REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, dieciocho (18) de septiembre del dos mil doce (2012)
202º y 153º
N° DE EXPEDIENTE: DP11-L-2007-001397

PARTE ACTORA: Ciudadano TOMAS ALBERTO FLORES, titular de la cédula de identidad Nº V-3.845.463.
APODERADO ACTOR: Abg. RAFAEL AGUERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 122.906.
PARTE DEMANDADA: MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA.
APODERADO DEMANDADO: Abg. EDUARDO ROSENDO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 113.289.
MOTIVO: DIFERENCIAS EN EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES
-I-
DE LAS ACTAS DEL PROCESO
En fecha 30 de octubre de 2007, fue presentada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua, demanda incoada por el ciudadano TOMAS ALBERTO FLORES, debidamente asistido por el Abg. RAFAEL ANTONIO AGÜERO ROBAYO, contra el MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA, cuya cuantía asciende a la cantidad de Bs. 28.973.158,00, por los conceptos detallados en el libelo de la demanda, y que se dan por reproducidos.
En fecha 02 de noviembre de 2007, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial Laboral, admite la demanda, ordenando la notificación de Ley.
Cumplida la misma, y certificada la actuación del alguacil por la Secretaría del Tribunal, conforme al artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se llevó a cabo la Audiencia Preliminar inicial en fecha 02 de julio de 2008 (folio 25 y 26), oportunidad en la que se dejó constancia de la comparecencia de la parte actora y su apoderado judicial, y de la incomparecencia de la parte demandada, se ordenó agregar las pruebas y se aperturó el lapso para la contestación de la demanda, la cual no fue consignada en el presente asunto; ordenándose la remisión del expediente para su distribución entre los Juzgados de Primera Instancia de Juicio, correspondiendo su conocimiento a este Tribunal, dándose por recibido el 16 de julio de 2008, a los fines de su revisión (folio 118). En fecha 29 de julio de 2008, al juez que conocía de la causa dicto sentencia en el presente asunto, lo cual fue objeto de apelación por ambas partes. En fecha 01 de marzo de 2010, el Juzgador Tercero Superior del Trabajo de esta Circunscripción Judicial publico sentencia mediante la cual revoca la anterior decision y se ordena reponer la causa al estado de fijar oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, remitiendose el expediente nuevamente a este tribunal, el cual fue recibido en fecha 24 de marzo de 2010 (folio 188). En fecha 27 de enero de 2012, este juzgador se aboco al conocimiento de la causa, ordenando reponer la causa al estado de fijar nueva oportunidad para la celebración de la Audiencia Oral. En fecha 04 de julio de 2012, se admiten las pruebas promovidas por la parte actora, y se fija la celebración de la audiencia de juicio para el día 02 de agosto de 2012.
En fecha 02 de agosto de 2012, se llevo a cabo la Audiencia Oral, cuando se dejó constancia de la comparecencia de los Apoderados Judiciales de ambas partes, quienes expusieron sus alegatos y defensas, se evacuó las pruebas promovidas por la parte actora; difiriéndose el pronunciamiento del dispositivo oral de la sentencia para el día 5to día hábil (09 de agosto de 2012); fecha en la cual se emitió el pronunciamiento del fallo oral respectivo, conforme a la previsión contenida en el artículo 158 eiusdem, en los siguientes términos: “(omissis) este Juzgado Tercero de Primera instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua Administrando Justicia por Autoridad de la Ley y en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela declara: SIN LUGAR la demanda que por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, intentara el Ciudadano TOMAS ALBERTO FLORES, Venezolano, Mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° V-3.845.463, en contra del MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA (omissis)”; y estando dentro de la oportunidad legal para publicación de sentencia, se procede en los términos siguientes:
-II-
RESUMEN DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES
Adujo la Parte Actora en su escrito libelar (folios 01 al 06), lo siguiente:
Que inicio relación laboral en fecha 18 de marzo de 1987, desempeñando el cargo de caporal para la accionada
Que cumplía una jornada de trabajo de 07:00 am a 04:00 pm y horas extraordinarias cuando la empresa lo requería.
Que su último salario promedio devengado era de Bs. 28.141,41.
Que en fecha 31 de octubre de 2006, se hizo acreedor del beneficio de jubilación de conformidad con lo establecido en la Cláusula 51 de la Convención Colectiva firmada entre el Sindicato de Obreros Municipales y la Alcaldía del Municipio Girardot 2005-2006 vigente.
Que conforme a lo establecido en la cláusula 51 (jubilaciones) de la Convención Colectiva, en el momento de la jubilación el Municipio liquidara en forma doble a salario promedio la prestación de antigüedad de conformidad con lo establecido en el articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Que tomando en consideración la fecha de ingreso y la fecha en que se hace beneficiario de la jubilación, el Municipio procedió a elaborar la planilla de liquidación.
Que una vez realizado y analizado el pago de sus prestaciones sociales recibidas se encontraron que las mismas no fueron pagadas tal y como lo establece la mencionada cláusula, por lo que se solicita sea pagada la diferencia de sus prestaciones sociales para dar fiel cumplimiento a la cláusula en cuanto al pago doble de la antigüedad.
Que no se desglosa el salario mes a mes por cuanto el punto controvertido no es el salario promedio y la parte demandante está conforme con el cálculo y monto arrojado por el Municipio Girardot de Bs. 28.141,41.
Que en cuanto al pago doble de la antigüedad, en el régimen anterior la cantidad de Bs. 16.884.846,00 y en el régimen actual arroja la cantidad de Bs. 35.570.742,24, para un total a pagar de Bs. 52.455.588,24.
Que se procede a descontar los montos que percibió durante la prestación del servicio:
- Bs. 250.000,00, por la entrada en vigencia de la nueva ley y el régimen actual de prestaciones.
- Bs. 23.232.430,25, en el año 2006, cuando se hizo beneficiario de la jubilación, recibiendo un pago por antigüedad.
Que se estima el valor de la presente demanda en la cantidad de Bs. 28.973.958,00, más los intereses sobre prestaciones sociales, la corrección monetaria, intereses de mora, y el pago de las costas y costos del proceso.

