Mediante escrito presentado ante el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital (actuando en sede distribuidora), en fecha 10 de diciembre de 2012, por los abogados Edmundo Alejandro Tortoza García y Lismirdi Joselin Tortosa Borrero, en sus carácter de apoderados judiciales del ciudadano JESUS ADOLFO RODRIGUEZ CARRERA, titular de la cédula de identidad Nº V-10.945.144, interpusieron Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial contra el Acto Administrativo Número TT-059, de fecha 03 de julio de 2012 y notificado en fecha 14 de septiembre de 2012, mediante el cual fue destituido del cargo de Sargento Segundo que ejercía en el CUERPO DE POLÍCIA NACIONAL BOLIVARIANA. El 13 de diciembre de 2012 previa distribución, correspondió conocer a este Tribunal Superior, siendo recibido el mismo día, se le asignó el Nº 2120, nomenclatura de este Órgano Jurisdiccional. El 16 de enero de 2013, este Tribunal admitió el recurso, ordenando la citación de la Procuraduría General de la República, a los fines de dar contestación a la querella en un lapso de quince (15) días de despacho contados a partir de que constara en autos la fecha de la práctica de su citación, asimismo se ordenó la notificación del Director del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Llegada la oportunidad para dar contestación al presente recurso, en fecha 30 de septiembre de 2013 compareció la representación judicial de la Procuraduría General de la República y consignó escrito constante de dieciocho (18) folios útiles y anexos. El 10 de octubre de 2013 se fijó la Audiencia Preliminar para el 5to día de despacho siguiente. El 21 de octubre de 2013 oportunidad fijada para que tuviera lugar la Audiencia Preliminar se dejó constancia de la comparecencia de ambas partes, siendo que ambas partes solicitaron la apertura del lapso probatorio y en tal sentido en fecha 30 de octubre de 2013 la parte querellada consignó escrito de promoción de prueba y anexos, las cuales fueron admitidas por auto de fecha 08 de noviembre de 2013. El 02 de diciembre de 2013 se fijó la Audiencia Definitiva para el 5to día de despacho siguiente, la cual tuvo lugar en fecha 09 de diciembre de 2013, dejando constancia de la comparecencia de ambas partes. En fecha 13 de diciembre de 2013, se dictó auto en el cual se solicitó el expediente administrativo del querellante, siendo ratificada dicha solicitud en fecha 12 de febrero de 2014, sin obtener respuesta alguna por parte de la Administración. Por auto dictado en fecha 30 de junio de 2014, se dictó el dispositivo del fallo, en el cual se declaró Parcialmente Con Lugar el presente recurso contencioso administrativo funcionarial. Ahora bien, a los fines de dictar sentencia, este Tribunal Superior lo hace bajo los siguientes términos: I DEL ESCRITO LIBELAR Indicaron los apoderados judiciales del recurrente que en fecha 12 de noviembre de 2011, su representado obtuvo conocimiento de un accidente de tránsito con persona fallecida en la Avenida Atlántico, adyacente a la UNEG sentido Alta Vista – Unare, en Ciudad Guayana mediante notificación de la central de radio, que de inmediato se trasladó al sitio en compañía del vigilante Marcos Torres en la Unidad Forense ya que se encontraba prestando sus servicios como Supervisor de la Carpa de Macro y le tocaba cubrir la jurisdicción donde ocurrió el incidente. Que al llegar al sitio del suceso observo que efectivamente había una persona fallecida y se encontraba una comisión de los bomberos del Municipio Caroní al mando del comisario Mantuano Julio, signada con el Nº P-07. Que su representado se encargó de elaborar los planos por la magnitud del accidente con el fin de ayudar y agilizar el proceso, acusándosele el día siguiente de haber dejado ir al conductor. Que posteriormente llegó la comisión de la Oficina de Control de Actuación Policial de Caracas perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana y le realizó entrevista a todos los funcionarios intervinientes, prohibiéndosele salir de las instalaciones del comando, que estaban vigilados y se les privó de la libertad por dos días hasta que llegó la Comisión de la OCAP y lo trasladaron a la central del Llanito Caracas. Que solicitan se ordene al respectivo Ente la exhibición del expediente que se le instruyó a su representado, así como también la formulación de cargos, en la que pretenden fundar la destitución, que dicha solicitud obedece a que no es posible obtener de nuevo el acceso a los documentos referidos ya que, a sus decir, la solicitud ha sido negada para su admisión en la oficina