REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN EL ESTADO DELTA AMACURO
Maturín, 09 de Julio de 2.013
203° y 154°
Asunto: NE01-G-2006-000038
Asunto Antiguo: 2916
En fecha 02 de Octubre de 2.006, el Juzgado Superior Quinto Agrario Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, recibió Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad de Acto Administrativo con Medida de Amparo Cautelar, interpuesta por el ciudadano Wilmer José Cova Bellaville, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 11.905.540, abogado, inscrito en el Instituto de Previsión del abogado, bajo el N° 71.016, quien actúa en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA PALMAVERAL C.A., empresa debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el 02 de febrero de 1998, quedando anotado bajo el Nº 13, tomo 2-A, en contra la Providencia Administrativa Nº 3.957, de fecha 26 de septiembre de 2005, emanada de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas.
En fecha 02 de Octubre de 2.006, el mencionado Juzgado le dio entrada al expediente.
En fecha 09 de Octubre de 2.006, este Tribunal admite la demanda.
El 31 de octubre de 2006, la parte recurrente consigna Cartel de Notificación Publicado en la Editorial El Periódico, a todas las personas interesadas interesadas en el presente recurso.
En fecha 07 de diciembre de 2006 consigan escrito suscrito por las partes donde llegan a acuerdos comunes y convienen en fijar como arreglo total y definitivo de todos y cada uno de los conceptos, haciéndose recíprocas concesiones de la siguiente manera: pago de Dos Millones Quinientos Mil Bolívares (Bs. 2.500.000, 00) que incluye el pago total y definitivo de todos y cada uno de los derechos legales y convencionales adquiridos por la Sra. Vargas, en virtud del tiempo de servicio cumplido en beneficio de la compañía, incluyendo el pago de salarios caídos que se pueden generar a través del procedimiento que cursa por la Inspectoría del Trabajo con el N° 044-05-001169, del cual expresamente la Sra. Vargas desiste del presente recurso interpuesto. En este mismo escrito la Sra. Vargas reconoce el pago convenido que es efectuado por la Compañía de conformidad con las cláusulas establecidas en el presente escrito.
Que el 19 de diciembre de 2006, el Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil, Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental decidió Homologar la transacción y procedimiento antes mencionados.
En fecha 18 de Junio de 2.008, el Tribunal antes mencionado recibe oficio N° 169-2008, de fecha 11 de junio de 2008, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, donde se agrega a los autos.
En fecha 01 de octubre de 2008, el Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil, Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, acuerda emplazar por medio de cartel a los ciudadanos Juan Pertuz, Ronal García y otros.
En fecha 18 de diciembre de 2008, se libra Boleta de Notificación al Abogado Iván Estanga, que este Tribunal acordó designarlo Defensor Judicial de los ciudadanos terceros intervinientes en el presente juicio.
En fecha 13 de Enero de 2.009, es recibido diligencia suscrita por el abogado Iván Estanga, aceptando el cargo como Defensor Judicial, para el cual fue designado por este tribunal.
En fecha 28 de Mayo de 2013, se recibió por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado, escrito suscrito por el ciudadano Luís Alberto Escalante Gómez, Fiscal Auxiliar Trigésimo Primero del Ministerio Público a nivel Nacional con competencia en materia Contencioso Administrativa y Tributario (I), donde solicita sea declarada la Perención y en consecuencia extinguida la instancia en la presente causa.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Vista la designación de la ciudadana Marvelys Sevilla Silva, por parte de la Comisión Judicial en fecha 22 de julio de 2.011, como Jueza Provisoria de este Tribunal, y su Juramentación por ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 28 de octubre de 2.011, la referida Jueza se aboca al conocimiento de la presente causa.
En ese orden, conviene acotar que esta Juzgadora comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2.002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:
“... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
De lo anteriormente transcrito se colige, que si bien el abocamiento de un nuevo juez debe ser notificado a las partes, pues su omisión podría lesionar la garantía constitucional del debido proceso, para que tal lesión se configure es necesario que efectivamente el nuevo juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas; y visto que para el presente caso observa esta Juzgadora que no se encuentra incursa en ninguna de las causales de recusación previstas en la ley, no considera necesaria la notificación a las partes de su respectivo abocamiento. Así se decide.
ÚNICO
Ahora bien, corresponde a este Tribunal Superior, pronunciarse sobre la paralización de la presente causa, visto que desde el 09 de Octubre de 2.006, fecha en la cual fue realizada la fijación en la cartelera del Tribunal de la Boleta de Notificación por parte del ciudadano Secretario, hasta la presente fecha, la parte interesada no ha realizado actuación alguna destinada a dar continuidad al proceso.
La figura de la Perención de la Instancia consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la Ley, sin que se hubiere verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio; entendiéndose por acto de procedimiento aquél que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, ya sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, debe igualmente revelar su propósito de impulsar o activar la misma. Esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual, la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad cierta de realizar alguna actuación; oportunidad ésta que, en el proceso administrativo, culmina con la presentación de los informes y antes de ser vista la causa.
En ese sentido, debe indicarse que la institución de la Perención de la Instancia esta concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes y puede ser declarada aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual destaca su carácter imperativo, constituyendo un elemento anómalo para la culminación del procedimiento, es decir, que la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pudiendo el accionante interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines, siendo un mecanismo de Ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen cuando resulte evidente que no existe interés por parte de los sujetos de la litis en la continuación de la causa.
Cabe destacar que la función de esta institución procesal, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que encuentra justificación en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en el proceso; es decir, su propósito es impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla con la de la función jurisdiccional, la cual radica esencialmente en administrar justicia, así como en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso.
