REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
EL JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN EL ESTADO DELTA AMACURO
Maturín, 04 de Abril de 2013.-
202º y 153º
NP11-G-2013-000036
Querella Funcionarial (Nulidad de Acto Administrativo)
En fecha 25 de Marzo de 2013, se recibió en este Juzgado, escrito contentivo de la Querella Funcionarial (Nulidad de Acto Administrativo), interpuesta por la ciudadana MARIANNA DEL VALLE LARA PEDRON, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 11.773.630, asistida por las abogadas en ejercicio, OMYL-NATHALY RONDON REYES y GLORIA ELENA LUNA FLORES, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 74.810 y 74.877 respectivamente, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MONAGAS.
Se le dio entrada en fecha 01 de Abril de 2013.
En consecuencia y a los fines de pronunciarse sobre la Admisión, este Tribunal realiza las siguientes consideraciones:
I
DEL ASUNTO PLANTEADO
Alegó la querellante que:
En fecha 01 de Septiembre de 1996, ingresó a la Gobernación del Estado Monagas en el cargo de Analista de Personal, adscrita a la Dirección de Personal, devengando un salario mensual de Bs. 59.040,00, (cantidad expresada en Bolívares para la fecha), más un subsidio de alimentación y transporte de Bolívares seis mil (Bs. 6.000,00), con un duración de contrato otorgado por un período comprendido desde 01/09/1996 hasta el 31/12/1996, el cual anexó marcado con la letra “A”.
En fecha 02 de Enero de 1997, le fue renovado el contrato con una vigencia hasta el 31/12/1997, estableciendo una remuneración mensual de Bs. 79.564,00 (cantidad expresada en Bolívares), como se evidencia en copia fotostática de contrato de trabajo, el cual anexó marcado “B”.
En fecha 03 de Abril de 1997, se le expide constancia donde se evidencia su desempeño como Jefa de Personal en la Jefatura Delegada de Salud, según anexo marcado “C”.
Que en fecha 11 de agosto de 1997, fue trasladada con el mismo cargo y sueldo a la Dirección de Personal, según anexo marcado “D”.
En fecha 23 de marzo de 1998, fue notificada de su nombramiento como Analista de Personal III, de la Dirección de Personal de la Gobernación del estado Monagas, con vigencia desde el 01/01/1998, según anexo marcado “E”.
Que en fecha 07 de mayo de 1998, fue trasladada como Jefe de Personal (E) de la Dirección Regional de Salud, con el mismo sueldo, anexo marcado (F).
En fecha 26 de Febrero de 1999, fue notificada de su designación para cumplir funciones inherentes a los Recursos Humanos de la Fundación Salud a partir del 01/03/1999. Ver anexo marcado “G”.
En fecha 05/08/199 fue trasladada a la Secretaría General de Gobierno con el mismo sueldo y cargo, el cual anexó marcado “I”.
Que en fecha 01/02/2000, fue notificada de su designación para formar parte de la Comisión Evaluadora del Personal adscrito al Ejecutivo Regional en calidad de encargada. Ver anexo marcado “J”.
De igual manera manifiesta que en fecha 23/07/2001, mediante Decreto G-373-2001, fue designada Directora de Personal en calidad de encargada por treinta (30) días continuos, según lo anexado marcado “K”.
Que en fecha 02/01/2003, fue designada encargada de la División de Bienestar Social del Ejecutivo Regional, según anexo marcado “L”.
Que mediante Decreto G-364-2003 de fecha 03/06/2003 fue designada Directora de Recursos Humanos en calidad de encargada por un lapso comprendido desde el 04/06/2003 hasta 08/06/2003, anexo marcado “M”.
En fecha 03/07/2003, mediante Decreto G-461-2003, fue designada Directora de Recursos Humanos en calidad de encargada por un lapso comprendido desde el 06/07/2003 hasta el 13/07/2003. Anexo marcado “N”.
Que en fecha 31 de octubre de 2003, fue notificada de su designación como encargada de la Jefatura de División de Administración de Personal en la Dirección de Recursos Humanos. Anexo marcado “Ñ”.