Se deja constancia que la parte demandada no dio contestación a la demanda.
Sin embargo se tiene por contradicha la demanda en todas y cada una de sus partes con fundamento a los privilegios y prerrogativas de los que goza la accionada.
-III-
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Del análisis de las argumentaciones y defensas de las partes, este Tribunal concluye que la controversia de marras se circunscribe a determinar la procedencia del pago de diferencia de prestaciones sociales y demás beneficios laborales generados a favor del ciudadano TOMAS ALBERTO FLORES. Y así se decide.
Evidencia este Juzgador, que conforme consta en el Acta de Audiencia Preliminar, la cual corre inserta al folio 25 y 26, la parte demandada no compareció ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, a la audiencia preliminar, por lo que no promovió prueba alguna, igualmente se evidencia de los autos, que la parte demandada NO CONTESTÓ LA DEMANDA.
Ahora bien, de la revisión de las actuaciones que conforman el presente asunto, observa quien sentencia, que la parte demandada es la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA, la cual goza de los privilegios y prerrogativas consagradas en la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, de conformidad con el artículo 156, adminiculado con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la cual señala en su artículo 12 lo siguiente:
“En aquellos procesos en los cuales se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, los funcionarios judiciales deben observar los privilegios y prerrogativas consagradas en leyes especiales”.
Al respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 136, establece que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional; señalan a través de su artículo 168, lo siguiente:
“(…) Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. (…)”
Es así que el Municipio es una persona de derecho público territorial, y en consecuencia de ello, el Tribunal tiene como CONTRADICHA LA DEMANDA en todas y cada una de sus partes. Y Así se decide.
DE LA DISTRIBUCION DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Se hace necesario precisar que en atención al contenido del artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la carga probatoria en materia laboral, corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos; de lo cual se colige que la misma se deriva de acuerdo a la manera en que el accionando dé contestación a la demanda.
Como ya se indicara anteriormente, la demandada no compareció a la Audiencia Preliminar, no promovió prueba alguna y no contestó la demanda, entendiéndose, en razón de los privilegios procesales que les asisten, que la demanda se encuentra contradicha; y en razón de ello la actora tenía la carga de demostrar sus alegatos. Y así se establece.
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA
1. DOCUMENTALES: De conformidad con los dispuesto en el articulo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se promovieron las siguientes documentales:
Marcada con letra “A”, copia de planilla de cálculo de las prestaciones sociales entregada al trabajador TOMAS FLORES, (folio 31), promovida a los efectos de demostrar los días correspondientes a la prestación de antigüedad que le fueron cancelados de forma errada por el Municipio, por cuanto no calcularon el pago doble del tiempo de servicio. La parte demandada la impugna por ser copia simple. Este juzgador le confiere plano valor probatorio como demostrativo de las cantidades que le fueron canceladas al trabajador por concepto de prestación de antiguedad. Y así se decide.
Marcada con letra “B”, Convención Colectiva de Trabajo firmada entre el Sindicato de Obreros Municipales y el Municipio Girardot, (folio 32), promovida a los efectos de demostrar que en la Cláusula 51 y 52 se establece el pago doble de las prestaciones por antigüedad. La parte demandada no realiza ninguna observación. Es menester para este sentenciador señalar que las convenciones colectivas no son objeto de pruebas tal como lo ha señalado en sentencias reiteradas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, y más recientemente en sentencia de fecha 6 de junio de 2006, Magistrado Ponente OMAR ALFREDO MORA DIAZ en el caso: Henry Figueroa Mendoza Vs. Expresos Mérida C.A., cito:

