REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, diecinueve de julio de dos mil trece 203º y 154º PARTE ACTORA: OLIMPIA NOUEL DE GALAVIS, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº 1.758.750 REPRESENTACION JUDICIAL: JAIME MARTINEZ PEÑUELA, Abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 1.060. PARTE DEMANDADA: CARLOS SULTAN, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº 5.533.389. REPRESENTACIÓN JUDICIAL: Se le designó defensor Judicial al abogado WILLIAMS PEREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 58.565. MOTIVO. DESALOJO. SENTENCIA INTERLOCUTORIA. La demanda que dio inicio al presente proceso, fue presentada para su distribución por el abogado Jaime Martínez Peñuela, quien en su condición de apoderado judicial de la ciudadana Olimpia Margarita Nouel de Galavis, demandó al ciudadano Carlos Sultán al desalojo del apartamento distinguido con el número y letra 5-B, ubicado en el piso 5 del Edificio denominado SUITES PROFESIONALES LOS CAOBOS, situado en la Calle Buenos Aires, Urbanización Los Caobos, Municipio Libertador del Distrito Capital argumentando en sustento de su pretensión que la ciudadana Olimpia Margarita Nouel de Galavis es propietaria del citado inmueble y en tal carácter celebro contrato de arrendamiento sobre el inmueble antes identificado con el ciudadano Carlos Sultán, el cual comenzó a regir el día 1 de abril de 2.005, por el plazo fijo de un año que finalizó el 1 de abril de 2.006 prorrogada la relación arrendaticia mediante la suscripción de un nuevo contrato entre las partes en fecha 1 de abril de 2.006 que finalizó el 1 de abril de 2.007, convertido a tiempo indeterminado por efectos de la tácita reconducción al vencerse la prorroga legal en fecha 1 de abril de 2.008 y continuar el arrendatario en el inmueble con el consentimiento de la arrendadora, quien recibió el pago de los cánones de arrendamiento con posterioridad a dicha fecha, pero a partir del mes de agosto de 2.008, el arrendatario se insolventó en el pago de los cánones de arrendamiento, adeudando a la fecha de interposición de la demanda los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses que se hicieron exigibles desde el mes de agosto de 2.009 al mes de agosto de 2.012, a razón de un mil seiscientos treinta y cinco bolívares por mes. Añade que ambas partes con el transcurso del tiempo han aceptado el carácter de uso residencial no comercial que se le ha dado al apartamento objeto del contrato, pues el Edificio Suites Profesionales Los Caobos, está destinado a oficinas, por tanto, no cabe la menor duda que nos encontramos en presencia de una relación arrendaticia suscrita sobre un inmueble de uso comercial. Señala además que el arrendatario tampoco cumplió con el pago de los gastos de condominio y es por esas razones que demanda el desalojo del inmueble y el pago como indemnización del monto que por cánones de arrendamiento adeuda el demandado. Cumplidas a cabalidad las obligaciones legales para el logro de la citación de la parte demandada, está no compareció al proceso ni por sí, ni por intermedio de apoderado a darse por citada, en razón de ello el Tribunal le designó defensor judicial, cargo que recayó en la persona del Abogado Williams Perez, quien debidamente juramentado y habiendo aceptado el cargo compareció a dar contestación a la demanda el día 18 de junio de 2.013, consignando con su contestación telegrama dirigido al demandado en fecha 13 de junio de 2.013, es decir, el mismo día que se dio por citado para la contestación, sin que haya aportado a los autos elemento probatorio alguno del cual se desprenda que localizó al demandado y lo puso en conocimiento de su designación ni que el telegrama haya sido efectivamente entregado. El Tribunal a tales efectos observa: Respecto a las obligaciones que debe cumplir el defensor ad litem, es pertinente traer a colación la sentencia de fecha 26 de enero de 2004, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero que dejo sentando lo siguiente:” El derecho de defensa en el proceso, contemplado como derecho fundamental en el artículo 49 constitucional, se desarrolla legalmente mediante varias instituciones, siendo dos de ellas la de la defensoría y la de la necesidad de la doble instancia (la cual admite excepciones)”. En ese mismo orden de ideas, la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 26 de enero de 2004 (Caso: Luis Manuel Díaz Fajardo) en la cual se hizo un análisis de las obligaciones del defensor designado de oficio (Defensor ad litem), a la luz del derecho constitucional a la defensa previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dejó sentado el criterio que a continuación se expone: “Ahora bien, la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el (sic) de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa. Pero debe la Sala, en aras a delinear las relaciones del derecho de defensa y la función del defensor ad litem, proceder a analizar, cómo debe encarar tal función el defensor, a fin de cumplir con ella cabalmente. En este sentido, la Sala considera que es un deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como los medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba documental producida por el demandante. El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del propio texto legal (artículo 226 del Código de Procedimiento Civil), que prevé el suministro de las litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias (probatorias, etc.) a favor del demandado. Lo expuesto denota que para que el defensor cumpla con su labor, es necesario, que de ser posible, entre en contacto personal con el defendido, a fin de preparar la defensa. Para tal logro no