REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL QUINTO DE CONTROL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control del Estado Monagas Maturín, 20 de Mayo de 2014 204º y 155º ASUNTO PRINCIPAL : NP01-P-2014-001527 ASUNTO : NP01-P-2014-001527 RESOLUCIÓN N°: PJ0052014001108. AUTO NEGANDO REVISIÓN DE MEDIDA Corresponde a este Tribunal Quinto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de REVISIÓN DE MEDIDA, interpuesta en fecha 14 de Abril de 2.014, por el Dr. JESÚS RAMÓN VILLAFAÑE HERNÁNDEZ inscrito en el inpreabogado Nº 27.288 en relación al imputado: GABRIEL ALEJANDRO SUBERO ALCIBIADES, titular de la cédula de identidad Nro. V- 18.926679, Venezolano, de 23 años de edad, por haber nacido en fecha: 20/05/1989, natural de Maturín Estado Monagas, de Estado Civil: Soltero, profesión u oficio comerciante, GUARITOS 6, TRANSVERSAL A, NUMERO 4, , maturín Estado Monagas, hijo de Mirna Alcibíades, y de EDGAR ORTIZ, Teléfono 0416-7922606, a quien se le sigue causa por los delitos de COMPLICIDAD EN EL DELITO DE ROBO AGRADAVADO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 458 EN CONCONRDANCIA CON EL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO PENAL VENEZOLANO, es por lo que este Tribunal una vez revisadas todas y cada una de las actas que conforman el presente asunto, antes de emitir pronunciamiento pasa a realizar las siguientes consideraciones: La revisión solicitada se encuentra fundamentada en el cuanto a lo manifestado por el ciudadano el cual señala lo siguiente: “…ratifico con carácter de urgencia la solicitud del otorgamiento de uno medida menos gravosa de conformidad con lo establecido en el articulo 242 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal en razón de los siguiente fundamento: ciudadano jueza constitucional, es el caso que mis defendidos siguen amparados por el principio procesal denominado presunción de4 inocencia establecido en el articulo 49 ordinal 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en Concordancia con el articulo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, mas aun cuando en el curso de la investigación el Ministerio Público no puedo recabar la evidencia o elemento de convicción serio para seguirle un juicio de reproche. Dentro de este contexto podemos decir que en un estado social de derecho y de justicia es imposible violentar la garantía establecida en el articulo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el articulo 9 del Código Orgánico Procesal Penal es imposible que estando en presencia de delito encuadrado dentro de la figura jurídica denominada complicidad sea simple o necesaria no se utilizo el juzgamiento en libertad que al no ser reconocidos en rueda de individuos conforme al articulo 216 de la citada ley adjetiva procedimental penal se mantenga la medida excepcional antes citada con esta motivación detallada el juez o la jueza es el corazón del proceso con facultades plenas de control judicial; no es posible estando rondado la muerte en los centros de reclusión de monagas se dicte una medida de coerción extrema como lo es la privación Judicial de la Libertad que no le ha permitido al justiciable ser juzgado en libertad...” (negrillas del tribunal), ahora bien, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar el mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. El artículo 44, en su parte in fine establece; Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. El artículo 229 de la Ley Adjetiva Penal, es especifico al referirse al Estado de Libertad cuando establece: Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. Nuestro Constituyente y el Legislador patrio a través de los artículos citados pretenden, que las medidas preventivas y las restrictivas de la libertad tengan por norte ese carácter extremo y excepcional en cuanto a su aplicación; pues la libertad en el proceso debe ser la regla y ésta solo puede estar comprometida en ciertos casos excepcionales de extrema urgencia y comprobada necesidad. Es oportuno citar el criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional en ponencia de la Magistrada Dra. Luisa Estella Morales, asentado en la sentencia Nº 2.866, de fecha 29SEP05, Exp. 05-0547,”(…)Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, cuando existan fundados elementos en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal. Estas dos condiciones constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado (…)”. Conforme a la doctrina reiterada de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, que las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez dan lugar, originan, la aplicación por excepción de las medidas necesarias para asegurar los fines del proceso; una vez se estime concretado por él, las exigencias contenidas en los artículos 236 y 237 Parágrafo Primero del Código Orgánico Procesal Penal, como efectivamente se estimo en la audiencia de presentación de fecha domingo (14) de Julio de 2013 y cuyas circunstancias que dieron origen a su decreto, no han variado ni han sido desvirtuadas por el solicitante, debido a que ya existe una prorroga decretada por este mismo Tribunal en virtud de la gravedad de los delitos contenidos en la acusación, estimando el Tribunal acreditado los siguientes hechos: A) UN HECHO PUNIBLE QUE MEREZCA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y CUYA ACCIÓN PENAL NO SE ENCUENTRA EVIENTEMENTE PRESCRITA. Ya que en el presente caso, se está en presencia de la presunta comisión del delito de COMPLICIDAD EN EL DELITO DE ROBO AGRADAVADO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 458 EN CONCONRDANCIA CON EL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO PENAL VENEZOLANO. B) FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA ESTIMAR QUE EL IMPUTADO HA SIDO AUTOR O PARTICIPÉS EN LA COMISIÓN DE UN HECHO PUNIBLE, los que llevaron al Ministerio Público a interponer acusación por el mencionado delito. C) UNA PRESUNCIÓN RAZONABLE, POR LA APRECIACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO PARTICULAR, DE PELIGRO DE FUGA. Dada, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 Parágrafo Primero de la Ley Adjetiva Penal, en virtud de que existe una presunción razonable de peligro de fuga por la pena que pudiera llegar a imponérsele dado que los delitos sobrepasan los diez años en su limite máximo. Aunado a lo anteriormente manifestado el legislador ha sido conteste en señalar las LIMITACIONES establecidas en el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece lo siguiente: “…No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de setenta años, de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o hijas hasta los seis meses posteriores al nacimiento, o de las personas por una enfermedad en fase Terminal, debidamente comprobada…” En la presente causa no pudieran verse satisfechas las resultas del proceso con una medida menos gravosa, toda vez, que está configurado el peligro de fuga, por la pena que pudiera llegar a imponerse. Razón por la que la suscrita advierte la necesidad del mantenimiento de la privativa. Y ASI SE DECIDE.- DISPOSITIVA En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Quinto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la solicitud interpuesta por la abogada interpuesta en fecha 14 de Abril de 2.014, por el imputado GABRIEL ALEJANDRO SUBERO ALCIBIADES, titular de la cédula de identidad Nro. V- 18.926679, a quien se le sigue causa por el delito de COMPLICIDAD EN EL DELITO DE ROBO AGRADAVADO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 458 EN CONCONRDANCIA CON EL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO PENAL VENEZOLANO, en el sentido que se LE OTORGUE UNA MEDIDA MENOS GRAVOSA distinta a la que le fue dictada por un Tribunal de Control, debido a la necesidad de mantener las medida privativa de libertad, a los fines de evitar que quede enervada la acción de la justicia. Cúmplase. Notifíquese a las partes JUEZA QUINTA DE CONTROL. DRA. ROSYMAR PÉREZ CABRERA LA SECRETARIA DE SALA. ABG. En esta misma fecha se cumplió lo ordenado. LA SECRETARIA DE SALA. ABG.