REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 31 de enero de 2013 202º y 153º ASUNTO: AP11-V-2009-001341 PARTE DEMANDANTE: BANCO CONFEDERADO, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 21 de junio de 1993, bajo el Nº 332, Tomo I, adicional 6, refundidos sus estatutos sociales en un solo texto según se evidencia de Acta de Asamblea de Accionistas celebrada en fecha 08 de febrero de 2007, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 02 de abril de 2007, bajo el Nº 3, Tomo 18-A. APODERADO JUDICIAL: Abogado Aniello De Vita Canabal, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 45.467. PARTE DEMANDADA: Ciudadanos GEORGE JOSÉ BEHRENS DUCHARNE y ANNIE VIRGINIA MORENO de BEHRENS, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-2.941.011 y V-4.272.867, respectivamente. APODERADO JUDICIAL: No constituyó apoderado judicial a los autos. MOTIVO: Cobro de Bolívares. - I - Se inició la demanda por libelo presentado para su distribución ante la Unidad de Recepción y Distribución del Circuito de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 04 de Diciembre de 2009, correspondiéndole su conocimiento a este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En auto de fecha 17 de diciembre de 2009, se admitió la presente demanda y se ordenó la citación de la parte demandada, ciudadanos GEORGE JOSÉ BEHRENS DUCHARNE y ANNIE VIRGINIA MORENO de BEHRENS, para que comparecieran por ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la última citación, a fin de que dieran contestación a la demanda. Igualmente, se ordenó compulsar el libelo de la demanda y el auto de admisión a fin de que se practicara la citación. En fecha 18 de enero de 2010, compareció el abogado Aniello Canabal, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, consignó los emolumentos necesarios para la práctica de la citación y los fotostatos requeridos en el auto de admisión. Siendo proveído dicho pedimento por auto de fecha 19 de enero de 2010. En fecha 03 de marzo de 2010, compareció el apoderado judicial de la parte demandante y solicitó la apertura del cuaderno de medidas. Por auto de fecha 08 de marzo de 2010, este Juzgado instó al referido apoderado a consignar las copias necesarias para su apertura. Siendo consignadas las mismas en fecha 09 de marzo de 2010 y aperturandose el cuaderno de medidas, en fecha 11 de junio de 2010. Mediante auto de fecha 06 de julio de 2010, este Juzgado ordenó oficiar al Banco Bicentenario, a fin de participarle la existencia del presente juicio. En fecha 12 de noviembre de 2010, el alguacil de este Circuito Judicial, manifestó que no fue posible cumplir con la citación de los demandados, por cuanto luego de tocar la puerta en innumerables ocasiones no respondió persona alguna. En fecha 17 de noviembre de 2010, compareció el apoderado judicial de la parte actora y solicitó la citación por carteles. Siendo acordada la misma por auto de fecha 19 de noviembre de 2010. En fecha 18 de noviembre de 2010, este Juzgado en el cuaderno de medidas decretó Medida de Embargo Preventivo sobre los bienes propiedad de la parte demandada. Por diligencia consignada en fecha 03 de marzo de 2011, el abogado Aniello De Vita Canabal, dejó constancia de haber retirado el oficio dirigido al Juzgado Distribuidor Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. - II - Ahora bien, en virtud de lo antes transcrito, este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico: Que desde el día 03 de marzo de 2011, fecha en que se retiró el oficio dirigido al Juzgado Distribuidor Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, hasta la presente fecha, ha trascurrido más de un (01) año sin que se haya impulsado la citación de la parte demandada ni se haya realizado algún acto del procedimiento, por lo que este Juzgado observa que no existe interés alguno por la parte actora, para impulsar o gestionarla citación acordada, evidenciándose así la falta de interés del actor en el perfeccionamiento de la relación jurídica procesal, y por cuanto ha transcurrido en el presente procedimiento más de un (01) año, sin que se haya perfeccionado la citación, y sin que se le haya dado impulso procesal al presente juicio, forzosamente este Despacho debe concluir que, en el caso de autos ha operado la perención a la que hace referencia el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente: ...”La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” En este sentido ha sido criterio reiterado por la Jurisprudencia que, no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino aquel que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así por ejemplo, la Sala de Casación Civil, como la Sala Político- Administrativa han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación en el proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención. En el caso de autos, se evidenció que desde el 03 de marzo de 2011, no se a gestionado la practica de la citación, aunado a que la actora no ha realizado ningún acto de procedimiento y por cuanto ha transcurrido mas de un (01) año desde la fecha en que retiraron el oficio para la practica de la medida decretada, sin que se haya ejecutado ningún acto de procedimiento y evidenciándose que no consta en autos que se haya practicado la citación personal ordenada, a los efectos de trabar la litis, por la falta de actividad de la parte actora, quien tiene la carga procesal de gestionar que la citación se cumpla efectivamente. Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir a través de la sentencia o por las llamadas formas de autocomposición procesal, y la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Esta institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido. Es por ello que, los actos que debe efectuar el actor tendiente a que el órgano jurisdiccional pueda citar al demandado no son deberes u obligaciones procesales, sino que constituyen cargas procesales. Aceptar lo contrario conllevaría, tácitamente a la aceptación de que no existe interés en la propia pretensión deducida o en convenir acerca de que pueden deducirse pretensiones carentes de fundamentación, lo cual desnaturaliza el proceso. Entre los casos previstos en los cuales operaria la perención como consecuencia del comportamiento negligente de la o de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de ser él, el interesado en que se perfeccione la citación del demandado, a los fines de poder entablar la relación jurídica procesal, la falta de manifestación de ese interés propio es sancionado con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda. Por tanto siendo que, la demanda debidamente admitida es el acto que da inicio al proceso, que ella contiene la pretensión cuya satisfacción pide el actor al órgano jurisdiccional, y que la citación es una formalidad necesaria para la validez del juicio y el establecimiento de la relación jurídico procesal. Realizadas como ha sido tales consideraciones, es forzoso para este Juzgador concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio, y el primero de ellos consistía en cumplir con las cargas procesales tendiente a lograr la citación de la parte demandada, y en virtud que desde que el día 03 de marzo de 2011, fecha de la última actuación hasta la presente fecha, se desprende que la parte actora no ha tramitado la citación ordenada, transcurriendo por ante este Despacho más de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento para la continuación de la causa, es por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara. - III - Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo estatuido en el artículo 267, en concordancia con lo previsto en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 31 de Enero de dos mil trece (2013). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación. EL JUEZ, DR. JUAN CARLOS VARELA RAMOS LA SECRETARIA Abg. DIOCELIS PÉREZ BARRETO En la misma fecha, siendo las 12: 55 de la tarde, se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley.- LA SECRETARIA, Abg. DIOCELIS PÉREZ BARRETO Asunto: AP11-V-2009-0001341.- JCVR/DPB/ Iriana.-