respectiva. Que el ciudadano sustanciador del procedimiento actuó arbitrariamente sin facultad para emitir juicio previo con lo cual violentó la Constitución y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como derechos fundamentales como son el debido proceso, presunción de inocencia, principio de legalidad, derecho a la defensa, entre otros, con lo cual hace que el procedimiento se nulo de nulidad absoluta. II DEL ESCRITO DE CONTESTACION DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL Indicó la representación de la República que niega, rechaza y contradice tanto en los hecho como en el derecho, en todas y cada una de sus partes los argumentos y pretensiones expuestas, al señalar que se efectuaron todos los procedimientos ajustados a las normas para tal fin, se practicaron las declaraciones de donde se hizo presumir que los funcionarios investigados ocultaron hechos claves para el esclarecimiento del suceso, que no existió trasgresión al debido proceso y derecho a la defensa, a la luz de un procedimiento sustanciado por la Administración, en el que se evidencian respetadas las garantías procesales, por las oportunidades que tuvo la encausada para desvirtuar y defenderse de los hechos atribuidos, por lo que no estando probado agravio sustancial alguno contra el ejercicio de tales derechos, que pudiera haberle causado indefensión. Que esa situación en nada perjudicó al demandante, que fueron los mismos hechos imputados los que dieron origen a la aplicación de la sanción de destitución y se impusieron las faltas descritas en la Ley vigente y aplicable al ciudadano como Sargento Segundo del Cuerpo demandado, los cuales conllevaban a la falta de probidad. III MOTIVACIÓN PARA DECIDIR El presente caso gravita entorno a la pretensión del ciudadano JESUS ADOLFO RODRIGUEZ CARRERA, a que se declare la nulidad del acto administrativo Número TT-059, de fecha 03 de julio de 2012, mediante el cual fue destituido del cargo de Sargento Segundo que ejercía en el CUERPO DE POLÍCIA NACIONAL BOLIVARIANA. De manera que, observa este Juzgador que el objeto principal de la presente querella, lo constituye la solicitud de nulidad del acto administrativo de efectos particulares, Número TT-059, de fecha 03 de julio de 2012, mediante el cual se destituyó al querellante del cargo de Sargento Segundo, adscrito al referido Instituto, por estar presuntamente incurso en la causal de destitución prevista en el numeral 6 y 10 del artículo 97 de la Ley del Estatuto de la Función Policial en concordancia con los numerales 6 y 11 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Ahora bien, es importante destacar, la inexistencia del expediente disciplinario por la falta de cumplimiento de la orden emitida por este Tribunal para la remisión del mismo, dictada en fecha 16 de enero de 2013 en el auto de admisión del presente recurso y ratificada por autos dictados en fecha 13 de diciembre de 2013 y 12 de enero de 2014, con atención a la disposición contenida en el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, expediente donde fue presuntamente sustanciado el procedimiento de destitución del hoy querellante. En ese sentido, es pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Político- Administrativa, en sentencia Nro. 428, de fecha 22 de febrero de 2006, que estableció: “…Ahora bien, con respecto a los efectos de la ausencia del expediente administrativo en los juicios de nulidad, se ha pronunciado anteriormente esta Sala concluyendo en lo siguiente: “…el expediente administrativo está constituido por el conjunto de actuaciones previas que están dirigidas a formar la voluntad administrativa, y deviene en la prueba documental que sustenta la decisión de la Administración. Por tanto, sólo a ésta le correspondía la carga de incorporar al proceso los antecedentes administrativos; su no remisión constituye una grave omisión que pudiera obrar en contra de la Administración y crear una presunción favorable a la pretensión de la parte accionante. (…omissis…) En este sentido, se insiste en que la remisión de los antecedentes administrativos es una carga procesal de la Administración, cuya omisión puede acarrear consecuencias negativas para ésta como parte que es en el proceso, pues no puede el juzgador apreciar en todo su valor el procedimiento administrativo, así como tampoco las razones de hecho y de derecho que fundamentaron la decisión.”