TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

EXPEDIENTE Nº 9557

Mediante escrito de fecha 17 de julio de 2014, el abogado ELIO DANIEL MUSTIOLA RIZO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 46.776, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil F.B.O. SERVICE, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del estado Bolivariano de Miranda en fecha 6 de octubre de 1984, bajo el Nº 47, Tomo 137-A-Sgdo, interpuso por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, solicitud de amparo autónomo constitucional en contra del INSTITUTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA.

Mediante decisión de fecha 22 de julio de 2014, previa distribución, el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, declinó la competencia a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, para conocer de la presente acción.

Asignado por distribución el libelo a este Juzgado Superior, consta en nota de secretaría que corre inserta al folio 27, que en fecha 1º de agosto de 2014 se recibió el mismo formándose expediente bajo el número 9557.

DE LA COMPETENCIA

Previo a cualquier pronunciamiento procede este Órgano Jurisdiccional a verificar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, en virtud de lo cual se observa, que la acción de amparo se interpone en contra del INSTITUTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA -presunto agraviante-, en virtud de que este último, a decir del representante de la parte accionante, por intermedio de su Presidente procedió a comunicarle que el contrato de concesión expiraba el 1º de junio de 2014, por lo cual, a criterio del señalado representante, esto se traducía en una rescisión unilateral del indicado contrato de concesión.

Ello así, y de conformidad con lo dispuesto en los criterios jurisprudenciales explanados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en los casos: EMERY MATA MILLÁN, 20 de enero de 2000; YOSLENA CHANCHAMIRE, 8 de diciembre de 2000; CARLA MARIELA COLMENARES EREÚ, 7 de agosto de 2007; SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, 1º de diciembre de 2009; este Juzgado declara su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y acepta la competencia declinada por el Tribunal Superior Civil, Mercantil y del Tránsito del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial del estado Vargas. Así se decide.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Efectuado el estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, procede este Tribunal a pronunciarse en el caso sub iudice, sobre la admisibilidad de la acción ejercida, para lo cual observa:

Ante la interposición de una acción de amparo constitucional, es obligación de todo juez revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos ordinarios, pues al no constar el cumplimiento de ese presupuesto procesal, la consecuencia lógica es declarar la inadmisibilidad de la acción. Asimismo, sólo podrá proponerse inmediatamente dicha acción, cuando de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, se desprenda que el uso de los medios judiciales ordinarios, resulta insuficiente o no idóneo para el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

Consecuentemente, al analizar las causales de inadmisibilidad en materia de amparo constitucional, se aprecia, que el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente:

“(…) No se admitirá la acción de amparo:

5. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24, 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.

Al respecto, estima pertinente esta instancia judicial señalar, que la norma transcrita ha sido objeto de diversas interpretaciones por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, destacando entre ellas, la establecida en la sentencia Nº 2369 de fecha 23 de noviembre de 2001 (Caso: Parabólicas Service’s Maracay C.A.):

“(…) la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.
Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.
No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, (…)
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, (…). Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve)”. (Subrayado de este Juzgado Superior).

De la referida interpretación se colige, que la admisibilidad de la acción de amparo constitucional está supeditada a que no exista en el ordenamiento jurídico, un medio procesal idóneo que permita reestablecer la presunta situación jurídica lesionada, pues existiendo, éste debe ser ejercido ya que la falta de agotamiento de la vía ordinaria por parte del presunto agraviado, faculta al juez que actúa en sede constitucional, para declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional.

Asimismo, en sentencia Nº 1496 del 13 de agosto de 2001 (Caso: Gloria América Rangel Ramos), se ha pronunciado la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, cuando estableció las condiciones necesarias para que operara la vía de la acción de amparo constitucional, ante la falta de agotamiento de la vía judicial previa. Al respecto dispuso que:

“(...) la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida (…)”.

Así, en aplicación de la norma y criterios jurisprudenciales anteriormente señalados, debe indicarse que en el presente caso la parte actora solicita que “(…) se ordene a el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (…); que proceda a restituir [a la actora] (…); en la posesión de las áreas que había venido ocupando en calidad de : “CONCESIONARIA ARRENDATARIA”, y se le instruya en el sentido que el Debido (sic) proceso le impone el deber de acudir a los Órganos Jurisdiccionales (…), para solicitar previamente la resolución o cumplimiento del contrato vigente (…)”. Ante ello, siendo que estamos en presencia de una manifestación de voluntad por parte del Presidente del INSTITUTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA, expresada mediante un acto administrativo, quien decide debe afirmar que la parte actora disponía de un medio judicial ordinario, idóneo y expedito dirigido a obtener la tutela judicial solicitada, cual es la demanda de nulidad prevista en los artículos 76 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Asimismo, resulta pertinente destacar que el presente amparo autónomo constitucional pudiera ser revisado por vía de excepción, solo si el hecho lesionador hubiere ocurrido estando estos órganos jurisdiccionales en receso judicial.

Aunado a lo anterior, dada la características del órgano administrativo de donde emanada el acto objeto de la presente acción, el cual es una autoridad distinta a las señaladas en los artículos 23.5 y 25.3 de la Ley mencionada retro, estima este Tribunal, que de conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 eiusdem, la demanda de nulidad, en caso de ejercerse la misma, debe ser inexorablemente dirimida por los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo-. Así se decide.

Consecuentemente, es oportuno señalar que han sido reiteradas las actuaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al inadmitir las acciones de amparo constitucional en contra de actos administrativos, hechos u omisiones emanados o dictados por la Administración Pública, cuando existe un medio ordinario que no ha sido accionado por el justiciable, estableciendo que con el ejercicio del citado mecanismo ordinario, se puede obtener también el restablecimiento de la situación jurídica vulnerada, mas aún, si se acciona conjuntamente con ejercicio de la tutela cautelar, de ser considerado necesario por el accionante.

Ergo, este Juzgado Superior de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe forzosamente declarar INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional interpuesta. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE la solicitud de amparo constitucional interpuesta por el abogado ELIO DANIEL MUSTIOLA RIZO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 46.776, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil F.B.O. SERVICE, C.A., en contra del INSTITUTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA, conforme a la motiva del presente fallo.

Publíquese y regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de agosto del año dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
EL JUEZ TEMPORAL,

DANIEL FERNÁNDEZ.

EL SECRETARIO ACC.,

RODRIGO SAN JUAN QUIÑONES

En la misma fecha de hoy, siendo las ( ), quedó publicada y registrada bajo el Nº .

EL SECRETARIO ACC.,

RODRIGO SAN JUAN QUIÑONES

Exp. Nº 9557
DF/jg.-