REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Años: 202° y 153°
SOLICITANTE: DAVID YAN BAIN GAMBUS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 783.654.
APODERADO
JUDICIAL: EDUARDO RAFAEL ADRIAN KALIL, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 98.577.
MOTIVO: SOLICITUD DE EXEQUÁTUR
SENTENCIA: DEFINITIVA
MATERIA: FAMILIA
EXPEDIENTE: 12-186
I
ANTECEDENTES
Corresponde a esta alzada conocer y decidir la solicitud de exequátur interpuesta por el abogado EDUARDO RAFAEL ADRIAN KALIL actuando en su condición de apoderado judicial del solicitante ciudadano DAVID YAN BAIN GAMBUS, ut supra identificados, de la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal de Circuito del Condado de Sarasota, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, en fecha 21 de junio de 2008, caso número 2008 DR 005810 NC, que declaró disuelto el matrimonio civil contraído entre el mencionado y la ciudadana ASTRID ANNY CARDENAS, en fecha 5 de agosto de 1961 ante la Jefatura Civil de la Parroquia El Recreo, Municipio Bolivariano Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas.
Verificada la insaculación de causas el día 13 de febrero de 2012 ante el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, ejerciendo funciones de distribuidor, el conocimiento y decisión de la preindicada solicitud de exequátur fue asignado a este Juzgado Superior Segundo, recibiendo las actuaciones el día 24 de febrero de ese mismo año; verificándose que por auto dictado en fecha 27 del mismo mes y año, se le dió entrada al expediente y cuenta al Juez.
Mediante diligencia fechada 18 de abril de 2012 (f. 9), el abogado EDUARDO RAFAEL ADRIAN KALIL en su condición de apoderado judicial del solicitante ciudadano DAVID BAIN GAMBUS, consignó los siguientes recaudos:
• Poder otorgado por el solicitante ciudadanos David Yan Bain Gambus a los abogados Halim Moucharfiech, Zhiomar Díaz Vivas, Eduardo Rafael Adrian Kalil, David Moucharfiech Parra y Juan Carlos Delgado Navas, autenticado en la Notaría Pública Octava de Maracaibo, en fecha 1º de julio de 2009, bajo el Nº 99, Tomo 99 (f. 10 y 11).
• Copia certificada del acta de matrimonio contraído entre el ciudadano David Yan Bain Gambus y la ciudadana Astrid Anny Cárdenas, expedida en fecha 12 de marzo de 2009, por la Jefatura Civil de la Parroquia El Recreo, Municipio Bolivariano Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas (f. 12 y 13).
• Actas de nacimiento de los ciudadanos Neil Eduardo Bain Cárdenas, David Antonio Bain Cárdenas, Christian David Bain Cárdenas y Ana Carolina Bain Cárdenas, todos hijos procreados durante el matrimonio civil habido entre el solicitante y la ciudadana Astrid Anny Cárdenas (f. 14, 23, 25 y 29).
• Copia certificada de la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal de Circuito del Condado de Sarasota, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, en fecha 21 de junio de 2008, caso número 2008 DR 005810 NC, traducida al español y debidamente apostillada (f. 15 al 22).
Mediante auto dictado en fecha 23 de abril de 2011 (f. 32), este Tribunal admitió la solicitud de exequátur por no ser contraria a derecho, a las buenas costumbres ni a disposición expresa de la ley, ordenándose la citación de la ciudadana ASTRID ANNY CÁRDENAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 1.756.185, a fin de que compareciera dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a su citación, para que diera contestación a la solicitud impetrada. Igualmente se ordenó y ofició al Fiscal de Turno del Ministerio Público para que expusiera lo que considerase pertinente en este procedimiento, tal y como lo prevé el ordinal 5º del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el ordinal 1º del artículo 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) para que informara sobre el movimiento migratoria y último domicilio de la mencionada ciudadana.
