REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, once de octubre de dos mil doce 202º y 153º PARTE ACTORA: CONDOMINIOS SANTA MONICA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de marzo de 1981, bajo el Nº 26, Tomo 173-A-Sgdo. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: RAMON JESUS OROZCO GRILLO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado el No. 127.979. PARTE DEMANDADA: LARRY JOSE MIJARES OLIVER, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 6.124.559. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditó representación judicial alguna en autos. MOTIVO: Cobro de Bolívares (Vía Ejecutiva). I Se inició el presente juicio, por demanda intentada por el abogado Ramón Orozco, quien en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Condominios Santa Mónica, C.A., demandó al ciudadano Larry Mijares, por Cobro de Bolívares (Vía Ejecutiva). Por auto de fecha 2 de octubre de 2009, se admitió la demanda y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Por auto de fecha 19 de noviembre de 2009, se libró la compulsa respectiva a la demandada, tal y como fue ordenado en el auto de admisión de demanda. Mediante diligencia de fecha 9 de febrero de 2010, suscrita por el ciudadano Giancarlo Peña La Marca, en su carácter de alguacil adscrito a este Circuito Judicial, dejó expresa constancia de no haber podido lograr la citación de la parte demandada. Mediante auto de fecha 15 de abril de 2010, el Tribunal previa solicitud de la parte accionante, acordó librar oficios al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), a los fines de determinar el domicilio de la parte demandada en el presente juicio. Por auto de fecha 28 de octubre de 2010, el Tribunal negó la citación por carteles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que la información remitida por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), evidenció que el ciudadano Larry Mijares se encontraba en territorio venezolano. Mediante diligencia de fecha 21 de septiembre de 2011, la representación judicial de la parte actora consignó una nueva dirección a los fines de la práctica de la citación personal del demandado. Por auto de fecha 27 de septiembre de 2011, el Tribunal como complemento del auto de admisión de la demanda, le concedió al demandado un (1) día como término de la distancia, el cual sería computado con antelación al lapso de comparecencia, y comisionó suficientemente al Juzgado del Municipio Plaza de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines de la práctica de la citación respectiva. Ahora bien, para decidir se observa que desde el día 21 de septiembre de 2011, hasta la presente fecha ha transcurrido más de un año, sin que exista en autos ninguna actuación de las partes, tendiente a evitar la paralización del proceso, hecho éste, sancionado en nuestra legislación con la perención de la instancia. En ese sentido el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa no producirá la perención”. En ese orden de ideas, se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 1 de junio de 2001 que sostuvo lo siguiente: “Dentro de las modalidades de extinción de la acción se encuentra como lo apunta esta Sala la pérdida del interés, la cual puede ser aprehendida por el Juez sin que las partes lo aleguen y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que sé objetiviza mediante la pérdida total de impulso procesal que le corresponde. Se trata de una situación distinta a la perención, donde el proceso se paralizó y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de partes, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión.” El autor Alberto José La Roche, en su obra Monografías Jurídicas expresó lo siguiente: “Finalmente teniendo en cuenta su naturaleza independiente a la prescripción de la caducidad del derecho, así como a los términos en general, toda interpretación que se haga de las causas impeditivas de la institución debe hacerse con criterio restrictivo; es decir, el patrón de valoración que debe tener en cuenta el Juez para establecer si efectivamente se ha suspendido o interrumpido la caducidad de la instancia ha de ser de interpretación excepcional, nunca la regla; la perención opera aún en contra de quien no puede actuar-cosa diferente a lo que acontece en la prescripción- ya que las normas que la regulan parar nada admite que la parte alegue o invoque un motivo o hecho que le haya impedido promover el proceso; creemos que sólo suspenden el “iter procesal” aquellos hechos que tengan previsión expresa en la Ley, o cuando la voluntad de las partes así lo determinen, o cuando el hecho tiene naturaleza absoluta e indubitable de fuerza mayor o caso fortuito”. El autor Ricardo Henríquez La Roche en su obra comentarios al Código de Procedimiento Civil sostuvo lo siguiente: ” Para que se interrumpa la actividad capaz de producir al año la perención, es menester un acto procesal, o acto de procedimiento inserido en el iter legal, que propenda al desarrollo del juicio: esto es , un acto que implique la voluntad del interesado de activar o de impulsar el proceso hacia su finalidad lógica, que es el fallo del tribunal (CSJ, SPA, Sent. 14-65. GF 48, P 56; cfr …) No son actos de esta índole, según la doctrina de Chiovenda, los que no tienen influencia alguna inmediata en la relación procesal, aunque puedan estar dirigidos a su fin o influir en el resultado del proceso y por lo mismo puedan estar regulados por la ley procesal, vgr, petición de copias certificadas, otorgamiento de poder apud acta, solicitud del beneficio de justicia gratuita, actuaciones sobre medidas preventivas….ni actos no jurídicos realizados por los sujetos procesales, tales como las deducciones doctrinarias de las partes que procesalmente son innecesarias según el principio iura novit curia, ni, en fin, los actos jurídicos realizados con motivo del proceso por personas que no son sujetos del proceso…” De manera que, estando quien aquí juzga conforme en un todo con los criterios anteriormente citados, observa que, no obstante haber comparecido la representación judicial de la parte actora, en diferentes oportunidades al proceso, no se desprende en modo alguno de dichas actuaciones, que las mismas constituyan actos tendientes a lograr efectivamente la citación de la parte demandada, que es el acto interruptivo de la perención. En virtud de los razonamientos antes expuestos este Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio que por Cobro de Bolívares, intentó la sociedad mercantil Condominios Santa Mónica, C.A., contra el ciudadano Larry José Mijares Oliver. Así se decide. Dada la naturaleza del fallo, no hay condena en costas. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN. Dada, firmada y sellada en la Sala del despacho del juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los once (11) días del mes de octubre de dos mil doce (2012). Años 202° de la independencia y 153° de la Federación. LA JUEZ TITULAR LETICIA BARRIOS RUIZ LA SECRETARIA MARINA SANCHEZ GAMBOA En esta misma fecha, siendo las ¬_____________ se publicó y registró la anterior decisión.- LA SECRETARIA, MARINA SANCHEZ GAMBOA, LBR/MSG/ EXP AP31-V-2009-3224.