. (Sentencia Nro. 672 del 08 de mayo de 2003). ... siendo que de ordinario, correspondería a los recurrentes aportar las pruebas necesarias que fundamenten sus alegatos, en el caso del expediente administrativo se invierte esta carga probatoria, toda vez que el administrado se encuentra imposibilitado de traer dicha prueba al juicio, carga que tiene la Administración, razón por la cual, el incumplimiento por parte de ésta de incorporar al expediente los antecedentes administrativos correspondientes, sólo puede obrar en su contra.” La sentencia supra transcrita determinó que el expediente administrativo constituye actuaciones previas que van dirigidas a formar la voluntad administrativa y es la prueba que sustenta la decisión de la administración, en razón de lo cual solo a esta le corresponde la carga de incorporarlo al proceso, de lo contrario tal omisión obraría en su contra y crearía una presunción a favor del accionante, pues el juzgador no podría valorar el procedimiento administrativo. Tal carga legal es, que se encuentra establecida en el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, que impone la obligación de la remisión del expediente administrativo dentro de los dos (02) días de despacho siguientes a la admisión, lo que evidencia que es una carga procesal impuesta por Ley. Así pues, la parte querellante al fundamentar su recurso, denunció la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso establecido en el articulo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela; el vicio de prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Procedimientos Administrativos, a su entender por la omisión del procedimiento disciplinario a través del cual se debió determinar la responsabilidad en los hechos imputados por la Administración en el acto administrativo. En lo que a la violación de preceptos constitucionales establecidos en el artículo 49 de la Constitución se refiere, tales como debido proceso y derecho a la defensa: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 97 del 15 de Marzo de 2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, estableció: “Se denomina debido proceso a aquél proceso que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Pero la norma constitucional no establece una clase determinada de proceso, sino la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva. De la existencia de un proceso debido se desprende la posibilidad de que las partes puedan hacer uso de los medios o recursos previstos en el ordenamiento para la defensa de sus derechos e intereses. En consecuencia, siempre que de la inobservancia de las reglas procesales surja la imposibilidad para las partes de hacer uso de los mecanismos que garantizan el derecho a ser oído en el juicio, se producirá indefensión y la violación de la garantía de un debido proceso y el derecho de defensa de las partes”. De manera que, un acto administrativo donde se implica la afectación de derechos e intereses de los particulares debe ser producto de un procedimiento administrativo previo en el que se les permita a los administrados alegar y probar a su favor, en aras de salvaguardar el debido proceso y el derecho a la defensa, no pudiendo la Administración soslayar su obligación de hacer efectiva la garantía del debido proceso, con todas las implicaciones que el mismo conlleva, pues siempre se debe permitir la intervención de los administrados en todas aquellas actividades que los afecten, independientemente de la forma que éstas revistan, dando cumplimiento y haciendo efectivo el derecho al debido proceso y a la defensa de allí que, estos derechos son susceptibles de ser vulnerado por cualquier acto, sea éste de trámite, de mera sustanciación, definitivo o sancionador, del cual se desprenda una conducta que juzgue o precalifique al investigado de estar incurso en irregularidades, sin que para llegar a esta conclusión se le otorgue la oportunidad de desvirtuar, a través de la apertura de un contradictorio, los hechos que se le imputan, permitiéndole la oportunidad de utilizar los medios probatorios legales que respalden las defensas que considere pertinentes, entendiéndose que sea lo justo verificar, si todos los actos previos a la imposición de una sanción por parte de la Administración, en uso de su potestad sancionatoria y disciplinaria, es decir, con anterioridad a que ésta emita la decisión impugnada, permitieron la oportuna y adecuada defensa del sancionado, así como la libre presentación de las pruebas establecidas en la ley, por lo que en razón de ello, la Administración no puede prescindir de esos principios imponiendo sanciones o simplemente, fundamentando sus actuaciones en presunciones. El debido proceso se erige como una verdadera garantía constitucional, cuyo