REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
Sede Civil
PARTE ACTORA: Ciudadano MARTÍN CÉSAR DÍAZ MORLES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.696.136 y de este domicilio.
Apoderada Judicial: Abogada ANA MARÍA MANDOLFO DE VILLEGAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 19.998.
PARTE DEMANDADA: Ciudadana MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.129.081, y de este domicilio.
Apoderados Judiciales: Abogados EMMANUELLE GERANI GUIA LUGO y JAHVIER ALEJANDRO LEMUS CASTAÑEDA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 167.985 y 146.407, respectivamente.
MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO.
EXPEDIENTE Nº: 14.592
DECISIÓN: DEFINITIVA.
I. ANTECEDENTES.
En fecha 17 de Julio de 2012, se recibió la presente demanda constante de un (01) folio útil y su vuelto sin anexos, interpuesta por el ciudadano MARTÍN CÉSAR DÍAZ MORLES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.696.136, debidamente asistido por la Abogada ANA MARÍA MANDOLFO DE VILLEGAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 19.998, quien demandó por Divorcio Ordinario a la ciudadana MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.129.081, fundamentando dicha demanda en la causal 2° del artículo 185 del Código Civil venezolano vigente referida al Abandono Voluntario.
En fecha 23 de Julio de 2012, compareció por ante este Tribunal el ciudadano MARTÍN CÉSAR DÍAZ MORLES y consignó copia certificada del Acta de Matrimonio. En esta misma confirió Poder APUD ACTA a la Abogada ANA MARÍA MANDOLFO DE VILLEGAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 19.998.
Mediante auto de fecha 27 de Julio de 2012, este Tribunal admitió la demanda presentada y ordenó emplazar a las partes para la realización de los actos conciliatorios respectivos, así mismo se ordenó la notificación a la Fiscal del Ministerio Público en materia de Familia.
En fecha 24 de Septiembre de 2012, compareció por ante este Juzgado la Apoderada Judicial de la parte actora, Abogada ANA MARÍA MANDOLFO DE VILLEGAS y consignó las copias fotostáticas a fines de que se librara la compulsa, así como también dejó constancia de haberle entregado los emolumentos al Alguacil.
En fecha 27 de Septiembre de 2012, se libró la compulsa a la parte demandada y la boleta a la Fiscal del Ministerio Público en materia Civil y Familia.
En fecha 15 de Octubre de 2012, compareció por ante este Despacho el ciudadano JORGE ESTEVIS PINEDA, en su carácter de Alguacil del Tribunal y consignó boleta de notificación librada al Fiscal del Ministerio Público en materia Civil y Familia, firmada por la ciudadana MARÍA GUERRERO, persona autorizada por la Fiscal XIII del Ministerio Público en materia Civil y Familia del Estado Aragua.
En fecha 15 de Octubre de 2012, compareció por ante este Tribunal el ciudadano JORGE ESTEVIS PINEDA, en su carácter de Alguacil de este Juzgado y consignó compulsa librada a la ciudadana MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA, en su carácter de parte demandada en el presente juicio, sin haberle sido posible lograr la citación.
En fecha 31 de Octubre de 2012, compareció por ante este Juzgado la Representante Judicial de la parte demandante y solicitó la citación por carteles.
Por auto de fecha 08 de Noviembre de 2012, este Tribunal acordó la citación por carteles, ordenando librar el mismo a fines de su publicación en los diarios “EL ARAGÜEÑO” y “EL PERIODIQUITO” de esta Ciudad de Maracay.
En fecha 19 de Noviembre de 2012, compareció por ante este Despacho la Apoderada Judicial de la parte actora y retiró el respectivo cartel de citación librado por este Tribunal.
Mediante diligencia de fecha 12 de Diciembre de 2012, compareció por ante este Juzgado la Abogada ANA MARÍA MANDOLFO DE VILLEGAS, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte actora y consignó dos (02) ejemplares de periódico de los carteles de citación.
En fecha 17 de Enero de 2013, compareció por ante este Tribunal la Representante Judicial de la parte demandante y solicitó a la Secretaria de este Despacho que se trasladara a la dirección de la parte demandada, a fines de la practicar la citación según el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 04 de Febrero de 2013, compareció por ante este Juzgado la ciudadana MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA, en su carácter de parte demandada en el presente juicio y confirió Poder APUD ACTA al Abogado en ejercicio, JAHVIER ALEJANDRO LEMUS CASTAÑEDA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 146.407.
En fecha 25 de Marzo de 2013, tuvo lugar el primer Acto Conciliatorio en el presente juicio, al que compareció la parte demandante, ciudadano MARTÍN CÉSAR DÍAZ MORLES, asistido por el Abogado CARLOS DÍAZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 94.075. El Tribunal dejó constancia de que la parte demandada ciudadana MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA, no asistió a dicho acto. Igualmente se deja constancia de la presencia de la Fiscal 13º del Ministerio Público en materia de familia, Abogada MORELIA SALAZAR. La parte actora insistió en continuar con el presente juicio.