El día 9 de mayo de 2012 (f. 34), compareció ante este Juzgado el abogado CARMINE ANTONIO PASCUZZO SÁNCHEZ, quien consignó poder otorgádole por la ciudadana ASTRID ANNY CÁRDENAS, debidamente autenticado en la Notaría del Estado de Florida, Estados Unidos de Norteamérica, en fecha 27 de julio de 2011 y apostillado, y mediante diligencia se dió por citado en este procedimiento en nombre de la mencionada ciudadana (f. 34 al 36) y convino en la solicitud de exequátur interpuesta.
Practicada la notificación al Ministerio Público, se verifica a los folios 39 y 40 del presente expediente, que mediante escrito fechado 13 de agosto de 2012, el abogado FREDDY JOSÉ LUCENA RUIZ en su condición de Fiscal Nonagésimo Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con competencia en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares manifestó no tener objeción alguna con respecto a la presente solicitud.
Por auto dictado en fecha 13 de agosto de 2012, este Juzgado Superior Segundo fijó un lapso de diez (10) días consecutivos siguientes a esa data, exclusive, a los fines de dictar sentencia.
II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Encontrándonos dentro de la oportunidad legal para decidir la solicitud de exequátur impetrada, este Juzgado Superior Segundo pasa a hacerlo con sujeción en los razonamientos y consideraciones que de seguida se exponen:
PRIMERO: Corresponde a este Juzgado Superior definir su competencia para conocer de la solicitud in comento, y al respecto se observa:
Se procede a analizar, si el procedimiento que dió lugar a la sentencia de divorcio proferida por el Tribunal de Circuito del Condado de Sarasota, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, en fecha 21 de junio de 2008, es o no de naturaleza contenciosa por cuanto sólo en caso negativo, corresponderá a este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la competencia para declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias dictadas por autoridades extranjeras de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados Internacionales o en la Ley, conforme lo dispone el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, disposición legal que textualmente expresa:
“…El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se hayan de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables…”. (Énfasis y subrayado de este juzgado).
Efectuada una revisión exhaustiva a las actas que conforman el presente expediente se observa, que ciertamente el procedimiento que dió origen a la sentencia de divorcio objeto de la solicitud de exequátur no tuvo carácter contencioso, y una vez revisado el mismo y en particular, examinado el contenido de la sentencia in comento se verifica que presentada solicitud de disolución de matrimonial por los ciudadanos David Yan Bain Gambus y Astrid Anny Cárdenas, de común acuerdo, la cual fue sustanciada ante el Tribunal de Circuito del Condado de Sarasota, Florida, Estados Unidos de Norteaméricade América, organismo que en fecha 21 de junio de 2008 dictó sentencia, decretando disuelto el matrimonio civil que existía entre los mencionados ciudadanos. Así se declara.
SEGUNDO: Determinada como ha sido la competencia de este Tribunal, se procede a analizar la presente solicitud, debiendo indicarse que toda solicitud de exequátur impone su estudio dentro del marco del Derecho Procesal Civil Internacional, por lo que al igual que ocurre en todos los casos que presentan elementos de extranjería, debe atenderse para su decisión a la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado. Así, la Ley de Derecho Internacional Privado publicada el día 6 de febrero de 1999, en su artículo 1º, determina el orden de prelación, en los términos siguientes:
Artículo 1º.- “Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados”.
La disposición ya transcrita, en primer lugar ordena la aplicación de las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. En el sub examine, se solicita que por el procedimiento de exequátur se declare la fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela a una sentencia dictada por el Tribunal de Circuito del Condado de Sarasota, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, y por ello se impone la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano, específicamente lo dispuesto en la Ley de Derecho Internacional Privado y dentro de ésta, lo establecido en las disposiciones contempladas en su Capítulo X, “De la Eficacia de las Sentencias Extranjeras”.
El artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que deroga parcialmente los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, señala los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela, a saber:
“1.- Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones privadas;
2.- Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del estado en el cual han sido pronunciadas;
3.- Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la república o que no se haya arrebatado a Venezuela la Jurisdicción para conocer del negocio;
4.- Que los tribunales del estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley;
5.- Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa;
6.- Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera…”.