naturaleza consiste en forjar un indubitable estado de derecho y de justicia, al ser así, se encuentra en conexión con otros derechos, principios y garantías (ser oído, tener conocimiento de los hechos por los que se le investiga, ser notificados oportunamente del inicio de la investigación, de los actos que así lo ameriten, tener libre acceso al expediente, posibilidad de presentar alegatos y defensas, et cétera.), de manera tal, que arroja como resultado una concepción altamente compleja, y aunque algunos doctrinarios lo catalogan como una prerrogativa que existe por cuenta propia, la jurisprudencia ha establecido sus efectos al afirmar que es producto de la suma de otras garantías que, concurrentes entre sí, dan origen a que pueda proclamarse la observancia de un “debido proceso”. Por su parte, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 02742 de fecha 20 de noviembre de 2001, con ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini, se ha pronunciado sobre el derecho a la defensa de este modo: "…se trata de un derecho complejo que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado, entre los que figuran, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un proceso debido, derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho a la ejecución de las sentencias, entre otros, que se vienen configurando a través de la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental. El artículo en comento establece que el debido proceso es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, disposición que tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la ley, dado que el debido proceso significa que ambas partes en el procedimiento administrativo, como en el proceso judicial, deben tener igualdad de oportunidades tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a acreditarlos. En este mismo orden de ideas, el derecho a la defensa previsto con carácter general como principio en el citado artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, adoptado y aceptado en la jurisprudencia en materia administrativa, tiene también una consagración múltiple en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual, en diversas normas, precisa su sentido y manifestaciones. Se regulan así los otros derechos conexos como son el derecho a ser oído, el derecho a hacerse parte, el derecho a ser notificado, a tener acceso al expediente, a presentar pruebas y a ser informado de los recursos para ejercer la defensa…”. (Cursivas de este Órgano Jurisdiccional). Con atención a este extracto, se puede afirmar que el derecho al debido proceso y a la defensa no se consolidan como una mera enunciación de principios, sino que y más fundamentalmente en lo que atañe a la praxis jurídica, se concretiza en el mundo fenoménico en la determinación y desarrollo de un juicio previo, sobre el cual deben descansar el resto de las garantías constitucionales llamadas a concurrir entre sí, esto es, el lecho cierto donde se conjugan y entrecruzan genuinamente los derechos que sostienen la verdadera Justicia, así, el procedimiento o el proceso no es fin en sí mismo, pero constituye un medio superlativo para alcanzar el fin último del derecho, que es, la libertad. En armonía con lo anterior, es preciso concluir que el efectivo cumplimiento del derecho a la defensa, y al debido proceso, los cuales resultan aplicables tanto en actuaciones administrativas, como en procedimientos judiciales, imponen que se cumplan -con estricta rigurosidad- las fases o etapas, en las cuales, las partes involucradas, tengan iguales oportunidades para formular alegatos y defensas, que exista un control de las pruebas que cada una de las partes promueva para demostrar sus argumentos o pretensiones, que pueda ser sancionada por actos u omisiones que estén expresamente previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Analizado lo anterior se tiene que, en el acta de apertura de procedimiento de destitución, se debe plasmar la indicación de los hechos que son supuestos generadores de responsabilidad disciplinaria así como los preceptos jurídicos donde estos encuadran, sin que pueda considerarse que lo que allí se disponga y califique constituya formalmente la apreciación definitiva que tiene la Administración sobre la situación objeto de la averiguación, sino simplemente es una valoración previa a los fines de que el investigado pueda formalmente ejercer su derecho a la defensa a través de contestación a los cargos y de las pruebas que considere pertinentes para su defensa, para que luego, en base a todo los elementos