REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Violencia contra la Mujer en función de Juicio de la Circunscripción Judicial del estado Monagas Maturín, 7 de Octubre de 2013 203º y 154º ASUNTO PRINCIPAL : NP01-S-2012-001808 ASUNTO : NP01-S-2012-001808 Vista el escrito presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal en fecha 07 de octubre 2013, y recibido por este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia de Delitos de Violencia Contra las Mujeres del Circuito Penal del Estado Monagas, en esta misma fecha, interpuesto por la Abogada Mary Cedeño, actuando con el carácter de Defensora Privada del acusado de auto HENDERSON JAVIER DÍAZ, Titular de la Cedula de identidad Nº V-17.075.817, por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA SEXUAL, previsto y sancionado en el articulo 43 en su encabezamiento, VIOLENCIA FÌSICA previsto y sancionado en el artículo 42 encabezamiento y el delito de AMENAZA previsto y sancionado en el artículo 41 encabezamiento y ultimo aparte todos de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana (SE OMITE IDENTIDAD), sea trasladado a la Policía del Estado, ya que su representado le informo vía telefónica que lo querían secuestrar visto que la victima había estado en el penal el día sábado, llegando a la conclusión que su defendido no había sido traslado hasta este Circuito, acusado los mismos tienen sus padres en ese Estado, tienen todas las familias y han tenido problema en el Internado Judicial de la Pica, ya que los familiares no pueden sostenerlos por recursos económicos para trasladarse y allá se le hace más fácil…”; esta Juzgadora hace las siguientes consideraciones: Se evidencia de las actas procesales que desde el 17 de mayo de 2011, se encuentran recluidos en las instalaciones del Centro Penitenciario de Oriente (La Pica), el acusado HENDERSON JAVIER DÍAZ, Titular de la Cedula de identidad Nº V-17.075.817, debido a que ingresaron por un delito de flagrancia; por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA SEXUAL, previsto y sancionado en el articulo 43 en su encabezamiento, VIOLENCIA FÌSICA previsto y sancionado en el artículo 42 encabezamiento y el delito de AMENAZA previsto y sancionado en el artículo 41 encabezamiento y ultimo aparte todos de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana (SE OMITE IDENTIDAD).. Ahora bien conforme lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 2, nuestro país se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de Justicia, que fundamenta su estructura y funcionamiento en una serie de valores considerados como superiores y que forman el eje transversal que debe orientar el desarrollo de la Nación. Entre tales valores, se encuentra la preeminencia de los derechos humanos, los cuales han de ser respetados y garantizados por todos los órganos que conforman el Poder Público en cualquiera de sus niveles, tal como lo señala el artículo 19 en concordancia con las previsiones del artículo 23 del texto constitucional. Sobre la base de las consideraciones anteriores, es imperativo para toda autoridad el garantizar y hacer respetar todos aquellos derechos, enunciados o no, que son inherentes a la condición humana. Ello con el objetivo inequívoco de materializar la justicia mediante la puesta en practica de una tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y más aún, cuando estos son considerados como derechos fundamentales que requieren ser amparados mediante la acción directa de los diferentes órganos pertenecientes al Poder Público en sus diferentes estamentos. En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según Sentencia Nº 576 de fecha 27-4-2001, estableció que la Tutela Judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, constituye en su esencia una garantía jurisdiccional, definida como el derecho atribuido a toda persona de acceder a los órganos de administración de justicia para que sus diferentes pretensiones sean tramitadas mediante un proceso, que ofrezca unas mínimas garantías, todo lo cual sólo es posible cuando se cumplen en él los principios establecidos en la misma Constitución. De allí, que sea necesario acatar la supremacía del texto constitucional, y de los dictámenes vinculantes establecidos por la Sala Constitucional, tal como impetran los artículo 7 y 335 de la misma. A este respecto, tales principios dimanados de la fuente constitucional, se constituyen en verdaderos imperativos normativos que han de ser salvaguardados en beneficio de la sociedad en general, y más aún, cuando estos se refieren a los derechos que emergen de la propia naturaleza humana de los ciudadanos y de las ciudadanas. Se trata, entonces, de seguir la senda constitucional, para aplicar una justicia al caso concreto, considerando la función social del proceso, y los derechos inherentes a las personas sometidas a él. Tal garantía jurisdiccional, se constituye en una balanza que busca equilibrar el poder punitivo estatal frente al individuo sometido al proceso mismo. Todo ello, viene a ser considerado tanto en el derecho