TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 4 de Abril de 2013
202º y 154º

ASUNTO: AP11-S-2009-000702
MOTIVO: TITULO SUPLETORIO
SOLICITANTE: CRISTIAN GERALD GAMBOA MORALES , de nacionalidad chilena, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº E-81.975.559.-
ABOGADO ASISTENTE: MARIA AUXILIADORA DUBUC, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 31.043.-
DECISIÓN: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA (PÉRDIDA DEL INTERÉS)

I
Por cuanto quien suscribe, Abg. LUIS ERNESTO GÒMEZ SAEZ, ha sido designado Juez Provisorio de este Juzgado conforme al oficio Nº CJ-10-398, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, debidamente juramentado el 7 de mayo de 2010 ante el Juez Rector Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se aboca al conocimiento de la presente causa.-
II
Presentada la solicitud que encabeza estas actuaciones en fecha 02 de abril de 2009, previa distribución de solicitudes ante el Juzgado Distribuidor de esta Circunscripción Judicial, fue asignada a este Tribunal para su conocimiento.-
III
En el presente caso, compareció el ciudadano CRISTIAN GERALD GAMBOA MORALES, ya identificado en el encabezamiento del presente fallo, debidamente asistido de abogado y solicitó que previa declaración testimonial, se declarara Título Suficiente de Propiedad, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil.-
Por auto de fecha 15 de abril de 2009, este Tribunal le dio entrada a la presente solicitud, y ordenó anotarla en el libro respectivo. Seguidamente, se admitió la pretensión y se ordenó interrogar a los testigos que presentare el solicitante sobre los particulares señalados en el escrito libelar, sin que hasta la presente fecha hayan comparecido.-
En tal sentido, es necesario traer a colación la sentencia Nº 956, la cual se considera “sentencia líder” en materia de pérdida de interés procesal, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 1º de junio de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, expediente Nº 00-1491 (Caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva De Valero), que precisó:
“La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin”
Omissis…
“Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?. ……..”

En ese orden de ideas, se hace necesario para este Juzgador, verificar si la jurisdicción voluntaria acoge la concepción de interés procesal, y en ese sentido hace suyo este Órgano Jurisdiccional el criterio que, acerca de la jurisdicción voluntaria, hace el jurista FRANCESCO CARNELUTTI en su obra “INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL” (Vol. I, pp.191-193; 1973), versión traducida por SANTIAGO SENTÍS MELENDO, al precisar que:
“En la zona fronteriza entre la función jurisdiccional y la administrativa, esta la llamada jurisdicción voluntaria; la cual, aún siendo, como veremos en seguida, función sustancialmente administrativa, es subjetivamente ejercida por órganos judiciales, y por eso designa tradicionalmente con el nombre equívoco de jurisdicción, si bien acompañado con el atributo voluntaria que tiene la finalidad de distinguirla de la verdadera y propia jurisdicción… omissis. Esta llamada jurisdicción voluntaria (que acaso deriva su nombre tradicional de la función, un tiempo atribuida a los jueces, de documentar, como hacen hoy los notarios, los acuerdos entre contratantes, inter volentes) constituye uno de los casos más típicos del fenómeno, ya recordado más arriba, por el cual, órganos constituidos para ejercer una de las tres funciones de la soberanía, ejercen por excepción, funciones que sustancialmente pertenecerían a una de las otras dos funciones existentes: aquí, en el caos de la jurisdicción voluntaria, los actos realizados por el órgano judicial, que por razones subjetivas deberían calificarse de jurisdiccionales, son administrativos por su fin y por sus efectos. En sustancia, pues, la contraposición entre jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa tiene este significado: que sólo la jurisdicción llamada contenciosa es jurisdicción, mientras la jurisdicción llamada voluntaria no es jurisdicción, sino que es administración ejercida por órganos judiciales”. (Negrillas de este fallo).-

