REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
202º y 153º


DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS.

PARTE DEMANDANTE: ÁNGEL TOMÁS MARTÍNEZ ALVÁREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. V- 3.140.708.
APODERADO JUDICIAL: CARLOS MARQUINA, Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 24.574.
PARTE DEMANDADA: LUIS RICARDO ESTEVES VALERA y CELSA MARÍA MUÑOZ DE ESTEVES, venezolanos, mayores de edad, cónyuges de este domicilio, titulares de la Cédula de Identidad No. V-235.598 y V-986.209, respectivamente
APODERADOS JUDICIALES: LUIS ENRIQUE PICHARDO LOPÉZ y RAIZA SALAZAR AROCHA, Abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 32.991 y 35.433, respectivamente.
No. EXPEDIENTE ITINERANTE: 0102-12
No. EXPEDIENTE ANTIGUO: AH1B-V-1999-000011
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.

SÍNTESIS DE LA LITIS.-

Este proceso se inició por demanda incoada por el ciudadano ÁNGEL TOMÁS MARTÍNEZ ALVÁREZ, en fecha 08 de Diciembre de 1999, contra los ciudadanos LUIS RICARDO ESTEVES VALERA y CELSA MARÍA MUÑOZ DE ESTEVES, por Cumplimiento de Contrato, la cual fue admitida en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 17 de enero de 2000 (Folio 28).
En fecha 24 de enero de 2000, el apoderado judicial de la parte actora solicitó por medio de diligencia la apertura del cuaderno de medidas y el decreto de la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el inmueble (folio 29).
En fecha 28 de enero de 2000, por medio de auto dictado se decretó la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el inmueble en litigio (folio 1, cuaderno de medidas).
En fecha 31 de enero de 2000, el Alguacil del Tribunal dejó constancia de la entrega de los recibo de citación (folio 30).
En fecha 10 de marzo de 2000, el apoderado judicial de la parte demandada consignó escrito de Cuestiones Previas (folio 33).
En fecha 20 de marzo de 2000, el apoderado judicial de la parte actora consignó escrito de subsanación de las Cuestiones Previas opuesta por la parte demandada (folio 39).
En fecha 30 de marzo de 2000, el apoderado judicial de la parte demandada consignó Escrito de Contestación de la Demanda (folio 49).
En fecha 03 de mayo de 2000, el apoderado judicial de la parte demandada consignó escrito de Promoción de Pruebas (folio 57).
En fecha 04 de mayo de 2000, el apoderado judicial de la parte actora consignó escrito de Promoción de Pruebas (folio 62).
En fecha 23 de mayo de 2000, el apoderado judicial de la parte demandada consignó diligencia en donde se opuso a la admisión de pruebas propuestas por la parte actora (folio 77).
En fecha 02 de junio de 2000, por medio auto dictado se admitieron las pruebas presentadas por las partes (folio 79).
En fecha 13 de junio de 2000, el apoderado judicial de la parte demandada Apeló del auto dictado en fecha 02/06/00 (folio 80).
En fecha 13 de julio de 2000, el apoderado judicial de la parte actora solicitó oficiar al Juzgado Distribuidor de Municipio a fin de evacuar las testimoniales solicitadas y fijar la inspección judicial solicitada (folio 82).
En fecha 14 de julio de 2000, el apoderado judicial de la parte demandada mediante diligencia ratificó la diligencia de fecha 13/06/00 (folio 83).
En fecha 18 de julio de 2000, por medio de auto dictado se ordenó oir la Apelación en un solo efecto devolutivo (folio 84).
En fecha 02 de agosto de 2000, por medio de auto dictado se acordó lo solicitado por la parte actora en fecha 13/07/90 (folio 88).
En fecha 11 de agosto de 2000, por medio de auto dictado se acordó librar los oficios acordados por auto dictado en fecha 02/06/00 (folio 97).
En fecha 25 de septiembre de 2000, el apoderado judicial de la parte actora solicitó la Inspección Judicial admitida en fecha 02/06/00 (folio 102).
En fecha 29 de septiembre de 2000, el apoderado judicial de la parte demandada por medio de diligencia consignada, solicitó prórroga el lapso probatorio y Apeló el auto de fecha 25/09/00 (folio 108).
En fecha 05 de octubre de 2000, por medio de auto dictado se mantuvo el lapso de prórroga concedido a las partes (folio 109).
En fecha 09 de octubre de 2000, el apoderado judicial de la parte demandante, por medio de diligencia consignada desistió de la inspección judicial (folio 111).
En fecha 08 de noviembre de 2000, el apoderado judicial de la parte demandada consignó Escrito de Informes (folio 116).
En fecha 03 de mayo de 2001, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en fecha 13/06/00 (folio 282).
En fecha 22 de junio de 2001, el Alguacil del Tribunal dejó constancia de haber entregado la Boleta de notificación a la parte actora (folio 304).
En varias oportunidades la parte demandada por medio de diligencia solicitó sentencia, siendo su última actuación en fecha 20 de septiembre de 2005 (folio 326).
Posteriormente, en fecha 09 de Febrero de 2012, en virtud de la Resolución Nº 2011-0062 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la remisión del presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de la Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción, a los fines de su distribución, correspondiéndole previo sorteo de ley a este Juzgado, conocer de la causa.
En fecha 26 de Marzo de 2012, la Secretaria de este Juzgado Noveno de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, le dio entrada y ordenó asentarla en los libros correspondientes , y por auto dictado en fecha 31 de mayo de 2012, esta Juzgadora se abocó al conocimiento de la presente causa y ordenó la notificación mediante boleta y cartel a todas las partes.