En fecha 10 de Mayo de 2013, oportunidad procesal del segundo Acto Conciliatorio en el presente juicio, la parte demandante ciudadano MARTÍN CÉSAR DÍAZ MORLES, compareció al mismo debidamente asistido por la Abogada en ejercicio ANA MARÍA DE VILLEGAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 19.998, insistiendo en continuar con la demanda incoada contra su cónyuge, dejándose constancia de la presencia de la Fiscal 13° del Ministerio Público en Materia de Familia del Estado Aragua, Abogada MORELIA SALAZAR. Igualmente se dejó constancia de la presencia de la parte demandada MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA, debidamente asistida por el Abogado JAHVIER ALEJANDRO LEMUZ CASTAÑEDA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 146.407. Acto seguido se fijó el quinto (5°) día de despacho siguiente para el acto de contestación de la demanda.
En fecha 17 de Mayo de 2013, tuvo lugar el acto de contestación de la demanda, acto al que compareció la parte demandante, plenamente identificada en autos, debidamente asistida por la Abogada ANA MARÍA DE VILLEGAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 19.998. El Tribunal dejó constancia de la presencia del Apoderado Judicial de la parte demandada, Abogado JAHVIER ALEJANDRO LEMUZ CASTAÑEDA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 146.407.
Mediante diligencia de fecha 28 de Mayo de 2013, la Representante Judicial de la parte actora, Abogada ANA MARÍA DE VILLEGAS, consignó escrito de promoción de pruebas.
Por auto de fecha 10 de Junio de 2013, el Apoderado Judicial de la parte demandada, Abogado JAHVIER ALEJANDRO LEMUZ CASTAÑEDA, consignó escrito de promoción de pruebas.
Por auto de fecha 11 de Junio de 2013, se ordenó agregar a los autos los escritos de pruebas presentados por las partes intervinientes en el presente juicio.
En fecha 19 de Junio de 2013, este Tribunal admitió las pruebas promovidas por las partes. Fijándose las testimoniales de los ciudadanos: JOHNNY ENRIQUE DAVILA BETANCOURT, CARLA CECILIA DÍAZ MORALES, YESENNIA YADANIRA RATTIA PRIETO, SERGIO PERNIA y LIDIA MENDEZ, para el tercer (3er) día despacho.
En fecha 21 de Junio de 2013, compareció por ante este Juzgado el Apoderado Judicial de la parte demandada y asoció al Poder conferido a la Abogada EMMANUELLE GERANI GUIA LUGO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 167.985.
En fecha 25 de Junio de 2013, se realizaron las testificales de los ciudadanos; JOHNNY ENRIQUE DÁVILA BETANCOURT, CARLA CECILIA DÍAZ MORLES y YESENNIA YADANIRA RATTIA PRIETO. Seguidamente se declararon desiertos las testimoniales los ciudadanos: SERGIO PERNIA y LIGIA MENDEZ.
En fecha 17 de Julio de 2013, compareció por ante este Juzgado el Representante Judicial de la parte demandante, Abogado JAHVIER ALEJANDRO LEMUZ CASTAÑEDA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 146.407 y solicitó nueva oportunidad para la declaración de los ciudadanos: SERGIO PERNIA y LIGIA MENDEZ.
Por auto de fecha 22 de Julio de 2013, este Tribunal fijó nueva oportunidad para el quinto (5to) día de despacho, para que los ciudadanos: SERGIO PERNIA y LIDIA MENDEZ rindieran sus respectivas declaraciones.
En fecha 31 de Julio de 2013, siendo la oportunidad fijada para la declaración de los ciudadanos SERGIO PERNIA y LIDIA MENDEZ, este Tribunal declaró desierto dichos actos ante la incomparecencia de los testigos.
En fecha 02 de Octubre de 2013, compareció por ante este Tribunal el Representante Judicial de la parte demandada, Abogado JAHVIER ALEJANDRO LEMUZ CASTAÑEDA y consignó escrito de informes.
Ahora bien, estando la presente causa en estado de dictar Sentencia Definitiva, este Tribunal pasa a hacerlo tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
Dándole cumplimiento al artículo 243 del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente, en su Ordinal 3ero, el cual reza:
“Toda sentencia debe contener: “(…) Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos. (…)”.
La presente controversia quedó plateada en los términos siguientes:
II. LIMITES DE LA CONTROVERSIA.
1. DE LA DEMANDA INTERPUESTA.
1.1. Hechos alegados por la parte demandante en su libelo:
• Que “(…) Contraje nupcias con la ciudadana MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA, quien es mi legitima esposa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.129.081, por ante la primera autoridad del Registro Civil del Municipio FRANCISCO LINARES ALCANTARA del Estado Aragua en fecha 17 de Diciembre del año 2009. (…)”.
• Que “(…) Celebrado el matrimonio establecimos nuestro domicilio en la Avenida Bolívar Cruce con Ayacucho, Residencias Paseo Ayacucho, Torre A, piso 16, apto 16 D, Municipio Girardot del Estado Aragua, el cual fue nuestro último domicilio conyugal. (…).”
• Que “(…) Mi cónyuge ciudadana MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA, luego de 3 meses de haber contraído nupcias, abandonó voluntariamente el hogar, por cuanto nuestra convivencia conyugal entre mi persona y la de mi esposa se hizo materialmente imposible, no soportándonos ninguno de los dos, abandonando por completo las obligaciones conyugales ambos. (…)”.
• Que “(…) Desde el mes de marzo del año 2010 aproximadamente decidió la ciudadana MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA, mi actual esposa abandonar el hogar en vista que nuestra relación marital no podía continuar. (…)”.
• Que “(...) Jamás adquirimos bien alguno dentro de la comunidad conyugal la cual duró 3 meses. (...)”.
