TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 14 de abril de 2014
203° y 154°

.SOLICITANTE: MELINA CENOVIA SERRADA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-4.251.273, y de este domicilio, inscrita en el Inpreabogado N° 33.844, actuando bajo su propio nombre y representación.-
MOTIVO: INTERDICCION PROVISIONAL DE LA CIUDADANA: HILDA ISABEL SERRADA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad N° V-3.887.807 y de este domicilio.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA
EXPEDIENTE: 7654

La presente acción se inicia mediante libelo de demanda presentada ante el Juzgado Distribuidor de turno por la ciudadana: MELIDA CENOVIA SERRADA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-7.219.467, abogada en ejercicio, e inscrita en el Inpreabogado N° 33.844 y de este domicilio y de este domicilio, procediendo en su propio nombre y propia representación, correspondiéndole conocer de la misma a este Tribunal previo el sorteo respectivo.
La solicitante en el escrito presentado señala textualmente entre otras cosas lo siguiente:
“…(…)…. soy hermana de la ciudadana: HILDA ISABEL SERRADA, titular de la cédula de identidad N° V- 3.887.807, de conformidad con fotocopia partid de defunción de nuestra señora madre, marcado “A”, que desde el comienzo de su adolescencia ha venido sufriendo de enfermedad mental, diagnosticada por los médicos como esquizofrenia crónica y que amerita tratamiento de por vida, tal como consta de informes médicos. Nuestra madre ANA ISABEL SERRADA, titular de la Cédula de identidad N° 2.214.523, fallecida en fecha 05-01-2012, prestó sus servicios en el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), hoy hidrocapital adscrito al Ministerio del Ambiente solicitó ante el IVSS la inclusión de mi hermana como beneficiaria, debido a su incapacidad, la cual fue incluida por el Servicio Social en fecha 15-03-68. Igualmente mi madre era jubilada del Ministerio del Ambiente según Constancia para Asistencia Médica, del mencionado Ministerio, de fecha 06-10-95 y a su vez pensionada por IVSS, según consta de Resolución N° 79-2323, de echa 23-03-79 y por derecho mi prenombrada hermana seria beneficiaria de las pensiones de sobreviviente.. ..sic…Ahora bien ciudadano juez, como se trata que mi hermana no puede llevar a cabo actividades de administración ni mucho menos de disposición de sus bienes propios, es por lo cual Es por lo que promuevo LA INTERDICCION CIVIL, de conformidad con los artículos 393, 395 y 396 y 403 del Código Civil patrio.-.omissis….Por todos los razonamientos antes expuesto y a tenor de lo establecido en el articulo 393 del Código de Procedimiento Civil..sic….solicito se proceda a aperturar el procedimiento respectivo a los fines de corroborar lo aquí señalado….sic…a los fines de que se decrete la INTERDICCION de mi hermana ciudadana: HILDA ISABEL SERRADA…omissis….”.-

