REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, catorce (14) de abril 2014 203º y 155º Parte demandante: “Valentina del Rosario Parraga Barrios”, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nº 3.967.945; representada judicialmente por la abogada María Alejandra Salazar Noguera, inscrita en el Inpreabogado con la matricula nº 70.797; con domicilio procesal en: Avenida Principal de Macaracuay, Torre Multicentro Macaracuay, Piso 8, Oficina 9, Urbanización Macaracuay, Municipio Sucre, estado Miranda. Parte demandada: “Radio Caracas Televisión RCTV, C.A”, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 2 de junio de 1947, bajo el nº 621, tomo 3-A; sin representación judicial ni domicilio procesal acreditado en autos. Caso: AP31-V-2014-000308 Motivo: Pretensión merodeclarativa sobre derecho de autor. Sentencia: Interlocutoria (declinatoria de competencia) -I- En fecha 5 de marzo de 2014, la abogada en ejercicio de su profesión María Salazar Noguera, inscrita en el Inpreabogado con la matricula nº 70.797, con el carácter de mandataria judicial de la ciudadana Valentina del Rosario Parraga Barrios, presentó ante esta sede judicial libelo de demanda contra la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil Radio Caracas Televisión RCTV, C.A., ambas partes ya identificadas, formulando un catalogo de peticiones, entre ellas el reconocimiento exclusivo del derecho de propiedad de su patrocinada, como autora y escritora, sobre las novelas (obras) llamadas “solscticio de verano”, “niña mimada”, “carita pintada”,”viva la pepa”, “trapos íntimos” y “negra consentida”;; así como la extinción de las cesiones de derechos sobre las mencionadas novelas realizadas por su representada a RCTV, y a su vez se declare revertido el derecho de autor sobre dichas novelas al patrimonio de su representada; el reconocimiento del derecho de su representada, con vigencia vitalicia y hasta después de su deceso, a explotar dichas obras y disfrutar en forma exclusiva y sin limitación alguna de los beneficios que se obtengan por la explotación en cualquiera de sus formas. Fundamentó su pretensión, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Código Civil, Ley sobre Derecho de Autor, y Código de Procedimiento Civil. Por auto de fecha 11 de marzo de 2014, el Tribunal admitió la demanda por las reglas del procedimiento breve ex artículo 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En fecha 12 de marzo de 2014, previa consignación de los recaudos requeridos, se libró compulsa. Por auto de fecha 14 del mismo mes y año, se abrió cuaderno de medidas. Siendo así las cosas, la revisión y lectura de las actas procesales conducen al Tribunal a examinar su competencia para conocer de la demanda, en el entendido de que si no la tiene, deberán remitirse los autos en original al órgano judicial que la tenga asignada. La anterior consideración radica en la decisión proferida en fecha 10 de abril de 2014, en un caso similar al de marras sustanciado en el asunto AP31-V-2014-000310 de la nomenclatura interna de este Juzgado. Al respecto, se observa: -II- El precepto contenido en el artículo 139 de la Ley sobre Derecho de Autor estatuye que son competentes para conocer de los asuntos judiciales relativos al derecho de autor y demás derechos protegidos por esta Ley, los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y de Primera Instancia en lo Penal, según los casos, salvo en los supuestos en que esta misma Ley atribuye competencia a los Juzgados de Parroquia o de Municipio. Igual disposición contiene el artículo 60 del Reglamento de dicha Ley, publicado en Gaceta Oficial nº 5.155 Extraordinario de fecha 9 de septiembre de 1997, al estatuir que son competentes para conocer de los asuntos relativos al derecho de autor y demás derechos protegidos los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil o de Primera Instancia en lo Penal, según corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley sobre Derecho de Autor y sin perjuicio de la atribución que el artículo 140 de la misma Ley confiere al Consejo de la Judicatura. La inteligencia de dichas disposiciones jurídicas pone de manifiesto, con claridad meridiana, que el Tribunal competente para conocer de asuntos como el de marras, en que se deduce una pretensión merodeclarativa sobre derecho de autor, es el de Primera Instancia en lo Civil. En efecto, la competencia del Juez es entendida como la medida de la jurisdicción, como la parcela o porción de ésta que corresponde a un Tribunal para decidir determinado tipo de controversia y no a otro, según diversos criterios como territorio, cuantía y materia. En este sentido, resulta importante tomar en cuenta los llamados “fueros atrayentes”, ya que por la relación o conexión de una materia con otra y en razón de la importancia social que tiene una determinada materia, la de mayor importancia atrae para sí el conocimiento de las materias conexas. Sobre este particular se pronuncia la Ley Sobre Derecho de Autor en el artículo 139, ex ante citado. Por manera que, se trata de un fuero atrayente, pues indica la norma que los conflictos judiciales relativos al derecho de autor y demás derechos protegidos por la referida Ley deban ser dirimidos por los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, salvo en los casos en que la misma Ley expresamente conceda la competencia a los Juzgados de Municipio (Artículo 112 Ley de Derecho de Autor). Fuero competencial que involucra además el derecho a ser juzgado por el juez natural, que es un derecho humano fundamental cuyo resguardo es de eminente orden público. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 10 de octubre de 2000, con ponencia del Magistrado Dr. José Rafael Tinoco, estableció lo siguiente: “…la Ley en comento consagra a favor de los titulares de derechos, las acciones civiles de tipo declarativo; inhibitoria o prohibitorias; conminatorias; remoción o destrucción; y la acción por daños y perjuicios. Además, señala que las autoridades competentes para conocer de los asuntos judiciales relativos a los derechos autor serán los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil o bien los de Parroquia o Municipio. Además, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 1º entiende la jurisdicción civil en sentido lato, por oposición, a los otros ámbitos de la administración de justicia, de modo que la intención del legislador es la de comprender en las reglas de unos principios procedimentales comunes, las jurisdicciones especiales de la rama civil. Se consagra la unidad de la jurisdicción, estableciéndose que la jurisdicción civil, salvo disposiciones especiales de la Ley, se ejerce por los jueces ordinarios de conformidad con las disposiciones especiales de ese Código. Se recoge así en este artículo que el Juez ordinario es el Juez por excelencia y debe ejercer la plenitud de la función jurisdiccional, pero se deja a salvo lo que dispongan las leyes especiales. Conviene aclarar que son tres las distinciones que corresponde hacer respecto al ámbito de la función pública de administrar justicia: la jurisdicción civil, jurisdicción penal y jurisdicción contencioso – administrativa, las cuales pueden denominarse jurisdicciones ordinarias en cuanto son fundamento común de otras jurisdicciones que tienen atribuidas específicamente ciertas funciones, con órganos, procedimientos y leyes sustantivas propias, y que reciben por ello el nombre de jurisdicciones especiales. Así, de la jurisdicción civil se desmembran las jurisdicciones especiales, como son la del trabajo, la mercantil, agraria, de tránsito, de menores y de hacienda. En este sentido, se ha querido salvaguardar el establecimiento de algunas jurisdicciones especiales, como son la del trabajo, la de menores y de hacienda. Pero, en materia de derechos de autor, el legislador no consideró necesario la creación de una jurisdicción especial para casos como el de autos y así lo estableció en el artículo 139 de la Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexo que determina: (…)”. (destacado nuestro) Atendiendo a este criterio, no cabe duda entonces que el legislador ha previsto una atribución competencial exclusiva, del conocimiento y resolución que versen sobre derecho de autor, a los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, según sea el caso. De allí que, atendiendo al contenido de la pretensión planteada por la ciudadana Valentina del Rosario Parraga Barrios, en que claramente peticiona en su demanda, entre otros, que se le reconozcan unos derechos sobre determinadas obras (novelas), la competencia en la causa de marras corresponde a los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta misma Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En apoyo de la anterior determinación, parafraseando al ilustre Chiovenda , cabe mencionarse que “la medida de la jurisdicción que puede ejercer cada juez en concreto, se llama competencia”; siendo ello lo que origina que cada vez que se proponga la demanda ante un juez a quien no le corresponda conocerla según las reglas de competencia, se diga que dicho juez es incompetente. En este sentido, el eximio Arístides Rengel-Romberg considera, que la competencia “se caracteriza, en general, por su inderogabilidad convencional, salvo en aquellos casos establecidos por el Código y las leyes especiales”. Por otra parte, la doctrina jurídica incluye entre la competencia absoluta o de orden público, a la competencia funcional, la cual se deduce del sistema de las instancias o grados de jurisdicción que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, y esta competencia funcional o por grados de jurisdicción es inderogable o absoluta, porque las partes no pueden alterar las instancias o grados de jurisdicción que se han establecido en interés público del buen desarrollo y organización de la administración de justicia. Por consiguiente, sobre la base de todo lo antes expuesto, aún cuando según el sistema procesal venezolano la falta de competencia impide al juez entrar a examinar el mérito de la causa, pues constituye un presupuesto del examen del mérito y no del proceso, resulta claro que conforme al precepto contenido en el artículo 139 de la Ley especial que rige la materia debatida, entiéndase Ley sobre Derecho de Autor y su Reglamento, lo más ajustado a Derecho es declarar de oficio la incompetencia de este Tribunal para seguir conociendo de la demanda bajo análisis, todo conforme lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil; máxime cuando la Resolución nº 2009-0006, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 2 de abril de 2009 bajo el N° 39.152, en modo alguno ha alterado la competencia funcional asignada por el artículo 139 de dicha ley especial, pues en su artículo 3 hace expresa mención a que los juzgados de municipios conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza; y es en ese contexto que quedan sin efectos las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales, lo cual no es el caso de marras, pues no se trata de un asunto de jurisdicción voluntaria o no contencioso, sino todo lo contrario, de un verdadero conflicto intersubjetivos de intereses; así se decide.- -III- Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley resuelve: declararse INCOMPETENTE para conocer de la presente demanda, y declinar su conocimiento y tramitación en un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Publíquese y regístrese la presente decisión, dejándose copia certificada de la misma en el libro copiador de sentencias interlocutorias llevado por este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Ley Adjetiva Civil. Remítase el expediente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los catorce (14) días del mes de abril de 2014, a 203º años de la Independencia y 155º de la Federación.- El Juez Abg. Richard Rodríguez Blaise La Secretaria Abg. Damaris Ivone García En esta misma fecha, siendo las 11:50 de la mañana, se registró y publicó la anterior Resolución.