REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 8 de Julio de 2014 204º y 155º ASUNTO: AP11-V-2012-000285 PARTE ACTORA: Ciudadano LUIS JOSE GARCIA BASTARDO, venezolano, de 62 años de edad, chofer, divorciado, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-4.184.873. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: Ciudadana DAMARYS E. BENITEZ, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpre-abogado bajo el No. 145.331. PARTE DEMANDADA: Herederos conocidos y desconocidos de la ciudadana MIRIAN LUCIA CASTILLO, quien en vida fuera, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-2.985.152, y que falleció el día 06 de febrero de 2011, tal y como se evidencia en Acta de Defunción No. 218, que corre inserta por ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la Comisión de Registro Civil y Electoral, de fecha 07 de febrero de 2011. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta apoderado judicial constituido en autos. MOTIVO: ACCION MERO DECLARATIVA. -I- En fecha 16 de marzo de 2012, se presento libelo de demanda por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole a este Juzgado conocer la presente demanda. En fecha 22 de noviembre de 2012, se admitió la demanda por el procedimiento ordinario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 341 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 15 de mayo de 2012, la parte actora confirió poder apud acta y solicitó el beneficio de la justicia gratuita en lo que respecta a la publicación de los edictos. En fecha 30 de octubre de 2012, se dicto auto mediante el cual se ordenó concederle a la parte demandante la posibilidad de verificar el presupuesto más económico de las empresas privadas que se encargaran de hacer las publicaciones, para que proceda a señalar el que más le convenga para ser acordado por este despacho. - II - Ahora bien, vistas las actuaciones que anteceden contenidas en el expediente y por cuanto no existen elementos sobre los cuales amerite el pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Igualmente, establece el artículo 269 ejusdem: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267 es apelable libremente.” Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente: (…) Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer(…). Asimismo, la figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador, siendo señalado por la Doctrina que esta es una de las formas anormales de terminación del proceso. Al Estado, no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad otorgándose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales. El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “(…)La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil(…)”. Ahora bien, se desprende del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que el legislador ha previsto con la misma sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía procesal, que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas. En el caso que nos ocupa, de una revisión realizada a las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que desde el 30 de octubre de 2012, fecha en la cual se dicto auto ordenando concederle a la parte demandante la posibilidad de verificar el presupuesto más económico de las empresas privadas que se encargaran de hacer las publicaciones, hasta la presente fecha, la accionante no ha comparecido a impulsar la causa, es lo que demuestra la perdida de interés de la parte actora en las resultas del juicio. En consecuencia y en virtud de las circunstancias antes señaladas, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio se ha producido la perención anual en razón de no haberse ejecutado ningún acto de procedimiento en el transcurso de un año y así se decide. DISPOSITIVA Por fuerza de los anteriores razonamientos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo pautado en el Artículo 270 eiusdem, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 ibídem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. SEGUNDO: NO SE CAUSARON costas en este asunto dada la naturaleza del fallo, a tenor de lo establecido en el Artículo 283 del Código Adjetivo Civil. Publíquese, Regístrese, y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los ocho (08) días del mes de julio de 2014. Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación. EL JUEZ, Dr. LUÍS TOMAS LEÓN SANDOVAL EL SECRETARIO, Abg. MUNIR SOUKI URBANO En esta misma fecha siendo las 10:25 a.m., se publico y registro la anterior sentencia. EL SECRETARIO, ASUNTO: AP11-V-2012-000285