En fecha 23 de noviembre de 2012, se admitió la solicitud presentada, ordenándose su tramitación, fijándose la oportunidad para que los testigos promovidos por el solicitante declararan sobre los particulares que les habría de formular este Tribunal, se ordeno el interrogatorio de la entredicha ciudadana: HILDA ISABEL SERRADA , plenamente identificada en autos, a los fines del interrogatorio de Ley, así como también se ordeno la practica de un examen medico psiquiátrico por parte de dos facultativos a los fines de verificar el estado de salud mental de la misma. Ordenándose notificar al Fiscal del Ministerio Público.-
al folio 17 corre inserta acta levantada en fecha 03 de diciembre de 2012, el tribunal dejó constancia, una vez hecho el interrogatorio legal correspondiente, la entredicha se pudo determinar que gesticula palabras claras y precisas, respondiendo pero se le nota la incapacidad intelectual que posee al gesticular las respuestas.-
A los folios 19 al 21, ambos inclusive, corren insertas declaraciones rendidas en fecha 23 de enero de 2013 por los ciudadanos: SERRADA DE UGARTE DILIA, SERRADA OCHOA SHALITMAR MILAGROS, VELASQUEZ APONTE GRISEL DE LA CANDELARIA, CERRADA JUDITH, todos plenamente identificados en autos, los cuales al momento de ser interrogados por este Tribunal fueron contestes al afirmar conocer de vista, trato y comunicación desde hace varios años a la ciudadana: HILDA ISABEL SERRADA, Que saben y les consta que tiene un impedimento físico que le impide desenvolverse libremente .- A estas deposiciones este tribunal les otorga pleno valor probatorio.- Así se decide.
Al folio 26 , corre inserto en acta levantada en fecha 28 de febrero de 2013, la juramentación de los médicos psiquiátricos designados y en los folios 27 al 29 escrito de los médicos psiquiatras informe presentado en fecha 13 de marzo de 2013, por los Doctores LUIS GONZAGA RODRIGUEZ TOVAR, y la Dra NORA MEDINA, médicos Psiquiatras, inscritos en el Colegio de Médicos bajo los Nros. 3428 y 8686, respectivamente, desprendiéndose del referido informe textualmente lo siguiente:
“..(…)…Se trata de paciente femenina , quien se observa apariencia cuidada, acorde a su edad y sexo, actitud de colaboración y empatía, evidenciándose relación de dependencia hacia su acompañante, corresponde su biotipo al pícnico y aunque trasmitía hipoabulia su actividad psicomotriz estuvo dentro de lo normal, acorde con la situación de entrevistada, conciente, Vigil y lúcida, orientada en los tres planos ( tiempo, espacio y persona), hipoprosexica con necesidad de centrarla en el tema de la entrevista ocasionalmente., es una paciente femenina, quien ha requerido múltiples hospitalizaciones en instituciones psiquiatritas controlada ambulatoriamente experimentando una recaída por abandono de tratamiento hace 5 años. Actualmente aunque cumple tratamiento antipsicóticos de liberación prolongada haloperidol) no se encuentra en condiciones mentales de realizar ni manejar situaciones inherentes al ámbito legal y personal. Requiere de ayuda médica especializada de tipo psiquiátrico, con el medicamento ya mencionado por tiempo indefinido. En vista de lo anteriormente expuesto consideramos que la paciente no se encuentra en capacidad para la toma de decisiones, necesitando cuidados y acompañamiento permanente por parte de su familiar para brindar una adecuada atención a su integridad..omissis…”.-
En tal sentido este juzgado hace el siguiente pronunciamiento: el Juzgado del Municipio Santiago Mariño en fecha 02 de mayo de 2013, se dicto decisión provisional de la Interdicción, de seguida fue enviado al Juzgado Superior para la consulta de ley, ordenando notificar al Fiscal del Ministerio Público del Estado Aragua. En fecha 16 de septiembre de 2013, por decisión del Juzgado Superior en relación a la consulta decretó la Nulidad del fallo, ordenando reponer la causa al Juzgado del Municipio Mariño a los fines de realizar la etapa sumarial correspondiéndole darle cumplimiento al articulo 132 del Código de Procedimiento Civil.- En fecha 23 de enero de 2014, el Juzgado del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua acordó la decisión del Juzgado Superior ( Sentencia de Reposición) l, y en fecha 25 de marzo de 2014, se remitió a este juzgado por Distribución.-
Cumplida la fase sumaria en el presente procedimiento y siendo la oportunidad legal para emitir el pronunciamiento sobre la interdicción provisional de la ciudadana: HILDA ISABEL SERRADA, previo a ello, considera este juzgador hacer las siguientes consideraciones:
PRIMERO: La solicitud presentada ante este Tribunal se refiere a la interdicción de la ciudadana: HILDA ISABEL SERRADA, ya identificada.
En los términos en que fuera planteada la solicitud, en el trámite del procedimiento se atendieron las normas sustanciales y procesales relativas a la institución que se pide, concluyendo el Tribunal que al pedirse el nombramiento de un CURADOR, se pretendía una declaratoria de Inhabilitación Civil. En ese sentido, y por ser aplicables a la sustanciación del presente procedimiento, el Código Civil estatuye lo siguiente:
“…Artículo 409. El débil de entendimiento cuyo estado no sea tan grave que de lugar a la interdicción, y el pródigo, podrán ser declarados por el Juez de Primera Instancia inhábiles para estar en juicio, celebrar transacciones, dar y tomar préstamos, percibir sus créditos, dar liberaciones, enajenar o gravar sus bienes, o para ejecutar cualquiera otro acto que exceda de la simple administración, sin la asistencia de un curador que nombrará dicho Juez de la misma manera que da tutor a los menores. La prohibición podrá extenderse hasta no permitir actos de simple administración sin la intervención del curador, cuando sea necesaria esta medida. La inhabilitación podrá promoverse por los mismos que tienen derecho a pedir la interdicción…”

