TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal TERCERO Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control del Estado Monagas
Maturín, 7 de Mayo de 2014
204º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL : NP01-P-2014-001517
ASUNTO : NP01-P-2014-001517

Vista la solicitud interpuesta por el ciudadano: MONTILLA ALARCON JABIUD RAMON, Titular de la Cédula de Identidad N° V.- 14.620.100, quien requiere de este Despacho la entrega de: Un Vehiculo: MARCA CHEVROLET, CLASE AUTOMOVIL, PLACA NO PORTA, SERIAL DEL MOTOR V-1110SFD, MODELO CAPRICE CLASSIC, COLOR AZUL, USO PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERIA 1N474CV110535, AÑO: 1982, TIPO SEDAN al respecto este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

1.- Cursa al folio 1 Acta de investigación de fecha 23-11-2013, donde es puesta a la orden del Ministerio Público, Fiscalia Tercera: un vehiculo MARCA CHEVROLET, CLASE AUTOMOVIL, PLACA NO PORTA, SERIAL DEL MOTOR V-1110SFD, MODELO CAPRICE CLASSIC, COLOR AZUL, USO PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERIA 1N474CV110535, AÑO: 1982, TIPO SEDAN , por presentar irregularidades en su placa y seriales de carrocería y motor, donde además se deja constancia que el mismo no presenta solicitudes ante el SIIPOL, no presenta registros policiales. La cual se da por reproducida.-

2.- Se desprende del folio 2 INSPECCION TECNICA de fecha 23-11-2013. La cual se da por reproducida.-

3.- Se desprende del folio 3 REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS. La cual se da por reproducida.-

4.- Se desprende del folio 4 ACTA DE ENTREVISTA PENAL al ciudadano MONTILLA ALARCON JABIUD RAMON, Titular de la Cédula de Identidad N° V.- 14.620.100, Titular de la Cédula de Identidad N° V.- 11.009, de fecha 23-11-2013. La cual se da por reproducida.-

5.- .- Se desprende del folio 5 al 9 DOCUMENTO DE AUTORIZACION DEL CIUDADANO JOSE RAFAEL RODRIGUEZ RIVAS, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 8.523.522 donde AUTORIZA AMPLIA Y SUFICIENTE al ciudadano MONTILLA ALARCON JABIUD RAMON, Titular de la Cédula de Identidad N° V.- 14.620.100, para que puede transitar libre e irrestrictamente por todo el territorio nacional y a la vez lo autoriza para tramitar lo concerniente al vehiculo ante los organismos competentes en relación al vehiculo MARCA CHEVROLET, CLASE AUTOMOVIL, PLACA NO PORTA, SERIAL DEL MOTOR V-1110SFD, MODELO CAPRICE CLASSIC, COLOR AZUL, USO PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERIA 1N474CV110535, AÑO: 1982, TIPO SEDAN, La cual se da por reproducida.-

6.- Riela al folio 15 al 16 Experticia N° 9700-128.1205- de fecha 12-12-2013, emanado de la BRIGADA DE EXPERTICIAS DE VEHICULOS del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas SUB DELEGACION “B” CARIPITO ESTADO MONAGAS, realizada al Vehiculo MARCA CHEVROLET, CLASE AUTOMOVIL, PLACA NO PORTA, SERIAL DEL MOTOR V-1110SFD, MODELO CAPRICE CLASSIC, COLOR AZUL, USO PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERIA 1N474CV110535, AÑO: 1982, resultado el serial de la carrocería es FALSO, es falso, el serial de seguridad de la carrocería, el serial del motor es FALSO… La cual se da por reproducida.-

7.- Al folio 47 Cursa NEGATIVA de la fiscalia Tercera del Ministerio Publico del vehiculo antes descrito a nombre de MONTILLA ALARCON JABIUD RAMON, Titular de la Cédula de Identidad N° V.- 14.620.100, la cual se da por reproducida.-

8.- al folio 66 Certificado de Registro de Vehículo N° 137970 a nombre JOSE RAFAEL RODRIGUEZ RIVAS, la cual se da por reproducida.-