“… dado el carácter Jurídico de fuente del derecho que tiene la convención Colectiva de trabajo, permite incluirla dentro del principio general de la prueba judicial según el cual el derecho no es objeto de prueba, pues, se encuentra comprendido dentro de la presunción legal iuris et de iure establecida en el articulo 2 del Código Civil, y por tanto, las partes no tienen la carga de alegarlo ni probarlo, ni el Juez el deber de examinar las pruebas que las partes hayan producido para la comprobación de su existencia (sentencia N° 4 de esta sala de 23 de enero de 2003)…”

Asimismo, se precisa al respecto que el derecho no es objeto de prueba, sino de interpretación obligatoria por parte del juzgador, lo que debe vincularse al Principio Iura Novit Curia. Y Así se establece.
Marcadas con las letras “C” y “D”, copia de liquidación del ciudadano Capuano Luís y Rafael Uzcátegui, (folios 33 y 34), respectivamente, promovidas a los efectos de evidenciar que a estos trabajadores si le fueron calculadas las prestaciones tal como fue solicitada en el libelo de la demanda, a los fines de ilustrar al tribunal el mal calculo de las prestaciones sociales por parte de la Alcaldía. La parte demandada la impugna por ser copia simple, además que no guardan relación con la presente causa, no ayuda a dilucidar el salario mes a mes del trabajador para determinar si existe diferencia salarial. La parte actora insiste en las mismas. Este juzgador observa que las mismas nada contribuyen con esclarecer los hechos controvertidos en el presente asunto, no guardando relación con la presente causa, razón por la cual se desecha del proceso. Y así se decide.
Marcada con letra “E”, copia de cheque emitido a favor del ciudadano Rafael José Uzcátegui Hernández, (folio 35), promovida a los efectos de demostrar que a este trabajador si le fueron calculadas las prestaciones tal como los establece la Cláusula de la Convención Colectiva. La parte demandada la impugna por ser copia simple, además que no guardan relación con la presente causa. La parte actora insiste en la misma. Este juzgador observa que la referida documental nada contribuye con esclarecer los hechos controvertidos en el presente asunto, no guardando relación con la presente causa, razón por la cual se desecha del proceso. Y así se decide.
Marcadas con letra “F”, copia de libelo de demanda de los trabajadores Visitación Landaeta y otros (folios 36 al 41), así como copias de liquidaciones de cada uno de ellos (folios 42 al 44), y Sentencia del Juzgado Primero de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (45 al 50), cheques emitidos por el Municipio donde se esta haciendo efectivo el pago (51 al 56), promovidos a los efectos de ilustrar al tribunal sobre la primera demanda que surgió cuya decisión fue declarada con lugar, evidenciando el mal calculo que venia haciendo el municipio en el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores beneficiarios de jubilación. La parte demandada la impugna por ser copia simple, además que no guardan relación con la presente causa. La parte actora insiste en las mismas. Este juzgador observa que las referidas documentales nada contribuyen con esclarecer los hechos controvertidos en el presente asunto, no guardando relación con la presente causa, razón por la cual se desechan del proceso. Y así se decide.
Marcada con la letra “G”, copia del libelo de la demanda, del trabajador Pedro Moreno (folios 57 al 62), así como recibo de pago y Sentencia emanada del Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (folios 63 al 71), promovido a los efectos de demostrar la primera demanda que se introdujo donde se declaro con lugar la demanda donde la solicitud era idéntica a la presente, todas las sentencias han salido a favor del trabajador. La parte demandada la impugna por ser copia simple, además que no guardan relación con la presente causa, no logra develar cual es el salario del trabajador. La parte actora insiste en las mismas. Este juzgador observa que las referidas documentales nada contribuyen con esclarecer los hechos controvertidos en el presente asunto, no guardando relación con la presente causa, razón por la cual se desechan del proceso. Y así se decide.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA
Se deja constancia que la parte demandada no promovió prueba alguna, en virtud de su incomparecencia a la audiencia preliminar.