Quiere decir entonces que es necesaria la tramitación de un procedimiento principal de jurisdicción voluntaria, la declaratoria en ese mismo procedimiento de la inhabilitación civil de la persona de que se trate, siendo el nombramiento de un CURADOR, consecuencia de la procedencia o no del resultado de la gestión procesal realizada. A los efectos de la resolución del presente caso resulta importante definir lo que es la inhabilitación civil y en tal sentido señala el Dr. José Luis Aguilar Gorrondona que dicha institución de protección consiste en una privación limitada de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual QUE NO SEA TAN GRAVE COMO PARA ORIGINAR LA INTERDICCIÓN”.

SEGUNDO: En cuanto a las diferencias entre la inhabilitación civil y la interdicción civil, además del grado del defecto intelectual antes referido, existen particularidades procedimentales y diferencias en cuanto a los efectos que ambas instituciones producen. En cuanto al trámite de la inhabilitación Civil, establece el artículo 740 del Código de Procedimiento Civil, que se aplicará el mismo procedimiento de la interdicción civil pero no podrá procederse de oficio, ni se podrá decretar la inhabilitación provisional luego del trámite sumario.

Ahora bien, además de esta diferencia procedimental, necesario es apuntar que existen otras importantes diferencias entre ambas instituciones. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 13 de Agosto de 2.002, en el caso Henry Ramos Allup, dejó asentado:

“Por su parte la interdicción, según comenta María Domínguez Guillén, en su obra Ensayos sobre Capacidad y otros Temas de Derecho Civil, página 346, “...tiene lugar en presencia de una enfermedad grave (defecto intelectual grave) y supone una incapacidad plena que amerita la representación mediante tutor”, en tanto que la inhabilitación judicial “procede en caso de enfermedad mental leve (débil de entendimiento) o de prodigalidad, teniendo lugar una incapacidad parcial que es subsanada a través de la asistencia de un curador”

De tal forma que si una persona es declarada entredicha por defecto intelectual grave queda sometida a un régimen de representación: “la tutela”, quedando en consecuencia privado del gobierno de su persona y con una incapacidad de obrar plena, general y uniforme, aplicándose en cuanto sean compatibles las disposiciones de la tutela ordinaria de menores. Por lo contrario, en la Inhabilitación Civil el incapaz no pierde el gobierno de su persona por cuanto ya la incapacidad de obrar no es absoluta sino relativa, en virtud de que queda sometido no a un régimen de representación, sino a un régimen de asistencia o de autorización: “la curatela”, y en este caso para algunos actos se requerirá que el incapaz sea asistido por el curador y en otros sólo bastará una autorización. No en vano el artículo 409 del Código Civil antes citado establece que el inhábil, para poder estar en juicio, celebrar transacciones, dar y tomar préstamos, percibir sus créditos, dar liberaciones, enajenar o gravar sus bienes, o para ejecutar cualquiera otro acto que exceda de la simple administración, debe contar con la asistencia de un curador, pudiendo el Juez que conozca de la inhabilitación civil extender la prohibición hasta no permitir actos de simple administración sin la intervención del curador. Por el contrario, en la Interdicción Civil, el incapaz no realiza ninguno de estos actos, pues en su lugar los hace el Tutor.