basta que el defensor envíe telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino que para cumplir con el deber que juró cumplir fielmente, debe ir en su búsqueda, sobre todo si conoce la dirección donde localizarlo. A juicio de esta Sala, la lectura del artículo 225 del Código de Procedimiento Civil, apuntala lo que la Sala destaca como forma de ejercicio de la función de defensor ad litem. En efecto, dicha norma dispone que el Tribunal al hacer el nombramiento del defensor dará preferencia en igualdad de circunstancias a los parientes y amigos del demandado o a su apoderado, si lo tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, si lo hubiere y quisiere hacerla. Cuando el legislador toma en cuenta que para la designación se prefiere a los apoderados, a los parientes y amigos del demandado, y se oiga a su cónyuge (si se tratare de persona natural, casada) lo que se está significando es que el defensor a nombrarse debe tener interés en la defensa, debido a sus nexos con el defendido, lo que demuestra que es la defensa plena la razón de la institución. Tal norma (artículo 225 del Código de Procedimiento Civil), colide con la Ley de Abogados (artículo 4), que establece que la representación en juicio sólo corresponde a abogados en ejercicio, y aunque el defensor ad litem no es un mandatario; sin embargo, el espíritu de dicha ley especial -que debe ser respetado- es que la actividad procesal sea efectuada por abogados en ejercicio, por lo que los parientes y amigos mencionados en el artículo 225 citado, deben ser abogados para ser defensores, pero por el hecho de que no lo sean y no se les pueda nombrar, no surge razón para no consultarlos sobre cuál profesional del derecho será nombrado defensor, ya que lo que se busca es que quien asuma la defensa tenga interés en ella. En el caso de autos, constaba en el expediente laboral la dirección del demandado, antes de la fecha del nombramiento del defensor. Luego, era impretermitible que el defensor acudiera a la dirección del defendido a preparar la defensa, a menos que éste se negare, no bastando a ese fin enviarle un telegrama notificándole el nombramiento. Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomó en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara.” En ese mismo orden de ideas la decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 10 de octubre de 2.012, con ponencia de la Magistrada Gladys Maria Gutierrez Alvarado, precisó lo siguiente: “…Tal como alegó la ciudadana Virginia Ivonne Rojas, en el juicio principal se le designó un defensor ad litem para resguardar sus derechos e intereses quien en ejercicio de su defensa realizó las siguientes actuaciones: i) afirmó haber acudido a la siguiente dirección de la demandada cursante en los autos del juicio originario: “apartamento A-7-2, piso 8 Unidad ‘A’ Edificio El Paraíso, calle Loyola, frente a la Plaza Madariaga Urbanización El Paraíso”, actuación respecto de la cual no hay prueba alguna en los autos; ii) el 22 de enero de 2007, dirigió comunicación, a través de de DOMESA a la siguiente dirección Residencias Caroní, Apto 102, Av. El Cafetal, Caurimare, Caracas, Municipio Baruta; iii) contestó la demanda, acto en el que se limitó a rechazar, negar y contradecir la demanda, específicamente, negó que la demandada hubiese vendido sus derechos al demandante. Aparte de esas gestiones, no realizó ninguna otra actuación procesal a favor de su defendida y, contrario a los deberes que le impone su cargo y el ejercicio de la abogacía, no asistió al acto de evacuación de dos testigos de la parte demandante y no apeló contra el fallo definitivo pese a que resultó contrario a los intereses de su cliente. (Omissis)… Del estudio de las actuaciones realizadas y visto lo expuesto por esta Sala Constitucional respecto de la obligación del defensor ad litem de procurar en su buena defensa el contacto con su defendido, se concluye que el abogado designado como defensor de la demandada no cumplió con los deberes inherentes a su cargo, puesto que se evidencia de su actuación, comprobable en los autos, que sus diligencias para ponerse en contacto con su defendida se redujeron el envío de una comunicación que resultó ineficaz pues, fue remitida a la dirección de la parte demandada y no de su defendida, ante esa circunstancia, no resulta creíble que el defensor hubiere acudido a la dirección de la demandada pues, de haber sido así no habría cometido semejante error en la remisión de comunicación, ya que las direcciones del demandante y la demandada quedan en Municipios diferentes pertenecientes al Área Metropolitana de Caracas que, ni siquiera, están próximos el uno del otro. Aunado a ello, la Sala aprecia como otra evidencia de la negligencia del defensor ad litem, que la carta que remitió el abogado fue enviada apenas diez (10) días continuos antes de la contestación, pese a que la juramentación del abogado fue realizada dos meses antes, con lo cual en criterio de la Sala, ni siquiera en el caso de haberla remitido a la dirección correcta, habría dado tiempo para la preparación de una defensa adecuada. En adición, el defensor no acudió a la evacuación de los testigos de la parte actora ni apeló contra la decisión dictada, lo que originó que la misma quedara definitivamente firme. En tal virtud, se estima que la actuación del defensor ad litem José Luis Villegas y su participación en la defensa de los derechos de su representada fue prácticamente inexistente y dejó en completo estado de indefensión a la ciudadana Virginia Ivonne Rojas. Esta Sala, en sentencia n.