1.2 Fundamento Legal invocado por la parte actora.
La parte demandante basó su acción en el ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil venezolano vigente referente al Abandono Voluntario.
1.3 Petitorio.
En tal sentido, la parte actora solicitó que la presente demanda sea declarada con lugar en la definitiva conforme a derecho y con todos los pronunciamientos de Ley.
2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.
La parte demandada no hizo uso de su derecho a contestar la demanda.
III. DE LA NO COMPARECENCIA DE LA DEMANDADA
AL ACTO DE CONTESTACIÓN.
De la revisión a las actas procesales que conforman el presente expediente se evidencia que en fecha 10 de Mayo de 2013, se celebró por ante este Tribunal el segundo acto conciliatorio y en el mismo acto se fijó el quinto día de despacho siguiente para el acto de la contestación de la demanda, de conformidad con el artículo 757 del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente, en este sentido este Tribunal pasa a realizar las siguientes consideraciones:
El artículo 758 de la Ley Adjetiva civil venezolana establece que:
“La falta de comparecencia del demandante al acto de contestación de la demanda causará la extinción del proceso y la del demandado se estimará como contradicción de la demanda en todas sus partes”. (Subrayado y negritas nuestras).
El artículo anteriormente transcrito, exige que ambas partes (demandante-demandado) comparezcan al acto de contestación, so pena el demandante que de no comparecer se produzca la extinción del proceso.
En este sentido, el procesalista patrio Ricardo Henríquez La Roche (1998), en su obra “Código de Procedimiento Civil”, Tomo V, página 355, señala con respecto a la mencionada norma legal, lo siguiente:
“Esta norma se refiere al acto de contestación y no al lapso de veinte días del procedimiento ordinario. Dicho acto de contestación a la demanda debe ser, entonces, fijado a hora precisa del quinto día siguiente, a los fines de que las partes sepan cuándo concurrir, particularmente el actor, dado el efecto extintivo del proceso que acarrea su incomparecencia”
A tal efecto, las consecuencias que genera la falta de comparecencia a dicha actuación procesal para cada una de las partes en el procedimiento de divorcio son distintas, siendo para la parte actora una sanción configurada en la extinción de la causa y para la demandada un efecto contradictorio, pues de no comparecer se entiende como contradicha la demanda en todas y cada una de sus partes. Es conveniente señalar que este acto si bien es a los efectos de ejercer el derecho a la defensa del demandado, mas concretamente para contestar la demanda, también tiene por finalidad que la parte actora se haga presente ese día y hora determinada, como reflejo del interés que debe ostentar para la prosecución y continuación del juicio, un modo de hacer valer una vez más su deseo de pretender la disolución del vínculo conyugal por el órgano jurisdiccional, que este convencido y sea manifiesta e inequívoca su reiterada voluntad en insistir con la demanda y además por el efecto extintivo que acarrea su posible ausencia.
Sin embargo, llegado el día para el acto de contestación de la demanda, se pueden presentar varios supuestos formales en atención a la presencia o no de la parte actora, partiendo de la hora fijada para su comparecencia: a) que se anuncie y no vengan las partes al acto, caso en el cual se declararía desierto y, en consecuencia se extinguiría el proceso por no acudir la parte demandante dejando constancia de ello el Tribunal; b) que se anuncie el acto y comparezca únicamente quien acciona, por ende seguiría el juicio su curso, dejando así constancia el Tribunal; c) que se anuncie el acto y se haga presente la demandada en la hora fijada para la parte actora, cuyo efecto será igual al primero de los supuestos, d) que se anuncie el acto y comparezcan ambas partes, y que de certeza el Juzgado de lo que expusieran las partes y, e) que no se anuncie el acto en la oportunidad fijada.
En este mismo orden de ideas, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 26 de junio de 2001, N° 152, Exp. N° AA60-S-2001-000166, Magistrado Ponente Omar Alfredo Mora Díaz, expuso con respecto a la no comparecencia del demandado al acto de contestación de la demanda en los juicios de divorcio, lo siguiente:
“La disolución del vínculo conyugal por divorcio, en virtud del orden público que rodea toda la materia relacionada con la institución del matrimonio, en donde el Estado tiene un interés en la conservación del vínculo, se rige por un procedimiento especial, que difiere del proceso ordinario por las previsiones tomadas por el legislador, tendientes a preservar el matrimonio como base fundamental de la familia y la sociedad; en este sentido este procedimiento especial adolece de la confesión ficta por la falta de comparecencia del demandado a la contestación de la demanda, supuesto en el cual, se le tendrá por contradicha en todas sus partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 758 del Código de Procedimiento Civil, el cual regula a su vez, la extinción del proceso ante la falta de comparecencia del demandante al acto de contestación a la demanda.
En este sentido, la Sala, en decisión de fecha 29 de septiembre de 2000, dejó sentado el criterio que de seguidas se transcribe:
<>.
Ahora bien, a raíz del interés que tiene el Estado, el orden público que resguarda las acciones de divorcio hacen de ella materia indisponible e irrenunciable, y por ende escapan del poder negocial de los sujetos de derecho.
Así lo establece el Código Civil, que en su artículo 6º establece (sic): <>.
De allí que la confesión, sea ésta espontánea o provocada, esté excluida, en principio, como medio probatorio en los juicios contenciosos de divorcio, por cuanto, se ha sostenido que la confesión de los hechos invocados por el demandante, envuelve la admisión de la ruptura del vínculo por mutuo consentimiento y ello equivaldría a la disposición por las partes de la institución familiar.
