judicial que han perdido el interés en que el Estado intervenga a través del Órgano Jurisdiccional y dicte su pronunciamiento acordando o negando tal petición la petición. Y ASÍ SE DECIDE.- IV DECISIÓN En consecuencia, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA que en la Solicitud contenida en estos autos propuesta por la ciudadana Karina Margarita , ya antes identificada, se configuró la Pérdida de Interés de los peticionantes, en consecuencia, se da por terminado el tramite y se ordena el archivo del expediente. Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado en Caracas, a los cinco (05) días del mes de octubre de dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación. EL JUEZ, Abg. LUIS ERNESTO GOMEZ SAEZ LA SECRETARIA, Abg. JENNY GONZALEZ FRANQUIS En esta misma fecha, siendo las ___________, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.- LA SECRETARIA, ASUNTO: AH1A-S-2008-000172 LEGS/JGF/SorelisM