de juicio que cursen en el expediente administrativo, la autoridad competente tome la decisión de mérito. Sobre el vicio de prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, la doctrina nacional ha precisado que el mismo sucede cuando: “En otras palabras, cuando la Administración prescinde del procedimiento de formación de la voluntad declara en el acto; por tanto, éste carece de antecedentes y se dicta de manera directa e inmediata. Se trata del supuesto de inexistencia del expediente, o si éste se ha formado, es un cuerpo documental carente de valor al no constar en el mismo los actos instrumentales esenciales, sin los cuales, el procedimiento es inidentificable…”. (Teoría de las Nulidades en el Derecho Administrativo. Segunda Edición. Profesor Enrique Meier. Editorial Jurídica Alva SRL. Página 395. Caracas, año 2001). Del citado extracto queda claro que la prescindencia total y absoluta viene determinada, bien por el dictamen de alguna decisión sin la consecución del correspondiente procedimiento previo, o que existiendo el procedimiento, éste carezca de las fases o estados procedimentales que le imprimen su validez. Ahora bien, debe recordarse que la Administración no remitió el expediente disciplinario sustanciado contra el querellante donde se pudiera constatar o verificar las fases del procedimiento destitutorio a pesar que se ordenara su remisión de conformidad con el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, por ser esta la prueba necesaria para demostrar la sustanciación del procedimiento disciplinario, por tal motivo y por mandato de Ley a la Administración le correspondía la carga de incorporarlo al proceso, omisión que definitivamente obró en su contra y creó una presunción a favor del querellante, sobre la inexistencia del procedimiento disciplinario, hecho que también en prima facie pudiera demostrar la prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, específicamente el disciplinario donde se permitiese el ejercicio del derecho a la defensa para alegar las defensas pertinentes, así como la promoción y evacuación de medios probatorios que el funcionario afectado hubiese estimado para la mejor defensa de sus derechos e intereses, circunstancia que coloca al querellante en un estado de indefensión, siendo así la actuación de la administración se realizó desconociendo los derechos constitucionales del querellante, como lo son el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, lo que trae como consecuencia la vulneración de estos derechos contenidos en el artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y la constatación de la denuncia planteada. Ratifica este Tribunal que la Administración, debe ajustar sus actuaciones, a lo previsto en las Leyes y en la Constitución, en virtud del principio de legalidad; y a su vez, tiene la obligación de respetar los derechos subjetivos e intereses de los particulares, por lo tanto esta en la obligación de aperturar un procedimiento administrativo a los fines de dar participación al interesado en aras de garantizar el precepto constitucional del debido proceso y derecho a la defensa previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De manera que, debe forzosamente declararse la nulidad del acto administrativo impugnado de conformidad con el numeral 4º del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en concordancia con el artículo 9 eiusdem, y en consecuencia se debe reincorporar al hoy querellante, con el propósito de que si se considerase por parte de la Administración la existencia del algún hecho o actuación que requiera la tramitación de un procedimiento disciplinario a que hubiere a lugar en contra del querellante, pueda tramitarse respetando los principios fundamentales que resguarda nuestra Carta Magna como lo es el derecho a la defensa y al debido proceso. Así pues, y en atención a lo anteriormente expuesto se declara nulo el acto administrativo Número TT-059, de fecha 03 de julio de 2012, mediante el cual el querellante fue destituido del cargo de Sargento Segundo que ejercía adscrito al referido Instituto, y así se decide. Declarada como ha sido la nulidad de acto administrativo Número TT-059, de fecha 03 de julio de 2012, mediante el cual se resolvió la destitución del ciudadano JESUS ADOLFO RODRIGUEZ CARRERA, observa este Juzgador que, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 437 contenida en Expediente Nº 08-0435 de fecha 28 de Abril de 2009, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, caso: Jesús Manuel Martos Rivas, estableció: “(…) la justicia administrativa