TERCERO: El artículo 740 del Código de Procedimiento Civil consagra la posibilidad de que si luego de adelantado todo el trámite del procedimiento de interdicción civil, al momento de fallar el juzgador aprecia que el defecto intelectual no es tan grave, puede en lugar de declarar la Interdicción Civil, declarar la inhabilitación civil. Como lo apunta la Dra. María Candelaria Domínguez Guillén, en su obra ensayos sobre capacidad y otros temas de Derecho Civil, si se han realizado todos los trámites procesales (tanto de la fase sumaria como de la fase plenaria), con mayor razón también es posible que se inicie un procedimiento de Inhabilitación Civil por defecto intelectual leve y el juez considere insuficiente para la protección de la persona un régimen de asistencia y en consecuencia decrete la Interdicción Civil. Para la resolución de la presente causa estas conclusiones pueden tener trascendental importancia.
Conciente está este juzgador que cuando se trata de un procedimiento de Interdicción Civil, luego de la fase sumaria o de investigación procede el decreto de la interdicción provisional con el nombramiento de un tutor interino, mientras que en la Inhabilitación Civil, como quiera que la debilidad mental no es tan grave, no procede la declaratoria de la inhabilitación provisional por disposición expresa del artículo 740 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, considera este Tribunal, que para el caso que nos ocupa es importante dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿qué sucede si el juez que conoce de un procedimiento iniciado como inhabilitación civil, consiente de que no puede decretarse luego del sumario la inhabilitación provisional, aprecia en aquella fase de investigación que la posible enfermedad mental puede dar lugar a que en la definitiva lo adecuado no es el decreto de la inhabilitación civil sino de la interdicción civil?. Plantea este juzgador la anterior interrogante por cuanto en el caso en concreto, del interrogatorio realizado personalmente por el juez A la ciudadana: HILDA ISABEL SERRADA, y del dictamen pericial de los médicos expertos, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, de las respuestas formuladas y las conclusiones de los médicos, se apreció en esta etapa del proceso que la enfermedad habitual que aqueja a la referida ciudadana Diagnostico: es una paciente femenina quien ha requerido múltiples hospitalizaciones en instituciones psiquiátricas controlada ambulatoriamente experimentando una recaída por abandono de tratamiento hace 6 años. Actualmente aunque cumple tratamiento antipsicóticos de liberación prolongada ( haloperidol) no se encuentra en condiciones mentales de realizar ni manejar situaciones inherentes al ámbito legal y personal. Requiere de ayuda médica especializada de tipo psiquiátrico, con el medicamento ya mencionado por tiempo indefinido.- En vista de lo anteriormente expuesto consideramos que la paciente no se encuentra en capacidad para la toma de decisiones, necesitando cuidados y acompañamiento permanente por parte de su familiar para brindar una adecuada atención a su integridad además de tener apariencia de habitualidad, puede estimarse que no les permite proveer sus intereses, por lo cual considera este juzgador que eventualmente en la definitiva podría haber lugar a la declaratoria no de inhabilitación civil sino de interdicción civil.
Este Tribunal, sin juzgar sobre el fondo del asunto y sin pretender desconocer que en el procedimiento de inhabilitación civil el Juez no debe decretar la inhabilitación provisional, en aras de velar por los intereses de la presunta incapaz, se ve obligado a decretar la interdicción provisional y continuar el trámite procesal como si se tratara de un verdadero procedimiento de interdicción civil, decisión que encuentra sustento en las siguientes consideraciones:

• En primer lugar, la forma en que fue planteada la petición a este Órgano Jurisdiccional por la parte actora, no está del todo clara, pues simplemente señala que los estados mentales de los indiciados es lamentable y que los médicos tratantes los han tornado incapaces para atender sus propios intereses y es por ello que se ve en la desgraciada obligación de promover el juicio de interdicción pertinente; solicito así mismo se sirva decretar la interdicción provisional de la ciudadana: HILDA ISABEL SERRADA, nombrándole en consecuencia un tutor interino. Tal argumento resulta impertinente para la resolución del presente asunto, pero permite apreciar que la parte actora no expuso de forma clara cuál es la verdadera pretensión contenida en la solicitud sometida a esta jurisdicción. En cualquier procedimiento de incapacitación, el objetivo fundamental es la protección de los intereses de la presunta incapaz.

