LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CAPITAL Exp. No. 007352 Vista la querella interpuesta por el ciudadano GONZÁLEZ RONDÓN ERNESTO JOSÉ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.961.580, debidamente asistido por el abogado JESÚS ARISTIDES VILLARROEL ROMERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 183.025, contra el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Sucre del Estado Miranda, este Juzgado observa: En fecha 05 de junio de 2013, se recibió del Juzgado Distribuidor el presente recurso, dándosele entrada en fecha 11 de junio de 2013. En fecha 12 de junio de 2013, este Tribunal dictó auto mediante el cual admitió la querella interpuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 98 ejusdem. En fecha 18 de junio de 2013, se dictó auto ordenando la citación al Presidente del citado Instituto, a los fines de que diera contestación a la querella y remitiera el expediente administrativo del caso, así como las notificaciones de los ciudadanos Síndico y Alcalde del Municipio Sucre del Estado Miranda, para lo cual se requirieron los fotostatos necesarios sin que hasta la fecha hayan sido consignados a los autos. En fecha 11 de junio de 2014, este Tribunal dicto auto en virtud de la designación por parte de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de justicia, en fecha 04 de noviembre de 2013, y posterior juramentación el 05 de noviembre de 2013, de la doctora HELEN NAVA DE URDANETA. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Sobre la base de los hechos antes mencionados, considera necesario este Órgano Jurisdiccional, destacar la importancia de fijar algunos conceptos previos a los fines de abordar el análisis del caso, tales como el origen del fundamento del instituto de la perención de la instancia, como modo anormal de conclusión del proceso impuesto por razones de orden público. Al respecto esta Juzgadora comparte y hace sus propios argumentos del autor Lino Enrique Palacios, cuando expresa que: “…Desde un punto de vista subjetivo, el fundamento de la institución estriba, por un lado, en la presunción de abandono de la instancias que configura el hecho de la inactividad judicial prolongada y por el otro lado, en la conveniencia de que, en tales circunstancias el órgano judicial quede liberado de los deberes que, eventualmente le impone la subsistencia indefinida de la instancia”. En cuanto a este planteamiento, establece el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: “…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas. Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria”. De la transcripción que antecede se destacan dos situaciones importantes consagradas por el legislador nacional; la primera es que deja en evidencia que si bien la perención como forma anómala de un proceso tiene lugar por la inactividad de las partes durante un (1) año; sin embargo pone de relieve la improcedencia de la misma cuando el acto procesal siguiente ya no depende de la actuación de las partes, sino del Juzgador. Es decir, que la norma in comento, busca por medio del temor a la imposición de una sanción, el mantenimiento del interés procesal por las partes intervinientes en este, operando en consecuencia dicha norma como estimulo permanente de las partes, a los fines de que éstas cumplan con sus cargas de impulsar el proceso. Es así, que si la demanda es la ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto por cuanto, la función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural que es la sentencia. En este orden de ideas, describe Hernando Devis Echandia (Compendio de Derecho Procesal Civil, Tomo I. Teoría General del Proceso. Ediciones 10ª. Ediciones ABC, Bogóta, Colombia.1985, Pág.584) como perención a la “(…) sanción impuesta al litigante moroso, la cual responde a un principio de economía procesal y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los pleitos (…)”. Similares términos son usados por el procesalista argentino Mario Alberto Fornaciari, para quien la institución sub examine es: “… la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de la actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley”. (Modos Anormales de Terminación del Proceso. Tomo III. Caducidad de la Instancia. Editorial Desalma, Buenos Aires; Argentina 1991). Por su parte, la Sala Político Administrativa de nuestro máximo Tribunal, en sentencia No. 00117, de fecha 07 de febrero de 2013, con ponencia de la Magistrada Dra. Trina Omaira Zurita, estableció que: “(…) La perención de la instancia es un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines. Se constituye entonces el referido instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales”. Ahora bien, después de una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente expediente, se evidencia que el mismo se subsume en el supuesto establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por cuanto desde el dieciocho (18) de junio de dos mil trece (2013), hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (1) año sin que se haya ejecutado ningún acto de procedimiento a instancia de parte, razón por la cual, este Juzgado Superior declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 ejusdem. Así se decide DECISIÓN Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano GONZÁLEZ RONDÓN ERNESTO JOSÉ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.961.580, debidamente asistido por el abogado JESÚS ARISTIDES VILLARROEL ROMERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 183.025, contra el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Sucre del Estado Miranda. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFIQUESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en Caracas, a los catorce (14) días de julio de dos mil catorce (2014). Años 204° y 155° LA JUEZA, Dra. HELEN NAVA DE URDANETA EL SECRETARIO, LUÍS ARMANDO SÁNCHEZ En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley. EL SECRETARIO, LUÍS ARMANDO SÁNCHEZ Exp. No. 007352 Mario.