debe garantizar los atributos de integralidad y efectividad del derecho a la tutela judicial. En ese sentido, la Sala observa que, normalmente, quien pretende la nulidad de un acto de destitución, también persigue la reincorporación al cargo público que ocupaba, así como también el pago de los salarios caídos. En caso de que el tribunal declare la nulidad del acto administrativo, la consecuencia jurídica lógica e inmediata es la reincorporación del demandante y, como indemnización, el pago de las cantidades de dinero que dejó de percibir, debido a la ilegal desincorporación del cargo, restablecimiento éste que encuentra cobertura en el artículo 259 constitucional y, anteriormente, en el artículo 206 de la Constitución derogada (…)” Así las cosas, acogiendo el anterior criterio, y como parte del deber de restitución de la situación jurídica infringida que tiene este Juzgado conforme al Artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a los fines de restablecer la situación jurídica infringida por el ente querellado, resulta procedente la reincorporación al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o similar jerarquía para el cual reúna los requisitos; pudiendo la Administración mantener en estatus de suspensión de sus labores al querellante, si lo considera pertinente, e igualmente, el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de la ilegal destitución, hasta su efectiva reincorporación al cargo, los cuales serán cancelados de manera integral, esto es con las variaciones que en el tiempo transcurrido haya experimentado el sueldo del cargo asignado. A los fines de realizar el cálculo respectivo se ordena practicar una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide. Una vez declara la nulidad absoluta del acto impugnado, se hace inoficioso para este Juzgado entrar a conocer los otros vicios atribuidos al mismo y así se decide. Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado debe forzosamente declarar Parcialmente con Lugar el presente Recurso Contenciosos Administrativo Funcionarial, y así se declara. III DECISIÓN En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por los abogados Edmundo Alejandro Tortoza García y Lismirdi Joselin Tortosa Borrero, en sus carácter de apoderados judiciales del ciudadano JESUS ADOLFO RODRIGUEZ CARRERA, titular de la cédula de identidad Nº V-10.945.144, interpusieron Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial contra el Acto Administrativo Número TT-059, de fecha 03 de julio de 2012 y notificado en fecha 14 de septiembre de 2012, mediante el cual fue destituido del cargo de Sargento Segundo que ejercía en el CUERPO DE POLÍCIA NACIONAL BOLIVARIANA, y en consecuencia: PRIMERO: Se declara la nulidad absoluta del Acto Administrativo Número TT-059, de fecha 03 de julio de 2012 dictado por el CUERPO DE POLÍCIA NACIONAL BOLIVARIANA. SEGUNDO: Se ordena la reincorporación del querellante, ciudadano JESUS ADOLFO RODRIGUEZ CARRERA, titular de la cédula de identidad Nº V-10.945.144, al cargo de Sargento Segundo, o a uno de similar jerarquía, pudiendo la Administración mantener en estatus de suspensión de sus labores al querellante, instándose a la Administración que si se considerase la existencia del algún hecho o actuación por parte de éste que requiera la tramitación de un procedimiento disciplinario a que hubiere a lugar en su contra, pueda tramitarse respetando los principios fundamentales que resguarda nuestra Carta Magna como lo es el derecho a la defensa y al debido proceso. TERCERO: Se ordena el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de la destitución, hasta su efectiva reincorporación al cargo, los cuales serán cancelados de manera integral, esto es con las variaciones que en el tiempo transcurrido haya experimentado el sueldo del cargo asignado. TERCERO: Alos efectos de calcular los conceptos adeudados se ordena efectuar experticia complementaria del fallo. Se ordena imprimir Dos (02) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, el primero se inserta en el presente expediente y el segundo en el libro de copiador que lleva este Órgano Jurisdiccional. Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes. Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, en Caracas a los Treinta (30) días del mes de Junio de Dos Mil Catorce (2014). EL JUEZ Abg. JOSÉ VALENTIN TORRES LA SECRETARIA Abg. LISBETH BASTARDO En esta misma fecha 30/06/2014, siendo las Tres post-meridiem (03:00 pm), se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA Abg LISBETH BASTARDO Exp. 2120 JVTR/LB/41 Sentencia Definitiva.