Efectuado el análisis probatorio, este Juzgador verifica que son hechos admitidos por las parte y en tal sentido no controvertidos: 1) La existencia de la relación laboral. 2) Que al accionante se le concedió el beneficio de jubilación. 3) La suma ya pagada al hoy accionante por concepto de prestación de antigüedad e indemnización de antigüedad. Así se declara.
- IV -
DEL HECHO CONTROVERTIDO
Debe precisar este Juzgador, conforme a los previsto en el artículo 135 de la Ley Adjetiva Laboral, el régimen de distribución de la carga de la prueba se fijará de acuerdo con la forma en que el accionado de contestación a la demanda.
En atención a la normativa antes indicada, y tal como se verifica en el escrito de contestación de la demanda, se verifica que no es controvertido que la hoy accionante se le haya concedido el beneficio de jubilación, el último salario percibido y las cantidades ya pagadas, el hecho controvertido se centra en las sumas a pagar al accionante por concepto de indemnización de antigüedad y prestación de antigüedad, de conformidad con la cláusula 51 de la convención colectiva, suscrita por la accionada y sus trabajadores. Así se declara.
Se observa, que lo controvertido es la suma a percibir por el hoy accionante en concordancia con lo previsto en la cláusula 51 de la Convención Colectiva, suscrita entre el ente patronal y sus trabajadores, la cual establece:
“En el momento en que se otorgue la Jubilación, el Municipio liquidará en forma doble a Salario Promedio la Prestación de Antigüedad de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.”
En base a la norma anterior, el hoy accionante reclama una diferencia en cuanto a lo pagado por concepto de indemnización de antigüedad, prevista en el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, y la prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 ejusdem.
Verificado todo lo anterior, se debe acotar en cuanto a la diferencia reclamada por concepto de indemnización de antigüedad, que el legislador estableció parámetros para regular la forma en que se debe calcular el concepto de antigüedad del cual resulta beneficiario el trabajador que haya iniciado su relación con anterioridad al año 1997, así como una indemnización, como consecuencia de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997. Al respecto, el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece:
Artículo 666. Los trabajadores sometidos a esta Ley, así como los funcionarios o empleados públicos nacionales, estadales y municipales, con ocasión de su entrada en vigencia, tendrán derecho a percibir:
a) La indemnización de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 27 de noviembre de 1990 y que esta Ley reforma, calculada con base al salario normal del mes anterior a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, la cual en ningún caso será inferior a quince mil bolívares (Bs. 15.000,oo).
La antigüedad a considerar a estos fines será la transcurrida hasta la fecha de entrada en vigencia de esta Ley.
b) Una compensación por transferencia equivalente a treinta (30) días de salario por cada año de servicio, calculada con base en el salario normal devengado por el trabajador al 31 de diciembre de 1996.
El monto de esta compensación en ningún caso será inferior a cuarenta y cinco mil bolívares (Bs. 45.000,oo). Este monto mínimo que se asegura, será pagado atendiendo a lo dispuesto en el artículo 194 de esta Ley.
El salario base para el cálculo de esta compensación no será inferior a quince mil bolívares (Bs. 15.000,oo) ni excederá de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,oo) mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 667 de esta Ley. A los mismos fines, la antigüedad del trabajador no excederá de diez (10) años en el sector privado y de trece (13) en el público.
La norma que antecede previó al pago por parte de los patronos de dos diferentes conceptos, a saber: la indemnización de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de fecha 27 de noviembre de 1990, acumulada por los trabajadores y calculada por el tiempo de servicio transcurrido desde el inicio de la relación laboral hasta la fecha de la entrada en vigencia de la Ley -19 de junio de 1997-, y la denominada Compensación por Transferencia, que no es otra cosa que una indemnización o beneficio que el Legislador fijó en favor de los trabajadores que se encontraban activos o laborando para el momento de la promulgación de la Reforma y que como consecuencia de la misma pasarían del viejo régimen al nuevo.
