REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Coordinación Laboral del Estado Monagas
Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas
Maturín, (02) de Mayo de dos mil trece (2013)
202º y 154º

ASUNTO: NP11-L-2012-001417


SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.

De las partes y sus apoderados.

Parte Demandante: ELIT FERNÁNDEZ JARAMILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nª 4.715.258.
Apoderado Judicial Abg. RAFAEL ANTONIO ROJAS HURTADO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 132.337.

Parte Demandada: GRUPO ROPYSO Y PETRODELTA.
Apoderados Judiciales: Abg. ARMANDO JOSÉ OLIVEIRA NARANJO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 91.54, y JOSE PALENCIA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 25.979.
Motivo de la Demanda: Cobro de diferencias de prestaciones Sociales y Otros Conceptos.
Visto el escrito transaccional presentado en fecha 02 de mayo de 2013, suscrito por los ciudadanos: ELIT FERNÁNDEZ JARAMILLO, debidamente asistido en este acto por el Abg. RAFAEL ANTONIO ROJAS HURTADO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 132.337 y los abogados ANTONIO ROJAS HURTADO y JOSÉ PALENCIA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 91.514 y 25.979 respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada, éste Tribunal pasa a realizar las siguientes consideraciones:
La presente acción se inicia por demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales y demás conceptos que intentara el ciudadano ELIT FERNANDE3Z JARAMILLO, en contra de la empresa GRUPO ROYSO Y PETRODELTA., identificados en autos; manifestando que demandaba el pago de las diferencias que por prestaciones sociales se le adeudaban por el tiempo en que prestó sus servicios para la demandada. Cumplidas con las formalidades de ley se inicia la Audiencia Preliminar, dándose los trámites regulares de la misma, sin que las partes lograran una mediación positiva, por lo que el expediente fue remitido a los Tribunales de juicio. En fecha 06/12/2012, este Tribunal dio por recibido el presente asunto, admitiendo las pruebas promovidas, y fijando la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio. El día 12 de Febrero de 2013, fue reprogramada en diferentes oportunidades, no se dio inicio a la Audiencia de Juicio, en virtud que las partes intervinientes presentaron en fecha 02 de Mayo de 2013, por ante la U.R.D.D de esta Coordinación Laboral, TRANSACCIÓN LABORAL, en la que las partes haciéndose concesiones reciprocas, y a los fines de ponerle fin al litigio, manifiestan haber alcanzado un acuerdo, solicitando al Tribunal la Homologación del acuerdo alcanzado.

En el marco del ordenamiento jurídico patrio, los derechos laborales son irrenunciables, pudiéndose no obstante, al término de la relación de trabajo, celebrar convenimientos o transacciones para disponer de tales derechos, siempre y cuando se garanticen los extremos que proyecta la legislación del trabajo a tales fines. La irrenunciabilidad de los derechos laborales se encuentra plasmada en el artículo 89 ordinal 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece:

Art.89. 2º.- Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la Ley. (Negrillas nuestras).

Por consiguiente, la irrenunciabilidad de los derechos laborales representa una garantía constitucional, la cual se encuentra desarrollada en el Artículo 19º de la Ley Orgánica del Trabajo, de las Trabajadoras y los Trabajadores, el cual dispone:

Artículo 19°.- En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y trabajadoras.

Las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora hubiese declarado su conformidad con lo pactado. Los funcionarios y las funcionarias del trabajo en sede administrativa o judicial garantizarán que la transacción no violente de forma alguna el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales. (Negrillas Nuestras)

De la norma transcrita se evidencia, que los documentos transaccionales deben de cumplir con unos requisitos, los cuales están expresamente señalados en la misma, y desarrollados en el artículo 10 del Reglamento de la Ley del Trabajo, estableciendo en el artículo 11 ejusdem, la consecuencia jurídica de su homologación, seguidamente paso a transcribir las referidas disposiciones jurídicas:

Artículo 10.- De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos.


Artículo 11.- La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.

Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno.

Parágrafo Segundo: El inspector o Inspectora del Trabajo procederá a homologar o rechazar la transacción que le fuere presentada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En el supuesto de negativa, deberá indicar los motivos de la decisión y si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándoles a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la Ley orgánica de Procedimientos Administrativos.


De la trascripción antes señalada considera necesario este Juzgador, advertir que aún cuando los artículos anteriores se encuentran vigentes, la enunciación realizada en el artículo 10 del Reglamento de la Ley del Trabajo, se corresponde con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, la cual entró en vigencia a partir del 07 de mayo de 2012, según Gaceta Oficial Nº 6.076 Extraordinaria, y no la mención del artículo 3, de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, del 19 de junio de 1997.

Por consiguiente, el ámbito de la recta aplicación de los artículos 89 ordinal 2º de la Constitución de la República Bolivariana, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 19º de la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y de las Trabajadoras y los artículos 10 y 11 de su Reglamento, resulta posible transigir o convenir derechos de orden laboral, advirtiendo que el incumplimiento de dichos requisitos de ley, conllevaría a declarar como inexistente el acuerdo o convenio que comportó la renuncia o menoscabo del derecho. El auto de homologación de la transacción judicial es una decisión interlocutoria que pone fin al juicio, es decir, tiene carácter definitivo sobre el proceso, por lo que, en apariencia, se ubica entre aquellas decisiones susceptibles de ser recurridas en casación.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto es por lo cual éste juzgador pasa a verificar el cumplimiento de dichos requisitos. Así tenemos que, la transacción en comento, cumple con los requisitos legales del artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, de las Trabajadoras y los Trabajadores, para que produzca los efectos legales correspondientes, pues, fue realizada una vez terminada la relación de trabajo; contiene en forma discriminada los conceptos reclamados por el trabajador en el presente procedimiento, los alegatos dados por la empresa, el reconocimiento por parte del trabajador, y los conceptos y montos aquí transados, así como la materia sobre la cual versa la misma, que es inherente al orden público. Y visto que el documento transaccional consignado en fecha dos (02) de Mayo del año 2013, suscrito por los ciudadanos: ELIT FERNÁNDEZ JARAMILLO, debidamente asistido en este acto por el Abg. RAFAEL ANTONIO ROJAS HURTADO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 132.337 y los abogados ANTONIO ROJAS HURTADO y JOSÉ PALENCIA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 91.514 y 25.979 respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada, se observa que éste cumple con todos los requisitos de ley.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, éste Tribunal le imparte su aprobación y HOMOLOGA LA TRANSACCIÓN presentada por ELIT FERNÁNDEZ JARAMILLO, debidamente asistido en este acto por el Abg. RAFAEL ANTONIO ROJAS HURTADO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 132.337 y los abogados ANTONIO ROJAS HURTADO y JOSÉ PALENCIA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 91.514 y 25.979 respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada, dándole carácter de COSA JUZGADA En consecuencia se da por terminado el presente juicio, se acuerdan las copias certificadas solicitadas en la transacción, una vez suministradas las copias, se ordena el archivo del expediente, líbrese oficio de remisión en la oportunidad legal correspondiente, CÚMPLASE.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA.-

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín, dos (02) día del mes de Mayo del año dos mil trece (2013). Año 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
EL JUEZ
ABOG. ASDRUBAL JOSE LUGO.
EL SECRETARIO. (A)
ABG.

En la fecha ut-supra se registró y publicó la anterior sentencia, siendo las una y treinta de la tarde (11:40 a.m.).-
EL SECRETARIO. (A)