REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. Maracay, 10 de Mayo de 2013 203° y 154° PARTE ACTORA: Ciudadano TONY HAMED, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.938.889, de este domicilio. APODERADO JUDICIAL: Abogado CARLO CUTICCHIA BARBERA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 24.205. PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil GRUPO RIAVICA C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 05 de Agosto de 2003, bajo el Nº 51, tomo 29-A, y con su última reforma ante ese mismo Registro, en fecha 29 de Mayo de 2006, bajo el Nº 68, tomo 35-A, representada por el ciudadano ALBERTO JOSÉ VILORIA ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.464.080 y de este domicilio, en su carácter de Presidente. I. ANTECEDENTES. Vista y analizada la anterior solicitud de Medida Preventiva de Prohibición de Enajenar y Gravar, sobre bienes propiedad de la parte demandada, Sociedad Mercantil GRUPO RIAVICA C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 05 de Agosto de 2003, bajo el Nº 51, tomo 29-A, y con su última reforma ante ese mismo Registro, en fecha 29 de Mayo de 2006, bajo el Nº 68, tomo 35-A, representada por el ciudadano ALBERTO JOSÉ VILORIA ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.464.080 y de este domicilio, en su carácter de Presidente, así como examinados también los recaudos acompañados a la misma; este Juzgador pasa a pronunciarse sobre dicha petición en los términos siguientes: II. MOTIVA. PRIMERO: La moderna doctrina considera a las medidas cautelares como parte integrante del derecho fundamental a la defensa, ya que ellas posibilitan al ciudadano la obtención de la plena ejecución del fallo que le es favorable, para que el transcurso del proceso y su posible retardo no se vuelva contra él. De allí que este Tribunal considere que las medidas cautelares son inherentes a la efectividad de la tutela jurisdiccional; es decir, constituyen la garantía de la eficacia de la sentencia. Tanto la doctrina nacional como la foránea asimilan a un verdadero proceso la vía por la que se deducen pretensiones cautelares; proceso este en el que las partes actúan bajo una perspectiva diferente y con un objeto distinto del que constituye el juicio principal. En consecuencia, este “proceso” cautelar posee los atributos de autonomía e independencia aun cuando se halle dirigido a la eficacia de una posible decisión que reconozca el derecho del demandante. En tal sentido, los autores han expresado: “...La solicitud de medida preventiva supone la subsecuente sustanciación de un verdadero juicio, en el cual existe una parte demandante, una demanda y una pretensión; un demandado, un juez, un objeto, una causa Petendi y un thema decidendum distinto, o más exactamente diríamos diverso, al del juicio principal. La pretensión del solicitante es el aseguramiento del resultado práctico de la ejecución forzosa, el objeto del juicio son los bienes a afectar o afectados por la medida y la causa de la pretensión está representada por el peligro en la mora; por manera que el tema a decidir, no es que sea contrario o ajeno al del juicio principal, sino que se halla en una dimensión distinta a la de éste. Ciertamente, el proceso preventivo es esencialmente un juicio ejecutivo en cuanto solo lo refiramos a la aprehensión de bienes. En cambio, el juicio principal es un proceso de conocimiento en el cual solo se persigue la formación del mandato contenido en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; la finalidad de la medida preventiva no es, pues, la declaración; es el aseguramiento material y efectivo de esa declaración. Tales disparidades dejan ver la necesidad de una plena autonomía de sustanciación...”. (Henríquez La Roche, Ricardo: Medidas Cautelares según el Nuevo Código de Procedimiento Civil; tercera edición, Maracaibo 1988; pág. 172). Bajo este orden de ideas, el maestro Piero Calamandrei también se refiere a la diferente naturaleza del proceso cautelar respecto del principal, cuando expresa que: “...No tomándose nunca en consideración, dentro del juicio principal, la existencia de las condiciones de la acción cautelar (apariencia del derecho; estado de peligro del derecho aparente), ya que el juicio principal tiene su origen en una acción diversa, no se puede, por tanto, considerar la providencia que declara la inexistencia del derecho principal como declaración retrospectiva de la inexistencia de una de las condiciones de la acción cautelar, y, por tanto, como revelación de la ilegitimidad de la medida cautelar concedida y actuada”. (Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina 1984, pág.83) Por otra parte, la