Ahora bien los elementos transcritos anteriormente, se observa que, el vehículo que nos ocupa corresponde a un vehiculo: MARCA CHEVROLET, CLASE AUTOMOVIL, PLACA NO PORTA, SERIAL DEL MOTOR V-1110SFD, MODELO CAPRICE CLASSIC, COLOR AZUL, USO PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERIA 1N474CV110535, AÑO: 1982, TIPO SEDAN, AUTORIZANTE del mismo al ciudadano: MONTILLA ALARCON JABIUD RAMON, Titular de la Cédula de Identidad N° V.- 14.620.100; Que, si bien es cierto que el serial de la carrocería es FALSO, el serial de seguridad de la carrocería FALSO, el serial del motor es FALSO, no es menos cierto que todos los documentos descritos son originales y están a nombre JOSE RAFAEL RODRIGUEZ RIVAS; AUTORIZANTE del mismo a MONTILLA ALARCON JABIUD RAMON, Titular de la Cédula de Identidad N° V.- 14.620.100, a quien se le indica cual es la facultad que tiene para con el vehiculo en cuestión; Observándose que NO presenta solicitud o registro alguno de SIIPOL y ante el INTTT se encuentra registrado a nombre de JOSE RAFAEL RODRIGUEZ RIVAS.-

Visto lo anterior, es indispensable para este Tribunal, analizar el contenido de las decisiones emanadas del máximo Tribunal que refieren la forma de proceder en casos de solicitudes de vehículos con adulteración en sus seriales de identificación. A saber, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República de fecha 30-06-2005, plasma criterio de lo que debe hacerse en casos en los cuales se haya solicitado la entrega de un vehículo que presente adulteración en sus seriales de identificación, sin embargo, ha de establecerse que, el criterio asentado no es vinculante y de obligatoria aplicación para los Tribunales de la República, toda vez que, el pronunciamiento que lo contiene no fue realizado por interpretación de una norma constitucional y no establece la señalada decisión que su aplicación sea de carácter vinculante.

No obstante lo anterior, también aprecia este Tribunal que el criterio antes aludido ha sido sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y acogido por la Sala Penal del máximo Tribunal, en decisiones donde han dejado ver su completa aplicación al respecto.