En fecha 07/04/2007, se expidió constancia donde se evidencia que devengaba un salario mensual de 1.023,99 mas Bs. 4 por prima de escalafón mas Bs. 20,48 de prima por capacitación. Ver anexo “O”.
Que en fecha 05/06/2012, mediante Decreto DG-615-2012, fue designada Sub-directora de Recursos Humanos.
Que en fecha 04/09/2012, se le notifica que el disfrute de sus vacaciones correspondiente al período 2011-2012 fue pospuesto hasta nuevo aviso. Anexo marcado “R”.
En fecha 11/01/2013, manifiesta la querellante que fue ilegalmente notificada mediante Decreto G-035/2012, mediante el cual fue removida del cargo de Sub-Directora de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Monagas.
Que en fecha 11/01/2013, dirigió oficio a la Lic. María Gabriela Bastardo (Directora de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Monagas, entregando formalmente el cargo que venia desempeñando. En la misma fecha solicitó a la Directora de Recursos Humanos de la Gobernación de Monagas constancia de trabajo de forma cronológica, antecedentes de servicio, Forma 14-100, constancia de egreso del IVSS, copia certificada de expediente laboral y ARC a los fines de tramitar la Indemnización por Pérdida Involuntaria de empleo, así como realizar declaración de Impuesto Sobre La Renta, solicitud que no fueron expedida por su anterior empleador, según anexo marcado “V”.
En fecha 22/01/2013, dirige comunicación a la Dirección de Recursos Humanos donde consignó el certificado electrónico de recepción de la Declaración Jurada de Patrimonio como cese de funciones como Sub-directora de Recursos Humanos, así como la solicitud de sus pasivos laborales.
Finalmente solicita que le sea declarada la Nulidad de Acto Administrativo y acuerde medida cautelar de suspensión de efectos del Acto Administrativo.
II
DE LA COMPETENCIA
El presente Recurso tiene como finalidad la nulidad de Acto Administrativo en el cual se le notifica de la remoción y retira con el cargo de Sub-Directora De Recursos Humanos de La Gobernación del estado Monagas.
En este sentido, la Ley del Estatuto de la Función Pública, en su artículo 93 señala que corresponderá a los Tribunales Contenciosos Administrativos Funcionarial, conocer las reclamaciones que formulen los Funcionarios o Funcionarias Públicos o aspirantes a ingresar a la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública.
En este mismo orden de ideas, establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 25 ordinal 6 lo siguiente:
Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
Ordinal 6: Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley.
Ahora bien, estando involucrados en el recurso un derecho reconocido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley del Estatuto de la Función Pública, no cabe duda para este Juzgado que el Tribunal competente para conocer de dicho asunto es el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con Competencia en el Estado Delta Amacuro, por ejercer su competencia territorial en los Estados Monagas y Delta Amacuro, razón por la cual declara su competencia y así se decide.
III
DE LA ADMISIBILIDAD
Determinada la competencia para conocer la presente querella, le corresponde a este Juzgado verificar la admisibilidad de Nulidad de Acto Administrativo (Querella Funcionarial) conjuntamente con medida cautelar, interpuesta por la ciudadana MARIANNA DEL VALLE LARA PEDRON, por lo que debe analizarse si incurre en alguna de las causales determinantes de la inadmisibilidad que han sido previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aplicable por remisión expresa del artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y así cumplir con los requisitos de forma establecidos en el artículo 33 eiusdem .
En este sentido se advierte que en el presente asunto no se acumulan acciones que se excluyan mutuamente o con procedimientos incompatibles entre sí; no existe prohibición legal alguna para su admisión; no se evidencia la falta de algún documento fundamental para el análisis de la acción; el escrito recursivo no contiene conceptos ofensivos, irrespetuosos, ininteligibles o contradictorios; y, por otra parte, se aprecia que no se desprende una falta de representación o legitimidad de la parte querellante y no existe cosa juzgada.
