REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN EL ESTADO DELTA AMACURO
Maturín, 01 de Julio de 2.013
203º y 154º
Asunto NP11-G-2013-000108
QUERELLA FUNCIONARIAL
En fecha 25 de junio de 2013, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado, escrito contentivo de la QUERELLA FUNCIONARIAL, presentada por los abogados Edilberto José Natera y Magalys Villalba, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 47.548 y 46.139, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la ciudadana ADRIANA DEL VALLE PANTOJA ASTUDILLO, titular de la cédula de identidad N° V-14.339.320, en contra del CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MATURÍN DEL ESTADO MONAGAS.
En fecha 26 de junio de 2013, se le dio entrada ordenando seguir el procedimiento establecido en los artículos 96 y siguientes de la Ley del estatuto de la Función Pública.-
En consecuencia y a los fines de pronunciarse sobre la Admisión, este Tribunal realiza las siguientes consideraciones:
DEL ASUNTO PLANTEADO
Alegó la querellante que:
En Fecha 24 de agosto de 2005, comenzó a prestar sus servicios en la Alcaldía del Municipio Maturín del estado Monagas, desempeñándose en el Departamento de Recursos Humanos durante 4 meses, después fue trasladada al Departamento de Acervo Histórico en el cual se mantuvo por 2 meses, después fue trasladada al Departamento de Sala Técnica, desempeñándose como Transcriptora de Actas hasta el mes de enero de 2007, oportunidad en la que fue trasladada como Secretaria al Departamento de Ordenanzas hasta mediados del año 2008, cuando fue devuelta al Departamento de Sala Técnica, desempeñándose nuevamente como Transcriptora de Actas hasta el 15de diciembre de 2008, fecha en la que salió de reposo pre y post natal mas vacaciones colectivas, reincorporándose en el mes de junio de 2009, recorriendo durante los 2 siguientes meses los departamentos de Ordenanzas, Secretaría de Cámara, Sala Técnica y Acervo Histórico, hasta que en el mes de septiembre comenzó a realizar sus pasantías laborales, las cuales fueron interrumpidas el 18 de enero de 2010, fecha en la que se le notificó la remoción de su cargo como Secretaria III.
Manifiesta que, en fecha 20 de abril de 2010, junto a otras 2 codemandantes, ejerció Acción Contencioso Administrativa Funcionarial por ante el Tribunal Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental. Agotado todo el proceso de primera instancia, el referido Tribunal en fecha 03 de marzo de 2011, dictó sentencia declarando Con Lugar la querella funcionarial, ordenando la reincorporación inmediata a sus puestos de trabajo de la hoy querellante y de las otras 2 codemandantes, así como el pago de los salarios dejados de percibir por éstas, desde su ilegal retiro hasta su definitiva reincorporación, anulando el Acto Administrativo de fecha 14 de enero de 2010.
Expresa que, la parte accionada en tiempo oportuno ejerció Recurso de Apelación contra la referida sentencia, subiendo en alzada a la Corte primera de lo Contencioso Administrativo, la cual lo tramitó en el expediente N° AP42-R-2011-00177, siendo decidido en fecha 08 de octubre de 2012, mediante sentencia N° 2012-1587, donde Declaró su competencia para conocer del recurso de apelación; Revocó la decisión dictada en fecha 03 de marzo de 2011; Declaró Inadmisible el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial y; Reabrió nuevamente el lapso tipificado en el articulo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, a los fines de que las querellantes (Liticonsortes), interpongan por separado su respectivo Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial.
En fecha 13 de Marzo de 2013, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo emite oficio N° 2013-1621, dirigido al Juez Superior Contencioso Administrativo de ésta Circunscripción judicial remitiendo el expediente supra indicado, a los fines de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada por dicha Corte en fecha 08 de octubre de 2012, siendo recibido dicho oficio y expediente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del ahora Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro, en fecha 01 de Abril de 2013.
Que fundamentan la presente querella funcionarial en los artículos 2, 22, 25, 26, 49, 88 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo que al respecto consagran la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, La ley del Estatuto de la Función Pública y la Ley Orgánica del Trabajo.
