REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS Maturín, veintidós (22) de julio de dos mil catorce (2014) 204° y 155° ASUNTO: NP11-2014-000736 Vista la anterior solicitud de CALIFICACION DE DESPIDO, REENGANCHE y PAGO DE SALARIOS CAIDOS, presentada en fecha 09 de julio de 2014, por el Ciudadano HUMBERTO REQUESENS L, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 8.881.820 domiciliado en la Avenida Libertador, Sector Prados del Sur, Casa N° 2 Calle 1 Maturín, estado Monagas, debidamente asistido por los Abogados Eleazar Enrique Maita Maita y José Alberto Quereguan, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros.92.877 y 222.477 contra de la entidad de Trabajo JILMAR SIGLO XXI, C.A, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción del Estado Monagas, luego de haber revisado la solicitud, considera pertinente hacer las siguientes observaciones: Relata el solicitante que comenzó a prestar sus servicios para la entidad de Trabajo JILMAR SIGLO XXI, C.A ocupando el cargo de Operador de Jumbo, en el tendido de flujos Distrito el Furrial , estado Monagas, en una jornada de trabajo de lunes a sábado devengando un salario semanal de Bs. 2.147,99 semanal más un bono de Bs. 1.380,38, el cual le era depositado en una cuenta bancaria; devengando como último salario mensual la cantidad de Bs. 14.121,48 y que fue despedido injustificadamente en fecha 27 de junio de 2014, y que fue despedido injustificadamente No señala el solicitante si estaba o no subsumido en alguna condición especial, que hagan presumir que estuviera amparado por inamovilidad absoluta, prevista en el Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que establece situaciones en las que los trabajadores o trabajadoras puedan encontrarse amparados por inamovilidad en algún momento, y que de producirse la acción de despido por parte del patrono, estos deben previamente seguir el procedimiento establecido en la misma Ley, correspondiéndole el conocimiento del procedimiento a las Inspectorías del Trabajo. Ante estos supuestos de inamovilidad, que requieren la calificación de despido ante el respectivo órgano administrativo, se agrega el caso de inamovilidad laboral especial cuando ésta es decretada por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la Ley le confieren. A tal efecto el Artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, establece lo siguiente: “Inamovilidad Los trabajadores y trabajadoras protegidos de inamovilidad no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados sin una causa justificada la cual deberá ser previamente calificada por el inspector o inspectora del trabajo. (…) El Ejecutivo Nacional podrá ampliar la inamovilidad laboral prevista en esta Ley como medida de protección de los trabajadores y trabajadoras, en el proceso social del trabajo”. Cabe destacar igualmente que El Ejecutivo Nacional mediante Decreto Presidencial Nº 639 del 3 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.310 de fecha 6 de diciembre de 2013, dispuso la inamovilidad laboral a favor de los trabajadores y de las trabajadoras del sector privado y del sector público protegidos (as) por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, quienes no podrán ser despedidos, desmejorados ni trasladados a menos que exista una causa justificada debidamente comprobada por la Inspectoría del Trabajo, conforme al procedimiento contemplado en el artículo 422 eiusdem. De acuerdo al aludido Decreto Presidencial esa inamovilidad laboral es independiente del salario devengado y protege a: a).- Las trabajadoras y los trabajadores a tiempo indeterminado a partir de los tres (3) meses al servicio de una patrona o patrono; b).- Las trabajadoras y los trabajadores contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término establecido en el contrato; c).- Las trabajadoras y los trabajadores contratados para una labor u obra determinada mientras no haya concluido la totalidad o la parte de la misma que constituya su obligación. Quedan exceptuados del presente Decreto las trabajadoras y los trabajadores que ejerzan cargos de dirección o de confianza, y las trabajadoras y trabajadores temporeros, ocasionales o eventuales.” Quedando exceptuados de la protección contenida en el indicado Decreto, los trabajadores y las trabajadoras que ejerzan cargos de dirección, de temporada u ocasionales. Observa este Tribunal que de los alegatos de la parte actora se aprecia lo siguiente: 1) Que comenzó a prestar sus servicios en la entidad de trabajo demandada el 28 de enero de 2013, y que para el momento de su despido el cual señala fue el 27 de junio de 2014- tenía acumulados más de un (1) mes de antigüedad; 2) que se desempeñaba en el cargo de Operador de Jumbo, sin que de los autos se evidencie haber tenido atribuidas funciones de dirección; y 3) que no era un trabajador de temporal u ocasional. Ahora bien, visto que el demandante al momento de la fecha de su despido, se encuentra amparado por el referido decreto, sin que para ello exista límite en el salario, en consecuencia debe este Tribunal declarar que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer la solicitud planteada, por corresponder su conocimiento a la Administración Pública por órgano de la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas, ya que como se dijo anteriormente, la inmovilidad a la que se hace referencia es la inamovilidad laboral especial establecida en Decreto Presidencial, dictada a favor de las trabajadoras y los trabajadores del sector privado y del sector público, regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Y así se decide. DECISIÓN En conformidad a lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: FALTA DE JURISDICCIÓN DEL PODER JUDICIAL CON RELACION A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por el ciudadano HUMBERTO REQUESENS L contra la Entidad de Trabajo JILMAR SIGLO XXI, C.A. e insta al prenombrado, a ejercer la defensa de sus derechos laborales ante el Órgano Administrativo competente, es decir, por ante la Inspectoría del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas; SEGUNDO: De conformidad con el Artículo 23, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordena remitir el presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la consulta obligatoria, suspendiéndose el proceso conforme lo dispone los Artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA. Dictada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, a los veintiún (21) días del mes de julio de dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación. DIOS y FEDERACION LA JUEZA Abog. MILADYS SIFONTES DE NESSI La SECRETARIA En esta misma fecha se publicó la anterior sentencia La Secretaria