De acuerdo con el contenido de la citada norma -rectora de la materia- y examinadas como han sido estas actuaciones, en especial la sentencia objeto de la solicitud de exequátur, este Juzgado Superior procede a examinar si en el presente caso han quedado acreditados plenamente todos los extremos previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, así como si la sentencia que se analiza no contraría preceptos de orden público venezolano, y a tal efecto se observa:
Que la sentencia in comento versa sobre la disolución de un vínculo conyugal (sentencia de divorcio), y en consecuencia estamos en presencia de una materia de naturaleza civil, cumpliéndose con el primer requisito del preindicado artículo.
Que se ha verificado el cumplimiento del segundo requisito, al tener la sentencia de autos fuerza de cosa juzgada de acuerdo a la Ley del Estado en la cual fue pronunciada, lo cual se constata así:
La sentencia efectivamente disuelve el matrimonio civil contraído en fecha 5 de agosto de 1961, entre los ciudadanos David Yan Bain Gambus y Astrid Anny Cárdenas, ante la Jefatura Civil de la Parroquia El Recreo, Municipio Bolivariano Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas.
En tercer lugar, la sentencia que se analiza cumple con los dos requisitos establecidos en el numeral 3° del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela, dado que por una parte, la misma no versa sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela, y por la otra, no se le arrebató a los tribunales venezolanos la jurisdicción para conocer de la demanda, ya que las partes (demandante y demandada) tenían su último domicilio conyugal en el lugar donde el Tribunal tiene jurisdicción, esto es en el Condado de Sarasota, Florida, Estados Unidos de Norteamérica; por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 44 de la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela, se determinó la jurisdicción de los tribunales del Estado sentenciador.
En cuarto lugar, del contenido de la sentencia y del escrito de solicitud de exequátur se constata que los ciudadanos David Yan Bain Gambus y Astrid Anny Cárdenas pidieron el divorcio del matrimonio civil por mutuo consentimiento, en cuyo proceso se les resguardaron a ambos las garantías procesales a su defensa, cumpliéndose con lo establecido en el numeral 5º del artículo 53 eiusdem.
En quinto lugar, no se evidencia en estas actas que la sentencia, objeto de la solicitud de exequátur, sea incompatible con sentencia de data anterior que tenga autoridad de cosa juzgada ni que se encuentre pendiente en los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela algún juicio que verse sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado previamente al que se hubiese dictado la sentencia extranjera que nos ocupa, extremo éste exigido en el numeral 6º del artículo 53 íbidem.
Finalmente debe reseñarse, que el representante del Ministerio Público Dr. FREDDY JOSÉ LUCENA RUIZ, luego de haber sido notificado, compareció ante este Juzgado Superior el día 13 de agosto de 2012, sin objetar en forma alguna la presente solicitud de exequátur.
Congruente con los razonamientos expuestos, se impone para este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conceder el pase correspondiente otorgándole en este sentido, fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia de divorcio dictada en fecha 21 de junio de 2008, por el Tribunal de Circuito del Condado de Sarasota, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se disolvió el vínculo matrimonial que existía entre el ciudadano DAVID YAN BAIN GAMBUS y la ciudadana ASTRID ANNY CÁRDENAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 783.654 y 1.756.185, respectivamente.
III
DISPOSITIVO DEL FALLO
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley declara:
ÚNICO: CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia de divorcio dictada en fecha 21 de junio de 2008, por el Tribunal de Circuito del Condado de Sarasota, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se disolvió el vínculo matrimonial que existía entre el ciudadano DAVID YAN BAIN GAMBOS y la ciudadana ASTRID ANNY CÁRDENAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 783.654 y 1.756.185, respectivamente.
Expídase por Secretaría copia certificada del presente fallo, a los fines de su archivo en el copiador de sentencias definitivas que lleva este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. En la ciudad de Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil doce (2012).
EL JUEZ,
ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
LA SECRETARIA,
Abg. MILAGROS CALL FIGUERA
En esta misma data, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.) se publicó, se registró y se agregó al presente expediente la anterior decisión, constante de seis (6) folios útiles.
LA SECRETARIA,
Abg. MILAGROS CALL FIGUERA
Solicitud Nº 12-186
AMJ/MCF/mil.-
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