Este criterio ha sido expuesto reiteradamente por trataditas patrios y extranjeros, quienes se han expresando en los siguientes términos:
<> (HERNANDO DEVIS HECHANDÍA, El Proceso Civil Parte Especial, 7º edición 1991). (…)
<>. (ARMINIO BORJAS. Comentarios al Código de Procedimiento Civil, Tomo V, 1979)…”
Es entonces, que en los procedimientos de Divorcio Contencioso dado el carácter de orden público de las normas que lo regulan, no es posible declarar la confesión ficta de la parte accionada, cuando ésta no comparezca al acto de la contestación de la demanda sin causa justificada, y como consecuencia jurídica de ello es que se estima contradicha la demanda en todas sus partes.
Establecido lo anterior, se evidencia al folio 30 del presente expediente que en fecha 10 de Mayo de 2013, se celebró el segundo acto conciliatorio, compareciendo el ciudadano MARTÍN CÉSAR DÍAZ MORLES, en su carácter de demandante debidamente asistido de la Abogada ANA MARÍA DE VILLEGAS; asimismo compareció la Fiscal 13° del Ministerio Público en Materia de Familia del Estado Aragua, Abogada MORELIA SALAZAR, y el Apoderado Judicial de la parte demandada. Abogado JAHVIER ALEJANDRO LEMUZ CASTAÑEDA, y se emplazó a las partes para el acto de contestación de la demanda al quinto (5°) día de despacho siguiente.
Siendo así que esta Instancia Judicial, considera necesario realizar un cómputo y así establecer los días de despacho que transcurrieron después de celebrado el segundo acto conciliatorio, y de esta manera computar el término del 5° día de despacho para contestar la demanda, siendo éstos: 13, 14, 15, 16 y 17 de Mayo de 2013, correspondiendo contestar la demanda el día -17 de Mayo de 2013-, en virtud de ser éste el 5° día de despacho siguiente a la celebración del 2° acto conciliatorio, tal y como lo preceptúa el artículo 757 de la Ley Adjetiva Civil venezolano, observándose que para ésta fecha sólo compareció la parte demandante, más sin embargo compareció el Representante Judicial de la parte demandada, pero por ser este acto personalísimo, ante la incomparecencia de la parte demandada, este Tribunal estima contradicha la demanda en todas sus partes por la ciudadana MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA. ASÍ SE DECLARA.
III. DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA DE LAS PARTES.
En su oportunidad legal correspondiente, las partes hicieron uso de su derecho a demostrar sus alegatos en la siguiente forma:
La Parte Actora para probar sus alegatos:
Junto con el libelo de la demanda.
• Anexó copia certificada del Acta de Matrimonio, expedida por el Registro Civil del Municipio Francisco Linares Alcántara, bajo el Nº de Acta 411, folio 223, tomo 3C.
Pruebas promovidas en el lapso probatorio;
1) Reprodujo el mérito favorable de los autos y muy especialmente del libelo de la demanda en todo su contenido.
Al respecto este Tribunal observa que el mérito favorable de los autos, no es un medio de prueba sino la aplicación del principio de la comunidad de la prueba, así lo estableció la Sala de Casación Social en la Sentencia de fecha 17 de febrero de 2004, caso “Colegio Amanecer C.A.” al señalar:
…que el mérito favorable de los autos, no es una prueba sino la solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba, o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que le Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte…
En consecuencia, este juzgador acoge la cita jurisprudencial transcrita. ASÍ SE DECLARA.
2) Ratificó el Acta de Matrimonio expedida por el Registro Civil del Municipio Francisco Linares Alcántara, bajo el Nº de Acta 411, folio 223, tomo 3C.
Este Juzgador observa que la copia certificada de Acta de Matrimonio, constituye un Documento Público emanado por la autoridad competente para ello, que no fue impugnada por la contraparte, en cuanto a la existencia del vínculo conyugal que prevalece entre los ciudadanos MARTÍN CÉSAR DÍAZ MORLES y MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA.
En consecuencia, esta Instancia Judicial le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil venezolano vigente, en concordancia con el artículo 155 de la Ley Orgánica de Registro Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
4) Promovió las testimoniales de los ciudadanos: JOHNNY ENRIQUE DÁVILA BETANCOURT, CARLA CECILIA DÍAZ MORLES y YESENNIA YADANIRA RATTIA PRIETO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 13.618.916, V- 9.663.785 y V- 9.679.349, respectivamente.
Pruebas promovidas por la parte demandada en el lapso probatorio.
• Promovió las testimoniales de los ciudadanos: SERGIO PERNIA y LIDIA MENDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 15.736.695 y V- 7.233.359, respectivamente.
Dichas testimoniales fueron imposibles de evacuar ante la incomparecencia de los ciudadanos supra mencionados, declarándose desierto dichos actos. ASÍ SE DECLARA
IV. MOTIVACIÓN PARA DECIDIR.
De la demanda de Divorcio incoada por el demandante, motivada en la causal segunda (2°) del artículo 185 del Código Civil venezolano vigente; este Tribunal pasa a considerar lo siguiente:
Con respecto al hecho de que el demandante denominó como disolución del vínculo matrimonial “divorcio” la acción ejercida en la demanda interpuesta conforme al ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil, el cual está fundamentado en el abandono voluntario.