De otro lado, en decisión de fecha 27 de Abril de 2007 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° 744, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera, donde resolvía recurso de apelación de un amparo decidido por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de este Estado Monagas, se aprecia que, aún cuando la Sala Constitucional del máximo Tribunal confirma la decisión emanada de la Corte de Apelaciones, reitera el criterio sostenido por ella en el caso citado con anterioridad (Sentencia de la Sala Constitucional), en consecuencia, no puede dejar pasar por alto este Tribunal la advertencia hecha directamente a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal por un Tribunal Superior, con lo cual es menester cambiar el criterio mantenido por esta juzgadora respecto a la entrega de vehículos que presenten irregularidades en sus datos identificatorios.
En consecuencia, hecha la puntualización anterior, resulta necesario para quien decide verificar el contenido de la decisión de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de fecha 30-06-2005, Número 1.817, que reza:
“…No obstante la anterior declaratoria, estima la Sala propicia la oportunidad, para hacer diversas acotaciones relacionadas con el asunto del presente proceso de amparo, esto es, la devolución de vehículos objeto de los delitos de hurto o robo recuperados por cualquier autoridad de policía.
En tal sentido, apunta la Sala, que uno de los fines del Derecho es la justicia, cuyo principio se encuentra expresamente consagrado en el artículo 257 constitucional, que establece: “el proceso constituye un instrumento fundamental de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites (…). No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.
Los esquemas tradicionales de la justicia, esencialmente formales, a la luz de la Constitución vigente, desaparecieron cuando ésta enunció un amplio espectro de los derechos protegidos y recogió principios generales que rigen la convivencia social. Por ello, si la interpretación de las normas legales choca con la posibilidad de precisar, en forma concreta, el sentido general del Derecho, ésta debe hacerse con el auxilio del texto constitucional.
De allí, que no puede entonces una ley contrariar la Constitución y, por tanto, los derechos y garantías constitucionales deben ser el norte que guíe la interpretación. La interpretación de la ley procesal debe garantizar el ejercicio de los derechos en el proceso y, ante diversas interpretaciones debe elegirse la que mejor mantenga el equilibrio entre las partes, desechando las que a pesar de atenerse al texto legal, puedan menoscabar el derecho a la defensa consagrado en la Constitución.
Las anteriores consideraciones, a juicio de la Sala, son de innegable valor a los fines de la interpretación que deben hacer el Ministerio Público y el juez penal, de las normas que disciplinan la entrega o devolución de vehículos recuperados, consagradas en la Ley especial -sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores- y en el Código Orgánico Procesal Penal.
En efecto, en materia de devolución de objetos incautados en el curso de una investigación, el señalado texto adjetivo penal establece dos normas al respecto: los artículos 311 y 312. El artículo 311 obliga al Ministerio Público a devolver, lo antes posible, los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable.
El artículo 312 regula el procedimiento relativo a las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de dichos objetos, el cual se tramitará ante el juez de control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias.
Por su parte, el artículo 10 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, establece la entrega de los vehículos objeto de los delitos de robo o hurto, por parte del juez de control o del Ministerio Público, a quienes acrediten ser sus propietarios. En caso de que varias personas reclamen el vehículo, el Ministerio Público con fundamento en los artículos 108.12 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitará al juez de control la fijación de una audiencia, en la cual se decidirá a quien devolver el vehículo cuya entrega se solicitó.
Ahora bien, de lo contenido en los artículos precedentemente señalados, se observa que si bien el legislador –en aras de la protección del derecho de propiedad- fue inflexible en el referido procedimiento de entrega, ya que debe estar comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto recuperado que se reclama en el proceso penal, para que pueda ordenarse su entrega; no obstante, a juicio de la Sala, tanto el Ministerio Público como el juez de control deben ser lo suficientemente diligentes en ordenar la práctica de todos los dictámenes periciales que sean necesarios, según las características de cada caso en concreto, a los fines de establecer la identificación, en este caso, del vehículo objeto del delito, el cual pudo haber sido sometido a una alteración, incorporación, desincorporación, remoción, suplantación o devastación de los seriales que lo individualizan, o presenten irregularidades en la documentación.
En casos como estos, en que pueda resultar imposible determinar la propiedad del vehículo, ya que los seriales u otras identificaciones en el motor, en la carrocería o en otro sector del vehículo, no pueden ser cotejados con datos de los legítimos documentos de propiedad, o tal cotejo funcione sólo parcialmente, impidiendo una plena prueba, el juez que conoce la reclamación o la tercería debe aplicar como principio general el postulado del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, postulado general del derecho, el cual sostiene que en igualdad de circunstancias, provenientes de la imposibilidad del cotejo entre los datos identificatorios que aún quedan en el vehículo –si es que existen- y los que reproducen los documentos presentados por quienes pretenden la propiedad sobre el mismo, favorecerán la condición del poseedor, lo que se ve apuntalado por el artículo 775 del Código Civil, el cual reza: “En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee”, y el 794 eiusdem, que señala: “Respecto de los bienes por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título …”.
A juicio de la Sala, la falta de diligencia del Ministerio Público o en su caso, del juez de Control, o la adopción de un criterio muy restrictivo al respecto, quebranta los derechos de acceso a la justicia y a contar con un proceso debido, que integran el derecho a la tutela judicial efectiva enunciado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”

De otro lado, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 338 de fecha 18-07-2006, reitera el criterio emitido por la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República y agrega lo siguiente:

“…NULIDAD DE OFICIO…Riela a los autos, documento de compra del vehículo Fiat, al ciudadano GUSTAVO JOSE HERNANDEZ GUEVARA, por parte del ciudadano FRANZ LEONARDO PIÑA SANCHEZ, emanado de la Notaría Pública Primera de Barquisimeto, Estado Lara. Además de certificado de origen N° 35339 a nombre del citado Gustavo José Hernández Guevara.
Ahora bien, la Sala observa, que en el presente caso no existe sobre el vehículo retenido, denuncia o reclamo por parte de persona alguna, sino que el mismo fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional y puesto a la orden de la Fiscalía, cuando era conducido por el ciudadano FRANZ LEONARDO PIÑA SÁNCHEZ, al ver que éste no presentaba matrícula. A posteriori, al chequear los seriales de seguridad del vehículo en cuestión, se encontró que los seriales de carrocería y motor habían sido igualmente alterados.