Es concluyente el anterior aporte doctrinario, para determinar que la jurisdicción voluntaria no es más que una actividad social del Estado, tendente a dar fe de la actividad que desarrollen los particulares ante un Órgano competente, para que obtengan la satisfacción de sus intereses, la cual entraña sustancialmente una actividad administrativa ejercida subjetivamente por Órganos de administración de justicia, sin lo cual, dicho acto no goza de validez.-
En efecto, si el interesado busca la intervención del Estado para que se le declare Título Suficiente de Propiedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, dicha petición está motivada por el interés del particular en obtener ese reconocimiento del Estado, por lo que de forma alguna no puede el justiciable en uso de su derecho a tal reconocimiento, dejar pendiente el impulso que debe aportar para que se materialice el pronunciamiento del Órgano Jurisdiccional en funciones administrativas por tiempo indefinido, por cuanto esto implicaría de hecho una falta de interés en obtener pronta y efectiva respuesta, contrario a los preceptos establecidos en los artículos 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-
En criterio de quien juzga, la figura de pérdida de interés procesal en la causa es aplicable a estos procedimientos no contenciosos y en consecuencia debe entonces precisarse cual es el lapso de tiempo que puede permanecer inactivo el justiciable en jurisdicción voluntaria, para que pueda considerarse su “desinterés” en obtener un pronto y adecuado pronunciamiento por parte del Órgano Jurisdiccional en funciones administrativas, considerando que a todas luces no habiendo acción y controversia de derechos en la jurisdicción voluntaria, no le son inaplicables los lapsos especiales y genéricos de extinción de la instancia o perención, de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y en las normas especiales en materia contenciosa, por cuanto no estamos en presencia de una verdadera jurisdicción contenciosa, planteándose entonces tal disyuntiva para quien aquí se pronuncia Y ASÍ SE PRECISA.-
En este sentido, siendo el Derecho un sistema completo e integral que no acepta, en principio, vacíos o lagunas jurídicas conforme la Teoría Pura del Derecho esbozada por HANS KELSEN, por cuanto las mismas deben ser cubiertas haciendo uso de las herramientas hermenéuticas del derecho de aplicación supletoria o aplicación analógica de normas que se encuentren dentro del Ordenamiento Jurídico del Estado, aún cuando su materia sea diferente, y en ausencia de éstas, los principios generales del derecho tal como lo establece el único aparte del artículo 4 del Código Civil; observamos que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual regula la actividad de la Administración Pública Nacional concentrada o descentralizada conforme al artículo 1º de ese texto, establece una norma similar a lo que sería la aplicación de situaciones que demuestran desinterés en los trámites solicitados por los particulares, precisando que aparte de la decisión que pueda tomar el Órgano de la Administración, existen dos formas de terminación del procedimiento que son el desistimiento y la perención, y en cuanto a esta última figura, establece el artículo 64:
“Artículo 64. Si el procedimiento iniciado a instancia de un particular se paraliza durante dos (2) meses por causa imputable al interesado, se operará la perención de dicho procedimiento. El término comenzará a partir de la fecha en que la autoridad administrativa notifique al interesado. Vencido el plazo sin que el interesado hubiere reactivado el procedimiento, el funcionario procederá a declarar la perención”.

Siendo así, a la llamada Jurisdicción Voluntaria como labor administrativa ejercida por Funcionarios Judiciales, le son perfectamente aplicables las normas que regulan el funcionamiento de los Órganos Administrativos del Estado, por lo tanto, en aplicación analógica y extensiva de la citada norma, considera este Juzgador que una vez que el justiciable solicite el reconocimiento de un derecho o que se consideren bastantes y suficientes para garantizarles tal derecho, tendrá igualmente que demostrar que tiene interés en que el Estado intervenga en dicho negocio jurídico, hasta que el mismo, a través del Órgano Jurisdiccional dicte su pronunciamiento acordando o negando tal petición, y para ello debe aportar al Juzgador, las pruebas, información y/o recaudos, que haya ofrecido y los que le sean requeridos y que sean necesarios para la tramitación de su solicitud, evitando la paralización del procedimiento por más de dos (2) meses, cuyo lapso debe estimarse como el mínimo necesario para considerar verificada la pérdida del interés, Y ASÍ SE ESTABLECE.-
En el caso que nos ocupa, desde el día 15 de abril de 2009, fecha en la cual se admitió la presente solicitud, hasta el día de hoy la parte interesada no se ha hecho presente, por sí o por medio de representantes legales, para impulsar su solicitud, en cuanto a la declaración de testigos, por lo que este Juzgador observa que han transcurrido más de tres (3) años, sin que el solicitante haya cumplido con la obligación necesaria para impulsar el trámite de su solicitud, holgadamente más del tiempo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual se aplica de forma análoga en el presente caso, y en consecuencia, entiende este Órgano Institucional Judicial que el solicitante ha perdido el interés en que el Estado intervenga a través del Órgano Jurisdiccional y dicte su pronunciamiento acordando o negando su petición, Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.-

IV
En consecuencia, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA que en la Solicitud contenida en este expediente, propuesta por el ciudadano CRISTIAN GERALD GAMBOA MORALES, ya identificado, SE CONFIGURÓ LA PÉRDIDA DE INTERÉS del peticionante, y en consecuencia, SE DA POR TERMINADO el presente trámite procesal y se ordena el archivo del expediente.-
Publíquese, regístrese y déjese copia.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado en Caracas, a los cuatro (04) días de abril de dos mil trece (2013). Años: 202º de la Independencia y 154º de la Federación.-
EL JUEZ,

Abg. LUIS ERNESTO GÓMEZ SAEZ
LA SECRETARIA,

Abg. JENNY GONZÁLEZ FRANQUIS
En esta misma fecha, siendo las ____________, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.-
LA SECRETARIA,

Abg. JENNY GONZÁLEZ FRANQUIS