internacional como en el derecho nacional, constituyéndose en elementos axiológicos que han de teñir a la administración de justicia, para dotarla de una credibilidad cónsona con la realidad a la cual es aplicable la norma jurídica, para que esta no sea extraña y menos aún desproporcionada. Dadas las condiciones que anteceden, la tutela judicial efectiva consiste en la verdadera materialización de la justicia, porque permite al ciudadano o la ciudadana acudir en protección de sus derechos, y más aún cuando se encuentra sometido a proceso penal, privado o privada de su libertad. Porque en este caso, es el Juez o Jueza el encargado de velar por la protección sustancial de sus derechos, armonizando la necesidad de asegurar la realización del proceso, con la protección de los derechos de la persona privada de su libertad, quien aún cuando se halle en tal condición, no puede ser mermada en sus derechos, y menos de aquellos derechos que devienen de su naturaleza humana. De los anteriores planteamientos se deduce, el deber de este Tribunal de salvaguardar tanto el derecho a la vida como el derecho a la integridad física consagrados en los artículos 43 y 46 de la Constitución, de todas las personas sometidas a proceso en las causas que se llevan por ante este despacho. En el análisis del caso in comento, y una vez analizado todos los argumentos anteriormente expuestos dicha solicitud constituye un hecho que motiva a este órgano jurisdiccional pronunciarse ello con el fin de proteger los derechos del ciudadano el acusado HENDERSON JAVIER DÍAZ, Titular de la Cedula de identidad Nº V-17.075.817, sea trasladado a la Comandancia de Policía del Estado Monagas, ya que su vida corre peligro, han tenido problema en el Internado Judicial de la Pica…”. Es de hacer notar que las áreas de reten de las policías regionales de los estados no son centro de reclusión, sino salas de guarda y custodia policial provisional, aunado a ello no consta en las actas procesales que los acusados de autos se encuentren en riesgo vital ; esta Juzgadora considera pertinente y necesario para la seguridad y estadía de los privados de libertad, y tomando en cuenta tales parámetros, pues no hacerlo atentaría contra el buen funcionamiento de las políticas criminales y penitenciarias establecidas en la República Bolivariana de Venezuela; resuelve mantener como sitio de reclusión de los acusado ciudadano HENDERSON JAVIER DÍAZ, Titular de la Cedula de identidad Nº V-17.075.817, el Centro Penitenciario de Oriente, ubicado en la Parroquia La Pica, Municipio Maturín, Estado Monagas; ORDENANDO al ciudadano Director del Centro Penitenciario de Oriente, Parroquia La Pica, Municipio Maturín, Estado Monagas, en virtud de su deber derivado de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de las demás leyes y reglamentos vigentes, a que garantice en la practica el derecho a la vida y a la integridad física del ciudadano HENDERSON JAVIER DÍAZ, Titular de la Cedula de identidad Nº V-17.075.817, puesto que es un derecho humano fundamental que debe ser resguardado, mediante el uso del personal adscrito a dicha sede penitenciaria, así como al personal de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. En consecuencia se declara sin lugar lo solicitado por la defensa y se acuerda librar oficio al ciudadano Director del Centro Penitenciario de Oriente con sede en la Parroquia la Pica Municipio Maturín Estado Monagas Y así se decide.- DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia Penal en funciones de Juicio en materia de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, Impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, resuelve lo siguiente: Primero: Se declara sin lugar lo solicitado por la abogada Mary Cedeño, en su condición de Defensora Privada del acusado ciudadano HENDERSON JAVIER DÍAZ, Titular de la Cedula de identidad Nº V-17.075.817, de ser traslado a la sede de la Comandancia de Policía del Estado Monagas. SEGUNDO: Se ORDENA que el ciudadano Director del Centro Penitenciario de Oriente con sede en la Parroquia La Pica, Municipio Maturín Estado Monagas, en virtud de su deber derivado de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de las demás leyes y reglamentos vigentes, garantice en la práctica el derecho a la vida y a la integridad física del acusado ciudadano HENDERSON JAVIER DÍAZ, Titular de la Cedula de identidad Nº V-17.075.817, puesto que es un derecho humano fundamental que debe ser resguardado, mediante el uso del personal adscrito a dicha sede penitenciaria, así como al personal de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Todo ello en protección al derecho a la vida y a la integridad física, en consideración a lo previsto en los artículos 2, 7, 19, 26, 43, 46, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Notifíquese a la partes. Líbrese el oficio respectivo. Cúmplase.- JUEZA DE JUICIO EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MONAGAS. ABGA. DULCE LOBATON B. EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, ABG. ORLANDO CORONADO.