En este mismo sentido, la autora Isabel Grisanti Aveledo de Luigi (1988), en su obra “Lecciones de Derecho de Familia”, página 291, alude que el divorcio es:
“…la causa legal de disolución del matrimonio. Es la ruptura o extinción de un matrimonio válido, en vida de ambos cónyuges, en virtud de un pronunciamiento judicial.”
De igual manera, la misma autora señala los caracteres del divorcio, siendo éstos:
“A. El divorcio es materia de orden público: El matrimonio es la base principal y más perfecta de la familia y ésta, a su vez, la base de la sociedad. El Estado debe proteger la sociedad y, en consecuencia, la familia y el matrimonio.
El divorcio es causa de disolución del matrimonio y, por ello, afecta la estabilidad de la familia. Es una institución excepcional y dentro de tales límites debe mantenerse. Por esta razón el divorcio es materia de orden público. Las disposiciones legales que lo regulan son de orden público; los particulares no pueden, mediante convenio, modificarlas, relajarlas, ni renunciarlas.
B. En el divorcio es necesaria la intervención del juez. En todo caso de divorcio se requiere la intervención de la autoridad judicial competente, ya que sólo puede resultar de un pronunciamiento judicial.
C. La enumeración de las causales es taxativa. El juez competente sólo podrá declarar el divorcio cuando ha sido alegada y comprobada alguna de las causales previstas en la ley…”
Es entonces, que el artículo 185 del Código Civil, establece:
“…Son causales únicas de divorcio:
1º El adulterio.
2º El abandono voluntario.
3º Los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común.
4º El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución.
5º La condenación a presidio.
6º La adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común,
7º La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este caso el Juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo.
También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año, después de declarada la separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges. En este caso el Tribunal, procediendo sumariamente y a petición de cualquiera de ellos, declarará la conversión de separación de cuerpos en divorcio, previa notificación del otro cónyuge y con vista del procedimiento anterior...”
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Órgano Judicial evidencia que en el caso de marras, se trata de una demanda de divorcio fundamentada en la causal 2° del artículo anteriormente transcrito, es decir, abandono voluntario, por lo que se considera necesario traer a colación la definición propuesta por el autor Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, cuando define que el abandono del hogar conyugal, es aquel cuando:
“[e]l marido está obligado a vivir en una misma casa con su mujer y a prestar a ésta los recursos necesarios. El abandono voluntario y malicioso, por parte de cualquiera de los cónyuges, de la vida en común es causa de divorcio.”
Al respecto, la doctrina ha señalado la definición y condiciones para que pueda cumplirse el abandono voluntario; el autor Raúl Sojo Bianco, en su obra Apuntes de Derecho de Familia y Sucesiones, páginas 174 y 175, ha señalado lo siguiente:
“Se entiende por abandono voluntario, el incumplimiento grave, intencional e injustificado, por parte de uno de los cónyuges, de los deberes de cohabitación, asistencia, socorro o protección que impone el matrimonio (…) el abandono no implica necesariamente la separación del hogar conyugal de uno de los esposos; desde luego, ese podría ser un caso de abandono, más no el único. Puede haber abandono voluntario sin que uno de los cónyuges se desplace fuera del hogar…
Para que haya abandono voluntario, la falta cometida por alguno de los cónyuges debe cumplir tres condiciones, a saber: ser grave, intencional e injustificada.
a) Debe ser Grave: Dentro del sistema de divorcio-sanción, únicamente puede disolverse el matrimonio en vida de los cónyuges cuando alguno de ellos haya incumplido gravemente sus obligaciones. El abandono es grave cuando resulta de una actitud definitivamente adoptada por el marido o por la mujer; pero no lo es si se trata de una manifestación pasajera de disgustos o pleitos casuales entre los esposos.
b) Debe ser Intencional: Aunque el abandono sea grave, no constituye causal de divorcio si no es como señala el Art. 185 C.C.; es decir, intencional. El abandono, como todos los demás hechos y actos que puedan servir de base para el divorcio, tiene que ser intencional, voluntario y consciente.
c) Debe ser Injustificado: A fin de que el incumplimiento de los deberes conyugales por parte de uno de los esposos sea realmente grave y voluntario, es además indispensable que sea injustificado. En efecto, si el esposo culpado de abandono tiene justificación suficiente para haber procedido en la forma como lo hizo, no infringió en realidad las obligaciones que le impone el matrimonio.”
En este sentido, es importante señalar que para que ocurra el abandono voluntario, debe existir un incumplimiento grave, intencional e injustificado, por parte de uno de los cónyuges, de los deberes de cohabitación, asistencia, socorro o protección que impone el matrimonio; así como también es necesario que la falta cometida por alguno de éstos sea grave, intencional e injustificada.
Ahora bien, una vez aclarado el concepto y condiciones para que pueda verificarse el -abandono voluntario-, el demandante es la que tiene la carga de probar los alegatos y motivos en que fundamentó su pretensión, es decir, demostrar que fue objeto de abandono voluntario por parte de su cónyuge, al respecto el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil venezolano, señala que: “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho…” Omissis.
En el caso bajo estudio, se evidencia que la parte demandante alegó que; “(...) Desde el mes de marzo del año 2010 aproximadamente decidió la ciudadana MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA mi actual esposa, abandonar el hogar en vista que nuestra relación marital no podía continuar. (…)”.