Finalmente, solicita que la presente demanda sea admitida, tramitada y sustanciada conforma a derecho y sea declarada Con Lugar en la definitiva, con todos los pronunciamientos de Ley, inclusive la respectiva condena en costas, de conformidad con lo previsto en el articulo 156 de la ley Orgánica del Poder Público Municipal y en consecuencia, declare la Nulidad Absoluta de la Remoción que fue objeto la ciudadana Adriana Del Valle Pantoja Astudillo. En caso de que la pretensión de que se declare la nulidad absoluta de la Actuación Administrativa impugnada sea desechada, demandamos de manera subsidiaria con el debido respeto y acatamiento, al Concejo Municipal del Municipio Maturín del Estado Monagas para que convenga en pagar a la querellante, las prestaciones sociales que le corresponden, de conformidad con la Convención Colectiva celebrada entre la Alcaldía del Municipio maturín del estado Monagas y el Sindicato de Funcionarios Públicos de las Alcaldías y los Concejos Municipales del estado Monagas. Asimismo solicita que se ordene la experticia complementaria del fallo, asi como la indexación o corrección monetaria por efectos del proceso inflacionario, desde la fecha del despido hasta el momento efectivo del pago de los derechos demandados.
De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, estiman la presente demanda en cuanto a las prestaciones sociales y otros conceptos demandados de manera subsidiaria, en la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 300.000,00).
COMPETENCIA
La presente querella tiene como finalidad la Nulidad del Acto Administrativo de remoción dictado en fecha 14 de Enero de 2010, por la ciudadana Naif Carreño, en su carácter de Presidenta del Concejo Municipal del Municipio maturín del Estado Monagas y notificada en fecha 18 de Enero de 2010, en virtud de la relación de empleo público que mantuvo la querellante con el Concejo Municipal del Municipal Maturín del estado Monagas, en este sentido, la Ley del Estatuto de la Función Pública, en su artículo 93 señala que corresponderá a los Tribunales Contenciosos Administrativos Funcionarial, conocer las reclamaciones que formulen los Funcionarios o Funcionarias Públicos o aspirantes a ingresar a la función pública, cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública.
En este mismo orden de ideas, establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 25 ordinal 6 lo siguiente:
Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
Ordinal 6: Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley.
Ahora bien, estando involucrados en el recurso un derecho reconocido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley del Estatuto de la Función Pública y que deriva de una relación funcionarial, no cabe duda para este Juzgado que el Tribunal competente para conocer de dicho asunto es el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro, por ejercer su competencia territorial en los Estados Monagas y Delta Amacuro, razón por la cual declara su competencia y así se decide.
DE LA ADMISIBILIDAD DEL PRESENTE RECURSO
Determinada la competencia para conocer la presente querella, le corresponde a este Juzgado pronunciarse sobre la admisibilidad de la misma, por lo que debe analizarse si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como también si incurre en alguna de las causales determinantes de la inadmisibilidad que han sido previstas en el artículo 35 ejusdem.
En este sentido se advierte que en el presente asunto no se acumulan acciones que se excluyan mutuamente o con procedimientos incompatibles entre sí; no existe prohibición legal alguna para su admisión; no se evidencia la falta de algún documento fundamental para el análisis de la acción; el escrito recursivo no contiene conceptos ofensivos, irrespetuosos, ininteligibles o contradictorios; y, por otra parte, se aprecia que no se desprende una falta de representación o legitimidad de la parte querellante y no existe cosa juzgada.
En cuanto a lo que corresponde sobre la caducidad de la acción interpuesta sobre este particular el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece:
“…Todo recurso con fundamento es esta Ley solo podrá ser ejercido validamente dentro del lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a el, o desde el día en el que el interesado fue notificado del acto...”
