REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. Maracay, 30 de octubre de 2012. 202º y 153º EXPEDIENTE Nº 42924-03 DEMANDANTE: MIGUEL ANGEL DEL VALLE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 3.513.281, debidamente asistido por el abogado en ejercicio ARQUIMEDES TAPIA LOZADA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 39.937. DEMANDADA: YRAIMA CECILIA RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 4.116.587.- MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO DECISIÓN: PERENCIÒN DE LA INSTANCIA Se inició el presente juicio cuando en fecha “19 de febrero de 2003”, el abogado ARQUIMEDES TAPIA LOZADA, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 39.937, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MIGUEL ANGEL DEL VALLE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 3.513.281, interpuso demanda de DIVORCIO ORDINARIO contra la ciudadana YRAIMA CECILIA RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 4.116.587. Por auto de fecha “26 de marzo de 2003”, se admitió la demanda y se ordeno la comparecencia de la parte demandada. En fecha 01 de abril de 2003, al alguacil consigno boleta firmada por la Fiscal del Ministerio Publico en materia de Familia. En fecha 22 de abril de 2003 el alguacil consigno compulsa sin firmar por la demandada en virtud de que fue imposible localizarla. En fecha 17 de junio de 2003, se ordeno la citación de la parte demandada por medio de carteles. Se libro carteles. En fecha 04 de julio de 2003, el apoderado judicial de la parte actora consigno carteles publicados en el diario el Aragüeño y el periodiquito. En fecha 06 de febrero de 2004, la secretaria del Tribunal fijo el cartel de citación respectivo en la morada de la demandada. En auto de fecha 03 de mayo de 2004, se designo defensor judicial de la parte demandada a la abogada NANCY BURGOS TORTOLERO. Se libro boleta. Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que conforman la presente causa, este Tribunal hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: La PERENCION, no es otra cosa que la extinción de la instancia por la inactividad de las partes durante el período determinado por la Ley, encontrándose reglamentada en los artículos 267 al 271 del Código de Procedimiento Civil. En efecto el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “...Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandad. 2°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandado no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...” Del contenido de la norma ut supra claramente se desprende, que la perención de la instancia opera por inactividad de las partes, es decir, la falta de realización de actos del procedimiento destinados a mantener en curso el proceso. Aunado a ello cabe precisar, que la perención de la instancia al operar de pleno derecho constituye una formalidad que no puede ser obviada por el sentenciador, a menos que se verifiquen cuestiones de orden público, de allí que pueda ser declarada de oficio o a instancia de parte. Como corolario de lo aquí señalado, la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, acotó lo siguiente: “…Las demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante diligencia, deberán poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado (transporte, etc.).” “…Siendo así esta sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que pongan a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando este haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo u omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia…” (omissis) Aplicando las anteriores consideraciones al caso bajo examen quien decide observa, que revisadas las actas que conforman el presente expediente, se constata que el mismo se encuentra inactivo desde el día “12 de abril de 2005”, y la parte actora no realizo actuación alguna para gestionar la citación de la defensor judicial de la demandada para la prosecución de los actos procesales subsiguientes. De forma tal, que al evidenciarse que desde el día “12 de abril de 2005”, fecha en la cual se designo defensor judicial, transcurrieron siete (07) años y seis (06) meses de inactividad procesal, tiempo que excede el previsto en nuestra legislación adjetiva civil antes citada, por lo que esta sentenciadora forzosamente declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO fue instaurado por la ciudadana MIGUEL ANGEL DEL VALLE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 3.513.281, contra la ciudadana YRAIMA CECILIA RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 4.116.587; todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, y bajo el criterio jurisprudencial antes citado. Así se decide. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. LA JUEZA PROVISORIA, DRA. LUZ MARIA GARCIA MARTINEZ. EL SECRETARIO, ABOG. LUIS RODRIGUEZ. En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión, previo el anuncio de ley, siendo las 9:00 a.m.- EL SECRETARIO, LMGM/brigida.- Exp. Nº 42924.-