Ahora bien, verificado lo anterior, y siendo que la indemnización de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de fecha 27 de noviembre de 1990, acumulada por el trabajador y calculada por el tiempo de servicio transcurrido desde el inicio de la relación laboral hasta la fecha de la entrada en vigencia de la Ley -19 de junio de 1997, es la que le correspondía al hoy accionante conjuntamente con el beneficio denominado compensación por transferencia, para el momento en que operó el denominado corte de cuenta; con la advertencia de que la primera deberá calcularse con base en el salario normal devengado por el trabajador en el mes anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Ley reformada y la segunda -el pago de la compensación por transferencia- con base en el salario percibido por el trabajador a diciembre de 1996. Así se declara.
Determinado lo anterior, y siendo que para el momento en que correspondió realizar el pago de la indemnización de antigüedad, al hoy accionante no se le había concedido el beneficio de jubilación, es forzoso concluir, que para la cuantificación del mencionado concepto (indemnización de antigüedad) no es aplicable la cláusula 51 de la convención colectiva. Así se declara.
Para mayor abundamiento, debe precisarse que el propio actor indica en su libelo que con ocasión al cambio de régimen de prestaciones sociales, le fue pagada la suma de Bs. 250,00, y al no indicar el salario que percibió para aquel entonces, es forzoso concluir que el concepto de antigüedad le fue pagado conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se declara.
En cuanto a la diferencia reclamada por concepto de prestación de antigüedad, observa este Juzgador, que conforme a lo establecido en la cláusula 51 de la Convención Colectiva, dicho concepto debe pagarse en forma doble a Salario Promedio de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo; ya que el hoy accionante se le concedió el beneficio de jubilación.
Constatado lo anterior, este Juzgador considera que al establecer la norma convencional que el salario base para cuantificar la prestación de antigüedad, es el promedio conforme a las previsiones del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, se refiere al salario percibido por el trabajador en cada periodo (mensualmente), y es ese, el que se debe utilizar para cuantificar el concepto in comento, y no como pretende la demandante, es decir, en base al último salario percibido. Así se decide.
Determinado lo anterior, y siendo que la accionada pago por concepto de prestación de antigüedad la suma de Bs. 23.232,42, (folio 31), desglosado de la siguiente manera:
516 días Artículo 108 Bs. 14.520,96
516 días Cláusula Convención. Bs. 8.711,46
Constatado lo anterior, concluye este Juzgador, que la demandada dio cumplimento a la obligación establecida en la convención colectiva, no quedando a deber nada por concepto de prestación de antigüedad. Y Así se Decide.
-V-
D E C I S I Ó N
Por las consideraciones antes expuestas, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, con sede en la ciudad de Maracay, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: SIN LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano TOMAS ALBERTO FLORES, titular de la cédula de identidad Nº V-3.845.463, contra el MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA.
SEGUNDO: Conforme a las previsiones del artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no hay condenatoria en costas.
TERCERO: Conforme a las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se ordena la notificación de la presente decisión al Sindico Procurador Municipal del Municipio Girardot del Estado Aragua.
Publíquese, regístrese, déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de La Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2012. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO,


Abg. CESAR A. TENIAS D.

LA SECRETARIA,

Abg. NORKA CABALLERO.
En esta misma fecha, siendo 11:40 a.m., se publicó y registró la anterior sentencia.
LA SECRETARIA,

Abg. NORKA CABALLERO.

Asunto Nº DP11-L-2007-001397
CT/NC/kgp.