TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas

PARTE SOLICITANTE: Alexander Antonio Belly López y Omaira Otlia La Cruz Peña, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. 6.030.488 y 7.307.182, respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE SOLICITANTE: Nelson Italico Paredes Rivera e Iris Eduviges Peña Yanez, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, abogados en ejercicio, titulares de las cédulas de identidad Nros. 11.555.014 y 6.106.027, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 149.667 y 124.930, respectivamente.

MOTIVO: Partición y Liquidación Amistosa de la Comunidad Conyugal.

En fecha 23.07.2013, se recibió ante la Secretaría de este Tribunal, la solicitud presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil de los Tribunales de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, por los ciudadanos Alexander Antonio Belly López y Omaira Otlia La Cruz Peña, debidamente asistidos por el abogado Nelson Italico Paredes Rivera, por medio de la cual peticionan amistosamente la partición y liquidación de los bienes habidos durante la vigencia del vínculo matrimonial que los unía, contraído por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Caricuao del Municipio Libertador del Distrito Federal, el día 02.03.1991, según consta en partida de matrimonio N° 56, el cual fue disuelto por sentencia definitivamente firme dictada en fecha 25.04.2007, por la Sala de Juicio Juez Unipersonal N° 06 del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Acto seguido, el día 31.07.2013, se dio entrada a la solicitud y se instó a la parte solicitante a consignar original o copia certificada del documento que acreditara la propiedad del vehículo objeto de la partición, cuyo requerimiento fue satisfecho en fecha 27.09.2013.

En tal virtud, procede este Tribunal a pronunciarse respecto a la petición formulada por los solicitantes, con base en los razonamientos que se esgrimen a continuación:

- I -
DE LA LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

Los ciudadanos Alexander Antonio Belly López y Omaira Otlia La Cruz Peña, debidamente asistidos por el abogado Nelson Italico Paredes Rivera, en el escrito de solicitud se adjudicaron los bienes habidos durante la existencia de la relación conyugal que los unía, de la manera siguiente:

“…Nosotros, Omaira Otilia La Cruz Peña, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Caracas y titular de la cedula de identidad N° V-6.030.488, por una parte y por la otra Alexander Antonio Belly López, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Caracas y titular de la cedula de identidad N° V-7.307.182; asistidos en este acto por el Abogado Nelson Italico Paredes Rivera inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el N° 149.667; ante usted, respetuosamente ocurrimos a los fines de exponer y solicitar lo siguiente:
CAPITULO I
DISOLUCION DEL VÍNCULO MATRIMONIAL
Ciudadano Juez, mediante sentencia de fecha 25 de Abril de 2007, proferida por la Sala de Juicio N° 6 del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, en el asunto identificado AP51-S-2006-023013, quedo disuelto el vinculo matrimonial que nos unía desde el 02 de marzo de 1991, sentencia que quedo definitivamente firme, y de la que agregamos copia certificada al presente escrito, constante de cuatro (4) folios útiles, marcada con la letra ‘A’.
CAPITULO II
DE LA COMUNIDAD DE GANANCIALES
Ahora bien ciudadano Juez, previo a los trámites de divorcio, habíamos acordado la partición amigable de los bienes habidos durante la unión matrimonial, y así lo expresamos en el escrito de solicitud de divorcio, los bienes que pertenecen a la Comunidad de Gananciales y su adjudicación, por lo que, hemos decidido materializar esa partición de la siguiente manera:
1.- BIENES DE LA COMUNIDAD DE GANANCIALES
Ambas partes manifestaron que los únicos bienes de la sociedad conyugal son los siguientes:
1.1- Un inmueble constituido por un apartamento, distinguido con el numero y letra 1-D, ubicado en el piso uno (1) del edificio denominado “Residencias Los Laureles” situado en la avenida Naiguatá de la Urbanización Macaracuay, Municipio Sucre del Estado Miranda; el cual tiene una superficie de noventa y cinco metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados (95,31mts2) y el cual de mutuo acuerdo es justipreciado en la cantidad de ochocientos mil bolívares (Bs.800.000,00).
1.2.- Los enseres del hogar, artefactos eléctricos, línea blanca, línea marrón, muebles etc. que en su conjunto de mutuo acuerdo los justipreciamos en la cantidad de veinte mil bolívares (Bs.20.000,00).
1.3.-Un vehículo marca Ford, Clase automóvil, Tipo Sedan, año 1996, Modelo Laser XLI, Color Blanco, Placas DAE-37U, Serial Motor 4 CL, Serial de Carrocería: SJNBTP-29178, Uso Particular; según consta de copia del documento de Compra Venta de fecha 25 de febrero de 1999, al que de mutuo acuerdo justipreciamos en la cantidad de cincuenta mil bolívares (Bs.50.000,00).
1.4.- Prestaciones Sociales de Alexander Antonio Belly López, devengadas en la empresa Movistar, que ascienden a la cantidad de doce mil bolívares (Bs.12.000,00), monto este que ya fue repartido entre las partes manifestando los mismos en el presente documento que no se adeudan ningún monto por este concepto.
1.5.- Prestaciones Sociales de Alexander Antonio Belly López, devengadas en la empresa Intesa y Maraven filial de Petróleos de Venezuela ahora PDVSA, de las que no tenemos la certeza de la cantidad ni de la oportunidad en que podrán hacerse efectivas.
Total Activo Presente: ochocientos setenta mil bolívares (Bs.870.000, 00) cifra esta que no comprende lo que corresponde a las prestaciones que se especifican en el numeral 1.5 del listado de bienes.
CAPITULO III
ADJUDICACIONES
Hemos decidido de mutuo acuerdo que los presentes bienes se adjudiquen de la siguiente manera:
BIENES QUE SE ADJUDICAN A OMAIRA OTILIA LA CRUZ PEÑA
1.- El Cien por ciento (100%) del Inmueble identificado en el numeral 1.1 del listado de bienes y a su vez será la responsable a cancelar los servicios del mismo; lugar donde tiene su residencia con los hijos; valor ochocientos mil bolívares (Bs.800.000, 00).
2.- Los enseres del hogar a que se hace mención en el numeral 1.2 del listado de bienes, por un valor de veinte mil bolívares (Bs.20.000, 00).
3.- El vehículo descrito en el numeral 1.3 del listado de bienes, por un valor de cincuenta mil bolívares (Bs.50.000, 00).
4.-El cincuenta por ciento (50%) de las Prestaciones Sociales de Alexander Antonio Belly López, devengadas en la empresa Movistar, monto este que ya fue repartido entre las partes manifestando los mismos en el presente documento que no se adeudan ningún monto por este concepto, descrito en el numeral 1.4 de la lista de bienes.
5.- El cincuenta por ciento (50%) de las Prestaciones Sociales que le corresponden a Alexander Antonio Belly López devengadas en las Empresas Intesa y Maraven filial de Petróleos de Venezuela ahora PDVSA y que se mencionan en el numeral 1.5 del listado de bienes, de las que no tenemos la certeza de la cantidad ni de la oportunidad en que podrán hacerse efectivas.
Total en Bolívares de Bienes Adjudicados: bolivares ochocientos setenta mil (Bs.870.000, 00).
BIENES QUE SE ADJUDICAN A ALEXANDER ANTONIO BELLY LOPEZ
1.-El cincuenta por ciento (50%) de sus Prestaciones Sociales, devengadas en la empresa Movistar, que ascienden a la cantidad de seis mil bolívares (Bs.6.000, 00), monto este que ya fue repartido entre las partes manifestando los mismos en el presente documento que no se adeudan ningún monto por este concepto.
2.- El cincuenta por ciento de sus Prestaciones Sociales, devengadas en las Empresas Intesa y Maraven filial de Petróleos de Venezuela ahora PDVSA, a las que se refiere el numeral 1.5 del listado de bienes, de las que no tenemos la certeza de la cantidad ni de la oportunidad en que podrán hacerse efectivas.
Total en Bolívares de Bienes Adjudicados: No tenemos la certeza de la cantidad ni de la oportunidad en que podrán hacerse efectiva el pago de las presentes Prestaciones Sociales devengadas en las Empresas Intesa y Maraven filial de Petróleos de Venezuela ahora PDVSA.
Ahora bien ciudadano Juez, dentro de los bienes que corresponden a la comunidad de gananciales y que mediante el presente instrumento se adjudican solo restaría por liquidar las prestaciones a que se hace mención en el numeral 1.5 del listado de bienes y que hemos decidido que en la oportunidad en que puedan ser liquidadas corresponderá el cincuenta por ciento (50%) a cada uno, por lo que respecto a los bienes aquí expresamente adjudicados y no existiendo otros bienes materiales apreciables en dinero que puedan o deban ser objeto de esta partición amigable, con la excepción del establecido en el numeral 1.5 del listado de bienes como expresamente lo hemos señalado, es por lo que respecto a los bienes adjudicados, declaramos expresamente, que con la presente partición, quedan legal y completamente divididos los bienes que conforman nuestra sociedad conyugal, por lo que, con lo aquí decidido queda resuelto lo relacionado con los bienes emergentes de nuestro divorcio, a excepción del bien señalado en el numeral 1.5 del listado de bienes, en consecuencia, manifestamos voluntariamente y libres de todo apremio, que no tenemos en el presente, pero si en el futuro y solo en lo que corresponde a la excepción a que nos hemos referido suficientemente como lo es el bien señalado en el numeral 1.5 del listado de bienes, nada que reclamarnos por ningún concepto. Así mismo solicitamos de este honorable Tribunal homologue la partición y liquidación de la comunidad conyugal amistosa que por medio del presente escrito otorgamos, por no ser contraria a derecho. Finalmente solicitamos, se nos expidan tres (3) copias certificadas del presente escrito con la inclusión de la decisión que emita este tribunal para fines legales de nuestro interés…”.

