TRIBUNAL SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA 203º y 154º PARTE RECURRENTE: Ciudadana MARÍA ISABEL VIGNONE, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro V- 7.285.884 APODERADOS(as) JUDICIAL(es) DE LA PARTE RECURRENTE: No tiene acreditado en autos, asistida por el ciudadano Abogado Roberto Bolívar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 29.849. PARTE RECURRIDA: ALCALDIA DEL MUNICIPIO ZAMORA DEL ESTADO ARAGUA. APODERADOS(as) JUDICIAL(es) DE LA PARTE RECURRIDA: No tiene acreditado en autos MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL EXPEDIENTES Nº DE01-G-2001-000028 (5.329) Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva I ANTECEDENTES Se inicia el presente procedimiento mediante recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto en fecha 07 de Marzo de 2001, interpuesto por la ciudadana María Isabel Vignone, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-7.285.884, debidamente asistida por el ciudadano Roberto Bolívar, abogado inscrito en el I.P.S.A bajo el Nº 29.849, contra La Alcaldía del Municipio Zamora del Estado Aragua. En fecha 13 de Marzo de 2001, este Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo, en aquel entonces Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, ADMITE la presente querella funcionarial, acordándose citar mediante oficio a la parte recurrida. En fecha 13 de Junio de 2001, el ciudadano alguacil consigna la notificación practicada. Posteriormente por auto de fecha 23 de Julio de 2001 se dan por recibidos los escritos de promoción de pruebas presentados por la partes y se ordenó agregar a los autos formando folios útiles de la presente causa. En fecha 09 de agosto de 2001, vistos los escritos de promoción de pruebas consignadas se ordeno comisionar al juzgado del Municipio Zamora De la circunscripción Judicial del Estado Aragua a los fines de la evaluación de dichas pruebas. En fecha 26 de octubre del 2001 fue recibida comisión proveniente del Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua bajo oficio N°2170/987 de fecha 17 de Octubre del 2001. En fecha 29 de octubre de 2001 luego de la revisión y estudio efectuado a las actas que conforman el presente expediente se observo que las pruebas fueron consignadas ya vencido el lapso correspondiente de “Evacuación de Pruebas” en el presente procedimiento y se ordenó agregar la comisión antes mencionada a los autos formando folios útiles. Ahora bien, en virtud del traslado de la Dra. Margarita García Salazar, acordado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 10 de diciembre de 2010, la misma acordó proceder al ABOCAMIENTO de la presente causa en el estado en que se encuentra. II DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA La figura de la Perención de la Instancia consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la Ley, sin que se hubiere verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio; entendiéndose por acto de procedimiento aquél que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, ya sea efectuado por las partes o por el Tribunal, y en caso de emanar de terceros, debe igualmente revelar su propósito de impulsar o activar la misma. Esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual, la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad cierta de realizar alguna actuación; oportunidad ésta que, en el proceso administrativo, culmina con la presentación de los informes y antes de ser vista la causa. En ese sentido, debe indicarse que la institución de la Perención de la Instancia es materia de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes y puede ser declarada aún de oficio por el Tribunal, lo cual destaca su carácter imperativo, constituyendo, por ende, un elemento anómalo para la culminación del procedimiento, es decir, que la declaratoria proferida por el operador de justicia, no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pudiendo el accionante interponer nuevamente su acción en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines, siendo un mecanismo de Ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen cuando resulte evidente que no existe interés por parte de los sujetos de la litis en la continuación de la causa. Esta institución procesal encuentra justificación en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla con el tellos de la función jurisdiccional, la cual radica esencialmente en administrar justicia, así como en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso.- En ese orden, la norma que regula la perención es la contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual es del tenor siguiente: Artículo 267: “…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”.- De igual forma, el Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, regula lo referente a esta institución bajo el siguiente texto Artículo 41: “…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas…”.- De los dispositivos legales citados supra, se deduce que deben concurrir determinados requisitos para que se materialice dicha institución, los cuales han sido interpretados tanto en la doctrina como la jurisprudencia patria, así las cosas, para que opere la perención de la instancia debe darse lo siguiente: a) El Transcurso de un (01) año sin que se realice algún acto o impulso procesal en la causa; y b) Que dicha inactividad esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir, que ninguna de éstas haya realizado actuaciones en el desarrollo de un procedimiento jurisdiccional. Se consideran como actuaciones de “impulso procesal”, aquellas que persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso”, solicitudes que no persigan dicho objeto, tales como requerimientos de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias “revisión” del expediente judicial y otras similares. De igual forma quedan excluidas las actuaciones del Tribunal, concretamente, aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia; por lo que la demora en el dictamen de la sentencia tampoco produce perención pues la expresión del legislador “…después de vista la causa…” debe ser entendida como después de la presentación de los informes y sus respectivas observaciones. En ese sentido, del texto legal citado supra se desprende que con la sola verificación de los requisitos aludidos procede de pleno derecho la extinción de la instancia, bastando entonces un pronunciamiento mero declarativo por parte del Órgano Jurisdiccional, dirigido a reconocer la terminación del proceso por esta vía. Establecidos los parámetros tendentes a verificar la perención de la instancia, este Órgano Jurisdiccional, previa revisión efectuada a las actas procesales que conforman el expediente, aprecia que la última actuación efectuada es de fecha 29 de Octubre de 2001. En ese sentido, al verificar que la parte recurrente no efectuó algún acto de impulso desde la referida fecha, y constatando que ha transcurrido un tiempo superior al de un año (01), esta Jurisdicente estima pertinente y ajustado a derecho declarar la perención de la instancia en el presente procedimiento, todo conforme a lo establecido en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y así se decide. III DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: Primero: Declarar Consumada la Perención y Extinguida la Instancia en el Recurso Contencioso Administrativo interpuesta por la ciudadana María Isabel Vignone, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 7.285.884 contra El Municipio Zamora del Estado Aragua. Segundo: Se ordena Notificar a las partes. Tercero: En consideración del pronunciamiento que antecede, se ordena remitir el presente expediente al archivo judicial. Publíquese, regístrese, diarícese, notifíquese, y déjese copia certificada de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los Veintiocho (28) días del mes de Junio del año 2013. Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación. La Juez Superior Titular, La Secretaria Dra. Margarita García Salazar Abg. Sleydin Reyes En esta misma fecha, Veintiocho (28) de Junio de 2013, siendo las once y quince minutos (11:15) ante meridiem, previo cumplimiento de las formalidades requeridas en la ley se publicó la anterior decisión. La Secretaria Abg. Sleydin Reyes Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva. Exp. Nro. DE01-G-2001-000028.- Exp. Nro. 5329.- MGS/SR/Dabh.