REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS PARTE ACTORA Sociedad Mercantil ADMINISTRADORA MULTICENTRO, S.R.L, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (Ahora Distrito Capital) y Estado Miranda el día 09 de Octubre de 1984, bajo el N° 36, Tomo 8-A Sgdo. APODERADOS JUDICIALES: Ciudadanos RAYMOND ORTA MARTÍNEZ, CARLOS ALBERTO CALANCHE BOGADO, INDIRA MOROS RESTREPO y MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ NÚÑEZ, abogados en ejercicio, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 40.518, 105.148, 110.298 y 119.895, respectivamente. PARTE DEMANDADA Ciudadano MARIO RODRÍGUEZ PÉREZ, cubano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° E-244.072. No consta en autos apoderado judicial. MOTIVO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO TIPO DE SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva. MATERIA: Civil EXPEDIENTE: AP31-V-2010-003940 -I- DE LAS ACTUACIONES PROCESALES Se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda interpuesto por los abogados RAYMOND ORTA MARTÍNEZ, CARLOS ALBERTO CALANCHE BOGADO, INDIRA MOROS RESTREPO y MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ NÚÑEZ, actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil ADMINISTRADORA MULTICENTRO, S.R.L, presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en los Cortijos en fecha 13/10/2010, correspondiéndole el conocimiento de la causa a este Tribunal, siendo recibida en fecha 15-10-2010. En fecha 21/10/2010 fue admitida la presente demanda conforme al procedimiento previsto en los artículos 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ordenándose la citación de la parte demandada. En fecha 09/09/2010 se libró compulsa de citación a la parte accionada, siendo consignada en fecha 18/09/2010 sin firmar por el Alguacil Titular de la Unidad de Alguacilazgo. En fecha 07/12/2010 se desglosó compulsa de citación a la parte demandada. A través de diligencia de fecha 07/12/2011 la parte actora solicita la continuación de la presente causa. En fecha 10/01/2012 este Tribunal dicta auto, en el cual adapta la presente causa al procedimiento de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, en virtud de su entrada en vigencia. A través de diligencia de fecha 18/01/2012, la parte actora solicitó se librara oficio a la Unidad de Alguacilazgo a fin que informara sobre la práctica de la citación a la parte demandada. En fecha 30/01/2012 este Tribunal libra nueva compulsa de citación a la parte demandada. A través de diligencia de fecha 09/02/2012 la parte actora consigna fotostátos respectivos para la elaboración de la compulsa; la cual fue librada en fecha 23/02/2012, siendo consignada sin firmar por la Alguacil Titular en fecha 02 de los corrientes. -II- DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”; Por otro lado, dispone el artículo 269 eiusdem, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”. En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención de acuerdo al encabezado del artículo 267 ibídem, es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Entre los casos previstos en los cuales operaría la perención como consecuencia del comportamiento negligente de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de que siendo el interesado en impulsar el proceso, a los fines de que se efectúen las diferentes etapas procesales hasta llegar a una sentencia acerca del mérito de la causa; la falta de manifestación de ese interés propio, es sancionada con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda. En el presente caso, la parte actora ha debido ser diligente a objeto de impulsar la práctica de la citación de la parte demandada, circunstancia esta que no se verificó en el caso que nos ocupa, ya que desde el 09 de febrero de 2012, fecha en que la parte actora consignó los fotostátos respectivos para la elaboración de la compulsa de la parte accionada y siendo que hasta la presente fecha, no ha habido ninguna actuación de la accionante en la presente causa, es por lo que queda evidenciada así la falta de impulso procesal, paralizándose la causa por más de un (1) año, debiendo este Tribunal de oficio declarar la perención de la instancia por haber transcurrido más de un (1) año de inactividad de la parte actora, sin que realizara ningún tipo de actuación de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención. Así se decide. -III- DISPOSITIVA Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo establecido en el artículo 269, ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil trece (2013). AÑOS 203° DE LA INDEPENDENCIA y 154° DE LA FEDERACIÓN. LA JUEZA DAYANA ORTÍZ RUBIO LA SECRETARIA BLENDY BARRIOS En esta misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, siendo la una de la tarde (01:00 p.m). LA SECRETARIA BLENDY BARRIOS DOR/BB/Csperezg AP31-V-2010-003940