Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas Caracas, 22 de mayo de 2013 203º y 154º SENTENCIA DEFINITIVA Nº 1532 Asunto Nuevo: AF47-U-1993-0000001 Asunto Antiguo: 782 Vistos sin informes de la contribuyente. En fecha 16 de agosto de 1993, el ciudadano Juan Marcos Imery Arroyo, venezolano, mayor de edad, Titular de la cédula de identidad Nº 1.457.535, actuando en su carácter de Presidente de la contribuyente OFICENTRO LOS RUICES, C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 71, Tomo 33-A, de fecha 05 de diciembre de 1975, interpuso recurso contencioso tributario subsidiariamente al jerárquico contra la Resolución Nº DGGJ-3-4-033 de fecha 29 de abril de 1994, a través de la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso jerárquico interpuesto ratificando parcialmente el Reparo Nº DGAC-4-1-1-148, de fecha 08 de julio de 1993, quedando obligada la contribuyente a pagar la cantidad total de Bs. 77.477,00 lo que equivale a la cantidad actual de SETENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 77,47.), ambos actos emanados de la Contraloría General de la República. El 23 de noviembre de 1994, se recibió la presente causa del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, y en fecha 28 de noviembre de 1994, este Tribunal le dio entrada al expediente bajo el N° 782, ordenándose las notificaciones correspondientes. Posteriormente, los ciudadanos Procurador, Contralor General de la República y la contribuyente OFICENTRO LOS RUICES, C.A, fueron notificados en fechas 19 de diciembre de 1994, 17 de enero de 1995 y 24 de marzo de 1995, respectivamente, siendo consignadas las respectivas boletas de notificación, el 27 de marzo de 1995. En fecha 06 de abril de 1995, se admitió el presente recurso ordenándose la tramitación y sustanciación correspondiente. Mediante auto de fecha 03 de mayo de 1995, este Tribunal declaró la presente causa abierta a pruebas. El 03 de julio de 1995, este Tribunal fijó el décimo quinto día de despacho inmediato siguiente para que tuviera lugar el acto de informes. En fecha 13 de abril de 1998, siendo la oportunidad fijada para que tenga lugar el acto de informes, este Tribunal dijo Vistos (Sin informes de la contribuyente). A través de auto de fecha 19 de octubre de 1995, este Tribunal dejó constancia que ninguna de las partes consignó escrito de observaciones a los informes. En fechas 18/09/1996, 20/03/1997, 23/07/1997, 11/12/1997, 27/04/1998, 22/09/1998, 09/08/2000, 17/02/2001, 18/07/2001, 08/05/2002, 15/11/2002, 23/04/2003, 04/08/2003, 21/06/2004, 26/07/2007, 10/03/2008, 18/12/2008 y 14/12/2009, este Tribunal recibió diligencias de la representación de Contraloría General de la República, mediante las cuales solicitaron se dicte sentencia en la presente causa. Mediante diligencia de fecha 09 de agosto de 2010, el abogado Carlos Luis Mendoza Guyón, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 101.960 en su carácter de representante de la Contraloría General de la República, solicitó la notificación de la contribuyente de autos para que exponga dentro de treinta (30) días continuos a partir de su notificación si mantiene interés en la presente causa. En fechas 16 de mayo de 2013, este Tribunal con fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la notificación de las partes para la continuación y decisión de la presente causa. A tales fines libró Cartel a las Puertas del Tribunal. II MOTIVACIONES PARA DECIDIR Correspondería a este Tribunal pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente OFICENTRO LOS RUICES, C.A., contra la Resolución Nº DGGJ-3-4-033 de fecha 29 de abril de 1994, emanada de la de la Contraloría General de la República; no obstante, se observa que desde el día 03 de octubre de 1995, fecha en la cual este Tribunal dijo “VISTOS” (sin informes de la contribuyente), tal y como consta del folio 178 del expediente judicial, hasta el día 16 de mayo de 2013, fecha en la cual este Tribunal dictó auto de avocamiento para la decisión de la presente causa, la contribuyente accionante no realizó acto alguno de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso. En este sentido, resulta pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, en el cual se estableció lo siguiente: “…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión. El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”). El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”). En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia. Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente: “(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”. En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide…” (Resaltado del Tribunal). Siendo así, en el presente caso se observa que el 03 de octubre de 1995, este Tribunal dijo “VISTOS”, hasta el día 16 de mayo de 2013, fecha en la cual este Tribunal dictó auto de avocamiento para la decisión de la presente causa, no consta ninguna actuación de la contribuyente recurrente, evidenciándose que la causa estuvo paralizada por veintisiete (27) años y siete (07) meses aproximadamente, por lo que indudablemente, conforme al criterio precedentemente transcrito, se presume la pérdida del interés procesal por parte de la contribuyente OFICENTRO LOS RUICES, C.A., en que se dicte sentencia, quedando así extinguida la presente causa. Así se declara. Como consecuencia de la declaratoria anterior, este Tribunal no entra a pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Así se decide. III DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN DEL PROCESO POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso tributario interpuesto por el ciudadano Juan Marcos Imery Arroyo, venezolano, mayor de edad, Titular de la cédula de identidad Nº 1.457.535, actuando en su carácter de Presidente de la contribuyente OFICENTRO LOS RUICES, C.A., contra la Resolución Nº DGGJ-3-4-033 de fecha 29 de abril de 1994, a través de la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso jerárquico interpuesto ratificando parcialmente el Reparo Nº DGAC-4-1-1-148, de fecha 08 de julio de 1993, actos emanados de la Contraloría General de la República, quedando obligada la contribuyente a pagar la cantidad total de Bs. 77.477,00 lo que equivale a la cantidad actual de SETENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 77,47.),. Publíquese, regístrese y notifíquese a la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. De igual forma notifíquese al Fiscal General de la República, a la Contraloría General de la República, y a la accionante OFICENTRO LOS RUICES, C.A., de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 277 del Código Orgánico Tributario. Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro máximo Tribunal de Justicia (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia no admite apelación, por cuanto el quantum de la causa no excede de quinientas (500) unidades tributarias. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación. La Juez, Lilia María Casado Balbás El Secretario, José Luis Gómez Rodríguez En el día de despacho de hoy veintidós (22) del mes de mayo de dos mil trece (2013), siendo las doce y cuarenta y cinco minutos de la tarde (12:45 pm), se publicó la anterior sentencia. El Secretario, José Luis Gómez Rodríguez Asunto Nuevo: AF47-U-1983-000001 Asunto Antiguo: 782 LMCB/JLGR/ll.