doctrina Española también admitió que existe diferencia entre ambos procesos, y advirtió que: “...la pretensión procesal objeto del proceso cautelar es distinta a la del proceso principal; que aquella pretensión recibe un tratamiento procesal más o menos amplio pero diferenciado del correspondiente a la pretensión principal; que en muchos casos es necesario establecer reglas de competencia objetiva y territorial específicas para pretensiones procesales cautelares, sin que cuando esto último no ocurre pueda argumentarse en contra de la autonomía, dado que también la competencia para la ejecución es muchas veces funcional, y no por ello se niega su calidad de proceso diferenciador”. (Ortells Ramos, Manuel: La Tutela Judicial Cautelar en el Derecho Español, Granada 1996). De lo que resulta pertinente para quien aquí decide; acoger los anteriores criterios doctrinales, pues si bien el proceso cautelar es un instrumento que permite alcanzar la plena ejecución de lo decidido, la naturaleza, el procedimiento y sus efectos, así como las finalidades de ambos son considerablemente distintos (Henríquez La Roche, Ricardo. Ob. cit., pág.172). Así pues, observa que mientras el objeto de las cautelares es asegurar la eficacia de lo decidido mediante la aprehensión de bienes, o la orden de abstención o de prohibición de efectuar determinados actos jurídicos; en los procesos declarativos o de condena se persigue el reconocimiento del derecho material deducido. Bajo esta tesitura, también se apoya en las mencionadas autonomías y urgencias con que el proceso cautelar debe tramitarse, destinado como está a proteger al demandante contra los efectos gravosos de la demora del juicio y la posibilidad de que sea inefectiva la sentencia del mérito de la controversia. En efecto el artículo 604 del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente dispone que: “Ni la articulación sobre estas medidas, ni la que origine la reclamación de terceros, suspenderán el curso de la demanda principal, a la cual se agregará el cuaderno separado de aquellas, cuando se hayan terminado”. SEGUNDO: El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil venezolano establece que: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” Con relación a este punto advierte quien aquí juzga, que los recaudos consignados por la demandante en el presente cuaderno de medidas, y con los que pretende satisfacer los requisitos de procedencia del decreto de prohibición de enajenar y gravar solicitado, consistente en la copia certificada del libelo de la demanda, donde consta en su CAPÍTULO IV denominado DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, como fundamenta los extremos concurrentes que debe poseer toda solicitud de alguna medida cautelar (fumus boni iuris y periculum in mora). Por lo que es fuerza inferir que el Representante Judicial de la parte actora, pretende se decrete Medida Preventiva de Prohibición de Enajenar y Gravar, sobre el terreno donde se encuentran ubicados los bienes inmuebles objetos del litigio, por lo que es fuerza concluir que en razón de que tampoco consta en el presente cuaderno de medidas prueba alguna del fumus boni iuris ni del periculum in mora alegados por el Apoderado Judicial de la parte actora en su escrito, resulta forzoso para quien aquí decide declarar IMPROCEDENTE la petición de medida cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada por la representación de la parte demandante. ASÍ SE DECIDE. III. DISPOSITIVA. Por los fundamentos expuestos este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: DEFICIENTES LAS PRUEBAS PRODUCIDAS PARA SOLICITAR LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR realizada por el Abogado en ejercicio CARLO CUTICCHIA BARBERA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 24.205, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandante, ciudadano TONY HAMED, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.938.889 y de este domicilio y basa su negativa en el hecho de que el solicitante no aportó las pruebas suficientes que demuestren la existencia del fumus boni iuris ni del periculum in mora alegado por el. En consecuencia, conforme al artículo 601 del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente, se ordena a la parte solicitante que amplíe las pruebas pertinentes de los requisitos de procedencia de la medida peticionada. ASÍ SE DECIDE. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los Diez (10) días del mes de Mayo de Dos Mil Trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación. EL JUEZ TITULAR RAMÓN CAMACARO PARRA LA SECRETARIA ACCIDENTAL NURY CONTRERAS SÁNCHEZ. RCP/NCS/FG.- EXP Nº 14.709.