En este mismo orden de ideas la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 14 de Diciembre de 2.006, expresó:
“…se insta a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en su condición de Alzadas naturales de los Juzgados Superiores con competencia contencioso funcionarial (ex artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), para que en lo sucesivo – tal como lo advirtió acertadamente la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en el fallo sometido a revisión, respecto del plazo legalmente previsto para el ejercicio de la querella funcionarial, cual es el previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública-, velen por la observancia de las normas procesales consagradas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, como normas de carácter especial y, por tanto, de aplicación prevalente en materia contencioso administrativo funcionarial, para asegurar la estabilidad de aquellas formas dirigidas a la iniciación, instrucción y decisión del proceso, como forma de garantizar al ciudadano el conocimiento cierto y previo de las reglas que regulan el derecho de acceso a la jurisdicción, predicado por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”…
Así las cosas, el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece el lapso de caducidad de tres meses, para el ejercicio de todo recurso fundamentado en la referida ley.
Antes de realizar el computo correspondiente, debemos tener claro que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia N° 2012-1587 de fecha 08 de octubre de 2012, reabrió nuevamente el lapso establecido en este articulo para que la hoy querellante interpusiera su querella funcionarial por separado, ordenando remitir la causa a éste Tribunal para su cumplimiento, siendo recibida en fecha 01 de Abril de 2013. Ahora bien, de un simple cómputo se observa que desde el 01 de Abril de 2.013, fecha en la que fue recibido el expediente para el cumplimiento a lo ordenado por la dicha Corte, hasta el 25 de Junio de 2013, fecha en la que fue interpuesta la presente querella por ante este Tribunal, transcurrieron dos (02) meses y veinticuatro (24) días, es decir, la querella funcionarial fue ejercida dentro del lapso establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, antes trascrito, reabierto para este caso por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia N° 2012-1587 de fecha 08 de octubre de 2012, por lo que este Juzgado admite la presente Querella cuanto ha lugar y cuanto a derecho se refiere. Así se decide.
En consecuencia, se ordena la citación del Presidente (a) del Concejo Municipal del Municipio Maturín del Estado Monagas, de conformidad con lo establecido en el articulo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, para que comparezca por ante éste Juzgado a dar contestación a la querella, dentro del plazo de Quince (15) días de despacho siguientes, contados a partir de que conste en autos su citación, los cuales comenzaran a transcurrir, vencido que como se encuentre el lapso establecido en el artículo 82 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica. Asimismo se acuerda remitirle a dicho funcionario, las copias certificadas correspondientes.
Igualmente, se ordena notificar a los ciudadanos Alcalde y Sindico procurador Municipal del Municipio maturín del estado Monagas, de conformidad con lo establecido en el articulo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Finalmente, requiérasele al Presidente (a) del Concejo Municipal del Municipio Maturín del estado Monagas, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los antecedentes administrativos del caso, el cual deberá ser remitido dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a su notificación, advirtiéndole que por omitir o retardar dicha remisión podrá ser sancionado por este Tribunal con multa entre 50 U.T., a 100 U.T. Cúmplase con lo ordenado.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: ADMISIBLE la QUERELLA FUNCIONARIAL interpuesta por los abogados Edilberto José Natera y Magalys Villalba, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 47.548 y 46.139, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la ciudadana ADRIANA DEL VALLE PANTOJA ASTUDILLO, titular de la cédula de identidad N° V-14.339.320, en contra del CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MATURÍN DEL ESTADO MONAGAS.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con Competencia en el Estado Delta Amacuro, en Maturín, al primer (01) días del mes de Julio de Dos mil Trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
La Jueza
MARVELYS SEVILLA SILVA
El Secretario,
JOSÉ ANDRÉS FUENTES
En la misma fecha, siendo las once y catorce de la mañana (11:14 am), se publicó y agregó la presente resolución a las actuaciones del expediente. De igual manera, se hizo su inserción en el Sistema Juris 2000 por parte de la ciudadana Jueza, así como su correspondiente publicación en el portal informático http://monagas.tsj.gov.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente. Conste.
El Secretario,
José Andrés Fuentes
MSS/JAFJ/rl-
ASUNTO: NP11-G-2013-000108
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