Consta en autos, acta de investigación penal practicada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación del Estado Lara, folio 49, en la que se señala que el vehículo marca Fiat, modelo Palio, año 2001, color verde, tipo Sedán, sin placa, serial carrocería 9BD15573382476685, no aparece solicitado y no aparece registrado en el SETRA.

Asimismo consta en autos que el vehículo en cuestión se encuentra desde el día 18 de enero de 2005 en el estacionamiento Concordia de Barquisimeto, Estado Lara, a la orden de la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Lara, en calidad de depósito.

El ciudadano Franz Leonardo Piña, ha solicitado reiteradamente a la Fiscalía, al Tribunal de Control y a la Corte de Apelaciones, le sea devuelto su vehículo, el cual es su único medio de transporte para realizar su trabajo y así poder llevar el sustento a su familia, aduciendo además que tal retención le ha acarreado pérdidas por pago de estacionamiento y deterioro del vehículo señalado.

El artículo 8 de la Ley Contra Robo y Hurto de Vehículos Automotores establece que:
“…Cambio Ilícito de Placas de Vehículos Automotores. Quienes sustraigan, cambien o alteren ilícitamente las placas de vehículos automotores, de su serial de carrocería o de motor, para asegurar la impunidad de los autores de delitos de hurto o robo, o de sus cómplices, o para obtener un provecho económico para sí o para un tercero, serán sancionados con pena de dos a cuatro años de prisión”.

El vehículo Fiat, no se encuentra solicitado por hurto o robo, por lo que mal podría abrirse de oficio una averiguación por alteración de seriales o carrocería del mismo.

La Sala advierte la gravedad de un procedimiento como éste, el cual es usual, y en el que sin mediar denuncia alguna, “de oficio” los cuerpos policiales, Guardia Nacional o fiscales, retienen vehículos a sus propietarios o poseedores de buena fe, bajo el pretexto de averiguaciones. Tal actuación se pudiera prestar para realizar cobros indebidos por “rescates” o “adjudicaciones a dedo” de tales vehículos.
En relación con la entrega de vehículos en el proceso penal por parte del Juzgado de Control o por la fiscalía, ha dicho la Sala Constitucional que:
“……’.
A juicio de la Sala, la falta de diligencia del Ministerio Público o en su caso, del Juez de Control, o la adopción de un criterio muy restrictivo al respecto, quebranta los derechos de acceso a la justicia y a contar con un proceso debido, que integran el derecho a la tutela judicial efectiva enunciado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Establecida por la vía aquí señalada, a quien corresponde el vehículo, la copia certificada del fallo servirá para la inscripción en el Registro Automotor Permanente” (Exp. N° 04-2397, sentencia de fecha 30 de junio de 2005).

En virtud de lo antes expuesto, considera la Sala que lo ajustado a derecho en el presente caso, es remitir el expediente al Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, a fin de que lo distribuya en un Tribunal de Control, para que éste recabe las actuaciones necesarias, y una vez constatado que el vehículo no está solicitado, y sea probada la propiedad o posesión legítima del mismo por el ciudadano solicitante FRANZ LEONARDO PIÑA SANCHEZ, ORDENE la inmediata entrega bajo custodia del auto en cuestión al referido ciudadano…”

De las decisiones antes transcritas se desprende que, para que pueda procederse a la entrega de un vehículo automotor que presente irregularidades en los seriales de identificación, se hace necesario cumplir con ciertos requisitos, a saber, que el fiscal del Ministerio Público y el juez de Control hayan realizado todas las diligencias necesarias para la identificación real del vehículo siendo infructuosa tal operación; que el solicitante sea poseedor de buena fe habiendo acreditado la documentación necesaria de propiedad del mismo y que el vehículo no se encuentre solicitado por algún organismo de seguridad del Estado por la comisión de un hecho punible.