En el caso en que la enfermedad mental en definitiva no resulta tan grave, o que de las pruebas evacuadas en la parte plenaria de este proceso resulte que no existe motivo para declarar la interdicción civil, el juez podrá declarar la inhabilitación civil o incluso declarar que no hay mérito para dictar medida de protección alguna, teniendo los interesados que estén legitimados, plenas oportunidades procesales para demostrar que no existe la enfermedad mental invocada o que no es de la magnitud suficiente para declarar la interdicción civil. Vale la pena citar la decisión 2491 del 05 de agosto de 2.005, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la que se dejó establecido: “Por tanto, la demandante cuenta con una vía judicial idónea para la satisfacción de la pretensión de amparo, cual es su intervención dentro del procedimiento ordinario que fue abierto de conformidad con el artículo 734 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia del decreto provisional de interdicción, y dentro del cual puede exponer sus alegatos, promover las pruebas que considere pertinentes y ejercer todos los recursos ordinarios que le otorga la ley, para la promoción de la revisión de cualquier decisión que considere lesiva a sus derechos e intereses”.

La interdicción provisional tiene un objetivo fundamental: proteger los intereses de la indiciada de demencia e incluso de la sociedad y de terceros, mientras se verifican los demás trámites del procedimiento en su fase plenaria, pues de no poder decretarse la dicha interdicción provisional, el presunto incapaz podría ver afectados sus intereses por el tiempo que dure la misma.-
• El procedimiento de interdicción civil, a diferencia de la inhabilitación civil, procede de oficio, razón por la cual el juez competente que tiene noticias de cualquier caso que pudiera dar lugar la declaratoria de interdicción civil está obligado a dar inicio a dicho procedimiento, aún sin que haya habido petición de parte. De tal forma que como quiera que este juzgador, por haber ya interrogado a la presunta incapaz y al observar que en su criterio existen motivos suficientemente razonables para pensar que la enfermedad que la aqueja podría dar lugar al inicio de un nuevo procedimiento de interdicción civil, y en virtud de que en esta fase sumaria ya se han cumplido todas las formalidades que deberían adelantarse en ese nuevo procedimiento, por economía procesal y lo que es aún más importante en atención de la protección de los intereses de la presunta incapaz, es en este mismo acto procede a decretar la interdicción provisional de la ciudadana: HILDA ISABEL SERRADA.

III
En razón de las consideraciones antes expuestas, este Tribunal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 734 del Código de Procedimiento Civil declara la INTERDICCIÓN PROVISIONAL de la ciudadana: HILDA ISABEL SERRADA , quien es de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-3.887.807, respectivamente, y de este domicilio; y en atención a ello, quedando probado el vínculo de consanguinidad existente entre la solicitante y la mencionada ciudadana, estando en consecuencia legitimada para ello, se designa como tutora Interino de aquella a su hermana: MIGDALIA COROMOTO SERRADA, venezolana, mayor de edad, ,titular de la cedula de identidad Nro. V-5.525.512, de conformidad con el artículo 396 del Código Civil, para que represente y ejecute todos los actos que excedan de la simple administración de sus bienes. Queda abierto a pruebas el presente procedimiento, el cual se seguirá tramitando por el Procedimiento Ordinario. Asimismo se nombra PROTUTORA SUPLENTE a la ciudadana: YUDITH SERRADA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad N° V-3.628.322, y al CONSEJO DE TUTELA a los ciudadanos: CARMEN DE RAMOS, SHALITMAR SERRADA OCHOA, GREILY CAROLINA GONZALEZ Y DILIA DE UGARTE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de identidad N° V- 2.008.811, 13.483.863, 15.758.315 y 4.245.119 respectivamente.-.- Publíquese, regístrese y déjese la copia certificada correspondiente.- Dada, firmada y sellada en la Sala del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.-
Notifique a la solicitante de la presente decisión.
Publíquese y Regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, a los catorce (14) días del mes de abril de 2014.- Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
EL JUEZ,
ABG. MAZZEI RODRIGUEZ RAMIREZ
LA SECRETARIA TEMPORAL,
ABG. JOSMERY MATHEUS
En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión a las 2:00 de la tarde.-
La Secretaria Temporal,
Abg. Josmery Matheus

MRR/JM/Carol
Exp N° 7654