Bajo esta premisa se pasa a analizar la deposición del ciudadano JOHNNY ENRIQUE DÁVILA BETANCOURT, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 13.518.916, residenciado en la Urbanización Morros I, calle 138, casa 067, San Diego, Estado Carabobo, propuesto por la parte actora para probar los alegatos formulados en el libelo, por lo que es conviene resaltar el contenido de las preguntas formuladas en los numerales uno al séptimo del acta de deposición, que textualmente señala lo siguiente:
“PRIMERA PREGUNTA: ¿DIGA EL TESTIGO SI CONOCE A LA PAREJA DE CONYUGES CIUDADANOS MARTÍN CÉSAR DÍAZ MORLES y MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA? Contestó: “Si los conozco”. SEGUNDA PREGUNTA: ¿DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA QUE ESTAN CASADOS LOS CIUDADANOS MARTÍN CÉSAR MORLES Y MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA? Contestó: “Si lo se”. TERCERA PREGUNTA: ¿DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA QUE DICHA PAREJA DE CONYUGES HAYA PROCREADO HIJOS DURANTE SU RELACIÓN MATRIMONIAL? Contestó: “No procrearon”. CUARTA PREGUNTA: ¿DIGA EL TESTIGO DESDE CUANDO CONOCE USTED AL CIUDADANO MARTÍN CÉSAR MORLES? Contestó: “20 años aproximadamente o un poco más”. QUINTA PREGUNTA: ¿DIGA EL TESTIGO SI LE CONSTA QUE ESTA SEPARADO SU CONYUGE Y DESDE CUANDO? Contestó: “Si me consta, y de 3 a 4 años aproximadamente.” SEXTA PREGUNTA: ¿DIGA EL TESTIGO SI PRESENCIÓ ALGÚN CONFLICTO ENTRE LOS CONYUGES? Contestó: “No”, SÉPTIMA PREGUNTA: ¿DIGA EL TESTIGO SI SABE QUE LA CIUDADANA MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA NO MANTIENE VIDA CONYUGAL DE PAREJA CON EL CIUDADANO MARTÍN CÉSAR MORLES, NO COHABITAN BAJO EL MISMO TECHO? Contestó: “Tengo entendido de que están separados desde hace 3 o 4 años aproximadamente”.
Es igualmente necesario para este Tribunal señalar expresamente las preguntas y respuestas formuladas por la parte accionante y contestadas por la ciudadana: CARLA CECILIA DÍAZ MORLES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 9.663.785, domiciliada en la Urbanización Las Carolinas, torre Crisantemo PB, Turmero, Estado Aragua, en los numerales del uno al séptimo, las cuales rezan lo siguiente:
“PRIMERA PREGUNTA: ¿DIGA LA TESTIGO SI CONOCE A LA PAREJA DE CONYUGES CIUDADANOS MARTÍN CÉSAR DÍAZ MORLES y MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA? Contestó: “Si los conozco”. SEGUNDA PREGUNTA: ¿DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA QUE ESTAN CASADOS LOS CIUDADANOS MARTÍN CÉSAR MORLES Y MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA? Contestó: “Si me consta”. TERCERA PREGUNTA: ¿DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA QUE DICHA PAREJA DE CONYUGES HAYA PROCREADO HIJOS DURANTE SU RELACIÓN MATRIMONIAL? Contestó: “No”. CUARTA PREGUNTA: ¿DIGA LA TESTIGO DESDE CUANDO CONOCE USTED AL CIUDADANO MARTÍN CÉSAR MORLES? Contestó: “Desde hace 40 años”. QUINTA PREGUNTA: ¿DIGA LA TESTIGO SI LE CONSTA QUE ESTA SEPARADO SU CONYUGE Y DESDE CUANDO? Contestó: “Si esta separado desde hace como 3 años aproximadamente.”. SEXTA PREGUNTA: ¿DIGA LA TESTIGO SI PRESENCIÓ ALGÚN CONFLICTO ENTRE LOS CONYUGES? Contestó: “No”, SÉPTIMA PREGUNTA: ¿DIGA LA TESTIGO SI SABE QUE LA CIUDADANA MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA NO MANTIENE VIDA CONYUGAL DE PAREJA CON EL CIUDADANO MARTÍN CÉSAR MORLES, NO COHABITAN BAJO EL MISMO TECHO? Contestó: “Están separados, no cohabitan”.
Por otro lado, tenemos la deposición de la ciudadana YESENNIA YADANIRA RATTIA PRIETO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.679.349, domiciliada en la Urbanización San Carlos D-2, Nº 08, Sector Los Samanes, Estado Aragua, donde expresó textualmente que:
“PRIMERA PREGUNTA: ¿DIGA LA TESTIGO SI CONOCE A LA PAREJA DE CONYUGES CIUDADANOS MARTÍN CÉSAR DÍAZ MORLES y MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA? Contestó: “Si”. SEGUNDA PREGUNTA: ¿DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA QUE ESTAN CASADOS LOS CIUDADANOS MARTÍN CÉSAR MORLES Y MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA? Contestó: “Si”. TERCERA PREGUNTA: ¿DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA QUE DICHA PAREJA DE CONYUGES HAYA PROCREADO HIJOS DURANTE SU RELACIÓN MATRIMONIAL? Contestó: “No”. CUARTA PREGUNTA: ¿DIGA LA TESTIGO DESDE CUANDO CONOCE USTED AL CIUDADANO MARTÍN CÉSAR MORLES? Contestó: “Aproximadamente 20 años”. QUINTA PREGUNTA: ¿DIGA LA TESTIGO SI LE CONSTA QUE ESTA SEPARADO SU CONYUGE Y DESDE CUANDO? Contestó: “Si me consta y aproximadamente desde hace 3 años”. SEXTA PREGUNTA: ¿DIGA LA TESTIGO SI PRESENCIÓ ALGÚN CONFLICTO ENTRE LOS CONYUGES? Contestó: “No, ninguno”, SÉPTIMA PREGUNTA: ¿DIGA LA TESTIGO SI SABE QUE LA CIUDADANA MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA NO MANTIENE VIDA CONYUGAL DE PAREJA CON EL CIUDADANO MARTÍN CÉSAR MORLES, NO COHABITAN BAJO EL MISMO TECHO? Contestó: “No cohabitan”.