PARTE MOTIVA.-

De la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente se observa que en virtud de la entrada en vigencia de la Resolución Nº 2011-0062 de fecha 30 de Noviembre de 2011, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la cual se le atribuye a este Juzgado competencia como Juzgado Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, quien suscribe el presente fallo, previo abocamiento efectuado y notificadas ambas partes, procede a revisar previamente las actuaciones procesales, con el fin de verificar si en la presente causa se consumó la pérdida del interés procesal de parte de los actores, con lo cual puede devenir en el decaimiento y extinción de la acción.
Estando en la oportunidad procesal correspondiente, habiéndose efectuado previamente una síntesis de los hechos, y remitido previa distribución como ha sido a este Tribunal el conocimiento de las presentes actuaciones, esta Juzgadora pasa a emitir su pronunciamiento con base a las siguientes consideraciones:
El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho de toda persona a acceder “a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente (…)”
Así, la acción como derecho, facultad o poder reconocido Constitucionalmente, deviene del interés de todas las personas de instar al Órgano Jurisdiccional, a fin de que se le tutele su derecho, el cual se materializa con la interposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso hasta obtener una decisión.
La ¨jurisprudencia normativa¨ del Tribunal Supremo de Justicia creó la figura del Decaimiento de la instancia, el cual ocurre cuando el juicio está paralizado por un lapso mayor al que la ley establece para que se produzca la prescripción o la caducidad de la acción. Es decir, se considera a la prescripción como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, tomando en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda, lo cual es un argumento que tiende a clarificar la relación entre uno y otro lapso a los fines de establecer si el proceso ha decaído en estado de sentencia por falta de actividad del actor. En sentencias emanadas de la Sala Constitucional caso Felipe Bravo Amado de fecha 29 de junio de 2001, caso Carlos Vecchio y otros de fecha 28 de abril de 2009 precisan la definición de acción y de interés procesal para que pueda poner en movimiento al órgano jurisdiccional.
Así, en la sentencia del 1º de junio de 2001, la Sala Constitucional previó el decaimiento de la instancia por inactividad indicando:
“…la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara”. La falta de interés puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe.
En este sentido, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, mediante sentencia N° 1.167, de fecha 29 de junio de 2001 (Caso: Felipe Bravo Amado), precisó la definición de acción, en los términos siguientes:
“…La acción es el derecho de las personas a exigir de los órganos jurisdiccionales, mediante el proceso, la resolución de una controversia o de una petición, independientemente de que obtengan o no sentencia favorable. La acción pone en movimiento a la jurisdicción y una de las formas de su extinción es la sentencia que finaliza definitivamente el proceso. Con el ejercicio del derecho de acción se crea en el Estado, por intermedio del órgano jurisdiccional competente, la obligación de prestar la función jurisdiccional…”.

Ahora bien, la Sala Constitucional mediante decisión Nº 416, de fecha 28 de abril de 2009 (Caso: Carlos Vecchio y otros), indicó:
“El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
“La jurisprudencia normativa” del Tribunal Supremo de Justicia creó la figura del decaimiento de la instancia, el cual ocurre cuando el juicio está paralizado, por un lapso mayor al que la ley establece, para que se produzca la prescripción o la caducidad de la acción.
La extinción del proceso por abandono es de orden público pues ayuda a desbrozar los tribunales de expedientes estáticos que dificultan la dinámica jurisdiccional, reclamada por la garantía constitucional de celeridad y oportunidad de la respuesta del Estado a la acción judicial propuesta. El accionante debe instar el fallo o demostrar interés en él”.

