REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA




PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ARAGUA

203° y 155°

PARTE ACTORA: OLGA BEATRIZ VILLEGAS, titular de la cédula de identidad No. V-347.433.
PARTE DEMANDADA: ALFREDO JOSE ACOSTA AVILA, titular de la cédula de identidad No. V-306.782.
TIPO DE SENTENCIA: INTERLOCUTORIA (Aclaratoria de Sentencia de Divorcio).
EXPEDIENTE: 643 (Nomenclatura de este Tribunal).
Vista la diligencia de fecha 02 de abril del año 2014, suscrita por el ciudadano LUIS ALLEGRI ESPEJO, Abogado en ejercicio, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo la matricula Nº 92.837, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte actora, la ciudadana OLGA BEATRIZ VILLEGAS, titular de la cédula de identidad No. V-347.433, por medio del cual, solicitó la aclaratoria de la sentencia proferida por este Juzgado en fecha 12 de diciembre del año 1986, mediante la cual se declaró disuelto el vinculo conyugal que la unía al ciudadano ALFREDO JOSE ACOSTA AVILA, titular de la cédula de identidad No. V-306.782, desde el día 04 de febrero del año 1954, contraído por ante la Prefectura Crespo del Estado Aragua, por cuanto en la misma se trascribió su nombre como “VEATRIZ”, siendo lo correcto “BEATRIZ“ , para demostrar su petición, consignó copia de la referida Sentencia, su cédula de identidad ampliada, así como también del Registro de Información Fiscal. Razón por lo cual, se acuerda hacer su debida aclaratoria en los términos siguientes:
En reiteradas oportunidades, la Sala de Casación Civil se ha pronunciado sobre los supuestos de procedencia de las solicitudes de aclaratoria y ampliación, y en todas ellas ha establecido que la facultad de hacer aclaratorias o ampliaciones está circunscrita a la posibilidad de exponer con mayor claridad, los puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren en la sentencia, pero en manera alguna para transformar, modificar o alterarla, pues el principio general es que después de dictada una sentencia no podrá revocarla ni reformarla el tribunal que la haya dictado. (Vid. Sent. 7/8/1991, expediente N° 90-239 caso: Jaime Lusinchi contra Gladys Castillo de Lusinchi).
En ese sentido, dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
Artículo 252. “Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.”.

Sobre el particular, más recientemente, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal ha indicado que en los casos en que los jueces deban dictar aclaratorias o ampliaciones del fallo, ello no puede implicar “…su revocatoria o reforma...”. (Sentencia N° 49 de fecha 19 de enero de 2007, expediente N° 2004-2940, caso: Pedro Samuel Glucksmann).
Asimismo, la mencionada Sala Constitucional en sentencia N° 4608 del 13 de diciembre de 2005, expediente N° 2005-1461, caso: Maritza Beatriz Escalona Pérez, dejó sentado lo que a continuación se transcribe:
“…la Sala estima oportuno atender a lo establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala lo siguiente:
(…Omissis…)
De la norma procesal antes transcrita se extrae, la imposibilidad de que un tribunal revoque o reforme su propia decisión -sea definitiva o interlocutoria sujeta a apelación-, lo cual responde a los principios de seguridad jurídica y de estabilidad e inmutabilidad de las decisiones judiciales. (vid. sentencia 2035/2001 caso: Henders Socorro).
Sin embargo, valoró el Legislador que ciertas correcciones, en relación con el fallo que haya sido dictado, sí le son permitidas al tribunal, por cuanto no vulneran los principios antes mencionados, sino, por el contrario, permiten una eficaz ejecución de lo que decidió. Estas correcciones al fallo, conforme al único aparte del citado artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se circunscriben a: i) aclarar puntos dudosos; ii) salvar omisiones; iii) rectificar errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia; iv) dictar ampliaciones, lo cual debe hacerse dentro del plazo legal y a solicitud de parte. (Vid. sentencia 2114/2003 caso: Germán Castillo Sauce y Marisela Díaz de Castillo)
Bajo esa premisa, la Sala observa, que en el caso de autos la Sala de Casación Civil erró al anular una decisión dictada por ella misma, y contrarió la prohibición expresa que existe para los jueces de reformar una sentencia una vez dictada, y menos aún de anularla, pues tal situación abriría las puertas a un caos que incidiría en inseguridad jurídica para los justiciables…”. (Resaltado y subrayado del texto).

Conforme a las doctrinas de este Supremo Tribunal, transcritas precedentemente, la potestad dada a los sentenciadores para aclarar o ampliar un fallo debe circunscribirse únicamente a que se determine con claridad los puntos dudosos, se rectifiquen errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos o se salven omisiones.
Conforme a la norma y a la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal que este Juzgado acoge, pasa esta Sentenciadora de seguidas a realizar las consideraciones respecto a la aclaratoria en cuestión, en los siguientes términos:
Este Tribunal, en vista al error material cometido en la sentencia proferida por este Juzgado en fecha 12 de diciembre del año 1986, al expresar el nombre de la parte actora, ciudadana OLGA BEATRIZ VILLEGAS, como “VEATRIZ”, según se evidencia de autos y de la Sentencia de Divorcio, por cuanto lo correcto es que debe decir: “BEATRIZ”, tal y como consta en copia de la cédula de identidad y del Registro de Información Fiscal, presentada por la misma.
En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal corrige el error denunciado, quedando el mismo de la siguiente manera, donde se expresó la el nombre de la parte actora, ciudadana OLGA BEATRIZ VILLEGAS como “VEATRIZ”; debe decir: “BEATRIZ”, debiendo ser este auto considerado como parte integrante de la decisión proferida por este Juzgado en fecha 12 de diciembre del año 1986, cursante al folio ocho (8). Así se decide.-
Publíquese, regístrese. Agréguese al expediente.
Dada, firmada y sellada en este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los ______________________. Años 203º de la Independencia y 155º de la Federación.
LA JUEZA

MILAGROS ANTONIETA ZAPATA
EL SECRETARIO ACC.
LEONEL ZABALA

En esta misma Fecha se publicó la anterior decisión siendo las __________.

EL SECRETARIO ACC.
LEONEL ZABALA Exp. 643
MAZ/lz/thr*