- II -
DE LA COMPETENCIA

Pasa a continuación este Tribunal a revisar su competencia para conocer la presente solicitud, conforme a las observaciones siguientes:

La competencia consiste en la distribución del poder jurisdiccional entre los distintos Tribunales a los cuales se le asigna el conocimiento de determinados asuntos por disposición expresa de la Ley, cuya vinculación al derecho de defensa se encuentra contemplada en los numerales 3° y 4° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a través de ella el justiciable es juzgado por su juez natural y competente, como expresión de la garantía de un debido proceso.

En tal sentido, el artículo 3° de la Resolución N° 2009-0006, dictada en fecha 18.03.2009, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:

“Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

Conforme a la anterior disposición jurídica, corresponde a los Juzgados de Municipio conocer de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosos en material civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza, por lo que este Tribunal resulta competente para conocer la presente solicitud no contenciosa. Así se declara.

- III -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Plateada en estos términos la presente solicitud, procede de seguida este Tribunal a pronunciarse respecto a la partición amistosa celebrada entre las partes, previas las consideraciones siguientes:

El Matrimonio puede ser considerado como una unión entre un hombre y una mujer que cuenta con un reconocimiento social, cultural y jurídico, ya que tiene por fin fundamental la fundación de un grupo familiar, aunque también para proporcionar un marco de protección mutua o de protección tanto jurídica como económica y emocional de la descendencia. Produce una serie de efectos jurídicos entre los cónyuges y frente a terceras personas, de los cuales los fundamentales son las obligaciones conyugales, el parentesco, la adquisición de derechos sucesorales y el régimen económico, que encuentran en el Código Civil y demás leyes aplicables su reglamentación.

En conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código Civil, el matrimonio se disuelve por dos (02) razones fundamentales, las cuales son:

a) Por la muerte, debido que ante la desaparición física de uno de los esposos, el vínculo entre ambos deja de existir y de producir efectos jurídicos válidos.
b) Por el divorcio, que es el medio utilizado como procedimiento especial destinado a lograr el cese de la relación conyugal.

Así pues, el divorcio es la separación y ruptura del matrimonio que se encuentra constituido legalmente entre un hombre y una mujer, la cual puede darse por una causal citada en la ley, que al ser puesta en consideración ante el juez competente en lo civil, tendrá la facultad de declarar disuelto el vínculo matrimonial, mediante sentencia judicial, en donde también se definirá todo lo que haya producido ese matrimonio, facultando además a los cónyuges a contraer nuevo matrimonio luego de pasado el tiempo que establece la ley, así como a liquidar la comunidad de gananciales.

Cuando la pareja decide llegar a un acuerdo previo al matrimonio para regular su patrimonio dentro de la vida conyugal, se habla de Capitulaciones Matrimoniales, caso contrario, si no es llevado a cabo este procedimiento, la ley procura un régimen supletorio denominado Comunidad Limitada de Gananciales.

