TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas
Maturín, 9 de Junio de 2014
204º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL : NP01-P-2012-005326
ASUNTO : NP01-P-2012-005326

Corresponde a este Tribunal pronunciarse en la presente causa, en la cual el Defensor Publico Sexta Penal ABG. JESSIKA GRANADOS, defensora designada del acusado NEOLBERT ALEXANDER PEREZ, titular de la cédula de identidad N° 18.211.789, quien requiere la REVISION DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD que pesa en su contra, y la aplicación de una menos gravosa, observándose lo siguiente:

Establece el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:
“El imputado o imputada podrá solicitar la revocación o sustito de la Medida Judicial de Privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez o Jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. “

De la norma antes transcrita se infiere que el imputado puede solicitar la revisión de las medidas cautelares las veces que lo considere necesario, y que tales medidas deben estar ajustadas a las condiciones personales de los investigados y a la necesidad de mantener la privación de libertad con la única finalidad de garantizar las resultas del proceso, sin embargo quien hoy decide, considera que la duración o permanencia de la medida cautelar de la privación judicial preventiva de la libertad como figura del derecho procesal, necesariamente tendrá que estar supeditada a la subsistencia de las causas que le dieron origen. De tal manera, que para que tenga lugar la revocatoria o sustitución de dicha medida, debe necesariamente haber ocurrido un cambio o modificación parcial o total de las circunstancias que dieron origen a su decreto, por cuanto su imposición responde a una determinada situación factica innegable al momento de adoptarla, que se vería desvanecida en la medida que tales circunstancias hayan cesado o sufran transformaciones a lo largo del proceso de manera absoluta o parcialmente.

De allí, que para considerar que ciertamente han variado las circunstancias que motivaron la medida de coerción personal de privación judicial preventiva de libertad, debe indiscutiblemente que tomarse en cuenta aquellos acontecimientos facticos razonablemente fundados que hagan permisible el declive de dicha medida o sustituirla por una menos gravosa; es decir, que la revisión de la misma debe ir obligatoriamente orientada a la comprobación de supuestos de hechos que indiquen fehacientemente que ya no es razonablemente necesaria mantenerla, verbi gratia la desaparición o ausencia del peligro de fuga.

En las actuaciones que conforman el presente asunto, dicha ausencia no se refleja, ni mucho menos del mencionado escrito y la calificación jurídica que el Ministerio Público atribuyó a los hechos no ha variado, es decir, que el Juicio Oral y Público se aperturará al ciudadano: NEOLBERT ALEXANDER PEREZ, titular de la cédula de identidad N° 18.211.789, en los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORIA, previsto y sancionado en el Artículo 406, ordinal 2°, en concordancia con el 83 ambos del Código Penal, en perjuicio de quienes en vida se llamaran LISANDRO JESUS BARRETO MONTERO, LUCIO GREGORIO CARVAJAL; por lo tanto, sustituir o revocar la medida de privación judicial preventiva de la libertad que obra en contra del referido acusado, sin haber ocurrido ninguna variación de las circunstancias que la originaron, sería sin lugar a dudas confinar el carácter excepcional como medida cautelar para asegurar las finalidades del proceso. Así se decide.
En ese mismo orden de ideas, es de importancia destacar, que las razones establecidas en la ley para que de carácter excepcional se decrete la medida de coerción personal de privación judicial preventiva de la libertad, precisamente lo constituyen los supuestos previstos en los artículo 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, dentro de los cuales hallamos el peligro de fuga, riesgo éste constituido entre otros por la pena que pudiere llegarse a imponer según el hecho punible atribuido al imputado, que en el caso que nos ocupa permanece invariable, por lo tanto, es obvio que resulta forzoso mantener la vigencia de dicha medida como cautelar asegurativa de las resultas del procesos. Así se decide.

En el presente asunto los hechos punibles atribuidos al acusado, establecen una pena probable que supera en con creces el límite a que se contrae el Parágrafo Primero del citado artículo 237; en consecuencia, es concluyente para esta juzgadora que, siendo obvia la vigencia de la presunción razonable del peligro de fuga, resulta menester el mantenimiento de la medida de coerción sub exámine, sin que ello signifique prejuzgar sobre la responsabilidad penal del acusado, la cual se determinará en el juicio correspondiente. Así de decide.
En consecuencia se DECLARA SIN LUGAR la solicitud de el Defensor Público Sexta Penal.-
Se acuerda MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACION DE LIBERTAD en contra del ciudadano NEOLBERT ALEXANDER PEREZ, titular de la cédula de identidad N° 18.211.789, en el Internado Judicial del Estado Monagas.
Regístrese, déjese copia y notifíquese, y líbrese traslado para la imposición de la decisión para el día viernes 13-06-14.
La Juez

ABG. MARIUIVE PEREZ ABANERO

El Secretario,

ABG. KEDIN CALDERON