REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA Maracay, 21 de febrero de 2013 202º y 153º Visto el escrito de promoción de pruebas consignado en fecha 19 de febrero de 2013, por la por la sociedad mercantil GRABADOS NACIONALES, C.A, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el contra acto administrativa Nro. PA/US.ARA/0012-2012, de fecha 22 de marzo de 2012, emanado por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Aragua (Diresat-Aragua), del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), mediante la cual, resolvió imponer multa por la cantidad de Ciento veintisiete mil doscientos sesenta (Bs. 127.260,00), siendo la oportunidad legal para pronunciase sobre los medios probatorios promovidos, pasa a decidir en los siguientes términos: En lo que respecta al particular primero del escrito promocional, donde se promueve el mérito favorable de autos, se precisa que, no es un medio de prueba, sino la solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba, o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, en el entendido que una vez constan en el expediente las pruebas, ya no le pertenecen a los promoventes, sino que tienen como única función crear convicción en el juzgador para el esclarecimiento de la controversia. Así se establece. En cuanto al particular segundo del escrito promocional, se admiten cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, las documentales indicadas, las cuales se contraen a ratificar las documentales producidas con el libelo; y, por cuanto dichos documentos cursan en autos, manténganse en el expediente. En lo que respecta al contenido del Capítulo III, del escrito de promoción de pruebas en el cual la promovente solicita que se oficie al órgano administrativo recurrido, a los fines de que remite el expediente administrativo; se verifica que la promovente promovió dicho medio probatorio de conformidad con las previsiones del artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, referido dicha norma a la prueba de informes, a los fines de decide sobre el medio probatorio promovido, se observa: En primer lugar, debe precisar esta Juzgado, que en el contencioso administrativo laboral, los tribunales deben aplicar el procedimiento regulado en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y no el previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se declara. En segundo lugar, se puntualiza, que el recurrente intenta traer a las actas procesales datos o elementos de juicio que consten en un documento, siendo la norma aplicable el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, conforme a las previsiones del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. A este respecto, se observa que el encabezamiento del artículo 433 eiusdem, dispone lo siguiente: “Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, Bancos, Asociaciones gremiales, Sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares, aunque estas no sean parte en el juicio, el Tribunal, a solicitud de parte, requerirá de ellos informes sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos instrumentos, o copia de los mismos”. (Resaltado de este Juzgado) De la norma reproducida en el párrafo que antecede, se evidencia que la prueba de informes puede ser requerida a toda oficina pública o privada, con el objeto de obtener específica información sobre hechos litigiosos contenidos en instrumentos que se hallen en esas dependencias y de los cuales no tenga acceso la parte promovente, o su disponibilidad sea limitada. Este Tribunal considera que la prueba promovida en el capítulo tercero del escrito de promoción del recurrente, configura un supuesto de solicitud dirigida a la contraparte, es decir, al ente administrativo del cual emanó el acto que se impugna mediante el juicio de nulidad. De acuerdo a lo anterior, al apreciar este Juzgado que el objeto de la prueba de informes era requerir información a la contraparte, se determina que el medio probatorio promovido es ilegal, por cuanto la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Aragua (Diresat-Aragua), siendo parte en el presente juicio de nulidad, no está legalmente obligada a informar a su contraparte, siendo en consecuencia inadmisible la prueba de informes promovida por la parte accionante. Así se decide. A mayor abundamiento debe indicar este Tribunal, que fue solicitada a la administración la remisión de los antecedentes administrativos con la notificación ordenada; y consta a los autos que fue recibido por el órgano recurrido en fecha 26 de octubre de 2012; en ese sentido, se precisa que la Administración está en la obligación de consignar al expediente todos los antecedentes, instrumentos, o documentación que reposen en su sede y sobre los cuales posee un poder de disposición que sean requeridos por el Órgano Jurisdiccional, toda vez, que esos documentos permitirán brindar a éste, elementos esenciales a la resolución del caso. No obstante, que la carga natural de consignar el expediente administrativo corresponda a la Administración, ello no implica que el administrado no tenga la carga de traer a los autos los elementos de prueba que nacen en su propio interés, incluyendo copia certificada del expediente administrativo. Así se declara. El Juez, _____________________ JOHN HAMZE SOSA La Secretaria, _______________________________¬¬¬¬¬____ KATHERINE NATHALIE GONZALEZ Exp. No. DP11-N-2012-000170. JHS/kng.