Como puede apreciarse de las actas que conforman el presente asunto que, el ciudadano JOSE RAFAEL RODRIGUEZ RIVAS, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 8.523.522 es el propietario del vehiculo con la salvedad de lo arrojado de lo que se evidencia de la experticia N° 9700-128-1205 fecha 12-12-2013, lo cual no significa que no sea el propietario o poseedor de buena fe del vehiculo de marras, observando que otorgo DOCUMENTO DE AUTORIZACION ESPECIAL debidamente notariado ante LA NORIA TERCERA DE SAN FELIX MUNICIPIO AUTONOMO CARONI, ESTADO BOLIVAR en fecha 14-05-2013 al ciudadano: MONTILLA ALARCON JABIUD RAMON, Titular de la Cédula de Identidad N° V.- 14.620.100, para tramitar respecto de este lo que indica la AUTORIZACION textualmente, que se refiere al vehiculo; MARCA CHEVROLET, CLASE AUTOMOVIL, PLACA NO PORTA, SERIAL DEL MOTOR V-1110SFD, MODELO CAPRICE CLASSIC, COLOR AZUL, USO PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERIA 1N474CV110535, AÑO: 1982; Siendo que fue quien lo solicito, presentó documentos para acreditar la AUTORIZACION especial que tenia sobre el vehiculo de marras; por lo tanto a criterio de quien decide, el mismo esta AUTORIZADO para solicitar el vehiculo en cuestión en nombre de JOSE RAFAEL RODRIGUEZ RIVAS, significando que la AUTORIZACION para la entrega del vehiculo es procedente y ajustada a derecho solo para esto, como lo dispuso en el documento el AUTORIZANTE Ciudadano: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ RIVAS Titular de la Cédula de Identidad N° V 8.523.522 a quien este Tribunal le ACUERDA LA ENTREGA DEL VEHICULO EN CALIDAD DE DEPOSITO: VEHICULO MARCA CHEVROLET, CLASE AUTOMOVIL, PLACA NO PORTA, SERIAL DEL MOTOR V-1110SFD, MODELO CAPRICE CLASSIC, COLOR AZUL, USO PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERIA 1N474CV110535, AÑO: 1982; AUTORIZANDO la entrega material del referido vehiculo al ciudadano MONTILLA ALARCON JABIUD RAMON, Titular de la Cédula de Identidad N° V.- 14.620.100, a quien se nombra correo especial, se ordena el desglose y entrega de documentos originales.- Y así se declara.-
DECISION

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ACUERDA LA ENTREGA en CALIDAD DE DEPOSITO del VEHICULO MARCA CHEVROLET, CLASE AUTOMOVIL, PLACA NO PORTA, SERIAL DEL MOTOR V-1110SFD, MODELO CAPRICE CLASSIC, COLOR AZUL, USO PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERIA 1N474CV110535, AÑO: 1982 al ciudadano JOSE RAFAEL RODRIGUEZ RIVAS Titular de la Cédula de Identidad N° V 8.523.522 y la AUTORIZACION para retirar o materializar la entrega del vehiculo MARCA CHEVROLET, CLASE AUTOMOVIL, PLACA NO PORTA, SERIAL DEL MOTOR V-1110SFD, MODELO CAPRICE CLASSIC, COLOR AZUL, USO PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERIA 1N474CV110535, AÑO: 1982 al ciudadano MONTILLA ALARCON JABIUD RAMON, Titular de la Cédula de Identidad N° V.- 14.620.100, líbrese oficio al ESTACIONAMIENTO ITALIA DE LA POBLACION DE CARIPITO ESTADO MONAGAS; informándole lo aquí decidido y ordenándole se le haga entrega del Vehiculo respectivo, ordenándose la exoneración del 50% de los gastos generados por su guarda y custodia; Con la expresa obligación para el ciudadano JOSE RAFAEL RODRIGUEZ RIVAS Titular de la Cédula de Identidad N° V 8.523.522, de presentarlo ante la autoridad que lo solicite ó este Tribunal cuando sea requerido, a no venderlo, arrendarlo, cederlo o traspasarlo de forma alguna, toda vez que el mismo fue entregado en calidad de depósito, dejando a salvo los derechos de terceros, Se nombre correo especial al solicitante y autorizado para la entrega del vehiculo MONTILLA ALARCON JABIUD RAMON, Titular de la Cédula de Identidad N° V.- 14.620.100, Líbrese Boleta de Notificación al solicitante y al Fiscal del Ministerio Público. Se acuerdan las copias certificadas al solicitante. Se acuerda el desglose del asunto y la entrega de los documentos originales. Asi se decide. Cúmplase.
LA JUEZA

ABG. DAISY MILLAN ZABALA
El Secretario

Abg.-