Las Capitulaciones Matrimoniales son acuerdos que realiza la pareja próxima a casarse para determinar el tratamiento que será aplicado a sus bienes patrimoniales durante la existencia del matrimonio, las cuales se caracterizan por ser: i) Bilaterales, debido a que son realizados por los contrayentes; ii) Accesorias, puesto que no podrán celebrarse de manera independiente al matrimonio, toda vez que si éste no llega a realizarse o es declarado nulo, las capitulaciones no surten efecto alguno; iii) Solemnes, debido a que su instrumentación y debida ejecución requiere del cumplimiento de determinadas formalidades establecidas en la ley; iv) Personalísimas, pues son llevadas a cabo exclusivamente por los contrayentes; v) Inapelablemente anteriores al Matrimonio, ya que deben ser pactadas previa a la celebración del matrimonio; vi) Inmutables, por cuanto no pueden modificarse después de verificarse el casamiento civil.

Por otro lado, se encuentra el régimen legal supletorio denominado Comunidad Limitada de Gananciales, que entra en escena cuando los futuros cónyuges no ejercen el derecho que les otorga la ley para elegir su régimen patrimonial matrimonial, supliendo el vacío que podría causar esa falta de escogencia.

El artículo 148 del Código Civil, establece:

“Artículo 148.- Entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio”.

Por su parte, el artículo 149 ejúsdem, expresa:

“Artículo 149.- Esta comunidad de los bienes gananciales comienza precisamente el día de la celebración del matrimonio; cualquiera estipulación contraria será nula”.

Entre tanto, el artículo 156 ibídem, prevé:

“Artículo 156.- Son bienes de la comunidad:
1. Los bienes adquiridos por título oneroso durante el matrimonio, a costa del caudal común, bien se haga la adquisición a nombre de la comunidad o al de uno de los cónyuges.
2. Los obtenido por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges.
3. Los frutos, rentas o intereses devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges”.

Así, la Comunidad Limitada de Gananciales puede definirse como un género de comunidad restringida, constituido por la propiedad compartida de un conjunto de bienes, que se consideran comunes a ambos cónyuges, representados por las ganancias o beneficios obtenidos por cualquiera de ellos durante el matrimonio, manteniendo esa propiedad al margen de la existencia de bienes propios de cada esposo y se extingue por las causas taxativamente establecidas en la ley.

Al respecto, el artículo 173 del Código Civil, contempla:

“Artículo 173.- La comunidad de los bienes en el matrimonio se extingue por el hecho de disolverse éste o cuando se le declare nulo. En este último caso, el cónyuge que hubiere obrado con mala fe no tendrá parte en los gananciales.
Si hubiera mala fe de parte de ambos cónyuges, los gananciales corresponderán a los hijos, y sólo en defecto de éstos a los contrayentes.
También se disuelve la comunidad por la ausencia declarada y por la quiebra de uno de los cónyuges y por la separación judicial de bienes, en los casos autorizados por este Código.
Toda disolución y liquidación voluntaria es nula, salvo lo dispuesto en el artículo 190”.

El anterior precepto legal preceptúa las causas de extinción de la comunidad de bienes, cuando precisa que la misma se extingue:

1) Por la disolución del vínculo conyugal.
2) Por la anulación del matrimonio.
3) Por la ausencia declarada de uno de los cónyuges.
4) Por la quiebra de uno de los cónyuges.
5) Por la separación judicial de bienes, en los casos autorizados por la ley.

Ahora bien, el vínculo matrimonial contraído entre los ciudadanos Alexander Antonio Belly López y Omaira Otlia La Cruz Peña, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Caricuao del Municipio Libertador del Distrito Federal, el día 02.03.1991, según consta en partida de matrimonio N° 56, fue disuelto por sentencia definitivamente firme dictada en fecha 25.04.2007, por la Sala de Juicio Juez Unipersonal N° 06 del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con fundamento en el artículo 185-A del Código Civil.

En tal sentido, el artículo 186 ejúsdem, puntualiza:

“Artículo 186.- Ejecutoria la sentencia que declaró el divorcio, queda disuelto el matrimonio, y cesará la comunidad entre los cónyuges y se procederá a liquidarla. Las partes podrán contraer libremente nuevo matrimonio observándose lo dispuesto en el artículo 57”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

En atención a la anterior disposición jurídica, la comunidad de bienes cesa una vez ejecutoriada la sentencia que disuelve el matrimonio y por tanto, a partir de ese momento podrán las partes liquidarla por medio de demanda principal o por convenio de partes.

El artículo 788 del Código de Procedimiento Civil, consagra:

“Artículo 788.- Lo dispuesto en este Capítulo no coarta el derecho que tienen los interesados para practicar amigablemente la partición; pero si entre los interesados hubieres menores, entredichos o inhabilitados, será necesaria la aprobación del Tribunal competente, según el Código Civil y las leyes especiales”.

