REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE






EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
Maracay, 21 de enero de 2014
203º y 154º
EXPEDIENTE Nº 48880-13
DEMANDANTE: ESTEFANY DANIELA GUART GALINDEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 20.926.561, debidamente asistida por el abogado en ejercicio ESTEBAN GUART DURAN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 24.754.-
DEMANDADO: GUSTAVO ENRIQUE ALVES ACOSTA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 13.780.157.-
MOTIVO: PARTICION DE BIENES DE LA COMUNIDAD CONYUGAL
DECISIÓN: PERENCION DE LA INSTANCIA
Se inició el presente juicio cuando en fecha “13 de noviembre de 2013”, la ciudadana ESTEFANY DANIELA GUART GALINDEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 20.926.561, debidamente asistida por el abogado en ejercicio ESTEBAN GUART DURAN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 24.754, interpuso demanda de PARTICION DE BIENES DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, contra el ciudadano GUSTAVO ENRIQUE ALVES ACOSTA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 13.780.157. Por auto de fecha “14 de noviembre de 2013”, se le dio entrada a la demanda. En diligencia de fecha “20 de noviembre de 2013”, la parte actora consigna los recaudos señalados en el libelo de la demanda. Por auto de fecha “27 de noviembre de 2013”, se admitió la demanda y se ordeno la comparecencia de la parte demandada. En diligencia de fecha “03 de diciembre de 2013”, la parte actora solicita se decrete medida de prohibición de enajenar y gravar. Por auto de fecha “14 de enero de 2014”, el Tribunal de conformidad con lo establecido en el articulo 588 del Código de procedimiento Civil, decreta medida de prohibición de enajenar y gravar.-
Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que conforman la presente causa, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:
PRIMERO: La PERENCION, no es otra cosa que la extinción de la instancia por la inactividad de las partes durante el período determinado por la Ley, encontrándose reglamentada en los artículos 267 al 271 del Código de Procedimiento Civil. En efecto el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“...Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandad.
2°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandado no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”
Del contenido de la norma ut supra claramente se desprende, que la perención de la instancia opera por inactividad de las partes, es decir, la falta de realización de actos del procedimiento destinados a mantener en curso el proceso. Aunado a ello cabe precisar, que la perención de la instancia al operar de pleno derecho constituye una formalidad que no puede ser obviada por el sentenciador, a menos que se verifiquen cuestiones de orden público, de allí que pueda ser declarada de oficio o a instancia de parte. Como corolario de lo aquí señalado, la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, acotó lo siguiente:
“…Las demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante diligencia, deberán poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado (transporte, etc.).”
“…Siendo así esta sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que pongan a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando este haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo u omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia…” (omissis)
Aplicando las anteriores consideraciones al caso bajo examen quien decide observa, que revisadas las actas que conforman el presente expediente, se constata que el mismo se encuentra inactivo en lo que se refiere al impulso de la citación, esto es desde el día “27 de noviembre de 2013”, fecha que se admitió la demanda, y la parte actora no ha realizado actuación alguna para gestionar la citación de la parte demandada para la prosecución de los actos procesales subsiguientes. De forma tal, que al evidenciarse que desde el día “27 de noviembre de 2013”, hasta el día “21 de enero de 2014”, transcurrieron cuarenta (40) días de inactividad procesal, tiempo que excede el previsto en nuestra legislación adjetiva civil antes citada, por lo que esta sentenciadora forzosamente declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio que por PARTICION DE BIENES DE LA COMUNIDAD CONYUGAL fue instaurado por la ciudadana ESTEFANY DANIELA GUART GALINDEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 20.926.561, contra el ciudadano GUSTAVO ENRIQUE ALVES ACOSTA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 13.780.157; todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, y bajo el criterio jurisprudencial antes citado. Así se decide.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
LA JUEZ,

DRA. LUZ MARIA GARCIA MARTINEZ.
EL SECRETARIO,

ABOG. LUIS RODRIGUEZ.
En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión, previo el anuncio de ley, siendo las 09:30 a.m.-
EL SECRETARIO,
LMGM/carlos.-
Exp. Nº 48880.-