TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 25 de abril de 2014
204º y 155º

ASUNTO: AP11-M-2013-000021
PARTE ACTORA: SEGUROS CONSTITUCION, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, registrada inicialmente por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 27 de noviembre de 1989, bajo el Nro. 20, Tomo 60-A, cuyo cambio de domicilio y denominación social consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas registrada inicialmente por ante el mismo registro Mercantil, en fecha 09 de septiembre de 2005, bajo el Nro. 33, Tomo 19-A, cuyas modificaciones estatutarias fueron registradas ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 31 de agosto de 2007, quedando anotada bajo el Nro. 57, Tomo 1658-A y en fecha 25 de julio de 2009, bajo el Nro. 99, Tomo 1850-A.-
APODERADOS JUDIDIALES DE LA PARTE ACTORA: FEDERICO EUGENIO LEAÑEZ ARISTIMUÑO y JUAN JOSÉ SENABRE, mayores de edad, venezolanos, domiciliados en la ciudad de Caracas y titulares de las cédulas de identidad Nros. V.- 5.307.515 y V.- 12.536.018, respectivamente, abogados en ejercicio e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 22.607 y 78.195, respectivamente.-
PARTE DEMANDADA: INVERSIONES DON VICTOR, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la Jurisdicción del Municipio Sucre, Estado Zulia, inscrita por ante el registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el Nro. 3, Tomo 5-A, en fecha 21 de mayo de 2004, y los ciudadanos VICTOR LEOPOLDO SALOM LÓPEZ y CARLOS ALBERTO MENDOZA CORASPE, mayores de edad, venezolanos, domiciliados en Maracaibo, Estado Zulia el primero y el segundo en la urbanización Las Mercedes, Estado Miranda y titulares de las cédulas de identidad Nros. V.- 2.813.197 y Nro. V.- 10.831.928, respectivamente.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No costa en autos.-
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.-

PRIMERO: La presente causa se inicia por demanda consignada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial y en virtud de la distribución correspondiente, fue asignado para su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.-
Seguidamente, por encontrarse llenos los extremos de Ley, este Despacho dictó auto en fecha 22 de enero de 2013, mediante el cual admite la pretensión de COBRO DE BOLÍVARES.-
Luego de ello, el 31 de enero de 2013, este Despacho libró despacho de comisión al Juzgado Distribuidor de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, a los fines de que el Alguacil del Tribunal correspondiente practicara la citación de la sociedad mercantil INVERSIONES DON VICTOR, C.A., y el ciudadano VICTOR LEOPOLDO SALOM LÓPEZ, igualmente, se acordó la citación del ciudadano CARLOS ALBERTO MENDOZA CORASPE.-
Posteriormente, el día 20 de febrero de 2013, el ciudadano OSCAR OLIVEROS, en su carácter de Alguacil de este Circuito Judicial, dejó constancia de que le fue imposible practicar la citación del ciudadano CARLOS ALBERTO MENDOZA CORASPE, motivo por el cual consignó a los autos, compulsa de citación sin firmar.-
Luego, el 3 de abril de 2013, el abogado JUAN JOSÉ SANABRE, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, solicitó al Tribunal decretara medida de embargo preventivo.-

SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente:
“Artículo 267.-Toda instancia se extingue por el transcurso de un año si haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...).”

De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber:
a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y,
b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención.
Ahora bien, quien aquí decide no aprecia motivo alguno para que su competencia subjetiva se vea comprometida en este proceso, en tal virtud se observa lo siguiente:
El Código de Procedimiento Civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda hasta la sentencia definitiva de fondo; “…la regla general en materia de perención expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”.

Así mismo, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil establece:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”.

En las disposiciones antes transcritas el término instancia es utilizado como impulso; el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal invocada, provocando su extinción.
La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, por cuanto es un modo de extinguir el procedimiento producido por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente manteniendo en intranquilidad, zozobra y en estado de incertidumbre a las partes en lo concerniente a los derechos privados.
Teniendo en fundamento que corresponde a las partes dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa; es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica.
Así pues y bajo el mismo contexto, de acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso.
En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Así mismo debe considerarse en el presente pronunciamiento, que la parte accionante en la presente causa no realizó actuación procesal alguna desde el día 3 de abril de 2013, por lo que ha transcurrido mas de un año, tiempo superior al establecido por el legislador para que proceda la perención, es por lo que resulta forzoso para este Tribunal declarar la perención de la instancia, por haber transcurrido más de un año de inactividad de la parte actora para realizar las diligencias relativas para verificar cualquier acto de impulso o gestión del proceso que interrumpiera dicha perención. Y ASI EXPRESAMENTE SE DECIDE.

TERCERO: Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.
De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión.

PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 4º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 25 días del mes de abril de 2014. Años 204º y 155º.
El Juez,

Abg. Carlos A. Rodriguez Rodriguez
El Secretario Accidental

Abg. Luis Eduardo Rodriguez

En esta misma fecha, siendo las 3:20 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
El Secretario Accidental

Abg. Luis Eduardo Rodriguez

Asunto: AP11-M-2013-000021
CARR/LERR/ga