REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA Maracay, cuatro de julio de dos mil trece 203º y 154º ASUNTO: DP11-L-2013-000601 PARTE ACTORA: ciudadano JOSE MIGUEL MONTILLA ROMAN, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° V-14.429.693. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: LAURA RAQUEL RODRIGUEZ OVALLES, Inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 127.741. PARTE DEMANDADA: PANADERIA, PASTELERIA, CHARCUTERIA LA ECONOMICA C.A APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: no consta en autos. MOTIVO: Prestaciones sociales y otros conceptos. ANTECEDENTES PROCESALES. Se inicio el presente procedimiento por Prestaciones sociales y otros conceptos interpuesta por la abogada LAURA RAQUEL RODRIGUEZ OVALLES, Inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 127.741, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSE MIGUEL MONTILLA ROMAN, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° V-14.429.693, en contra de la entidad de trabajo PANADERIA, PASTELERIA, CHARCUTERIA LA ECONOMICA C.A. Esta rectora aplicó la figura jurídica del despacho saneador, por cuanto el libelo de demanda no reunía los requisitos del artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, posteriormente la parte actora subsana el libelo de demanda, procediendo este despacho a su admisión. Por consiguiente, se ordena la notificación de la empresa demandada. Posteriormente, esta rectora, en fecha uno de julio 2.013, dicto sentencia interlocutoria donde ordeno la reposición de la causa al estado de librar nuevo cartel de notificación a la entidad de trabajo demandada. Ahora bien, la apoderada judicial de la parte actora en fecha tres de julio del presente año, presento actuación por ante la unidad de recepción de documentos de este circuito judicial del Estado Aragua, donde señala: “DESISTO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO” Este Tribunal Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua de acuerdo a la exposición antes explanada, pasa a pronunciarse sobre el desistimiento y al efecto observa: Es importante destacar, que a los derechos de estirpe laboral se les ha rodeado de un manto protector aún más impermeable del que disfrutan los derechos derivados de otras relaciones jurídicas. Y ello en razón de la siempre presupuesta minusvalía, indefensión, subordinación, debilidad o presunción de incapacidad en que se ha tenido a la fuerza de trabajo respecto a los que gerencian los demás factores de producción. De ello deja constancia el autor argentino Rodolfo Vigo, cuando, en referencia a los casos considerados por los ordenamientos jurídicos en general como situaciones de eminente orden público, afirma: “la sociedad política ante un sector social cuya debilidad económica puede ser fuente de injusticia conmutativa, y frente a este riesgo de que se vean privados de estos suyos que están a nivel de la subsistencia personal y familiar, reacciona y establece la irrenunciabilidad de esos derechos;” (Interpretación Jurídica, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 200). Sin embargo, la especial tuición deparada a los derechos reconocidos a los trabajadores en que consiste la prohibición de renunciabilidad de los derechos laborales fundamentales o mínimos, especialmente en el caso de ser objeto de debate en sede judicial, sea que la relación jurídica haya terminado y los efectos de la misma estén contradichos. En cuanto al desistimiento de la demanda, por cuanto “produce los mismos efectos de la cosa juzgada que la sentencia ejecutoria, esto es, impide todo proceso futuro sobre la pretensión abandonada” -y de la cual se ha dicho que lleva implícita la renuncia al derecho (Rengel-Romberg: Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, pág. 355), la decisión de 11 de marzo de 1993 (en contra de la opinión del Magistrado Loreto), sólo autoriza el desistimiento del procedimiento y excluye el de la pretensión, en los términos siguientes: “Ahora bien, en cuanto al desistimiento, como acto de autocomposición procesal en la materia que se examina, la Sala estima que nada obsta para que el trabajador pueda desistir en un proceso laboral, siempre y cuando tal acto revista todos los requisitos necesarios para tenerse como válido, y además no implique una renuncia a la acción que ostenta el trabajador como actor, pues esto implicaría que éste último no pudiese eventualmente reclamar sus derechos laborales a posteriori, lo que indudablemente sí atenta al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales que benefician y protegen a todo trabajador.” Al respecto, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece en el artículo 130, parágrafo primero: “El desistimiento del procedimiento solamente extingue la instancia, pero el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes que transcurran noventa días continuos” Así mismo por aplicación analógica del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta sentenciadora cita artículos del Código de Procedimiento Civil, los cuales establece: Art. 263: “En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado a convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable aún antes de la homologación del Tribunal. Art. 264: “Para desistir de la demanda y convenir en ella, se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones” Así se observa que la apoderada judicial de la parte actora, tiene facultad expresa para desistir de la demanda, tal como se constata del Poder notariado, otorgado en fecha 18 de marzo 2008, que corre inserto al folio 8 del expediente. En este estado, considera quien decide que se ha cumplido en forma indubitable la inderogabilidad de ese minimum de requisitos que se han formulado como principio rector para el acto dispositivo de desistimiento, y que nuestra legislación lo ha consagrado en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, transcritos en precedencia, corolario del más amplio principio de inderogabilidad por los particulares de las normas de orden público consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Artículo 89, Numeral 2. Todo de conformidad a lo contemplado en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En este orden de ideas y cumplidos como han sido en este caso, los extremos legales antes analizados, este Tribunal de Instancia considera procedente en derecho homologar el desistimiento del procedimiento contra la entidad de trabajo demandada.