TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Quinto Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control del Estado Monagas
Maturín, 27 de Mayo de 2014
204º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL : NP01-P-2013-019196
ASUNTO : NP01-P-2013-019196

RESOLUCIÓN N°: PJ0052014001227.
AUTO NEGANDO REVISIÓN DE MEDIDA

Corresponde a este Tribunal Quinto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de REVISIÓN DE MEDIDA, interpuesta en fecha 31 de Enero de 2.014, interpuesto por el Defensor Publico Noveno Penal, adscrito a la unidad de Defensa Publica MARCOS J MORALES M, quien actúa en representación de la imputado ANGELO DEL VALLE COVA MARTINEZ Venezolano, de 21 años de edad, Estado Civil: Soltero, Carúpano de Maturín Estado Sucre, nacido en fecha 19/06/1992, Titular de la Cédula de Identidad Nº V- 23898464, Hijo de Patricio Cova y Yolanda Martínez, de oficio, obrero de construcción, domiciliado en: LA DEMOCRACIA, CALLE 6, Nº 377, teléfono: 0426-1941127 ( de un primo de nombre Daniel), a quien se le sigue causa por los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORIA, previsto en el artículo 458, en concordancia con el artículo 83, del Código Orgánico Procesal Penal, con la agravante establecida en el artículo 163 numeral 11 ejusdem, en perjuicio de las ciudadanas SULMA DEL CARMEN SOLORZANO DE LIRA Y ROSA DOLORES RODRIGUEZ ALCALA, es por lo que este Tribunal una vez revisadas todas y cada una de las actas que conforman el presente asunto, antes de emitir pronunciamiento pasa a realizar las siguientes consideraciones:

La revisión solicitada se encuentra fundamentada en el cuanto a lo manifestado por el ciudadano el cual señala lo siguiente: “…De conformidad a lo dispuesto el articulo 250, del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que la misma se le acuerde a mi defendido una de las medidas cautelares previstas en el articulo 242 del código orgánico procesal penal. Y en tal sentido mi defendido tienen su domicilio fijo en Maturín, Estado Monagas. Ya que no sen acreditado por parte contraria (el estado a través del ministerio publico) y no se han dado ninguna de las circunstancias previstas en los artículos 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal...” (Negrillas del tribunal), ahora bien, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar el mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas.
El artículo 44, en su parte in fine establece; Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

El artículo 229 de la Ley Adjetiva Penal, es específico al referirse al Estado de Libertad cuando establece: Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.

La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.

Nuestro Constituyente y el Legislador patrio a través de los artículos citados pretenden, que las medidas preventivas y las restrictivas de la libertad tengan por norte ese carácter extremo y excepcional en cuanto a su aplicación; pues la libertad en el proceso debe ser la regla y ésta solo puede estar comprometida en ciertos casos excepcionales de extrema urgencia y comprobada necesidad.

Es oportuno citar el criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional en ponencia de la Magistrada Dra. Luisa Estella Morales, asentado en la sentencia Nº 2.866, de fecha 29SEP05, Exp. 05-0547,”(…)Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, cuando existan fundados elementos en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal. Estas dos condiciones constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado (…)”.

Conforme a la doctrina reiterada de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, que las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez dan lugar, originan, la aplicación por excepción de las medidas necesarias para asegurar los fines del proceso; una vez se estime concretado por él, las exigencias contenidas en los artículos 236 y 237 Parágrafo Primero del Código Orgánico Procesal Penal, como efectivamente se estimo en la audiencia de presentación de fecha domingo (14) de Julio de 2013 y cuyas circunstancias que dieron origen a su decreto, no han variado ni han sido desvirtuadas por el solicitante, debido a que ya existe una prorroga decretada por este mismo Tribunal en virtud de la gravedad de los delitos contenidos en la acusación, estimando el Tribunal acreditado los siguientes hechos:

A) UN HECHO PUNIBLE QUE MEREZCA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y CUYA ACCIÓN PENAL NO SE ENCUENTRA EVIDENTEMENTE PRESCRITA.
Ya que en el presente caso, se está en presencia de la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORIA, previsto en el artículo 458, en concordancia con el artículo 83, del Código Orgánico Procesal Penal, con la agravante establecida en el artículo 163 numeral 11 ejusdem, en perjuicio de las ciudadanas SULMA DEL CARMEN SOLORZANO DE LIRA Y ROSA DOLORES RODRIGUEZ ALCALA.

B) FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA ESTIMAR QUE EL IMPUTADO HA SIDO AUTOR O PARTICIPÉS EN LA COMISIÓN DE UN HECHO PUNIBLE, los que llevaron al Ministerio Público a interponer acusación por el mencionado delito.

C) UNA PRESUNCIÓN RAZONABLE, POR LA APRECIACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO PARTICULAR, DE PELIGRO DE FUGA.

Dada, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 Parágrafo Primero de la Ley Adjetiva Penal, en virtud de que existe una presunción razonable de peligro de fuga por la pena que pudiera llegar a imponérsele dado que los delitos sobrepasan los diez años en su limite máximo.

Aunado a lo anteriormente manifestado el legislador ha sido conteste en señalar las LIMITACIONES establecidas en el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece lo siguiente: “…No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de setenta años, de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o hijas hasta los seis meses posteriores al nacimiento, o de las personas por una enfermedad en fase Terminal, debidamente comprobada…”

En la presente causa no pudieran verse satisfechas las resultas del proceso con una medida menos gravosa, toda vez, que está configurado el peligro de fuga, por la pena que pudiera llegar a imponerse. Razón por la que la suscrita advierte la necesidad del mantenimiento de la privativa. Y ASI SE DECIDE.-
DISPOSITIVA

En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Quinto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la solicitud interpuesta en fecha 31 de Enero de 2.014, interpuesto por el Defensor Publico Noveno Penal, adscrito a la unidad de Defensa Publica MARCOS J MORALES M, quien actúa en representación de la imputado ANGELO DEL VALLE COVA MARTINEZ Venezolano, de 21 años de edad, Estado Civil: Soltero, Carúpano de Maturín Estado Sucre, nacido en fecha 19/06/1992, Titular de la Cédula de Identidad Nº V- 23898464, Hijo de Patricio Cova y Yolanda Martínez, de oficio, obrero de construcción, domiciliado en: LA DEMOCRACIA, CALLE 6, Nº 377, teléfono: 0426-1941127 ( de un primo de nombre Daniel), a quien se le sigue causa por el delito de delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORIA, previsto en el artículo 458, en concordancia con el artículo 83, del Código Orgánico Procesal Penal, con la agravante establecida en el artículo 163 numeral 11 ejusdem, en perjuicio de las ciudadanas SULMA DEL CARMEN SOLORZANO DE LIRA Y ROSA DOLORES RODRIGUEZ ALCALA, en el sentido que se LE OTORGUE UNA MEDIDA MENOS GRAVOSA distinta a la que le fue dictada por un Tribunal de Control, debido a la necesidad de mantener las medida privativa de libertad, a los fines de evitar que quede enervada la acción de la justicia. Cúmplase. Notifíquese a las partes
JUEZA QUINTA DE CONTROL.
DRA. ROSYMAR PÉREZ CABRERA
LA SECRETARIA DE SALA.
ABG.-