TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO
DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, ocho de octubre de dos mil doce
202º y 153º

ASUNTO: DP11-L-2007-000012

PARTE ACTORA ciudadana LEDIS MARIA PEÑUELA, venezolana, mayor de edad, cédula de identidad N° 4.552.797.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Manuel Núñez y Lucia Escalante, inscritos en el INPREABOGADO bajo el No.64.416 y 67.340.

PARTE DEMANDADA: COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Hilda Quiñónez, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.67.836.

MOTIVO: Beneficio de Jubilación.

ANTECEDENTES PROCESALES.
En fecha once de enero 2007, ingresa por ante la unidad de recepción de documentos del circuito judicial laboral del Estado Aragua (URDD) acción incoada por el abogado Manuel Núñez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No.64.416, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana LEDIS MARIA PEÑUELA, venezolana, mayor de edad, cédula de identidad N° 4.552.797, tal como se evidencia del instrumento poder inserto al folio 6 de los autos, donde peticiona su derecho de Jubilación, contra la COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV), la cual fue recibida por este Juzgado en fecha veintidós de enero 2007 y en ese mismo tiempo este Despacho lo admite en virtud de que el libelo contiene los extremos legales contemplados en artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Consta al folio 25 de los autos actuación realizada por el apoderado judicial de la parte actora Manuel Núñez, donde solicita se sirva enviar nuevo oficio de notificación a la Procuraduría General de la República, de fecha 5 de diciembre 2008.

En fecha 8 de diciembre 2008, este Tribunal dicto auto, donde acuerda lo antes solicitado por la parte actora abogado Manuel Núñez. Folio 27 de los autos.

Posteriormente, el apoderado judicial de la parte actora Manuel Núñez, efectúo actuación en fecha 7 de diciembre 2009, donde solicita se envíe nuevo oficio a la Procuraduría General de la República, folio 30 de los autos.

Al respecto, este Tribunal, en fecha 9-12-2009, ordena ratificar oficio N° 5.370-08, dirigida a la Procuraduría General de la República y anéxese copia certificada del escrito libelar y del auto de admisión de la presente demanda. Folio 31 de los autos.

En fecha 20 de enero 2011, consta actuación realizada por la abogada Hilda Quiñónez, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.67.836, por ante la unidad de recepción de documentos del circuito judicial laboral del Estado Aragua, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV), donde solicita la perención de la instancia por haberse cumplido los extremos consagrados en la norma. Anexa a su actuación copia simple del instrumento poder donde consta su representación. Folios 33 al 42 del expediente.

Nuevamente en fecha 28 de julio 2011 la abogada Hilda Quiñónez, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.67.836, presento actuación por ante la unidad de recepción de documentos del circuito judicial laboral del Estado Aragua, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, donde ratifica la diligencia de fecha 20 de enero 2011. Folio 44 de los autos.

En fecha 16 de enero 2012, el abogado Manuel Núñez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No.64.416, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, presento actuación por ante la unidad de recepción de documentos del circuito judicial laboral del Estado Aragua, donde solicita se provea lo conducente para notificar a la Procuraduría General de la República. Actuación esta que el abogado Manuel Núñez, ratifica nuevamente en fecha 24 de mayo 2012. Folio 46 y 48 de los autos.

En base a ello este Tribunal pasa a puntualizar lo siguiente: advierte esta juzgadora que la institución de la perención prevista en la ley adjetiva laboral, opera como sanción a la inactividad de las partes en la realización de los actos procesales tendientes a impulsar el proceso, siempre y cuando, el acto del proceso no haya entrado en fase de sentencia lapso en el cual es del exclusivo ámbito jurisdiccional del juez; en el caso de marras la causa quedo en fase de sustanciación.

Determinado lo anterior y revisadas como han sido las actas que conforman la presente causa, se observa que desde el día nueve de diciembre dos mil nueve, al hasta el día 20 de enero 2011, no se ejecuto ningún acto por la parte actora en el presente proceso, habiendo transcurrido con creces más de (01) año, y de conformidad con lo establecido en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consagra lo siguiente:

“Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”

Igualmente consagra en artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:
“La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal”.

En cuanto al tema, la Sala Constitucional en sentencia Nº 2673 de fecha 14/12/2001, (ratificada en sentencia Nro. 909 de fecha 17-05-2004) dejó sentado lo siguiente:
(….) “mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, mediante actuaciones tendientes a lograr el desarrollo o la continuidad de la relación procesal, la perención de la instancia ha de transcurrir, aun en aquellos casos en que el proceso se hállese detenido a la espera de una actuación que corresponda exclusivamente al juez” (….).
La Sala Constitucional ha señalado, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención. Sin embargo, en razón del orden público, debe existir una excepción a tal imperativo, que no abarca los efectos de la perención consagrados en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil y que, en consecuencia, si la materia es de orden público, la perención declarada no evita que se proponga de nuevo la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) de la declaratoria de perención, ya que es difícil pensar que los intereses superiores del menor, por ejemplo, puedan quedar menoscabados porque perimió el proceso donde ellos se ventilaban, o que, los derechos alimentarios del menor -por ejemplo- no pudieran ejercerse de nuevo durante noventa días.
Tal visión del instituto es congruente con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido que las sentencias contrarias al orden público no quedan firmes por efecto de la perención en la instancia superior (alzada), lo que se ve apuntalado por el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil que previene que no corra la perención en la causa sometida a consulta.
El artículo 26 constitucional, garantiza el acceso a la justicia, para que las personas puedan hacer valer sus derechos e intereses, y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
Tal derecho de acceso a la justicia se logra mediante el ejercicio de la acción, que pone en movimiento a la jurisdicción, la cual no garantiza una sentencia favorable, y que comienza a desarrollarse procesalmente desde que el juez admite o inadmite la demanda, la petición, el escrito o cualquier otra forma de inicio del proceso.
El derecho de acceso a la justicia se ejerce al incoar la acción, pero ésta, al igual que el propio derecho de acceso, es analizada por el juez para verificar si se cumplen los requisitos que lo permiten, o la admisibilidad de la acción. Si ésta es inadmisible, el órgano jurisdiccional no tocará el fondo de lo pedido, o denunciado.
Cuando se rechaza in limine litis la acción, no hay negativa al derecho de acceso a la justicia, ya que se está emitiendo un fallo, en pleno ejercicio de la función jurisdiccional.
A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.
En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento.
Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.

Como puede evidenciarse, la regla general, en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de pleno derecho y puede declararse de oficio.
Igualmente, se aprecia que en el caso de autos no se vulnera ninguna norma de orden público con la aplicación de la indicada disposición, por lo cual, habiendo transcurrido el lapso previsto en la misma, es forzoso declarar que se ha consumado la perención. Así se declara.