En cuanto a lo que corresponde sobre la caducidad de la acción interpuesta sobre este particular el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, establece:
“…Todo recurso con fundamento es esta Ley solo podrá ser ejercido validamente dentro del lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a el, o desde el día en el que el interesado fue notificado del acto...”
En este mismo orden de ideas la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 14 de Diciembre de 2.006, expresó:
“…se insta a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en su condición de Alzadas naturales de los Juzgados Superiores con competencia contencioso funcionarial (ex artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), para que en lo sucesivo – tal como lo advirtió acertadamente la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en el fallo sometido a revisión, respecto del plazo legalmente previsto para el ejercicio de la querella funcionarial, cual es el previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública-, velen por la observancia de las normas procesales consagradas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, como normas de carácter especial y, por tanto, de aplicación prevalente en materia contencioso administrativo funcionarial, para asegurar la estabilidad de aquellas formas dirigidas a la iniciación, instrucción y decisión del proceso, como forma de garantizar al ciudadano el conocimiento cierto y previo de las reglas que regulan el derecho de acceso a la jurisdicción, predicado por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”…
Así las cosas, el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, establece el lapso de caducidad de tres meses, para el ejercicio de todo recurso fundamentado en la referida ley.
Ahora bien, del cómputo se observa que desde el 11 de Enero de 2013, fecha en que fue notificada del Acto Administrativo contentivo de la remoción y retiro del cargo de SUB-DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS de la Gobernación del estado Monagas, hasta la fecha de interposición de la querella, es decir, hasta el 22 de Marzo de 2013, transcurrieron Dos (02) meses y once (11) días, lo que quiere decir, que la querella fue ejercida dentro del lapso establecido en el artículo 94 de la Ley del estatuto de la Función Pública, antes transcrito, por lo que este Juzgado admite la presente Querella cuanto ha lugar y a derecho se refiere. Así se decide.
En consecuencia, se ordena la citación del Procurador General del Estado Monagas, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, para que comparezca por ante éste juzgado a dar contestación a la querella, dentro del plazo de Quince (15) días de despacho siguiente, al vencimiento del lapso de quince (15) días a que se refiere el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República contados a partir de que conste en autos de citación, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, los cuales comenzaran a transcurrir, vencido que sea el lapso establecido en el articulo ut supra señalado, asimismo se acuerda remitirle a dicho funcionario, las copias certificadas correspondientes.-
Igualmente, se ordena notificarle a la ciudadana Gobernadora del Estado Monagas.
Finalmente, requiérasele al Procurador General del Estado Monagas, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Estatuto de la Función Pública los antecedentes administrativos del caso, para lo cual se le concede un lapso de ocho (8) días de despacho, la omisión o retardo de dicha remisión podrá ser sancionado por el Tribunal, con multa entre cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.) y cien (100 U.T.), según lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Cúmplase con lo ordenado.-
En lo que respecta a la Medida Cautelar solicitada, éste tribunal se pronunciará por auto separado y a tal fin ordena aperturar cuaderno de medida.-
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: ADMISIBLE la Querella Funcionarial (Nulidad de Acto Administrativo) intentada por la ciudadana MARIANNA DEL VALLE LARA PEDRON, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 11.773.630, asistida por las abogadas en ejercicio, OMYL-NATHALY RONDON REYES y GLORIA ELENA LUNA FLORES, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 74.810 y 74.877 respectivamente, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MONAGAS.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con Competencia en el estado Delta Amacuro, en Maturín, a los cuatro (04) días del mes de Abril de Dos mil Trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación.
La Jueza,
MARVELYS SEVILLA SILVA
El Secretario,
JOSÉ ANDRÉS FUENTES
En la misma fecha, siendo las nueve y cuarenta de la mañana (09:40 am), se publicó y agregó la presente resolución a las actuaciones del expediente. De igual manera, se hizo su inserción en el Sistema Juris 2000 por parte de la ciudadana Jueza, así como su correspondiente publicación en el portal informático http://monagas.tsj.gov.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente. Conste.
El Secretario,
José Fuentes Guevara
Asunto Principal: NP11-G-2013-000036
MSS/JAF/dv-
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