TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 25 de Junio de 2014
204° y 155°
PRUEBAS

ADMISIBILIDAD DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
PROMOVIDOS POR LA PARTE DEMANDANTE

Visto el escrito de Promoción de Pruebas presentado por la ciudadana María Gabriela Aquino D’Milita, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 30.023, en representación de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA SEVI C.A., parte demandante, y siendo la oportunidad procesal correspondiente para emitir pronunciamiento en relación a su admisibilidad, éste Juzgado Superior Estadal pasa de seguidas a realizarlo en los términos siguientes:
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
La aplicación del principio o sistema de libertad de los medios de prueba, en principio resulta incompatible cualquier intención o tendencia restrictiva a la admisibilidad del medio probatorio seleccionado por las partes, con excepción de aquéllos legalmente prohibidos o que resulten inconducentes para la demostración de sus pretensiones. Este principio se deduce del texto expresamente consagrado en los artículos 395 y 398 del Código de Procedimiento Civil, y ha sido asumido por nuestra legislación Contencioso Administrativa.
Con base al referido principio de libertad de los medios de prueba, se entiende que una vez analizada la prueba promovida, el Juez debe declarar su legalidad y pertinencia y, en consecuencia, admitirla, pues sólo cuando se trate de una prueba manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, o cuando el hecho que se pretende probar con el medio escogido no guarde relación alguna con el hecho debatido, la misma podrá ser declarada ilegal o impertinente y, por tanto, inadmisible.
En virtud de lo expuesto, estima este Juzgado Superior Estadal que el objetivo de la restricción establecida por el legislador fue proteger el ejercicio del derecho a la defensa de la parte promovente y evitar que una decisión judicial denegatoria, causara o pudiera causar a ésta un daño grave. En efecto, la admisión de una prueba ajustada a derecho y relacionada con el hecho u objeto debatido no lesionaría a ninguna de las partes, ya que el Juez al momento de valorar el mérito probatorio de los medios traídos al proceso, puede desestimarlos en la sentencia definitiva. (Vid. Sentencia Nro. 2189 de fecha 14-11-2000, caso: Petrolera Zuata, C.A.).
Así, resulta evidente que en materia de pruebas la regla es la admisión y la negativa sólo puede acordarse en casos excepcionales y muy claros de ilegalidad e impertinencia; premisa que sin lugar a dudas resulta aplicable a los procesos contenciosos Administrativos por aplicación supletoria del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. De conformidad con lo establecido pasa este Juzgado Superior Estadal a decidir con bases a las siguientes consideraciones:
DE LAS DOCUMENTALES.
PRIMERO: La parte actora en la oportunidad de la Audiencia Preliminar presentó escrito mediante el cual manifiesta "Omissis... Consigno original y copia […] Acta de recepción definitiva de la obra, de fecha 210 de Septiembre de 2013, con lo que se evidencia que queda nada que reclamar por concepto de ejecución de la misma…” Así, se destaca que nuestra legislación consagra dentro de los medios de prueba, la prueba documental ya sea público o privado y además se observa que son pertinentes porque guardan relación con la acción intentada, por lo tanto, deben ser analizadas en la definitiva en aras de garantizar la igualdad procesal y el derecho de defensa expresamente consagrado en nuestra Constitución Venezolana, en consecuencia admite de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, las documentales promovidas por la Representación Judicial de la parte querellante por no ser impertinentes ni contrarias a derecho, salvo su apreciación en la definitiva. Así se decide.
DEL MÉRITO FAVORALBE DE AUTOS.
SEGUNDO: Sobre el particular la Representación Judicial de la parte demandante, expone en su escrito: "Omissis... Ratifico en todas y cada una de sus partes las documentales que acompañaron el escrito libelar, que se encuentran consignadas en el presente expediente, por constituir soporte de los argumentos y evidencias esgrimidas,…” De allí menciona las siguientes: a) Marcado C, contrato suscrito entre mi representada y la Sociedad Mercantil Constructora Regional de Aragua (CORASA), N° CRA-CDI-0002/2012. b) Marcado D, Acta de Inicio de la Obra, de fecha 14 de marzo de 2012. c) Marcado E, Acta de Terminación de la Obra, de fecha 09 de septiembre de 2012. d) Marcado F, Acta de Recepción, de fecha 19 de diciembre de 2012. e) Marcado G y G1, Fianza de Anticipo, constituida por el 50% del monto de la cláusula segunda del contrato suscrito por las partes. f) Marcado H, Valuación de Anticipo, de fecha 14 de marzo de 2012. h) Marcado I, Valuación Nro 1, relacionada en fecha 27 de Abril de 2012, y pagada en fecha 20 de agosto de 2012. i) Marcado J, Valuación Nro. 2, relacionada en fecha 11 de junio de 2012 y pagada en fecha 07 de septiembre de 2012. j) Marcado k, Valuación Nro. 3, relacionada en fecha 27 de junio de 2012, y pagada en fecha 06 de diciembre de 2012. k) Marcado L, Valuación Nro. 4, y liquidación, de fecha 09 de septiembre de 2012. l) Marcado M, N, Ñ, Comunicaciones enviadas para el requerimiento de lo adeudado. Al respecto, quien aquí suscribe considera necesario, señalar que impera en nuestro Proceso Civil en materia probatoria, el principio de la libertad probatoria, el cual según sus postulados enseña, que a las partes en juicio les es dable hacerse valer de cualquier medio o mecanismo idóneo para demostrar la veracidad o falsedad de un determinado hecho alegado y relevante para el mérito de la causa, aún cuando el medio o mecanismo de que se trate, no esté expresamente regulado como tal en alguna disposición legal, y ello lo justifica el afán de nuestro legislador adjetivo en consagrar el derecho a la defensa en juicio, el cual cobra real vigencia ante la eventual limitación a la que puedan ser sometidas las partes al desempeñar su actividad probatoria y mediante la cual pueden procurarse una forma eficaz de patentizar la verdad o falsedad de una determinada proposición previa. No obstante, debe indicarse que el mérito favorable de los autos no constituye un medio de prueba, sino la solicitud de la aplicación del principio de la comunidad de prueba o de adquisición que rige en el sistema probatorio venezolano, el cual debe ser aplicado por el juez de oficio, sin necesidad de alegación de parte, ya que el Tribunal está obligado a examinar todas las pruebas que se consignen en el expediente, a tenor del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que establece: “[L]os jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto de ellas”. En virtud de tales razonamientos resulta intrascendente emitir pronunciamiento sobre lo reproducido por la parte querellante. Así se decide.
LA JUEZA SUPERIOR TITULAR,
DRA. MARGARITA GARCÍA SALAZAR.

EL SECRETARIO TEMPORAL,
ABG. IRVING REYES
Exp. No. DP02-G-2013-000111
MGS/SR/JH