Luego de la lectura de las declaraciones supras transcritas se evidencia que dichas deposiciones se limitaron (en el contexto de las preguntas formuladas) a dar respuesta a hechos que ya estaban demostrados, como es el caso del vínculo conyugal que une a los ciudadanos MARTÍN CÉSAR DÍAZ MORLES y MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA, mediante el Acta de Matrimonio anexa al libelo, mas sin embargo no explican las circunstancias particulares de esa afirmación, vale decir, no describen cómo les consta las declaraciones, ya que no aportaron elemento de convicción suficiente a esta Instancia Judicial, en palpar situaciones de modo, lugar y tiempo en que ocurrió el Abandono que alega la parte demandante en su escrito libelar, ya que se limitaron en responder que si sabían que ambos ciudadanos contrajeron matrimonio y que no convivían juntos, como se observa de las respuestas segunda y quinta, más no dieron certeza del ¿por qué? de sus dichos, ni razón fundada que demuestre que verdaderamente fueron testigos presenciales del hecho constitutivo de la causal segunda del artículo 185 del Código Civil, invocada por la parte actora, aunado al hecho que se desprende de las respuestas a la pregunta sexta, que afirman que “no cohabitan” dichos ciudadanos, pero no dan razón fundada del hecho que generó el Abandono alegado por la actora en su escrito libelar.
En consecuencia de ello, resulta pertinente realizar algunas consideraciones sobre la “razón del dicho”, como presupuesto fundamental para que declaraciones de los testigos gocen del revestimiento de veracidad o verosimilitud que le permita llevar la necesaria y suficiente convicción al ánimo del Sentenciador, expresando que: Como requisito de eficacia de la prueba testimonial para poder ser apreciada por vía de la sana crítica y acceder a la petición del solicitante, tal como lo ha expresado la doctrina, especialmente el procesalista DEVIS ECHANDÍA, el cual profesa que:
“Se requiere que la deposición o declaración del testigo contenga el denominado requisito de la “RAZÓN DEL DICHO”, esto es, el fundamento de la ciencia del testigo.
El testimonio se define como una medio de prueba judicial, consistente en la declaración personal de ciencia o representativa, incluso reconstructiva, que realiza en el proceso un tercero ajeno a él, de hecho pasados –que pueden existir en el presente- de los cuales tiene conocimiento y que son debatidos en la contienda judicial, declaración que como se expresa, se refiere al conocimiento de los hechos debatidos, siendo su naturaleza (de la prueba) una declaración de ciencia y no de voluntad, de ahí que no exista el ánimus testimoniandi, como sí existe en materia de confesión, el animus confitendi. Luego, la declaración versa sobre hechos que conoce el testigo, ocurridos antes del proceso judicial (sea en sede voluntaria o contenciosa), siendo de ciencia o de conocimiento, donde resulta difícil desligar la declaración del testigo de ciertos elementos subjetivos que éste exponga o declare, incluso de juicios de hecho, opiniones o apreciaciones que pueden ser hasta jurídicas, sin que ello invalide la declaración, pues el límite solo se encuentra en los juicios de valor, donde el testigo califica subjetivamente los hechos que percibió, realizando aprobaciones o desaprobaciones ajenos a la simple narración de los hechos, lo cual escapa de la prueba y la inválida, de manera que el juzgador debe ser cuidadoso al apreciar la prueba, pues se insiste, no toda subjetividad es capaz de invalidar la prueba, ya que es permitido el juicio de hecho mas no el de valor y es precisamente en este momento cuanto se hace necesario (al momento de su apreciación), la razón del dicho.
La razón del dicho se encuentra referida a que el testigo debe explicar o fundamentar su respuesta, el motivo de cómo percibió el hecho, cuando lo percibió y donde, esto es, modo, lugar y tiempo de la ocurrencia del hecho o hechos sobre los cuales recaer la prueba, no bastando que el testigo responda que sí conoce los hechos, que no conoce los hechos o que sí le constan, en virtud que debe explicar cuando y de qué manera conoce los hechos, los ha percibido, todo lo cual se traduce en que la respuesta de la declaración del testigo debe contener “LA RAZÓN DE DICHO”, debiéndose referir la respuesta al modo, lugar y tiempo de cómo ocurrió el hecho y como los percibió el testigo, siendo esta la única manera de determinar si el testigo es verdadero o falso, si efectivamente conoce los hechos o los desconoce, pues por notoriedad judicial, se sabe que la mayoría de los testigos que acuden a los Tribunales son preparados para dar una determinada respuesta al interrogatorio y es la razón del dicho, lo que permitirá determinar tal circunstancia.”