De la anterior transcripción se aprecia que la Sala Constitucional ratifica su criterio con relación al interés procesal y el carácter imperativo de que el mismo se mantenga durante todo el proceso, pues su pérdida puede devenir en el decaimiento y extinción de la acción. La inactividad denota desinterés procesal.
En este mismo orden de ideas, la “jurisprudencia normativa” también interpretó el artículo 26 constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, estableciendo que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el Juez puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción previa la notificación del actor, en las formas previstas para ello en el Código de Procedimiento Civil, de esta manera se garantiza a las partes el debido proceso y el derecho a la defensa como uno de los pilares de la cultura jurídica.
En el Código Civil venezolano, al menos, no existe disposición legal alguna que en forma expresa establezca que la pendencia del juicio constituye una instancia permanente de cobro o reclamo del derecho subjetivo sustancial que se pretende en la demanda, en forma que, si bien la citación para la contestación de la demanda (vocatio in ius) interrumpe la prescripción, no obstante, tal cosa no ocurre cuando el juicio queda paralizado, y por ello se ha de suponer que la paralización que se prolonga por el lapso señalado en las decisiones de la “jurisprudencia normativa”, provoca la extinción del proceso y la extinción de la acción. Por eso que el decaimiento de la instancia puede denominarse también decaimiento de la acción.
Ahora bien, se evidencia de la revisión de las actas procesales que conforman el expediente que la misma se trata de un Cumplimiento de Contrato de Opción de Compra-Venta de un inmueble (apartamento) incoada en fecha 08/12/99, la cual fue admitida por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 17 de enero de 2000. Se ventila la presente causa por motivo de incumplimiento de Contrato de Opción a Compra-Venta de un inmueble por la parte demandada, dicho documento fue protocolizado en fecha 25/09/98 y en dicho acto, se le entregó la cantidad de Cuatro Millones de Bolívares, hoy Cuatro Mil Bolívares fuertes (Bsf. 4.000,00) por concepto de inicial en calidad de garantía, posteriormente las partes acordaron prorrogar por ciento (120) días más para materializar la venta definitiva. Se evidencia, que el Tribunal dictó auto en donde admitió las pruebas de las partes; sin embargo, la parte demandada interpuso un Recurso de Apelación, debido a que tales pruebas fueron presentadas en forma extemporánea, luego la parte demandada vuelve a interponer un recurso de Apelación por otro auto dictado, en el cual se acordó una prórroga por un lapso de cinco (05) días de Despacho a los fines de practicar la Inspección Judicial promovida por la parte actora. El Tribunal dictó un auto en donde señaló que el lapso de prórroga concedido a las partes se mantiene. Por último, en fecha 03/05/01 el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada en fecha 13/06/00.
Este Tribunal observa, que la última actuación del apoderado judicial de la parte actora fue realizada en fecha 09/10/00, en donde desistió de la evacuación de la inspección judicial de un documento privado. La última actuación de la parte demandada, fue realizada en fecha 20/09/05 en donde solicitó sentencia definitiva desde esta última fecha, las partes ni por sí ni por medio de apoderados judiciales, han solicitado la continuación del procedimiento. Es importante señalar que la actora siendo la interesada en el cumplimiento de la obligación de la entrega del apartamento o la cancelación de las cantidades de dinero descritas en el libelo de demanda, no continuó impulsando el proceso y mucho menos insistió en sus pretensiones, aunado a que la presente causa se encuentra en estado de dictar sentencia, las partes fueron notificadas en fecha 22 de Octubre del presente año, por este Juzgado del abocamiento en la presente causa, mediante boleta y cartel de notificación, fijado tanto en la sede del Circuito Judicial de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial como en la sede de este Juzgado y, en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, para garantizar el debido proceso y alcanzar la tutela judicial efectiva en el que no comparecieron ante este Tribunal a fin de demostrar interés en la causa, denotándose de forma clara, lacónica e inequívoca una absoluta ausencia de actividad procesal de las partes, desde el 20 de septiembre de 2005, hasta la presente fecha, donde la causa ha sido evidentemente abandonada por las partes.
Visto que la pérdida del interés procesal se produjo en la etapa de sentencia y que rebasa el término de prescripción, concluye esta Juzgadora que en este proceso ha decaído el interés del accionante, lo que se pone de manifiesto tras apreciar su inactividad procesal por un lapso aproximado al de la prescripción del derecho objeto de la pretensión. En consecuencia resulta forzoso para esta Juzgadora declarar el decaimiento y la extinción de la presente acción, por pérdida del interés de las partes en la prosecución de la presente causa. Y así expresamente se decide.

DISPOSITIVA.-

Por los razonamientos antes expuestos este JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA SOBREVENIDA DE INTERÉS PROCESAL de las partes involucradas, en el juicio de Cumplimiento de Contrato intentado por ÁNGEL TOMÁS MARTÍNEZ ALVÁREZ , venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. V- 3.140.708, representado por CARLOS MARQUINA, Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 24.574, contra los ciudadanos LUÍS RICARDO ESTEVES VALERA y CELSA MARÍA MUÑOZ DE ESTEVES, venezolanos, mayores de edad, cónyuges de este domicilio, titulares de la Cédula de Identidad No. V-235.598 y V-986.209, respectivamente, representados por LUIS ENRIQUE PICHARDO LOPÉZ y RAIZA SALAZAR AROCHA, Abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 32.991 y 35.433, respectivamente.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se confirma en todas y cada una de sus partes el fallo apelado.
TERCERO: Por la naturaleza de la presente decisión, no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Déjese copia certificada de esta decisión en el copiador correspondiente, según prevé el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE y REGISTRESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de Enero de Dos Mil Doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
LA JUEZ TITULAR
Dra. ADELAIDA C. SILVA MORALES

EL SECRETARIO
Abg. WLADIMIR SILVA C.

En esta misma fecha siendo la 11:00 a.m., se registró y publicó la anterior decisión.

EL SECRETARIO
Abg. WLADIMIR SILVA C.



No. EXP. ITINERANTE: 0102-12
No. EXP. ANTIGUO: AH1B-V-1999-000011
ASM/WS/DARWIN