REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL TERCERO DE JUICIO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Tercero de Primera Instancia Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas Maturín, 4 de Junio de 2013 203º y 154º ASUNTO PRINCIPAL : NP01-P-2012-002895 ASUNTO : NP01-P-2012-002895 Corresponde a este Tribunal pronunciarse en relación a la solicitud de Revisión de Medida realizada por la Abg. Milsa Alvarez – Defensora Pública Octavo, a favor del imputado FRANCISCO ALEXANDER CABEZA, en tal sentido se observa: Aduce la defensa que solicita la revisión alegando a favor de su representado, que en caso de que su representado quiera acogerse al procedimiento especial por admisión de los hechos la pena no excede de los de los siete (7) años y que esto hace que varíen las circunstancias que dieron origen a que se decretara la Medida Privativa de Libertad, asimismo que en virtud de la emergencia carcelaria su representado se encuentra en condiciones infrahumanas, el derecho a ser juzgado en libertad conforme a lo previsto en el numeral 1° del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 8, 9 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal prevé lo siguiente: “El imputado o imputada podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.” La defensa fundamenta su solicitud, alegando 1°) en caso de que su representado quiera acogerse al procedimiento especial por admisión de los hechos la pena no excede de los de los siete (7) años y que esto hace que varíen las circunstancias que dieron origen a que se decretara la Medida Privativa de Libertad, lo cual evidentemente no es cierto pues el hecho de que se el acusado pueda o no acogerse al procedimiento especial por admisión de los hechos en ningún caso hace variar las circunstancias que dieron origen a que se decretara la Medida privativa de Libertad; 2°) La emergencia carcelaria su representado se encuentra en condiciones infrahumanas, el derecho a ser juzgado en libertad conforme a lo previsto en el numeral 1° del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 8, 9 del Código Orgánico Procesal Penal, sin embargo esto no implica que deba sustituirse la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad por una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, aunado a que el delito objeto de la presente causa como es Robo Agravado es un delito grave cuya pena en su límite superior excede de los diez (10) años, por lo que legalmente se presume el peligro de fuga, tal como lo prevé el Parágrafo Primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal. Aunado a esto tampoco ha transcurrido un tiempo mayor a la pena mínima prevista para el delito ni los dos años establecidos en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que, existe proporcionalidad entre la medida y el ilícito penal. Por lo expuesto y visto que el ciudadano FRANCISCO ALEXANDER CABEZA, está sujeto a un proceso penal, en el cual se les investigó por un delito y se encuentran a la espera de la celebración del Juicio Oral, quien decide considera que lo procedente es mantener su detención, aunado a que no han variado las circunstancias que dieron origen a la misma. Es por los razonamientos antes expuestos, que este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio, En Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de la Ley y una vez REVISADA la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD que pesa sobre el ciudadano FRANCISCO ALEXANDER CABEZA, titular de la cédula de identidad N° 21.051.688, considera que lo procedente y ajustado a Derecho es declarar SIN LUGAR la solicitud hecha por la defensa del ya mencionado ciudadano y en consecuencia MANTENER la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que pesa sobre este. Y así se decide. Regístrese la presente decisión, déjese copia y notifíquese la misma. La Jueza, ABG. SOPHY AMUNDARAY BRUZUAL La Secretaria, ABG.