Cierto es, que sin la “RAZÓN DEL DICHO” la declaración carece de eficacia probatoria, lo cual entra en la libre apreciación del juzgador (soberanía del juez), debiendo constar en la declaración, de forma clara, exacta, precisa, posible y completa el lugar, modo y tiempo en que ocurrió el hecho sobre el cual versa la prueba de testigos y cómo los percibió el declarante o deponente, pues bajo éstos parámetros, podrá apreciarse si la declaración dada está de acuerdo (concordancia), con la referida razón del dicho, vale decir, la concordancia entre lo ocurrido y lo declarado.”
Por otro lado tenemos adicionalmente como requisito de eficacia de la prueba, que esta se encuentra referido a que exista claridad y seguridad en las conclusiones y declaraciones del testigo y que no aparezcan vagas e incoherentes, circunstancia ésta que se produce cuando el testigo se limita a decir:
1.Si es cierto.
2. No es cierto.
3. Si me consta.
4. No me consta.
5. Puede ser.
6. Quizás.
7. Pudo ocurrir.”
Bajo este contexto, tomando en consideración las deposiciones de los testigos promovidos por la parte actora y lo expresado por el doctrinario Devis Echandía, en cuanto a la razón del dicho, específicamente lo concerniente a que el testigo debe en su declaración fundar o explicar los hechos que dan origen a su testifical, para de esta forma ser un elemento que demuestre la materialización de esa circunstancia que se pretende probar por el demandante, todo esto autoriza a concluir a este Juzgador, que las respuestas dadas por los ciudadanos; JOHNNY ENRIQUE DÁVILA BETANCOURT, CARLA CECILIA DÍAZ MORLES y YESENNIA YADANIRA RATTIA PRIETO, en los particulares QUINTO Y SEXTO, no contienen la razón del dicho, careciendo las mismas de esa razón fundada o explicación de cómo le consta el Abandono por parte de la hoy demandada, ciudadana MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA, siendo estas respuestas; vagas, oscuras, ambiguas e incoherentes, que no permiten analizar o apreciar el modo, tiempo y lugar de la ocurrencia de los hechos y de cómo los percibieron dichos testigos, haciendo inapreciable la prueba testimonial al carecer de requisitos de eficacia, en la finalidad de demostrar el Abandono alegado por la parte demandante, ciudadano MARTÍN CÉSAR DÍAZ MORLES, en su escrito libelar.
Remitiéndonos al caso de autos, este Operador de Justicia ha observado que las declaraciones de los testigos; JOHNNY ENRIQUE DÁVILA BETANCOURT, CARLA CECILIA DÍAZ MORLES Y YESENNIA YADANIRA RATTIA PRIETO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad Nros. V- 13.518.916, V- 9.663.785 y V- 9.679.349, respectivamente, resultan viciadas al incumplir con el requisito de eficacia del “dicho del testigo”, lo cual conlleva de esta manera a que dichas pruebas testimoniales se desechen del proceso por ser las mismas insuficientes en la demostración de la causal segunda del artículo 185 de nuestra Ley Sustantiva Civil, referente al Abandono Voluntario. ASÍ SE DECIDE.
V. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.
Con base a las consideraciones hechas en el capítulo precedente, y una vez apreciadas en su conjunto las pruebas ofrecidas y evacuadas en la presente causa, conforme a los términos establecidos en los artículos 507 y 509 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal llega a las conclusiones siguientes:
1.-Que la parte actora no probó el abandono sufrido del que fue objeto, por parte de su cónyuge ciudadana MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA, mediante las testimoniales evacuadas por los testigos propuestos, por carecer estas del denominado razón del dicho. ASÍ SE DECLARA.
2.-Que la parte demandada no se hizo presente en ningún acto del proceso, sino su Apoderado Judicial, Abogado JAHVIER ALEJANDRO LEMUZ CASTAÑEDA, a pesar de haber estado a derecho.
En ese sentido, este Tribunal concluye, que los medios probatorios aportados al proceso por la parte actora no fueron suficientes para demostrar el abandono que aduce ésta en el libelo de demanda. En consecuencia, al no existir plena prueba de los hechos alegados en la presente demanda, de conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil venezolano, este Tribunal se ve forzado a declarar SIN LUGAR el presente juicio de Divorcio Ordinario como en efecto lo hará en la dispositiva del presente fallo. ASÍ SE DECIDE.
VI. DISPOSITIVA.
Por las razones anteriormente expuestas este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA:
PRIMERO: SIN LUGAR la demanda de Divorcio Ordinario formulada con base a lo establecido en el artículo 185 del Código Civil venezolano vigente, en su ordinal 2do, intentada por el ciudadano MARTÍN CÉSAR DÍAZ MORLES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.696.136, debidamente representado por la Abogada ANA MARÍA MANDOLFO DE VILLEGAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 19.998, contra la ciudadana MAURY SUHEY ESPINOZA LOVERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.129.081, de este domicilio.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón de la especial naturaleza de la materia.
Publíquese, regístrese y déjese copia del presente fallo.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los Dieciséis (16) días del mes de Diciembre del año Dos mil Trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
EL JUEZ TITULAR.
RAMON CAMACARO PARRA
LA SECRETARIA.
NURY CONTRERAS SÁNCHEZ.
RCP/NCS/FG.-
EXP. N° 14.592
En esta misma fecha se registró y publicó la anterior Sentencia siendo las 02:00 p.m.
LA SECRETARIA.
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