El anterior precepto legal faculta a toda persona que se encuentre en comunidad de bienes con otra a practicar amigablemente la partición de los mismos, mediante la presentación del escrito que contendrá el acuerdo de voluntades ante la autoridad judicial competente, quien lo aprobará si no es contrario al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.

Tal acuerdo de voluntades realizado por las partes con ocasión a la liquidación de la comunidad de gananciales constituye un contrato, el cual es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico, según lo dispuesto en el artículo 1.133 del Código Civil.

En este contexto, el Dr. José Melich Orsini, en su obra “Doctrina General del Contrato”, apunta que el contrato es, pues, un negocio jurídico bilateral capaz de crear, reglamentar, transmitir, modificar o extinguir una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurren a su celebración, y no sólo es eficaz en lo que se refiere a vínculos de naturaleza personal (de contenido patrimonial o extra-patrimonial) entre las partes, esto es, derechos de créditos (lo que se llama eficacia personal del contrato), sino que también puede afectar el estado de los derechos reales (la llamada eficacia real del contrato).

El artículo 1.713 ejúsdem, define:

“Artículo 1.713.- La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

Por su parte, el artículo 1.718 ejúsdem, dispone:

“Artículo 1.718.- La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada”.

En lo que se refiere a la transacción, el procesalista Jaime Guasp, expresa que “…es un verdadero negocio jurídico, puesto que se compone de declaraciones de voluntad privadas que tienden a producir inmediatamente efectos de tal carácter. Y puesto que las declaraciones de voluntad no aparecen la una al lado de la otra, sino la una frente a la otra, puede hablarse de la transacción como de un contrato…”. (Guasp, Jaime. Compendio de Derecho Procesal Civil. Tomo I, página 499)

En lo que respecta a la necesidad de homologación del contrato transaccional para que éste adquiera ejecutoriedad, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2212, dictada en fecha 09.11.2001, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, expediente Nº 00-0062, caso: Agustín Rafael Hernández Fuentes, precisó lo siguiente:

“…De acuerdo a la doctrina expresada por la Sala, los efectos procesales de la transacción referidos a su ejecutoriedad, no se producen sino a partir de su homologación, por lo que en ausencia de ésta no es posible obtener su cumplimiento.
Es claro que la falta de homologación de la transacción no afecta la validez de ésta como contrato, sino su ejecutoriedad, es decir, la posibilidad de ejecutar inmediatamente lo acordado, sin la cual, no es susceptible de ejecución y, por lo tanto, carece de eficacia con respecto a las relaciones jurídicas surgidas como consecuencia de las recíprocas concesiones realizadas por las partes. En suma, la homologación es la confirmación judicial de determinados actos de las partes (en el caso de autos la transacción), para la debida constancia y eficacia, de modo que su ejecutoriedad depende de dicha confirmación…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

En vista de lo anterior, estima este Tribunal que los solicitantes demostraron la disolución del vínculo matrimonial que los unía, conforme se evidencia de las copias certificadas de la sentencia que declaró el divorcio, así como la capacidad requerida para disponer de los bienes objeto de la liquidación, según se desprende de los documentos de propiedad que así lo acredita, razón por la que habiéndose corroborado además que el convenio celebrado amistosamente por los peticionantes no versa sobre materias en las cuales estén prohibidas las transacciones, es por lo que debe procederse a su aprobación, en atención a los términos propuestos. Así se declara.

- IV -
DECISIÓN

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, imparte la HOMOLOGACIÓN a la solicitud de Partición y Liquidación Amistosa de la Comunidad Conyugal, presentada por los ciudadanos Alexander Antonio Belly López y Omaira Otlia La Cruz Peña, debidamente asistidos por el abogado Nelson Italico Paredes Rivera, en los mismos términos por ellos expuestos en el convenio explanado en el escrito de solicitud que encabeza las presentes actuaciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.713 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 788 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, procédase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, en aplicación de lo previsto en el artículo 1.718 del Código Civil.

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.

Publíquese, regístrese y déjese copia. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil trece (2.013).- Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

El Juez Titular,

César Luis González Prato

La Secretaria Titular,

Grisel del Valle Sánchez Pérez

En esta misma fecha, se publicó, registró y dejó copia de la anterior sentencia, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.).

La Secretaria Titular,

Grisel del Valle Sánchez Pérez

CLGP.-
Exp. N° AP31-S-2013-007007