° 531 del 14 de abril de 2005, (caso: Jesús Rafael Gil) expresó que: “…la designación de un defensor ad litem se hace con el objeto de que el demandado que no pueda ser citado personalmente, sea emplazado y de este modo se forme la relación jurídica procesal que permita el desarrollo de un proceso válido, emplazamiento que incluso resulta beneficioso para el actor, ya que permite que la causa pueda avanzar y se logre el resultado perseguido como lo es la sentencia; el abogado que haya sido designado para tal fin juega el rol de representante del ausente o no presente, según sea el caso y tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, con la diferencia que, su mandato proviene de la Ley y con la excepción de las facultades especiales previstas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, mediante el nombramiento, aceptación de éste, y respectiva juramentación ante el Juez que lo haya convocado, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley de Juramento, se apunta hacia el efectivo ejercicio de la garantía constitucional de la defensa del demandado (…). (…) Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el Juez como rector del proceso debe proteger los derechos del justiciable, más aún cuando éste no se encuentra actuando personalmente en el proceso y su defensa se ejerce a través de un defensor judicial, pues como tal debe velar por la adecuada y eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar en cuanto le sea posible la transgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente defensa a favor del demandado por parte de un defensor ad litem. Asimismo, ha sido criterio de la doctrina que el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil constriñe al Juez a evitar el perjuicio que se le pueda causar al demandado, cuando el defensor ad litem no ejerce oportunamente una defensa eficiente, ya sea no dando contestación a la demanda, no promoviendo pruebas o no impugnando el fallo adverso a su representado, dado que en tales situaciones la potestad del juez y el deber de asegurar la defensa del demandado le permiten evitar la continuidad de la causa, con el daño causado intencional o culposamente por el defensor del sujeto pasivo de la relación jurídica procesal en desarrollo; por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional -visto que la actividad del defensor judicial es de función pública- velar porque dicha actividad a lo largo de todo el iter procesal se cumpla debida y cabalmente, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido…”. Así pues, esta Sala Constitucional vista las anteriores consideraciones, concluye que el Juzgado Décimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al haber dictado su sentencia contra la ciudadana Virginia Ivonne Rojas, sin haber observado la deficiente actuación del defensor ad litem y sin acatar lo expuesto en la jurisprudencia de esta Sala Constitucional en la citada sentencia n.° 33 del 26 de enero de 2004, a la cual se hizo referencia supra, se apartó del criterio allí asentado, cuya aplicación uniforme esta Sala está obligada a asegurar. Estando quien aquí decide en perfecta armonía con el criterios citados, se observa que en el caso sub iudice, no consta en las actas procesales elemento probatorio alguno del cual se desprenda que el defensor designado a la parte demandada haya realizado las gestiones pertinentes para su localización. De esta manera, se observa que de acuerdo con el artículo 14 ejusdem, el juez como director del proceso debe velar por que el mismo se desempeñe dentro de un estado de derecho y de justicia. Asimismo el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil establece la obligación en que están los jueces de procurar la estabilidad de los juicios y ellos como directores del proceso, deben estar vigilantes de corregir y evitar que se cometan faltas que mas adelante pudiesen acarrear nulidad del mismo, o de alguno de sus actos. Asimismo dicho artículo prevé que esa nulidad sólo debe declararse en los casos en que se viole el orden público. El orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional y conforme a lo dispuesto en el artículo 212 ejusdem los quebrantamientos de orden púdico no pueden subsanarse ni siquiera con el consentimiento expreso de las partes. Por estas razones, a los fines de evitar menoscabo del derecho a la defensa de las partes y tomando en cuenta los principios de saneamiento y nulidad esencial, de conformidad con la atribución que le concede el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal en resguardo del derecho a la defensa y debido proceso consagrados constitucionalmente y a los fines de evitar reposiciones que retarden el presente proceso, en perfecta sintonía con la decisión citada y las que continuamente se han venido dictando en materia de defensor ad litem, repone la presente causa al estado de citar nuevamente al defensor judicial designado a la parte demandada, para que de manera efectiva ejerza su derecho a defensa consagrado constitucionalmente, haciéndole saber su obligación legal de gestionar la localización de la parte demandada antes de dar la contestación a la demanda. Así se decide. En virtud a las consideraciones anteriormente expresadas este Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, repone la presente causa al estado de que se cite nuevamente al abogado WILLIAMS PEREZ; en su condición de defensor ad litem designado a la parte demandada,. Así se decide. Dada firmada y sellada en la sede del Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los diecinueve días de julio de 2.013. Años 203° y 154°. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA LA JUEZ TITULAR LETICIA BARRIOS RUIZ LA SECRETARIA MARINA SANCHEZ GAMBOA, En esta misma fecha y siendo las se registró la anterior decisión. LA SECRETARIA, EXP AP31V-2012-001476.