TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS EN FUNCION ITINERANTE DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Año 203° y 154º

PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil INMOBILIARIA TEOCRIS, CA., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 08 de mayo de 1989, bajo el Nº 5, Tomo 45-A Sgdo.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: RAIZA SALAZAR AROCHA, LISETTE VILLAMEDIANA y LUIS ENRIQUE PICHARDO LOPEZ, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 35.433, 69.268 y 32.991, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: ciudadano MIREYA CARRERO ALVARADO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cedula de la Identidad N° V-9.368.937.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: ENRIQUE PEREZ ACUÑA, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el No 10.805.

MOTIVO: DESALOJO (APELACION).

EXPEDIENTE Nº: (AH13-R-2002-000036 CAUSA) (12-0354 ITINERANTE).

-I-
SINTESIS DEL PROCESO

Se inicia el presente proceso por acción de desalojo interpuesta por la Sociedad Mercantil Inmobiliaria Teocris, C.A., en contra de la ciudadana MIREYA CARRERO ALVARADO, la cual fue debidamente admitida en fecha 04 de octubre de 2001, por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenándose así el emplazamiento de la demandada. (f. 19).
Mediante diligencia de fecha 06 de noviembre de 2001, el Alguacil dejó constancia de que la parte demandada se negó a firmar el recibo de citacón. (Vto.20).
En fecha 12 de noviembre de 2001, la representación judicial de la parte actora, solicitó conforme al artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, la citación de la parte demandada por boleta de notificación, siendo librada el 15 de noviembre de 2001 (f. 21).
En fecha 25 de enero de 2002, el secretario del Tribunal dejó constancia de haber cumplido con las formalidades consagradas en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil (F.23).
En fecha 31 de enero de 2002, la representación judicial de la parte demandada presentó escrito de contestación a la demanda, mediante la cual alegó las cuestiones previas contenidas en los ordinales 4º, 6º Y 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, asimismo planteó reconvención (F.24 al 27).
En fecha 5 de febrero de 2002, la representación judicial de la parte actora, presentó escrito de contestación a las cuestiones previas (F.42).
Por auto de fecha 21 de febrero de 2002, el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la reconvención (F.43).
En fecha 21 de marzo de 2002, la representación judicial de la parte actora presentó escrito de contestación a la reconvención. (F.48 al 49).
En fecha 11 de abril de 2002, la representación judicial de la parte actora presentó escrito de promoción de pruebas (F.50).
Mediante sentencia de fecha 16 de septiembre de 2002, el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la reconvención y con lugar la demanda (F.55 al 63).
En fecha 7 de octubre de 2002, la representación judicial de la parte demandada apeló de la sentencia dictada en fecha 16 de septiembre de 2002 (F.68).
Por auto de fecha 8 de octubre de 2002, el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, oyó la apelación en ambos efectos, y ordenó su remisión al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito (F.69).
En fecha 30 de octubre de 2002, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dio por recibido el presente expediente. (f.71).
Mediante diligencia de fecha 19 de febrero de 2003, la representación judicial de la parte actora solicitó el abocamiento a la presente causa.
En fecha 27 de marzo de 2012, este Tribunal le da entrada al presente expediente y en fecha 22 de enero de 2013, este Tribunal, se abocó al conocimiento de la presente causa.
Mediante Resoluciones Nºs 2011-0062 y N° 2012-0033, de fechas 30 de noviembre de 2011 y 28 de Noviembre de 2012, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, prorrogó por un (01) año, la competencia atribuida a estos Juzgados Itinerantes.

-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión de la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al instituto procesal que se ha denominado “extinción o decaimiento de la acción”. En tal sentido, ha establecido la Sala Constitucional en sentencia Nº 956 del 1 de junio de 2001 (Caso: Fran Valero González), lo siguiente:
“La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que le sentencien, por ello ni incoa un amparo a este fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.
(…)
No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella siga vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.
No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor.
En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tiene ninguna responsabilidad en esa dilación?
A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de ocurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor.
(…)
De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado en término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción.”

De otra parte, observa este Tribunal que la pretensión deducida por el accionante se refiere propiamente a una acción personal, específicamente a una acción de Desalojo. Vale decir, que el derecho controvertido está sometido al lapso de prescripción de diez (10) años, establecido en el artículo 1.977 que literalmente establece:

“Artículo 1977.- Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la Ley”.

De los razonamientos precedentemente expuestos, concluye este Juzgador que en este proceso ha decaído el interés del accionante, ya que la última diligencia de parte fue el día 19 de febrero de 2003, lo que pone de manifiesto su inactividad procesal por un lapso holgadamente superior al de la prescripción del derecho deducido, y así se decide.

-III-
DISPOSITIVA

Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DECAIDO EL RECURSO DE APELACION de fecha 7 de octubre de 2002, contenido en el presente expediente, interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2002, dictada por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, declara firme el fallo recurrido.

Por aplicación analógica de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas en esta decisión.

PUBLIQUESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo de Municipio Ejecutor de Medidas en Función Itinerante de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los once (11) días del mes de Junio del Año Dos mil Trece (2013).
EL JUEZ,

CESAR HUMBERTO BELLO
EL SECRETARIO

ENRIQUE GUERRA

En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las dos y veinte minutos de la tarde (02:20 p.m.).

EL SECRETARIO,

ENRIQUE GUERRA

Exp. Nº 12-0354
CHB/EG/