Así pues se colige y lo ha interpretado tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, que para que opere la Perención (anual) de la Instancia deben concurrir los requisitos siguientes: i) que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto o impulso procesal en la causa, ii) que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de éstas hayan realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como requerimientos de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias “revisión” del expediente judicial y otras similares. No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del Tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia; por lo que la demora en el dictamen de la sentencia tampoco produce perención pues la expresión del legislador “…después de vista la causa…” debe ser entendida como después de la presentación de los informes y sus respectivas observaciones. Igualmente de la norma ut supra invocado se desprende que con la sola verificación de los requisitos aludidos anteriormente procede de pleno derecho la extinción de la instancia, bastando entonces un pronunciamiento mero declarativo por parte del Órgano Jurisdiccional, dirigido a reconocer la terminación del proceso por esta vía.
En tal sentido, debe resaltarse que el Código de Procedimiento Civil, instrumento legal aplicable al caso que nos ocupa, establece en su artículo 267 lo siguiente:
“(…) Artículo 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención (…)”. (Resaltado de este Órgano Jurisdiccional).
Con relación al artículo parcialmente transcrito, se observa que el mismo regula la institución procesal de la perención, la cual se puede definir como “el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso…” (Vid. Henríquez La Roche, Ricardo. “Comentarios al Código de Procedimiento Civil” Tomo 2. Editorial Centros de Estudios Jurídicos de Venezuela. Caracas, 2009, p. 318); dirigida a evitar la prolongación indefinida en el tiempo de los procesos judiciales por omisión de impulso de las partes interesadas en la consecución final del mismo.
En este orden de ideas, vista sentencia N° 956, de fecha 1° de junio de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y más recientemente la de fecha 04 de mayo de 2004, Expediente N°. 01-0815, en las cuales se analizó la figura procesal de la perención de la instancia a la luz de la norma prevista en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, estableciéndose que la perención, persigue sancionar la inactividad de los litigantes, produciendo la extinción del procedimiento, estableciéndose que:
“Esta falta de interés surge en el proceso en dos oportunidades procesales, a saber: la primera, cuando habiéndose interpuesto la demanda, el juez no se pronuncia en un tiempo prudencial sobre su admisibilidad, y la segunda, cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, como en el presente. En ese sentido estableció, que lo que sí puede aplicarse cuando la causa se encuentra en estado de sentencia y se paraliza, por no haberse decidido dentro de los lapsos legales previstos para ello, impidiéndose de esta manera que las partes estén a derecho, es la pérdida de interés procesal que causa el decaimiento de la acción por no tener el accionante interés en que se le sentencie…”
La Sala Constitucional en la citada sentencia 2001, al interpretar el artículo 26 Constitucional, estableció que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el Juez de oficio o a instancia de parte, puede declarar extinguida la acción.
En tal sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 00853 del 29 de septiembre de 2010, estableció:
“(…) Advertido lo anterior, resulta necesario señalar que la perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento proferido por el operador de justicia que declare la perención no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos como fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Este instituto procesal se constituye, así, en un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales. (…)” (Resaltado de este Órgano Jurisdiccional).
Advertido lo anterior, es necesario señalar que la perención de la instancia es un medio para la culminación del procedimiento, en el sentido que la declaratoria del operador de justicia no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pudiendo la parte demandante interponer nuevamente la acción en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, dentro del lapso establecido.
En virtud de las anteriores consideraciones doctrinarias, legales y jurisprudenciales tendentes a verificar la perención de la instancia, este Juzgado, previa revisión efectuada a las actas procesales que conforman el expediente judicial, pudo constatar que la última actuación del Tribunal fue la que se evidencia en fecha 25 de febrero de 2.009, oportunidad en la cual el Juzgado Superior Quinto Agrario Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, dejó constancia de haber realizado la notificación del ciudadano Procurador General de la República, según comisión cumplida por el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; asimismo se constata que la parte recurrente no ha efectuado alguna otra actuación procesal subsiguiente a la tramitación de la presente demanda, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (01) año, en consecuencia, se verifica que ha sido superado con creses el período a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; es por ello que, resulta imperioso para este Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro, declarar que operó de pleno derecho la Perención de la instancia, a tenor de lo establecido en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: CONSUMADA DE PLENO DERECHO LA PERENCIÓN; y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad de Acto Administrativo con Medida Cautelar de Amparo, interpuesta por el ciudadano Wilmer José Cova Bellaville, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 11.905.540, quien actúa en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA PALMAVERAL C.A., contra la Providencia Administrativa Nº 3.957, de fecha 26 de septiembre de 2005, emanada de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas.
En consecuencia, se ordena levantar la Medida de Suspensión de Efectos decretada en fecha 09 de Octubre de 2006, por el Tribunal Suprior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental.
Asimismo se ordena notificar a la parte recurrente de la sentencia.
No hay condenatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA.-
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro. En Maturín, nueve (09) día del mes de julio del año Dos Mil Trece (2.013). Año 203º de la Independencia y 154º de la Federación.-
La Jueza,
MARVELYS SEVILLA SILVA.
El Secretario,
JOSÉ ANDRÉS FUENTES
En la misma fecha, siendo las dos y cuarenta y cinco post meridiem (02:45 p.m), se publicó y agregó la presente resolución a las actuaciones del expediente. De igual manera, se hizo su inserción en el Sistema Juris 2000 por parte de la ciudadana Jueza, así como su correspondiente publicación en el portal informático http://monagas.tsj.gob.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente. Conste.
El Secretario,
JOSÉ ANDRÉS FUENTES.
MSS/JAF/dv-
Asunto: NE01-G-2006-000038
Asunto Antiguo: 2916
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